Sentencia TC/0020/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 20 de enero de 2014 · Expediente TC-05-2012-0043
Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el Ayuntamiento Municipal de Barahona, contra la Sentencia núm.2012-00138, de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, a favor del Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes.
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Temas: Derecho de propiedad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0020/14?
El recurso de revisión tiene especial trascendencia constitucional porque permite precisar el alcance de la jerarquía normativa ante la derogación de una ley por otra posterior. La Ley núm. 192/04 elevó a Jaquimeyes a la categoría de municipio, incorporó a Puerto Alejandro a su territorio y derogó tácitamente la Ley núm. 91-97, que mantenía las salinas bajo el control y la administración de Barahona. El Tribunal precisó que una ley aprobada con el quórum del artículo 84 de la Constitución surte efectos sobre las leyes que le sean contrarias, salvo las que requieran un quórum mayor, como las previstas en el artículo 112 (TC/0020/14, numeral 9, a–c, pág. 8; TC/0020/14, numeral 10, h–k, pág. 11; TC/0020/14, numeral 10, l–o, pág. 12).
Las salinas marinas son recursos naturales que integran el patrimonio de la Nación, no bienes de propiedad municipal. Conforme a la Ley núm. 5775, su administración y explotación corresponden al municipio donde se ubiquen. Por ello, el control, la administración y el uso de las salinas de Puerto Alejandro corresponden a Jaquimeyes: las salinas están en su territorio y la Ley núm. 192/04 le otorgó la categoría de municipio, único requisito legislativo que le faltaba. El juez de amparo no podía fundar su decisión en una supuesta propiedad municipal derivada de la ubicación de las salinas y debió motivarla conforme a la Ley núm. 137-11, no a la derogada Ley núm. 437-06 (TC/0020/14, numeral 10, f–g, pág. 10; TC/0020/14, numeral 10, p–q, pág. 13; TC/0020/14, numeral 10, r–s, pág. 13).
Decisión
Admite y acoge el recurso de revisión de amparo interpuesto por el Ayuntamiento Municipal de Barahona y revoca la Sentencia núm. 2012-00138. Acoge la acción de amparo y declara que las salinas marinas de Puerto Alejandro quedan bajo el control y la administración del Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, conforme a la Ley núm. 192/04.
Citas textuales clave
“no es ni un bien ni un patrimonio propiedad de un municipio, sino que es un recurso natural patrimonio de la Nación” (TC/0020/14, numeral 10, f–g, pág. 10).
“cuando una ley es aprobada con el quórum establecido en el artículo 84 de la Constitución, sus efectos recaen sobre todas las leyes que le sean contrarias, con excepción, de aquellas leyes que requieren un quórum mayor, como las establecidas en el artículo 112 de la Constitución.” (TC/0020/14, numeral 10, l–o, pág. 12).
“eleva a Municipio a Jaquimeyes, siendo este el único requisito legislativo que le faltaba para cumplir con el mandato de la Ley núm. 5775.” (TC/0020/14, numeral 10, p–q, pág. 13).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 12, 14, 72 (in fine), 84, 93, 112, 195 y 197.
Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 65 y siguientes, 66, 100 y 115.
Ley núm. 176-07: artículos 26, 27, 29 (párrafo primero), 179 y 180.
Ley núm. 5775: artículos 1 y 2.
Ley núm. 91-97: artículo 7.
Ley núm. 192/04: artículos 1, 7 y 9.
Precedentes que cita el Tribunal
TC-0007-12.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a las piezas que figuran en el expediente y a los argumentos invocados por las partes en el presente recurso, el caso de la especie se contrae a lo siguiente:
a. La Sección Jaquimeyes fue elevada a la categoría de Distrito Municipal mediante la Ley núm. 91-97, en fecha dieciséis (16) de mayo del año mil novecientos noventa y siete (1997), estableciendo en el artículo 7 que “Las salinas marinas ubicadas en el Paraje Puerto Alejandro seguirán bajo el control y administración del Ayuntamiento de Barahona”. Catorce años después, el Consejo de Regidores, mediante Resolución núm.005, de fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011), declaró en el numeral primero “a Puerto Alejandro con sus minas como patrimonio del Municipio de Jaquimeyes”.
b. Aún con dicha resolución, el Ayuntamiento de Barahona continuó con la explotación y el control de las Minas de Sal. Bajo estas circunstancias el Municipio de Jaquimeyes interpone acción de amparo ante la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, decidiendo acoger la acción de amparo y otorgar la administración de la salina marina al Ayuntamiento de Jaquimeyes. Dicha decisión está siendo objeto del presente recurso de revisión.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión
Para este Tribunal Constitucional, el presente recurso de revisión resulta admisible, por las siguientes razones:
a. La admisibilidad de los recursos de revisión en amparo, se encuentra establecida en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11 que de manera taxativa lo sujeta: “(…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”.
b. El concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional ha sido precisado por este Tribunal Constitucional en su sentencia TC-0007-12, del 22 de marzo de 2012.
c. En la especie, la especial trascendencia social y relevancia constitucional consiste en que este Tribunal fije el criterio relativo al alcance de la jerarquía normativa, en lo que atañe al conflicto surgido por las derogaciones de una ley, sobre otra ley posterior.
10. El fondo del presente recurso de revisión de amparo
El Tribunal Constitucional, luego de haber analizado los argumentos planteados por las partes y los documentos que los sustentan, se fundamenta en los siguientes:
a. El presente recurso versa sobre una litis, surgida por el control y administración de las salinas marinas, ubicadas en el paraje de Puerto Alejandro, entre los ayuntamientos municipales de Jaquimeyes y Barahona.
b. De dicha litis surgió la Resolución núm. 005, de fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011), emitida por la sala capitular del ayuntamiento de Jaquimeyes, la que declaró como patrimonio de dicho municipio, las salinas marinas de sal ubicadas en Puerto Alejandro, y al hacer caso omiso el ayuntamiento de Barahona, el municipio de Jaquimeyes solicitó una acción de amparo de cumplimiento, por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, acogiendo el tribunal dicha acción, mediante Sentencia núm. 2012- 00138, de fecha veintiuno (21) mayo de dos mil doce (2012), la cual ha sido objeto del presente recurso de revisión de amparo.
c. Previo a las fundamentaciones sobre el fondo, es preciso aclarar lo que son bienes de dominio público, en ese sentido la Ley núm. 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios expresa en su artículo 179 que Los bienes de dominio público son los destinados por el ayuntamiento a un uso o servicio público. Párrafo I. son bienes de uso público local, los caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, plazas, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y vigilancia sean de la competencia del municipio. Párrafo II. Son bienes de servicio público los destinados al cumplimiento de bienes públicos de responsabilidad del ayuntamiento, tales como palacios municipales y, en general, edificios que sean sede del mismo, mataderos, mercados, hospitales, hospicios, museos y similares.
d. En ese mismo tenor la mencionada ley, en su artículo 180, describe cuales son los bienes patrimoniales, al establecer que “son bienes patrimoniales, los que siendo propiedad del municipio, no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuente de ingresos para el mismo”.
e. Además la referida ley dispone en el párrafo primero del artículo 29 que “Cuando parte del territorio de un municipio sea incorporado a otro, pasaran a pertenecer a este todos los bienes del dominio público municipal que pertenecían a aquel sobre la porción segregada, así como todos los activos y pasivos correspondientes”.
f. La importancia de esta diferenciación de los bienes de dominio público y patrimoniales radica en que la salina marina de Puerto Alejandro o cualquier otra salina que se encuentre en otro municipio en el territorio nacional, no es ni un bien ni un patrimonio propiedad de un municipio, sino que es un recurso natural patrimonio de la Nación, conforme lo establece el artículo 14 de la Constitución, y en concordancia con lo establecido en la Ley 5775, en el sentido de que los municipios que territorialmente se encuentren en los lugares donde las salinas marítimas radiquen, podrán explotar y administrar dicho recurso natural, y también mediante arrendamiento con particulares, siempre y cuando estos paguen los arbitrios municipales al ayuntamiento correspondiente de conformidad con la ley.
g. En ese sentido de manera general la administración de las salinas marinas en la República Dominicana se encuentran reguladas por la Ley núm. 5775, de fecha veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos sesenta y uno (1961), al disponer en su artículo primero (1ro.) que: a partir del 1ero. de enero de 1962, todas las salinas marítimas actualmente en operación o que en lo futuro se pudieran establecer y explotar, serán administradas y explotadas, ya sea directamente o mediante arrendamientos con particulares, por los Municipios respectivos de los lugares donde éstas radiquen”; es por ello que el artículo 2 de la misma ley establece que: “las sumas provenientes de la administración y manejo de esas salinas constituirán una renta de cada ayuntamiento”, en ese orden fue aprobada la Ley núm. 286-98, de fecha catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998), que crea e instituye el Consejo de Administración Salinera de la República Dominicana.
h. Del párrafo anterior se desprende que la administración de las salinas marinas ubicadas en el Paraje Puerto Alejandro, estuvo bajo el control y administración del Ayuntamiento Municipal de Barahona, continuando su control a partir del veintidós (22) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997), al promulgarse la Ley núm. 91-97, que eleva a Jaquimeyes a la categoría de Distrito Municipal, y disponiendo en su artículo 7, que: “Las minas de sal ubicadas en el Paraje Puerto Alejandro seguirán bajo el control y administración del Ayuntamiento de Barahona.
i. En otro sentido, siete años más tarde, mediante la Ley núm.192/04, del siete (7) de julio de dos mil cuatro (2004), el Distrito Municipal de Jaquimeyes, fue elevado a la categoría de Municipio, y en su artículo 1ro., dispone que: “El Distrito Municipal de Jaquimeyes del Municipio El Peñón, Provincia Barahona, queda elevado a la categoría de Municipio, con el nombre de Municipio Jaquimeyes; su cabecera será el pueblo de Jaquimeyes”.
j. La referida ley en su artículo 7, establece que “El Municipio de Jaquimeyes estará integrado por el Distrito Municipal Palo Alto con sus secciones y parajes, así como los parajes: Campo Caña del CEA, el Salado de los Cucuses, la Bomba, la Cortadera, Busú, el Limón, Puerto Alejandro, la Hierba de Guinea y el Babor”.
k. Asimismo, en su artículo 9 expresa que: “la presente ley modifica en cuanto fuere necesario la Ley núm.5220, del veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), sobre División Territorial de la República Dominicana y sus modificaciones, así como cualquier ley que le sea contraria”, con lo cual queda derogada tácitamente la Ley núm. 91-97, y en ese sentido, se le otorga el control, administración y uso al Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, sobre las salinas marítimas ubicadas en el Paraje Puerto Alejandro.
l. De lo anterior se desprende que, cuando una ley es aprobada con el quórum establecido en el artículo 84 de la Constitución, sus efectos recaen sobre todas las leyes que le sean contrarias, con excepción, de aquellas leyes que requieren un quórum mayor, como las establecidas en el artículo 112 de la Constitución.
m. La Ley núm.176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, en su artículo 26, prescribe que: La creación, supresión o modificación de municipios, así como sus límites y su designación, serán dispuestas por ley. La ley que proceda a la creación de municipios, así como la modificación de su territorio, deberá disponer su denominación, límites, y las subdivisiones territoriales que en el mismo se establezcan. Igualmente deberá prever los criterios a seguir para la instalación del ayuntamiento y la distribución de los bienes, derechos y obligaciones que hayan de atribuirse a cada una de las partes resultantes.
n. En ese mismo sentido, el artículo 27 de la referida ley. establece que: La segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro independiente, requerirá la existencia de un motivo legítimo de interés público que lo justifique y que los resultantes cuenten con la capacidad y los recursos suficientes para el cumplimiento de sus competencias y atribuciones….
o. En concordancia con las argumentaciones expresadas anteriormente, el Congreso Nacional es el facultado para realizar a través de la promulgación de leyes ordinaria u orgánica, la creación, supresión o modificación, así como sus límites y su designación, de regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes, conforme lo establecen los artículos 12, 93, 195 y 197 de la Constitución.
p. Es por ello que al juez de amparo establecer mediante su sentencia que: “(…) al encontrarse la Mina de Sal ubicada en Puerto Alejandro dentro de los límites y los suelos propiedad de los munícipes del Municipio de Jaquimeyes, esto hace que la Mina sea propiedad de este municipio y la misma la administre el señalado ayuntamiento de Jaquimeyes”, dicha motivación por si sola es insuficiente, ya que no establece en cuales normas fundamenta su decisión, además las salinas marítimas aunque estén dentro de sus límites territoriales, no son propiedad de un municipio, sino que pertenecen al Estado dominicano, como ha sido establecido.
q. Este tribunal ha determinado que el control, administración y uso de la salina marina de Puerto Alejandro, se encuentra ubicada en los límites territoriales del Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, no solo por el lugar geográfico de la misma, sino también porque la Ley núm. 192-04, de fecha siete (7) del mes de julio de dos mil cuatro (2004), eleva a Municipio a Jaquimeyes, siendo este el único requisito legislativo que le faltaba para cumplir con el mandato de la Ley núm. 5775.
r. Por otra parte, es preciso señalar que la sentencia objeto del presente recurso basó sus motivaciones en la Ley núm. 437-06, la cual reguló en nuestro país la acción de amparo, siendo derogada el trece (13) de junio del año dos mil once (2011), por la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, , al disponer en su artículo 115 “Quedan derogadas todas las disposiciones legales, generales o especiales, así como aquellos reglamentos que sean contrarios a lo dispuesto en la presente ley. Se deroga la Ley núm. 437-06 de Recurso de Amparo, de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006)”, y al iniciarse la acción de amparo el ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012), el juez debió realizar las motivaciones ajustada a lo establecido en los artículos 65 y siguientes de la referida ley núm. 137-11.
s. Para una mejor sustanciación del presente caso, el pleno de este Tribunal, aprobó en fecha 25 de septiembre de 2013, realizar el traslado a los ayuntamientos de Jaquimeyes y Barahona, así como a la salina marítima de Puerto Alejandro, los días 17 y 18 de octubre de 2013, con una comisión compuesta por los Magistrados Ana Isabel Bonilla, Hermógenes Acosta e Idelfonso Reyes, donde se realizó una reunión en cada uno de los indicados ayuntamientos, escuchándose a las autoridades de ambos, y a la vez se realizó el traslado a la salina marítima de Puerto Alejandro, con la finalidad de comprobar la situación en la que se encontraba dicha salina”.
t. En consecuencia, procede acoger el presente recurso de revisión de amparo, revocar la sentencia impugnada y acoger la acción de amparo. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Wilson S. Gómez Ramírez, por motivo de inhibición voluntaria. Figuran incorporados el voto disidente del magistrado Rafael Díaz Filpo y el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión de amparo incoado por el Ayuntamiento Municipal de Barahona, en fecha cinco (5) de junio de dos mil doce (2012), contra la Sentencia núm. 2012-00138, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil doce (2012).
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia descrita en el ordinal anterior y, en consecuencia, ACOGER la acción de amparo y DECLARAR que las Salinas marinas ubicadas en el Paraje Puerto Alejandro estarán bajo el control y administración del ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, conforme lo establece la Ley núm.192/04, del siete (7) de julio de dos mil cuatro (2004).
TERCERO: COMUNICAR, por Secretaría, la presente sentencia para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ayuntamiento Municipal de Barahona; a la parte recurrida, Ayuntamiento del Municipio de Jaquimeyes, así como a la Procuraduría General de la República.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011).
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm.137-11.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0020/14, del 20 de enero de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0020-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.