Sentencia TC/0013/12

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 10 de mayo de 2012 · Expediente Expediente No. 1308- 2002

La Acción de Inconstitucionalidad incoada por el Virgilio A. Castillo P. y Rafael Báez Soto.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de irretroactividad de la ley

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0013/12?

La acción, incoada en 2002 y pendiente de fallo al entrar en vigor la Constitución de 2010, debía examinarse conforme al artículo 67.1 de la Constitución de 2002, en virtud del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 110 de la Constitución vigente. El Tribunal reconoció a los accionantes calidad de parte interesada y consideró que la resolución de la Junta Central Electoral era susceptible de impugnación por vía directa (TC/0013/12, numeral 6, 6.1–6.3, pág. 4; TC/0013/12, numeral 6, 6.8–6.9, pág. 6; TC/0013/12, numeral 6, 6.10–a, pág. 7).

Sin embargo, la acción era inadmisible porque los accionantes no identificaron ninguna disposición constitucional vulnerada y se limitaron a formular alegaciones de «contrariedad al derecho». Aunque el régimen vigente al momento de interponer la acción no exigía las formalidades del artículo 38 de la Ley núm. 137-11, la omisión impedía al Tribunal determinar la alegada inconstitucionalidad. Las cuestiones planteadas eran de mera legalidad y correspondía examinarlas por las vías de la justicia ordinaria o especial (TC/0013/12, numeral 6, 6.10–a, pág. 7; TC/0013/12, numeral 6, b–7.2, pág. 8; TC/0013/12, numeral 6, 7.3, pág. 9).

Decisión

Declara inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad contra la resolución de la Junta Central Electoral del 10 de abril de 2002, por tratarse de un asunto de mera legalidad que escapa al control del Tribunal Constitucional. Ordena notificar la decisión al Procurador General de la República, a los accionantes y al Partido Reformista Social Cristiano, y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“Al haberse incoado la presente acción en inconstitucionalidad contra la resolución aludida, la situación debe ser resuelta de conformidad al artículo 67.1 de la Constitución del año 2002, que no puede ser alterada en virtud del principio de irretroactividad previsto por la actual Constitución en el artículo 110, como ya se indicó.” (TC/0013/12, numeral 6, 6.8–6.9, pág. 6)
“En este sentido cabe precisar que en la presente acción directa en inconstitucionalidad, la parte impugnante se ha limitado a hacer simples alegaciones de “contrariedad al derecho” que son cuestiones de mera legalidad que escapan al control de este tribunal.” (TC/0013/12, numeral 6, b–7.2, pág. 8)
“Cabe recordar que el control de la legalidad de los actos puede ser intentado a través de las vías que la justicia ordinaria o especial ha organizado para ello.” (TC/0013/12, numeral 6, b–7.2, pág. 8)

Normas interpretadas

Constitución de 2002, artículo 67.1; Constitución de 2010, artículos 110 y 185.1 y tercera disposición transitoria; Ley núm. 137-11, artículos 36 y 38.

Precedentes que cita el Tribunal

Votos núms. 2,765, 241-2002 y 6321-2004 de la Sala Constitucional de Costa Rica; Sentencia C-529-94 de la Corte Constitucional de Colombia.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

6. Procedimiento aplicable en la presente acción de inconstitucionalidad

6.1. Este Tribunal tiene competencia para conocer de la presente acción en virtud de lo que disponen los artículos 185.1 de la Constitución del Estado y 36 de la Ley Orgánica No. 137-11 ya referida.

6.2. La presente acción fue sometida en fecha 11 de julio del año 2002 por ante la Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones constitucionales, al tenor de lo que disponía la anterior Constitución en el artículo 67.1, posteriormente a lo cual se produjeron dos modificaciones a la Carta Sustantiva, siendo proclamada la que se encuentra en vigencia el 26 de enero del año 2010. Entretanto, el presente caso se contrae a situaciones o hechos acaecidos en el mes de abril del año 2002, siendo interpuesta la acción de inconstitucionalidad el 11 de julio del mismo año. A pesar de haberse agotado el procedimiento que imperaba con anterioridad a la entrada en vigencia de la actual Constitución, el mismo quedó sin el correspondiente pronunciamiento.

6.3. Como ha de advertirse, a este Tribunal Constitucional se le plantea la cuestión de determinar cuál legislación aplicar para aquellos procesos que se encuentran en curso al momento de producirse el cambio de Constitución. Cabe indicar que al instituirse este órgano de control constitucional estos habían quedado en estado de fallo por ante la Suprema Corte de Justicia, tribunal que era competente para conocer de las acciones en inconstitucionalidad antes de la entrada en vigencia de la Constitución que rige desde el año 2010 y también por mandato de la tercera disposición transitoria de esta última.

TC/0013/12, numeral 6, 6.1–6.3, pág. 4 — PDF oficial

6.4. Para determinar cuál legislación aplicar, será necesario también que este tribunal establezca si los accionantes tenían un derecho adquirido, tema que ha sido ampliamente debatido por innumerables tratadistas y que está íntimamente relacionado con la aplicación de la ley en el tiempo, pues una ley posterior no puede desconocer las situaciones jurídicas creadas y consolidadas bajo la ley anterior. De ahí que este tribunal resolverá, previamente, lo relativo a si los accionantes tienen calidad para promover la acción de inconstitucionalidad de que se trata, por un lado. Y por el otro, si el acto que ha sido atacado (resolución de la Junta Central Electoral) es susceptible de serlo por esta vía.

6.5. En efecto, la Constitución que rige dispone en su Art. 110 lo siguiente: “Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior” 1 . Tal y como se desprende del texto constitucional transcrito, el principio de irretroactividad es la máxima expresión de la seguridad jurídica, el cual cede en casos excepcionales por la aplicación retroactiva o ultractiva de disposición de similar estirpe más favorable para el titular del derecho.

TC/0013/12, numeral 6, 6.4–6.5, pág. 5 — PDF oficial

6.6. Conviene precisar el concepto de derechos adquiridos, para lo cual debe considerarse que toda disposición normativa está constituida por dos elementos: uno material y otro formal. El primero se refiere al supuesto o hipótesis de hecho, previsto en la disposición de que se trate; el segundo, a la conclusión jurídica surgida como consecuencia directa de la ocurrencia de aquellos supuestos e hipótesis fácticos. Comprobado el hecho, nacen los efectos jurídicos que la ley le asigna, y que son, precisamente, los derechos adquiridos. Así, estos derechos 1 Énfasis nuestro. deben ser entendidos como las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de una ley vigente al cumplimiento del hecho previsto en la misma ley. 2

TC/0013/12, numeral 6, 6.6, pág. 5 — PDF oficial

6.7. La Sala Constitucional de Costa Rica ha producido abundante jurisprudencia con relación a este tema, estableciendo que: “Los conceptos de ‘derecho adquirido’ y ‘situación jurídica consolidada’ aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente– ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la ‘situación jurídica consolidada’ representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún... En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surta la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada.”. 3

TC/0013/12, numeral 6, 6.7, pág. 6 — PDF oficial

6.8. Con igual criterio ha resuelto situaciones similares la Corte Constitucional de Colombia, bastaría referirnos a la Sentencia C-529-94, en la que estableció: “Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. 2 Restrepo Hernández, Julián. Citado por Noguera Laborde, Rodrigo. Conflicto de leyes en el tiempo. P. 29 y 30. 1ra. Edición. Fondo de publicaciones Universidad Sergio Arboleda, Bogota, 1993 3 Véanse voto No. 2,765 del 20 de mayo de 1997 de la Sala Constitucional de Costa Rica, doctrina reiterada en los votos Nos. 241-2002 y 6321-2004 del referido tribunal Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia.” 4

6.9. Al haberse incoado la presente acción en inconstitucionalidad contra la resolución aludida, la situación debe ser resuelta de conformidad al artículo 67.1 de la Constitución del año 2002, que no puede ser alterada en virtud del principio de irretroactividad previsto por la actual Constitución en el artículo 110, como ya se indicó.

TC/0013/12, numeral 6, 6.8–6.9, pág. 6 — PDF oficial

6.10. Tanto en lo que concierne a la calidad como en lo relativo a la naturaleza del acto, resulta conforme a la Constitución admitir que cualquier parte que hubiere incoado su acción de inconstitucionalidad bajo las disposiciones del Art. 67.1 de la Constitución del 2002, tenía calidad para accionar en inconstitucionalidad por vía directa. Igualmente, la vigente carta sustantiva en lo relativo a la naturaleza del acto dispone “las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas…”, razón por la cual es admisible la impugnación hecha por los accionantes en la presente instancia.

6.11. En virtud de lo expuesto anteriormente, este Tribunal decide que en el presente caso la parte impugnante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad la resolución emitida por la Junta Central Electoral en fecha 10 de abril del 2002, toda vez que la misma pretende reivindicar derechos alegadamente vulnerados en perjuicio de un representante de un partido político que se encontraba debidamente representado a través del Presidente y Secretario General del Directorio Municipal de Baní del Partido Reformista Social Cristiano, justificando, por consiguiente, ser una “parte interesada”. 4 Sentencia Corte Constitucional de Colombia No. C-529 de 1994, del 24 de noviembre de 1994. 7.- Inadmisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad

7.1. La presente acción es inadmisible por lo siguiente:

a) En su instancia de fecha 11 de julio del año 2002, la parte impugnante no indica cuáles disposiciones de la Constitución de la República han sido violentadas por la Resolución de fecha 10 de abril del año 2002 contra la cual se dirige la presente acción de inconstitucionalidad.

TC/0013/12, numeral 6, 6.10–a, pág. 7 — PDF oficial

b) Si bien el régimen de justicia constitucional vigente al momento en que los impugnantes incoaron la acción de que se trata era de carácter sui generis y carecía de los requisitos formales impuestos por el artículo 38 de la referida Ley No. 137- 11 que rige en la actualidad nuestro procedimiento constitucional, la instancia que ha servido de fundamento a la presente acción no invoca en modo alguno cuáles disposiciones constitucionales se han vulnerado, lo cual no coloca a este órgano supremo en condiciones de determinar la alegada inconstitucionalidad de la resolución atacada.

c) A pesar de que estamos en presencia de un asunto de mera legalidad, este Tribunal Constitucional aprovecha para destacar que el presente caso surge de la práctica en que incurren los partidos políticos de cambiar posiciones electivas o de despojar candidaturas, que han sido el fruto de convenciones legítimas celebradas por estos, en violación a la transparencia y a su democracia interna. Por otra parte, la efectividad de la acción que nos ocupa no es viable, en razón de que desde su presentación ante la Suprema Corte de Justicia el 11 de julio del 2002 hasta la fecha han transcurrido unos 10 años, y se han celebrado en el país dos elecciones congresuales y municipales sin respuesta judicial efectiva para los accionantes, lo que constituye una evidente denegación de justicia.

7.2. En este sentido cabe precisar que en la presente acción directa en inconstitucionalidad, la parte impugnante se ha limitado a hacer simples alegaciones de “contrariedad al derecho” que son cuestiones de mera legalidad que escapan al control de este tribunal. Cabe recordar que el control de la legalidad de los actos puede ser intentado a través de las vías que la justicia ordinaria o especial ha organizado para ello.

TC/0013/12, numeral 6, b–7.2, pág. 8 — PDF oficial

7.3. Así, la parte accionante expresa en la página 4 de su instancia que depositó ante la Junta Central Electoral un documento mediante el cual apelaba esa “desatinada” decisión, que hasta el momento no ha sido fallado, evidenciándose que el régimen electoral dispone de mecanismos tendentes a controlar la legalidad de los actos, y contrario a lo alegado por la parte impugnante, también asegura el doble grado de jurisdicción. Son aspectos distintos el que un tribunal apoderado de un recurso de apelación o revisión no falle en el tiempo que le acuerda la ley, y otro sería que la legislación no prevea la posibilidad de acudir ante una jurisdicción superior, y no es a esto último a que se contrae la presente acción en inconstitucionalidad, dado que no corresponde al Tribunal Constitucional analizar vicios de tal naturaleza, es decir, de mera legalidad. La magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández no estuvo presente en la deliberación de la presente sentencia debido a motivos justificados, por lo que su nombre y firma no se hacen constar. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0013/12, numeral 6, 7.3, pág. 9 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la acción en inconstitucionalidad incoada por el Virgilio A. Castillo P. y Rafael Báez Soto, en sus respectivas calidades de Presidente y Secretario General del Directorio Municipal de Baní del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en contra de la resolución dictada por la Junta Central Electoral en fecha 10 de abril de 2002, por tratarse de un asunto de mera legalidad que escapa al control de este tribunal.

SEGUNDO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, por secretaría, al Procurador General de la República, a los accionantes, Virgilio A. Castillo P. y Rafael Báez Soto, así como al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), para los fines que correspondan.

TERCERO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0013/12, del 10 de mayo de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0013-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.