Sentencia TC/0013/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 11 de febrero de 2013 · Expediente Expediente No. TC-07-2012-0003
La demanda en suspensión de ejecución interpuesta por Educación Integral S. R. L. (EISA) Operadora del Centro Educativo MC School, contra la Sentencia No. 1811/2012, dictada por la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, el día trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0013/13?
Las sentencias de amparo son ejecutorias de pleno derecho y, en caso de necesidad, el juez puede ordenar su ejecución a la vista de la minuta. Esta ejecutoriedad se funda en el principio de efectividad de los derechos fundamentales. La revisión de una sentencia de amparo no tiene efecto suspensivo y la Ley núm. 137-11 no faculta expresamente al Tribunal Constitucional para suspender su ejecución. La facultad prevista en el artículo 54.8 se refiere a la revisión de decisiones jurisdiccionales en materias distintas del amparo. Por ello, la suspensión de una sentencia de amparo solo procede en casos muy excepcionales (TC/0013/13, consideraciones, a, pág. 7; TC/0013/13, consideraciones, b–e, pág. 8; TC/0013/13, consideraciones, f–h, pág. 9).
En este caso no concurrían circunstancias excepcionales que justificaran suspender la sentencia que ordenó la reinserción inmediata de la adolescente C.R.L. al centro educativo. Los principios pro homine y pro libertatis y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes exigían garantizar su derecho a la educación mientras se determinaba si, al imponerle la sanción, se habían respetado las normas aplicables y las garantías del debido proceso (TC/0013/13, consideraciones, a, pág. 7; TC/0013/13, consideraciones, f–h, pág. 9).
Decisión
El Tribunal rechazó la demanda de Educación Integral S. R. L. (EISA), operadora del Centro Educativo MC School, en suspensión de la ejecución de la Sentencia núm. 1811/2012. Declaró el recurso libre de costas y ordenó comunicar la decisión a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“Las sentencias dictadas por el juez de amparo son ejecutorias de pleno derecho, según lo dispone el párrafo del artículo 71 de la referida Ley 137-11.” (TC/0013/13, consideraciones, a, pág. 7)
“en esta materia, como regla general, dicha demanda es procedente solo en casos muy excepcionales.” (TC/0013/13, consideraciones, f–h, pág. 9)
“En la especie, no existen circunstancias excepcionales que justifiquen la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida” (TC/0013/13, consideraciones, f–h, pág. 9)
Normas interpretadas
Constitución: artículo 185.4.
Ley núm. 137-11: artículos 7.4, 7.6, 9, 54.8, 71 (párrafo), 86, 90 y 94 y siguientes.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
Consideraciones y fundamentos
7.- Síntesis de la demanda en suspensión En la especie, conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos invocados, se trata de que Educación Integral S. R. L. (EISA) Operadora del Centro Educativo MC School demandó en suspensión la Sentencia No. 1811/2012, dictada por la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, en atribuciones de juez de amparo, en el entendido de que la ejecución de la misma le causaría graves perjuicios. Mediante la referida sentencia, el juez de amparo ordenó la inmediata reinserción de la adolescente C.R.L. al referido centro educativo. 8.- Competencia Este Tribunal Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la referida Ley No. 137-11. 9.- Sobre la presente demanda en suspensión
a) Las sentencias dictadas por el juez de amparo son ejecutorias de pleno derecho, según lo dispone el párrafo del artículo 71 de la referida Ley 137-11. El contenido de este texto evidencia el marcado interés del legislador en garantizar la efectividad y materialización de la decisión dictada en esta materia. El compromiso del legislador con la protección de los derechos fundamentales es de tal magnitud que no solo dispone la ejecutoriedad de pleno derecho de la sentencia, sino que, además, faculta al juez, según el artículo 90 de la indicada ley, a ordenar que, en caso de necesidad, la ejecución tenga lugar a la vista de la minuta.
b) En este orden, también hay que destacar que el juez tiene facultad, según el artículo 86 de la referida Ley 137-11, para “(…) ordenar en cualquier etapa del proceso, a petición escrita o verbal del reclamante o de oficio, la adopción de las medidas urgentes que, según las circunstancias, se estime más idóneas para asegurar provisionalmente la efectividad del derecho fundamental alegadamente lesionado, restringido, alterado o amenazado”. Igualmente, destacamos que, generalmente, la medida precautoria que dicta el juez de amparo consiste en la suspensión provisional del acto objeto de la acción de amparo. El ejercicio de dicha facultad permite al juez dejar sin efecto, antes de instruir el proceso y de manera provisional, el acto objeto de la acción de amparo.
c) El recurso de revisión contra sentencias que resuelven acciones de amparo no tienen efecto suspensivo y, a diferencia de lo que ocurre en materia de recurso de revisión constitucional contra sentencias no susceptibles de los recursos previstos en el ámbito del Poder Judicial, el legislador no faculta de manera expresa al Tribunal Constitucional a suspender la ejecución de la sentencia recurrida.
d) La demandante invoca el artículo 54.8 de la indicada Ley 137-11 para justificar su pretensión; ciertamente, la referida disposición consagra la facultad del Tribunal Constitucional para suspender las sentencias que han sido objeto de un recurso de revisión y que resuelven materias distintas a la acción de amparo, situación que no es la que se presenta en este caso.
e) El artículo 54.8 forma parte de la sección IV cuyo título es el siguiente: “De la revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales”; mientras que el recurso de revisión previsto para cuestionar la sentencia dictada por el juez de amparo está regulado por los artículos 94 y siguientes de la misma Ley 137-11.
f) La inexistencia de un texto que de manera expresa faculte al Tribunal Constitucional a suspender la ejecución de la sentencia en la materia que nos ocupa; así como la ejecutoriedad de pleno derecho de la sentencia que resuelven acciones de amparo e igualmente la posibilidad de que el juez pueda ordenar la ejecución sobre minuta constituyen elementos que permiten a este Tribunal establecer que en esta materia, como regla general, dicha demanda es procedente solo en casos muy excepcionales.
g) La ejecución de pleno derecho de las decisiones sobre acciones de amparo tiene como fundamento el principio de efectividad previsto en el artículo 7.4 de la referida Ley 137-11, texto según el cual: “Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades”.
h) En la especie, no existen circunstancias excepcionales que justifiquen la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida; muy por el contrario, lo coherente con los principios pro homine, pro libertatis y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es que se garantice el derecho fundamental a la educación de la menor C.R.L., mientras se determina si con ocasión de la sanción que le fue aplicada se respetaron las normativas que rigen la materia y las garantías del debido proceso.
i) En virtud de las motivaciones anteriores procede que la demanda en suspensión de ejecución que nos ocupa sea rechazada. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuras las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente, Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez, y Rafael Díaz Filpo, Juez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente decisión por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: RECHAZAR la demanda en suspensión de la Sentencia No. 1811/2012, de fecha trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), dictada por la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, incoada por Educación Integral S. R. L. (EISA) Operadora del Centro Educativo MC School.
SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Educación Integral S. R. L. (EISA) Operadora del Centro Educativo MC School; y al recurrido, el señor Nelson Rafael Ramírez de la Cruz, en su calidad de padre y representante legal de la adolescente C.R.L.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la referida Ley No.137-11.
CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0013/13, del 11 de febrero de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0013-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.