Sentencia TC/0012/12

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 9 de mayo de 2012 · Expediente Expediente No. 030-12- 00061

La acción de amparo incoada por la señora Lauriana Villar contra la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de igualdad · Derecho de pensión

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0012/12?

El recurso de revisión reviste especial trascendencia constitucional porque plantea cuestiones relativas a la dignidad humana, la igualdad y la familia sobre las que el Tribunal aún no había fijado criterios. El plazo de treinta días para interponer el amparo no comenzó con la muerte del compañero de vida de la recurrente, sino cuando la Junta de Retiro le notificó que debía presentar un acta de matrimonio para obtener la pensión. Solo entonces quedó manifiesta la negativa a reconocer su derecho; al interponerse la acción habían transcurrido veintinueve días (TC/0012/12, consideraciones, d, pág. 7; TC/0012/12, numeral 9, a–c, pág. 7; TC/0012/12, numeral 9, d–f, pág. 8).

La condición de conviviente de hecho quedó acreditada mediante las actas de nacimiento de los dos hijos de la pareja. El Tribunal consideró que exigir el matrimonio para acceder a la pensión de supervivencia contradice el artículo 55.5 de la Constitución y que reservar la prestación a la viuda, excluyendo al viudo, vulnera la igualdad reconocida en el artículo 39.4. En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 47 de la Ley núm. 137-11, mantuvo el artículo 252 de la Ley núm. 873 bajo una interpretación conforme: tiene derecho a pensión el o la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho de al menos un año, salvo que hayan engendrado hijos o que la muerte se deba a un accidente o a alguna de las causales del artículo 247 (TC/0012/12, numeral 9, d–f, pág. 8; TC/0012/12, numeral 9, p–s, pág. 13; TC/0012/12, numeral 9, t–v, pág. 13).

Decisión

Admite el recurso de revisión en cuanto a la forma y el fondo, revoca la sentencia de amparo núm. 156-2011 y acoge la acción de amparo. Declara la interpretación conforme del artículo 252 de la Ley núm. 873 y ordena a la Junta de Retiro y a su representante legal hacer efectivo el derecho de Lauriana Villar a la pensión como conviviente sobreviviente y pagarle los valores devengados desde el fallecimiento en un plazo de veinte días hábiles a partir de la notificación, con un astreinte de RD$10,000.00 por cada día de retardo.

Citas textuales clave

“Según el citado artículo 252, el otorgamiento de la pensión de superviviente está condicionado a la existencia de un matrimonio, requisito que contradice el artículo 55.5 de la Constitución” (TC/0012/12, numeral 9, p–s, pág. 13).
“Por otra parte, según el indicado artículo 252, sólo la viuda tendría derecho a la pensión de superviviente, mas no así el viudo, lo cual vulnera el principio de igualdad entre el hombre y la mujer previsto en el artículo 39.4 de la Constitución” (TC/0012/12, numeral 9, p–s, pág. 13).
“Tendrá derecho a pensión el o la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho con por lo menos un año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las causales del artículo 247” (TC/0012/12, dispositivo, pág. 14).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 6, 38, 39.4, 55.5, 72, parte final, y 185.4.

Ley núm. 137-11: artículos 7, 47, 66, 94 y 100.

Ley núm. 437-06: artículo 3, literal b.

Ley núm. 873: artículo 252, con remisión al artículo 247.

Precedentes que cita el Tribunal

TC-0007-12; sentencias de la Suprema Corte de Justicia del 17 de octubre de 2001 y del 15 de octubre de 2008, citadas sin número.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

CONSTITUCIONAL 6.- Síntesis del conflicto Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos invocados por las partes, en el caso que nos ocupa se alega que la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas le ha negado a la recurrente, señora Lauriana Villar, el derecho a subrogarse en las prerrogativas relativas a la pensión de su compañero de vida por más de 40 años, José Agustín Jiminián Ramos (titular de la cédula de identidad y electoral No. 001- 1012449-2). Este último falleció el 26 de febrero de 2008, siendo beneficiario de una pensión de diez mil pesos (RD$10,000.00) mensuales, en su condición de militar, cuyo último rango fue de segundo teniente. La recurrida, Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, sostiene que el hecho se originó en marzo de 2008 y la acción de amparo se intentó el 20 de enero de 2011, por lo que considera el recurso de revisión inadmisible, por haber transcurrido más de dos años. 7.- Competencia Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que dispone el artículo 185.4 de la Constitución y el artículo 94 de la referida Ley Orgánica No. 137-11. 8.- Admisibilidad del presente recurso de revisión El presente recurso de revisión es admisible por las siguientes razones:

a) De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley No. 137- 11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.

TC/0012/12, consideraciones, a, pág. 5 — PDF oficial

b) El artículo 100 de la referida Ley No. 137-11 establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional. En efecto, dicho artículo faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

c) Para la aplicación del referido artículo 100, este Tribunal fijó su posición (TC-0007-12, del 22 de marzo de 2012, p.9, con 10 votos concurrentes y 3 disidentes), estableciendo que la mencionada condición de inadmisibilidad “sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional;”

TC/0012/12, consideraciones, b–c, pág. 6 — PDF oficial

d) En el caso de la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión tiene relevancia y trascendencia constitucional porque contempla un supuesto relativo a “conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento” (según lo establece el numeral 1 del párrafo precedente), al plantear la violación a derechos inherentes a la dignidad humana, a la igualdad y a la familia.

TC/0012/12, consideraciones, d, pág. 7 — PDF oficial

9. Sobre el fondo del recurso de revisión

En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:

a) En la especie, la recurrente toma conocimiento pleno de que sus derechos son desconocidos o vulnerados cuando, en fecha 21 de diciembre de 2010, la recurrida, Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, le notifica mediante acto de alguacil No.1232-10 (instrumentado por el ministerial Roberto Eufrasia Ureña) que, para que estos derechos le fueran reconocidos y se le transfiriera la referida pensión, debía depositar, entre otros documentos, el acta de matrimonio intervenido entre ella y el fenecido ex-militar José Agustín Jiminián Ramos.

b) El acto de alguacil antes referido figura enunciado y citado en el escrito de defensa que se presentara al Tribunal Superior Administrativo y en el propio dictamen de la Procuraduría General Administrativa. Dicha entidad refiere que el acto en cuestión lo produjo la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas en respuesta a otro acto de esa misma naturaleza que le notificara la recurrente a dicha Junta.

c) En el caso que nos ocupa, el punto de partida del plazo de treinta (30) días establecido por el artículo 3, literal b, de la Ley sobre Recurso de Amparo No. 437-06 (vigente en aquel momento), no podía remontarse a la fecha del deceso del compañero de vida de la recurrente, por cuanto no se advertía ninguna situación o hecho que pusiera de manifiesto la negativa de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas a reconocer sus derechos, cuestión que sólo se evidenció en el momento mismo en que le fue notificado a la recurrente el referido acto de alguacil.

TC/0012/12, numeral 9, a–c, pág. 7 — PDF oficial

d) La interposición de la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, en fecha 20 de enero de 2011, pone de manifiesto que para accionar sólo habían transcurrido veintinueve (29) días del plazo, pues aunque el deceso de José Agustín Jiminián se produjo el 26 de febrero de 2008, no fue sino el 21 de diciembre de 2010 cuando la señora Lauriana Villar tomó conocimiento de la respuesta negativa de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, tras serle leído el acto por ser ella iletrada. Por tanto, dio por sentado la conculcación o desconocimiento de su derecho, de acuerdo con el referido acto de alguacil número 1232-2010, notificado por dicha Junta a través del ministerial Roberto Eufrasia Ureña.

e) La Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas fundamentó su negativa en que el artículo 252 de la Ley Núm. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas, establece una limitante respecto de una persona que no esté unida bajo el vínculo matrimonial (como resulta en el caso de la recurrente), en los siguientes términos: “La viuda sólo tendrá derecho a pensión cuando el matrimonio haya durado un año por lo menos, salvo el caso de que tenga hijos del causante o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las causales del artículo 247”.

f) Además, la condición de conviviente de hecho de la recurrente queda plenamente configurada, toda vez que en el expediente de que se trata están incluidas dos (2) actas de nacimiento expedidas por las Oficialías del Estado Civil de la Segunda y Tercera Circunscripción del Distrito Nacional, inscritas en los Libros Nos. 00646 y 987, folios Nos. 0149 y 106, Actas Nos. 02149 y 506, de fechas 29 de octubre de 2008 y 28 de julio de 2001, respectivamente, probatorias de que de la unión de Lauriana Villar y José Agustín Jiminián, nacieron Carlos y Maritza Jiminián Villar.

TC/0012/12, numeral 9, d–f, pág. 8 — PDF oficial

g) Es evidente que en el presente caso la recurrente inició de manera oportuna las diligencias necesarias y aguardó durante todo el tiempo transcurrido la respuesta de la recurrida. A tal efecto, incluso correspondió a los requerimientos de la indicada Junta de Retiro con relación a los documentos básicos que le permitieran apreciar la calidad jurídica de la peticionaria de la pensión de supervivencia, respuesta que fue dada a través de la notificación del referido acto de alguacil del 21 de diciembre de 2010.

h) En vista de las circunstancias de hecho y de derecho en que se basa el recurso de revisión que nos ocupa, el Tribunal Constitucional no solo ha de limitarse a examinar la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso interpuesto por la señora Lauriana Villar contra la sentencia emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil once (2011); sino que también debe establecer su trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y eficacia del texto constitucional, y determinar su contenido y alcance, y si en el presente caso quedan desprotegidos derechos fundamentales.

i) El Artículo 6 de la Constitución expresa textualmente: “Todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

j) El artículo 38 de la Constitución proclama el respeto a la dignidad de la persona y establece su carácter sagrado, innato e inviolable.

TC/0012/12, numeral 9, g–j, pág. 9 — PDF oficial

k) El considerando sexto de la exposición de motivos de la Ley Orgánica No. 137-11, dispone: “Que el Tribunal Constitucional fue concebido con el objetivo de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.

l) La Suprema Corte de Justicia de nuestro país, en una importante sentencia dictada el 17 de octubre de 2001 (que este Tribunal Constitucional estima conforme a la Constitución) dictaminó que la unión consensual: “(…) se considera prevista, considerada o aceptada por el legislador en el ordenamiento legal como una modalidad familiar, criterio que debe ser admitido, en los casos como el de la especie, siempre y cuando esa unión se encuentre revestida de las características siguientes: a) una convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de formalidad legal de la unión; c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los dos iguales o nexos formales de matrimonio con otros terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aún cuando haya cesado esa condición por la disolución posterior de vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión consensual con una tercera persona; e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí (…)”;

TC/0012/12, numeral 9, k–l, pág. 10 — PDF oficial

m) Dicha sentencia estableció, además, lo que sigue: “Considerando, que las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación innegable de las posibilidades de constitución de un grupo familiar, y las mismas reúnen un potencial con trascendencia jurídica; que si bien el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos realidades equivalentes, de ello no se puede deducir que siempre procede la exclusión de amparo legal de quienes convivan establemente en unión de hecho, porque esto sería incompatible con la igualdad jurídica y la prohibición de todo discrimen que la Constitución de la República garantiza;”

TC/0012/12, numeral 9, m, pág. 11 — PDF oficial

n) Para reiterar la admisión de la unión marital de hecho en nuestra normativa jurídica, la indicada sentencia señaló igualmente otros estatutos y disposiciones adjetivas que protegen, regulan y respaldan a la unión consensual more uxorio en nuestro ordenamiento jurídico, en los siguientes términos: “Considerando, que por otra parte, leyes adjetivas, interpretando la realidad social dominicana, se han ocupado en diversas ocasiones de regular y proteger, no sólo a la persona de los convivientes y sus bienes, sino también a la descendencia que esta relación pueda generar; que en tal sentido, la Ley No.14-94, del 22 de abril de 1994, Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y su Reglamento, reconoce a la unión consensual como una modalidad familiar real, al igual que la familia cimentada en el matrimonio y, al mismo tiempo, protege su descendencia; que la Ley número 24-97, del 27 de enero de 1997, también reconoce la existencia de las uniones de hecho al tipificar como infracciones graves los actos de violencia doméstica, de agresión sexual y de abandono en que pueda incurrir un conviviente o ex-conviviente en perjuicio del otro; que además, el artículo 54 del Código de Trabajo por su lado, dispone: “El empleador está obligado a conceder al trabajador cinco días de licencia con disfrute de salario, con motivo de la celebración del matrimonio de éste; tres días en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos padres e hijos, o de compañera, y dos días para el caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera debidamente registrada en la empresa;”

TC/0012/12, numeral 9, n, pág. 11 — PDF oficial

o) A las disposiciones legales anteriormente indicadas deben agregarse las que benefician al (a) compañero (a) de vida de una pensión de sobreviviente, al tenor del artículo 51 de la ley 87-01, sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social; al igual que los artículos 58 y 118 de la Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, tal como ha sido consagrado incluso por la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en su reciente sentencia del 15 octubre 2008 (que este Tribunal estima conforme a la Constitución): “Considerando, que “(…) el ordenamiento jurídico dominicano ha mostrado preocupación por amparar, de alguna forma, aquellas relaciones que se originan fuera de un matrimonio, dado el carácter común en los cimientos de la sociedad dominicana de este tipo de uniones, tal como lo demuestran las disposiciones que benefician al (a) compañero (a) de vida de una pensión de sobreviviente, al tenor del artículo 51 de la ley 87-01, sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social; los artículos 58 y 118 de la ley 136-03, que aceptan dentro de la denominación de familia aquella que provenga de una unión de tipo consensual y que permiten la adopción de niños o niñas por parte de pareja con unión de hecho, por solo mencionar algunas disposiciones; que esa preocupación por otorgarle a las uniones consensuales derechos propios de una unión familiar, no constituye un afán nuevo del pensamiento jurídico que rige nuestra legislación, puesto que la doctrina jurídica civil tiene años admitiendo, el propio hecho de la existencia de la relación.”

TC/0012/12, numeral 9, o, pág. 12 — PDF oficial

p) En la especie, la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas fundamentó su negativa a entregar la pensión de referencia en que el artículo 252 de la Ley Núm. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas, establece una restricción respecto a las personas no casadas, como resulta en el caso de la recurrente.

q) Según el citado artículo 252, el otorgamiento de la pensión de superviviente está condicionado a la existencia de un matrimonio, requisito que contradice el artículo 55.5 de la Constitución, cuyo texto dispone lo siguiente: “La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley”.

r) Por otra parte, según el indicado artículo 252, sólo la viuda tendría derecho a la pensión de superviviente, mas no así el viudo, lo cual vulnera el principio de igualdad entre el hombre y la mujer previsto en el artículo 39.4 de la Constitución, que expresa: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género”.

s) En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 26, indica: “(…) la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de nacimiento o cualquier otra condición social”.

TC/0012/12, numeral 9, p–s, pág. 13 — PDF oficial

t) En consecuencia, resulta evidente que el texto objeto de análisis transgrede la Constitución, particularmente los principios relativos a la igualdad, la dignidad humana y la familia. No obstante, dicho texto sería conforme con la Constitución, a condición de que se interprete en la forma que más adelante indicará este Tribunal Constitucional, ejerciendo así la facultad de garantizar la permanencia de una determinada norma en nuestro ordenamiento jurídico.

u) La indicada facultad se encuentra consagrada en el artículo 47 de la referida Ley No. 137-11, concebido en los siguientes términos: “El Tribunal Constitucional, en todos los casos que conozca, podrá dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad del precepto impugnado, en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la constitución o no se interprete en el sentido o sentidos que considera inadecuados”.

v) De acuerdo con los principios expuestos, para el Tribunal Constitucional, la interpretación conforme a la Constitución del artículo 252 de la Ley No. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas Dominicanas, debe ser la siguiente: “Tendrá derecho a pensión el o la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho con por lo menos un año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las causales del artículo 247”. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0012/12, numeral 9, t–v, pág. 13 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma y el fondo, el recurso de revisión incoado por la señora Lauriana Villar el 16 de enero de 2012, contra la sentencia de amparo No. 156-2011, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha 27 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia descrita en el ordinal anterior y, en consecuencia, acoger la acción de amparo incoada por la señora Lauriana Villar el 14 de enero de 2011, contra la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, y, asimismo, disponer la protección de los derechos derivados de su calidad de viuda del señor José Agustín Jiminián.

TERCERO: DECLARAR que la interpretación constitucional del artículo 252 de la Ley No. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas Dominicanas, de fecha 31 de julio de 1978, es la siguiente: “Tendrá derecho a pensión el o la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho con por lo menos un año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las causales del artículo 247”.

CUARTO: ORDENAR a la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas y a su representante legal hacer efectivo a la señora Lauriana Villar su derecho a pensión, en su condición de conviviente sobreviviente del señor José Agustín Jiminián.

QUINTO: OTORGAR a la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas y a su representante legal un plazo de veinte (20) días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia, para que entreguen a la señora Lauriana Villar todos los valores que le corresponden por concepto de pensión desde la fecha de la muerte del señor José Agustín Jiminián, conforme a la referida Ley No. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas Dominicanas, de fecha 31 de julio de 1978.

SEXTO: FIJAR un astreinte de DIEZ MIL PESOS CON 00/100 (RD$10,000.00), en favor de Lauriana Villar, por cada día de retardo en la ejecución de la presente sentencia de parte de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas y su representante legal.

SÉPTIMO: COMUNICAR esta sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Lauriana Villar; a la parte recurrida, Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, y a su representante legal, así como a la Procuraduría General Administrativa.

OCTAVO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11.

NOVENO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0012/12, del 9 de mayo de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0012-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.