Sentencia TC/0009/17

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 11 de enero de 2017 · Expediente TC-012014-0045

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Poder legislativo

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0009/17?

El Tribunal reconoce la legitimación activa de la Fundación Padre Rogelio y Organización de Comunitarios porque las observaciones presidenciales se refieren a un proyecto de ley destinado a convertir a Loma Miranda en parque nacional para preservar recursos naturales cuya defensa corresponde a todas las personas que habitan en el país (TC/0009/17, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 9).

La acción directa de inconstitucionalidad solo procede contra leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Las observaciones del presidente de la República a un proyecto aprobado por el Congreso no constituyen una norma jurídica, sino que expresan la opinión del titular del Poder Ejecutivo. Conforme al artículo 102 de la Constitución, corresponde al Poder Legislativo examinarlas y decidir si las acoge o las rechaza. Por tanto, la acción es inadmisible tanto por la naturaleza del acto impugnado como porque conocerla invadiría la competencia legislativa (TC/0009/17, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 10; TC/0009/17, numeral 9, 9.3–9.5, pág. 11; TC/0009/17, numeral 9, 9.6–9.7, pág. 12).

Decisión

Declara inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fundación Padre Rogelio y Organización de Comunitarios contra el veto presidencial al proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. Declara el proceso libre de costas, ordena comunicar la sentencia a la parte accionante, al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República y a Falconbridge Dominicana, S. A., en calidad de amicus curiae, y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“La acción directa de inconstitucionalidad, como proceso constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos actos señalados en los artículos 185.1 de la Constitución de la República y 36 de la Ley núm. 137-11 (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas).” (TC/0009/17, numeral 9, 9.3–9.5, pág. 11)
“Las observaciones que hace el presidente de la República a un proyecto de ley no son una norma jurídica” (TC/0009/17, numeral 9, 9.6–9.7, pág. 12)
“es al Poder Legislativo a quien corresponde determinar la procedencia o improcedencia de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo.” (TC/0009/17, numeral 9, 9.6–9.7, pág. 12)

Normas interpretadas

Constitución de la República, artículos 102 y 185.1; Ley núm. 137-11, artículos 7.6, 36 y 37.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa o calidad del accionante

8.1. La legitimación para accionar en inconstitucionalidad está condicionada, en relación con las personas físicas y morales, a que se demuestre un interés legítimo y jurídicamente protegido. En efecto, el artículo 185, numeral 1, de la Constitución de la República dispone: Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. De igual forma, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11 establece: La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

8.2. Este tribunal constitucional considera que la Fundación Padre Rogelio y Organización de Comunitarios tiene legitimación en el presente caso, en razón de que el objeto de la acción directa de inconstitucionalidad son las observaciones que formuló el presidente de la República respecto del proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional, que tiene como finalidad convertir a Loma Miranda en parque nacional para garantizar la preservación de los recursos naturales, los cuales deben ser defendidos, no solo por los dominicanos, sino por todas las personas que habitan en este país.

TC/0009/17, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 9 — PDF oficial

9. Sobre la acción directa de inconstitucionalidad

9.1. En el presente caso, la norma atacada lo constituye la observación que hiciere el presidente de la República, Lic. Danilo Medina, al proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional, que tiene como finalidad convertir a Loma Miranda en Parque Nacional. Las referidas observaciones fueron enviadas mediante la Comunicación núm. 023421, del dos (2) de septiembre de dos mil catorce (2012), al presidente del Senado, cámara en la cual fue aprobado el referido proyecto de ley.

9.2. El artículo 102 de la Constitución establece: Observación a la ley. Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara de donde procede en el término de diez días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco días a partir de ser recibida. El Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación. La cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101.

TC/0009/17, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 10 — PDF oficial

9.3. La acción directa de inconstitucionalidad, como proceso constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos actos señalados en los artículos 185.1 de la Constitución de la República y 36 de la Ley núm. 137-11 (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas). En este sentido, corresponde verificar si el referido acto de observación de la ley se encuentra dentro de las normas que pueden ser cuestionadas vía la acción de inconstitucionalidad, de acuerdo a los indicados textos. En efecto, en el primero de los textos se establece que solo pueden ser atacadas mediante acciones directas de inconstitucionalidad las “(…) leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas (…)”; y, en el segundo, que “la acción directa de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, que infrinjan por acción u omisión, alguna norma sustantiva” 1 .

9.4. En este sentido, partiendo de la hermenéutica de los textos transcritos se advierte que solo pueden ser cuestionados vía la acción de inconstitucionalidad las leyes, los decretos, reglamentos y ordenanzas; resulta que el objeto de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa no lo constituye ninguno de los actos anteriormente indicados. 1 Negritas nuestras.

9.5. En efecto, la parte accionante pretende que se controle la constitucionalidad de las observaciones hechas por el presidente de la República, respecto del proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda.

TC/0009/17, numeral 9, 9.3–9.5, pág. 11 — PDF oficial

9.6. Las observaciones que hace el presidente de la República a un proyecto de ley no son una norma jurídica, ya que lo que el titular del Ejecutivo se limita a expresar su opinión en relación con un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Como consecuencia de estas observaciones el proyecto de ley de que se trate debe ser examinado por el Poder Legislativo. De este examen puede resultar que los legisladores acojan o rechacen las pretensiones hechas por el primer mandatario.

9.7. En este orden de ideas, procede declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, no solo porque el objeto de la misma no es una norma jurídica, sino porque, además, es al Poder Legislativo a quien corresponde determinar la procedencia o improcedencia de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. De lo anterior resulta que el Tribunal Constitucional invadiría la competencia de dicho poder, si conociera de la acción directa de inconstitucionalidad que nos ocupa. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Rafael Díaz Filpo. Constan en acta el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury y el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0009/17, numeral 9, 9.6–9.7, pág. 12 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fundación Padre Rogelio y Organización de Comunitarios contra el veto presidencial sobre ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda.

SEGUNDO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, Fundación Padre Rogelio y Organización de Comunitarios; al Poder Ejecutivo y a la Procuraduría General de la República, así como la sociedad Falconbridge Dominicana, S. A., en calidad de amicus curiae.

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0009/17, del 11 de enero de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0009-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.