Sentencia TC/0009/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 11 de febrero de 2013 · Expediente Expediente No. TC-04-2012-0019
Recurso de Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales interpuesto por la sociedad comercial Malespín Constructora, S. A. y Marcos E. Malespín, contra la Resolución No. 830-2012, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil doce (2012).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0009/13?
El recurso reviste especial trascendencia constitucional porque permite fijar el alcance del derecho a una decisión motivada como garantía del debido proceso. Al declarar inadmisible la casación, la Suprema Corte de Justicia aludió a los numerales 1 y 2 del artículo 426 del Código Procesal Penal y afirmó que no se verificaban los supuestos de los artículos 425 y 426, pero no explicó cómo se aplicaban esas disposiciones al caso concreto. Por ello, la resolución no permitía comprobar por qué no concurría ninguno de los supuestos de admisibilidad (TC/0009/13, consideraciones, c, pág. 7; TC/0009/13, numeral 9, b–a, pág. 9).
El deber de motivar, como garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, exige exponer de manera sistemática, clara y completa las razones del fallo, explicar en concreto cómo se valoran los hechos y las pruebas y cómo se aplica el derecho, y vincular las premisas del fallo con las normas, los principios y la jurisprudencia pertinentes. No basta con enunciar genéricamente principios o citar disposiciones que limitan el ejercicio de una acción; la fundamentación debe permitir conocer las razones de la decisión y legitimar la actuación judicial (TC/0009/13, numeral 9, b–c, pág. 10; TC/0009/13, numeral 9, a–e, pág. 12).
Decisión
Admite y acoge el recurso de revisión constitucional, anula la Resolución núm. 830-2012 y ordena remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia conforme al artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar la sentencia a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“Que no realizó la necesaria subsunción de los mencionados textos al caso concreto que inadmitió, con lo cual hubiera dado motivos que permitieran comprobar la inexistencia de los presupuestos requeridos para la aplicación en la especie del referido artículo 426 del Código Procesal Penal.” (TC/0009/13, numeral 9, b–a, pág. 9)
“Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;” (TC/0009/13, numeral 9, a–e, pág. 12)
“Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción;” (TC/0009/13, numeral 9, a–e, pág. 12)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 68, 69 y 185.4.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53 y 54.10.
Código Procesal Penal: artículos 425 y 426.
Precedentes que cita el Tribunal
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Apitz Barbera y otros c. Venezuela, sentencia del 5 de agosto de 2008, párrs. 77 y 78; Suprema Corte de Justicia, Resolución 1920/2003.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
Consideraciones y fundamentos
6.- Síntesis del conflicto Conforme a los documentos depositados en el expediente, y a los hechos y argumentos invocados, la especie que nos ocupa se contrae a un recurso de revisión constitucional mediante el cual se impugna la Resolución No. 830- 2012, del dieciséis (16) de enero de dos mil doce (2012), dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. El recurrente alega falta de motivación y, consecuentemente, vulneración del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, garantías constitucionales establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución. 7.- Competencia Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que dispone el artículo 185.4 de la Constitución y el artículo 53 de la referida Ley Orgánica No. 137-11. 8.- Admisibilidad del recurso Decidir sobre la admisibilidad del recurso de revisión implica analizar el fundamento de las violaciones invocadas respecto al grado de trascendencia y relevancia constitucional de la cuestión planteada dentro del marco de la referida Ley No. 137-11. Al respecto, el Tribunal Constitucional expone las siguientes consideraciones: A. La fórmula establecida para la revisión de sentencias firmes supedita su admisibilidad a que la situación planteada se encuentre en uno de los tres supuestos contenidos en los numerales del artículo 53 de la Ley No. 137-11. El tercero de ellos concierne el caso en que “se haya producido una violación de un derecho fundamental”, y exige el cumplimiento de “todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma;
b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y
c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales e1 Tribunal Constitucional no podrá revisar.” B. Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba lo siguiente: 1) Que el literal b) del texto legal transcrito resulta aplicable al caso, ya que, a pesar de haber sido planteado el argumento de falta de motivación de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el mismo no fue respondido ni subsanado en la instancia de casación; situación ésta que determina el cumplimiento de este requisito de admisibilidad del recurso; 2) Que la exigencia de literal c), del texto legal transcrito, también resulta aplicable al caso de la especie, pues la violación invocada concierne la ausencia de motivación de la sentencia recurrida y, consecuentemente, la vulneración del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva; 3) Que las garantías constitucionales prescritas en los artículos 68 y 69 de la Constitución, puede[n] ser “imputable[s] de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional”. C. En cuanto a la especial trascendencia o relevancia constitucional, prevista en el párrafo in fine del referido artículo 53, este Tribunal entiende que el presente recurso de revisión satisface dicho requisito, ya que permitirá fijar una posición en relación al alcance del derecho a una decisión motivada en los procesos jurisdiccionales como garantía constitucional del debido proceso.
9. Análisis sobre el fondo del recurso de revisión
Para determinar si la decisión recurrida adolece de insuficiente motivación e impide el acceso a un recurso efectivo, el Tribunal Constitucional estima oportuno ponderar la parte motiva de dicha sentencia respecto a las normas procesales aplicables al caso, para lo cual efectúa las siguientes precisiones: A. La inadmisibilidad pronunciada por la Resolución No. 830-2012, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil doce (2012), se sostiene en los límites impuestos por el artículo 426 del Código Procesal Penal, que supedita la admisibilidad de los recursos de casación a los casos de violación de normas constitucionales o adjetivas, sea por omisión o errónea aplicación. Dicho artículo exige, además, que tal violación esté en consonancia con por lo menos uno de los cuatro (4) supuestos expuestos por dicha disposición, a saber: “1. Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años; 2. Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia; 3. Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada; 4. Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión”. B. En los fundamentos de la resolución recurrida, que resuelve la cuestión planteada, el tribunal estableció, entre otros aspectos:
a) “(…) que de la aplicación combinada del Artículo 425 y de los numerales 1 y 2 del Artículo 426 del Código Procesal Penal, en materia penal el recurso de casación sólo es admisible contra las sentencias que imponen condenaciones a una pena privativa de libertad mayor de 10 años o cuando el fallo rendido por una Corte de Apelación sea contradictorio con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia”; y
b) Que, “se está en presencia de un recurso de casación contra una sentencia en la cual no se verifican ninguno de los supuestos previstos por los Artículos 425 y 426 del Código Procesal Penal para admitir el recurso de casación; por lo que procede declarar inadmisibles los recursos de casación de que se trata”; C. Producto de las ponderaciones realizadas en la especie, este Tribunal ha podido comprobar:
a) Que, en la parte motiva de la resolución recurrida en revisión, la Suprema Corte de Justicia aludió los numerales 1 y 2 del mencionado artículo 426, antes de establecer la ausencia de tipificación de los supuestos previstos en este último y en el artículo 425;
b) Que no realizó la necesaria subsunción de los mencionados textos al caso concreto que inadmitió, con lo cual hubiera dado motivos que permitieran comprobar la inexistencia de los presupuestos requeridos para la aplicación en la especie del referido artículo 426 del Código Procesal Penal.
c) Que en el contexto de la Resolución objeto de revisión constitucional, no se disciernen con suficiente claridad los motivos que indujeron a la Suprema Corte de Justicia a negar la falta de tipificación de todos los supuestos previstos por los citados artículos 425 y 426;
d) Que esa circunstancia induce a que este Tribunal Constitucional proceda a fijar el alcance del compromiso que tienen los tribunales de dictar decisiones motivadas como parte de la sujeción a la garantía constitucional del debido proceso. D. En ese sentido, este Tribunal estima conveniente enfatizar lo siguiente:
a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación;
b) Que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; y
c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas. E. Sobre el compromiso que tienen los tribunales del orden jurisdiccional de emitir decisiones motivadas como medio de garantía al debido proceso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Caso Apitz Barbera y otros
c. Venezuela, Sentencia de fecha 5 de agosto de 2008, párrafos 77 y 78, pp. 22-23), sostuvo que: “77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.” “78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso”. F. En el mismo tenor, el trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003), la honorable Suprema Corte de Justicia dictó la Resolución 1920/2003, previo a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en septiembre de dos mil cuatro (2004), en la que se definió el alcance de los principios básicos que integran el debido proceso contenidos en el bloque de constitucionalidad, entre los que se encuentra la motivación de decisiones, estableciendo lo siguiente: “La obligación de motivar las decisiones está contenida, en la normativa supranacional, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (…). La motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del juez y de su decisión. Permite que la decisión pueda ser objetivamente valorada y criticada, garantiza contra el prejuicio y la arbitrariedad, muestra los fundamentos de la decisión judicial, facilita el control jurisdiccional en ocasión de los recursos; en vista de que la conclusión de una controversia judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual se impone a cada juez, incluso con opinión disidente, la obligación de justificar los medios de convicción en que la sustenta, constituyendo uno de los postulados del debido proceso (…)”. G. En consideración de la exposición precedente, el cabal cumplimiento del deber de motivación de las sentencias que incumbe a los tribunales del orden judicial requiere:
a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones;
b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;
c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;
d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y
e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados el voto disidente conjunto de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Juez, Wilson S. Gómez Ramírez, Juez, e Idelfonso Reyes, Juez; el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; y el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza. Por las razones y motivos antes expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el Recurso de Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales interpuesto por Malespín Constructora, S. A. y Marcos E. Malespín, contra la Resolución No. 830-2012, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil doce (2012).
SEGUNDO: ACOGER dicho recurso revisión constitucional, y, en consecuencia, ANULAR la resolución aludida.
TERCERO: ORDENAR el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia, para los fines establecidos en el numeral 10, del artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a las partes recurrentes, Malespín Constructora, S. A. y Marcos E. Malespín; y a la parte recurrida, Juan Alberto Pimentel.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, numeral 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11.
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0009/13, del 11 de febrero de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0009-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.