Sentencia TC/0007/12

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 22 de marzo de 2012 · Expediente 2011-5770

Recurso de revisión de amparo. Expediente No. 2011-5770, acción de amparo incoada por Víctor Radhamés Severino Fornet contra Fe Altagracia Olivero Espinosa.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a recurrir

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0007/12?

La admisibilidad de la revisión de una sentencia de amparo exige, conforme al artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que la cuestión planteada tenga especial trascendencia o relevancia constitucional. Esta puede configurarse, entre otros supuestos, cuando el asunto plantea un conflicto sobre derechos fundamentales que el Tribunal aún no ha esclarecido; cuando cambios sociales o normativos justifican modificar principios ya establecidos; cuando procede reorientar interpretaciones de normas que vulneran derechos fundamentales; o cuando resolver un problema jurídico de trascendencia social, política o económica favorece el mantenimiento de la supremacía constitucional. El recurrente no estableció por qué su caso reunía esa condición, por lo que el Tribunal se limitó a examinar la admisibilidad del recurso (TC/0007/12, consideraciones, pág. 7; TC/0007/12, consideraciones, a, pág. 8).

La revisión de amparo es una acción constitucional distinta de los recursos ordinarios y no constituye una segunda instancia para dirimir conflictos entre las partes. El derecho a recurrir no exige que exista apelación en todas las materias: la Constitución permite que la ley establezca las condiciones y excepciones del recurso. Para satisfacer el derecho a recurrir, el Tribunal Constitucional no tiene que actuar como tribunal de apelación, sino revisar efectivamente la sentencia impugnada y verificar que no se hayan vulnerado derechos fundamentales (TC/0007/12, consideraciones, b, pág. 9; TC/0007/12, consideraciones, c, pág. 9; TC/0007/12, consideraciones, d, pág. 10; TC/0007/12, consideraciones, e, pág. 11).

Decisión

Declara inadmisible, por carecer de especial trascendencia o relevancia constitucional, el recurso de revisión interpuesto por Víctor Radhamés Severino Fornet contra la sentencia núm. 02523-2011. Ordena comunicar la decisión a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“Del análisis ponderado del expediente, se evidencia que el recurrente en revisión no ha establecido ante el Tribunal Constitucional las razones por las que, en su caso, queda configurada la especial trascendencia o relevancia constitucional con los elementos anteriormente descritos.” (TC/0007/12, consideraciones, a, pág. 8).
“En consecuencia, al constituir una acción distinta e independiente de los procesos judiciales que se desarrollan ante los órganos de la jurisdicción ordinaria destinados a la tutela de los derechos y libertades fundamentales, la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter partes.” (TC/0007/12, consideraciones, b, pág. 9).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 69.9, 149, párrafo III, y 185. Ley núm. 137-11: artículos 94 y 100.

Precedentes que cita el Tribunal

Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Herrera Ulloa, sentencia del 2 de julio de 2004, Serie C núm. 107, párrs. 158 y 165. Suprema Corte de Justicia: sentencia del Pleno del 12 de agosto de 2009 y sentencias de la Sala Penal del 2 de junio y del 11 de agosto de 2010, citadas sin número.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

CONSTITUCIONAL 7.- Síntesis del conflicto Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos invocados por las partes, en la especie se alega que la señora Fe Altagracia Olivero Espinosa ha impedido al señor Víctor Radhamés Severino Fornet acceder a la presunta vivienda familiar de ambos ubicada en la parcela No.109, porción CH-3, del distrito catastral No.5, paraje El Abanico, distrito municipal Manabao, municipio Jarabacoa, provincia La Vega. En vista de las circunstancias de hecho y de derecho relativas a la supuesta violación de los derechos fundamentales en que se basa el recurso de revisión interpuesto por el señor Víctor Radhamés Severino Fornet y, particularmente, por no haber podido demostrar la titularidad de los derechos que alegadamente le habrían sido vulnerados, el Tribunal Constitucional se limita a examinar la admisibilidad del recurso de revisión que nos ocupa. 8.- Competencia Este Tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de revisión sobre la sentencia de amparo, en virtud de lo que establece el artículo 185 de la Constitución y el artículo 94 de la referida Ley No.137-11. 9.- Inadmisibilidad del presente recurso de revisión El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta inadmisible por los motivos que se exponen a continuación:

TC/0007/12, consideraciones, pág. 7 — PDF oficial

a) El recurso de revisión no satisface los requerimientos previstos en el artículo 100 de la Ley No.137-11, que, de manera taxativa y específica, sujeta la admisibilidad de los recursos de revisión: “(…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”. En efecto, el recurso de revisión del señor Víctor Radhamés Severino Fornet que nos ocupa carece de especial transcendencia o relevancia constitucional, puesto que tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. Del análisis ponderado del expediente, se evidencia que el recurrente en revisión no ha establecido ante el Tribunal Constitucional las razones por las que, en su caso, queda configurada la especial trascendencia o relevancia constitucional con los elementos anteriormente descritos.

TC/0007/12, consideraciones, a, pág. 8 — PDF oficial

b) Dentro de ese marco conceptual, la revisión consiste en una acción constitucional instituida con el propósito específico de garantizar un derecho fundamental, puesto que se sustancia ante el Tribunal Constitucional (órgano ajeno al Poder Judicial), y no ante un órgano superior de un determinado orden jurisdiccional, como ocurre con los recursos ordinarios. En consecuencia, al constituir una acción distinta e independiente de los procesos judiciales que se desarrollan ante los órganos de la jurisdicción ordinaria destinados a la tutela de los derechos y libertades fundamentales, la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter partes. En ese sentido, mientras sea adecuado y efectivo, especialmente en cuanto a su acceso, el recurso de revisión de sentencias de amparo cumplirá su finalidad y, por ende, satisfará las condiciones propias del derecho fundamental de recurrir ante este Tribunal Constitucional, dentro de los parámetros establecidos en nuestro orden constitucional y los pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Dominicano.

TC/0007/12, consideraciones, b, pág. 9 — PDF oficial

c) Por tanto, la indicada concepción del recurso de revisión no vulnera el derecho fundamental del impetrante a recurrir ante el juez o tribunal superior, ya que este derecho no debe interpretarse en el sentido de consagrar la obligatoriedad del recurso de apelación en todas las materias, incluyendo la revisión de las sentencias ante el Tribunal Constitucional. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69.9 de la Constitución, “Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley.”, y, según su artículo 149, Párrafo III, “Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes.”. En ambos casos, la Constitución hace reserva para que el recurso sea “de conformidad con la ley” y “sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes”, de lo cual se infiere que nuestra Carta Magna ha dejado al legislador la posibilidad de regular, limitar e incluso restringir el derecho a un recurso mediante una disposición de tipo adjetivo.

TC/0007/12, consideraciones, c, pág. 9 — PDF oficial

d) En el mismo sentido, el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) consagra un derecho genérico a recurrir que no implica necesariamente un recurso de apelación; al igual que el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consigna la posibilidad de someter el asunto a la consideración de un “tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.”. Se colige entonces que ambos tratados internacionales, ratificados por la República Dominicana, disponen que el Estado habilite un recurso ante el juez o tribunal superior, sin llegar a requerir la adopción de una naturaleza procesal particular, dejando a la ley interna la facultad de establecer su reglamentación. Por tanto, como se ha señalado, el Estado puede regular ese recurso e incluso limitarlo y restringirlo. Este principio ha sido confirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos precedentes jurisprudenciales refuerzan el criterio de la falta de obligatoriedad del recurso de apelación en todas las materias. En efecto, en el caso Herrera Ulloa, dicha alta jurisdicción estableció, de una parte, que: “El derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.” (sentencia del 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 158); y, de otra parte, que: “Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida.” (ibid., párr. 165). Se advierte en dicho fallo que el recurso persigue la protección del derecho de defensa para contrarrestar la posibilidad de perjuicios a los derechos fundamentales del recurrente, sin referirse al tipo de recurso ni a su denominación ni ámbito sino a su alcance.

TC/0007/12, consideraciones, d, pág. 10 — PDF oficial

e) Estos criterios no resultan ajenos a la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, que tampoco admitió el carácter constitucional del recurso de apelación mientras ejerció el control concentrado de constitucionalidad: 1) En su sentencia de fecha 12 de agosto de 2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia indicó que “no existe ningún texto constitucional que prescriba como regla general los dos grados de jurisdicción en ninguna materia”, y que, “en consecuencia, el doble grado de jurisdicción no reúne las características necesarias para alcanzar la categoría del orden constitucional”; 2) mediante decisión posterior de fecha 2 de junio de 2010, la Sala Penal del máximo tribunal judicial dominicano indicó que el recurso de apelación no tiene categoría constitucional; criterio que, según dicha Sala, no colide con lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto la instancia revisora más elevada no necesariamente debe ser una corte de apelación; 3) y, más recientemente, en fecha 11 de agosto de 2010, la misma Sala Penal reiteró el criterio de que el recurso de apelación no tiene carácter constitucional, ya que “en virtud de la ley, el tribunal superior que debe examinar la sentencia, en la especie, es la Suprema Corte de Justicia, y no una corte de apelación; por lo que procede rechazar la solicitud de inconstitucionalidad propuesta”, agregando que dicho parecer “no colide con el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que toda decisión judicial debe ser objeto de examen por un tribunal superior, en razón de que esa instancia revisora más elevada no necesariamente debe ser una Corte de Apelación, como algunos sostienen, sino que podría estar reservada esta misión a la Suprema Corte de Justicia.” En consecuencia, este Tribunal Constitucional estima atinado el principio jurisprudencialmente admitido y reiterado por la Suprema Corte de Justicia, del cual se infiere que para satisfacer los requerimientos del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no es necesario que el Tribunal Constitucional funja como “tribunal de apelación”, sino que basta con que revise efectivamente la sentencia impugnada y verifique que no exista violación a los derechos fundamentales en la especie. Esta decisión, firmada por todos los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. En la misma, figuran incorporados los votos disidentes de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Jottin Cury David y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional.

TC/0007/12, consideraciones, e, pág. 11 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por carecer de especial trascendencia o relevancia constitucional, el recurso de revisión interpuesto por el señor Víctor Radhamés Severino Fornet contra la sentencia No. 02523-2011, dictada por la Sexta Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha dos (2) de septiembre de dos mil once (2011).

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte recurrente, señor Víctor Radhamés Severino Fornet, y a la parte recurrida, señora Fe Altagracia Olivero Espinosa.

TERCERO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0007/12, del 22 de marzo de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0007-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.