Sentencia TC/0018/12

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 13 de junio de 2012 · Expediente Expediente No. TC-05-2012-0005

La acción de amparo intentada por los Licdos. Petra Rodríguez, Eusebio Jiménez Celestino, Cristino Lara Cordero, Mariana Polanco Rivera, José Antonio Paredes, Ángel Zorrilla, Marino Rosario Mendoza, José Miguel de la Cruz Piña (Defensores Públicos), contra el Lic. Regis Victorio Reyes, Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de defensa

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0018/12?

El recurso de revisión es admisible por su especial trascendencia constitucional, pues plantea un conflicto sobre derechos fundamentales respecto del cual el Tribunal aún no había establecido criterios. En cuanto al fondo, exigir una autorización escrita del procurador fiscal para que los defensores públicos ingresen al recinto de detención vulnera el derecho de toda persona detenida a recibir asistencia legal inmediata, que integra su derecho de defensa. La exigencia impide la comunicación con el defensor cuando no se puede localizar al fiscal (TC/0018/12, consideraciones, pág. 6; TC/0018/12, consideraciones, a, pág. 8; TC/0018/12, consideraciones, b–c, pág. 8).

El Tribunal estimó que el acceso debe regularse mediante un protocolo razonable que proteja la integridad y la seguridad física de los detenidos sin impedir su comunicación oportuna con los defensores. Mientras se establece el protocolo, procede permitir el ingreso previa acreditación de la calidad profesional, sin autorización escrita del fiscal. La sentencia de amparo se ajusta a derecho salvo por el astreinte diario de RD$3,000.00, que el Tribunal consideró inapropiado para este incumplimiento: la parte afectada debe solicitar, por los procedimientos correspondientes, sanciones disciplinarias y puede pedir conjuntamente una indemnización (TC/0018/12, consideraciones, b–c, pág. 8; TC/0018/12, consideraciones, d–e, pág. 9; TC/0018/12, consideraciones, f, pág. 10).

Decisión

Declara admisible el recurso de revisión de amparo y lo acoge parcialmente: revoca el ordinal cuarto de la sentencia recurrida, relativo al astreinte, y la confirma en lo demás. Dispone que el Procurador General de la República adopte medidas para establecer protocolos de acceso en los recintos de los palacios de justicia y establecimientos policiales que carezcan de ellos y que, entretanto, ordene permitir en los recintos preventivos del país el acceso de defensores públicos y abogados previa acreditación de sus calidades; declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“la referida exigencia del Procurador Fiscal viola el derecho de todo detenido a recibir asistencia legal inmediata” (TC/0018/12, consideraciones, b–c, pág. 8).
“sin necesidad de autorización escrita de la Procuraduría Fiscal” (TC/0018/12, consideraciones, d–e, pág. 9).
“la imposición de un astreinte resulta una sanción inapropiada por el incumplimiento de las obligaciones que incumben a las procuradurías fiscales de garantizar de manera efectiva y expedita la comunicación de los defensores públicos y abogados con los detenidos preventivos.” (TC/0018/12, consideraciones, f, pág. 10).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 40.4, 69.4, 72, in fine, y 185.4.

Código Procesal Penal: artículos 95 y 111.

Ley núm. 137-11: artículos 7, 66, 94 y 100; el texto también invoca los artículos 5 y 6 bajo la mención «Ley 137-116».

Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público: artículo 30.20.

Precedentes que cita el Tribunal

TC 0007/2012.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

CONSTITUCIONAL 7.- Síntesis del conflicto Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el caso de la especie se contrae a que la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, apoderada de una acción de amparo incoada por los ahora recurridos en revisión: a) ordenó al Procurador Fiscal, Lic. Regis Victorio Reyes, que permitiera a los defensores públicos de dicho distrito judicial asistir a las personas detenidas en la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, desde el mismo momento de su detención; y b) dispuso que se le impusiera el pago de un astreinte diario de RD$3,000.00, en caso de incumplimiento. 8.- Competencia Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud de lo que establece el artículo 185.4 de la Constitución y el artículo 94 de la referida Ley No.137-11. 9.- Admisibilidad del recurso en revisión El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de amparo es admisible porque satisface los requerimientos previstos en el artículo 100 de la referida Ley No.137-11, que, de manera taxativa y específica, sujeta la admisibilidad de los recursos de revisión: “(…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”. En efecto, en el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional estima que el asunto planteado reviste especial trascendencia o relevancia constitucional porque se refiere a un supuesto que contempla conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales no ha establecido criterios que permitan su esclarecimiento (Sentencia TC 0007/2012, del 22 de marzo de 2012). 10.- El fondo del presente recurso de revisión El Tribunal Constitucional, luego de haber ponderado los alegatos de las partes y los documentos del expediente, estima lo siguiente:

TC/0018/12, consideraciones, pág. 6 — PDF oficial

a) Ha quedado establecido, mediante el acto No. 1095/2011, de fecha treinta (30) de diciembre del 2011, instrumentado y notificado por el ministerial Manuel Ariel Merán Abreu: 1) que los accionantes acudieron ante el juez de amparo porque no se les permitió acceso al referido recinto de detención; 2) que, en consecuencia, no pudieron ejercer su labor de asistencia legal en beneficio de las personas detenidas que carecían de los recursos para pagar los gastos y honorarios del proceso; 3) que un sargento de la Policía Nacional que custodiaba los detenidos condicionó su entrada a dicho recinto a la presentación de una orden escrita del Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte; 4) que los accionantes imputan la prohibición de acceso al referido recinto carcelario al Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte; 5) que, según el agente policial encargado de la custodia de los detenidos, dicho Procurador Fiscal condicionaba la entrada de los defensores públicos al recinto a la presentación de una autorización suya; 6) que este funcionario negó haber cometido dicho hecho, sosteniendo que se limitó exigir el cumplimiento de “reglas sencillas y prácticas”, a fin de garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad; y 7) que, sin embargo, el indicado funcionario no dio a conocer dichas reglas.

TC/0018/12, consideraciones, a, pág. 8 — PDF oficial

b) Asimismo, se ha comprobado fehacientemente: 1) que la referida exigencia del Procurador Fiscal viola el derecho de todo detenido a recibir asistencia legal inmediata, conforme a lo dispuesto por el artículo 40.4 de la Constitución, el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 95 y 111 del Código Procesal Penal; 2) que esa prerrogativa, a su vez, forma parte integrante del derecho de defensa de toda persona a la que se le imputa una infracción, según establece el artículo 69.4 de la Constitución; 3) que, en tal sentido, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte ha incurrido en una infracción constitucional, al contravenir “valores, principios y reglas contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República Dominicana”, cuya sanción incumbe al Tribunal Constitucional, de conformidad a lo que disponen los artículos 5 y 6 de la referida Ley 137-116; y 4) que el mantenimiento de esa formalidad, de parte del mencionado Procurador Fiscal, conculca las normas constitucionales y legales indicadas, cada vez que la falta de localización del Procurador Fiscal impida la comunicación de un defensor público con un detenido.

c) Ante tales circunstancias, el Tribunal Constitucional estima que, con relación al recinto de detención de referencia, constituye una notoria anomalía la carencia de un protocolo de regulación de entradas y salidas de defensores públicos y abogados interesados en prestar servicios profesionales a los detenidos. Y que para resolver la situación descrita resulta recomendable, por tanto, que todos los recintos de detención localizados en los palacios de justicia y en los establecimientos policiales cuenten con un protocolo que regule las entradas y salidas de los defensores públicos y abogados.

TC/0018/12, consideraciones, b–c, pág. 8 — PDF oficial

d) El Procurador General de la República tiene la facultad de definir la política penitenciaria del Estado, según establece el artículo 30.20 de la ley No.133-11, Orgánica del Ministerio Público. En este sentido, convendría la adopción del mencionado protocolo en los referidos recintos de detención.

e) Este Tribunal recomienda, asimismo: 1) que la normativa de dicho protocolo satisfaga el principio constitucional de la razonabilidad y garantice la integridad y seguridad física de los detenidos; 2) que ese objetivo sea logrado sin desmedro del derecho que asiste a sus defensores públicos y abogados de comunicarse oportunamente con ellos para defenderlos apropiadamente en los tribunales; 3) que mientras se elabore y ponga en vigencia el indicado protocolo, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte (así como cualquier miembro del Ministerio Público que tenga bajo su dependencia un recinto de detención preventivo), permitan el ingreso de los defensores públicos y abogados para que realicen su trabajo, sujeto a la simple acreditación de sus calidades y al registro de sus entradas y salidas, y cualquier otra medida de seguridad que se estime pertinente, sin necesidad de autorización escrita de la Procuraduría Fiscal; y 4) que la aplicación de dichas medidas sea extensiva a todos los recintos de detención del territorio nacional carentes de las mismas.

TC/0018/12, consideraciones, d–e, pág. 9 — PDF oficial

f) Por las razones indicadas, el Tribunal Constitucional estima correcta y ajustada al derecho la sentencia de amparo objeto del recurso de revisión que nos ocupa, salvo respecto a la fijación de un astreinte de tres mil pesos (RD$3,000.00) diarios. Este Tribunal considera, en efecto, que la imposición de un astreinte resulta una sanción inapropiada por el incumplimiento de las obligaciones que incumben a las procuradurías fiscales de garantizar de manera efectiva y expedita la comunicación de los defensores públicos y abogados con los detenidos preventivos. En tales casos, la parte afectada debe más bien requerir cuando el funcionario en falta, siguiendo los procedimientos previstos en la materia, sanciones disciplinarias como la multa, suspensión, destitución e inclusive conjuntamente con estas, la condenación al pago de indemnizaciones. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, que suscriben, fue adoptada por la mayoría requerida. En la misma figuran incorporados los votos disidentes de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, Jottin Cury David y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por los motivos y razones de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0018/12, consideraciones, f, pág. 10 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible el recurso de revisión constitucional de amparo incoado por Regis Victorio Reyes, Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte, en contra de la sentencia No.00001-2012, de fecha uno (1) de enero del año dos mil doce (2012), emitida por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte.

SEGUNDO: ACOGER parcialmente, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión constitucional de amparo, revocando el ordinal cuarto de la referida sentencia y confirmándola en sus demás aspectos.

TERCERO: DISPONER que el Procurador General de la República: a) Tome las medidas que considere pertinentes para establecer en los recintos de detención localizados en los palacios de justicia y en los establecimientos policiales donde no exista el protocolo de entrada y salida de los defensores públicos y de los abogados en general, con la finalidad de que éstos puedan ofrecer la asistencia legal que requieran los detenidos, sin perjuicio de su integridad y seguridad físicas; b) Ordene, específicamente al Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte, así como a los demás miembros del Ministerio Público que tengan bajo su responsabilidad recintos preventivos de detención en todo el territorio nacional, que mientras se elabore y ponga en vigencia el protocolo más arriba descrito, permitan a los defensores públicos y a los abogados, el acceso al recinto correspondiente, previa acreditación de sus calidades.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al Procurador General de la República; al recurrente, Lic. Regis Victorio Reyes, Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte; a los recurridos, licenciados Petra Rodríguez, Eusebio Jiménez Celestino, Cristino Lara Cordero, Mariana Polanco Rivera, José Antonio Paredes, Ángel Zorrilla, Marino Rosario Mendoza y José Miguel de la Cruz Piña.

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7 y 66 de la referida Ley No.137-11.

SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0018/12, del 13 de junio de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0018-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.