Sentencia TC/0021/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 26 de febrero de 2015 · Expediente TC-01-2013-0045

la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Juan de Jesús Javier Polanco, contra los artículos 27, 47, 65 y 92 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor del veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos sesenta y siete (1967).

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Derecho a la libertad de transito · Derecho de propiedad · Libertad de transito

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0021/15?

El Tribunal reconoció al accionante un interés legítimo y jurídicamente protegido porque fue afectado por dos multas de incautación de su vehículo impuestas en aplicación de las disposiciones impugnadas (TC/0021/15, numeral 9, 9.1–9.3, pág. 12; TC/0021/15, numeral 9, 9.4, pág. 13). Sin embargo, respecto de las incautaciones, el accionante no explicó de manera precisa y directa cómo las disposiciones cuestionadas vulneraban las normas constitucionales invocadas. La falta de especificidad y pertinencia exigidas por el artículo 38 de la Ley núm. 137-11 impidió al Tribunal valorar objetivamente la alegada inconstitucionalidad (TC/0021/15, numeral 10, 10.12–10.13, pág. 19; TC/0021/15, numeral 10, 10.15–10.17, pág. 20).

Respecto de la supuesta detención arbitraria, el Tribunal entendió que el cuestionamiento se dirigía contra actuaciones de la AMET en aplicación de la Ley núm. 241, no contra la constitucionalidad de sus disposiciones. Se trataba, por tanto, de un asunto de mera legalidad para el cual existen otros procedimientos constitucionales distintos de la acción directa de inconstitucionalidad (TC/0021/15, numeral 10, 10.18, pág. 21).

Decisión

Declara inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 27, 47, 65 y 92 de la Ley núm. 241, por insuficiencia de los presupuestos argumentativos y por tratarse de un asunto de mera legalidad. Declara el proceso libre de costas y ordena la notificación de la decisión y su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“no se hace una exposición o juicio de confrontación preciso y directo de cómo estas disposiciones de la Ley núm. 241, en el contexto de su ejecución, violentan las normas constitucionales referidas en sus alegatos.” (TC/0021/15, numeral 10, 10.12–10.13, pág. 19)
“En ese sentido, la acción de que se trata es de mera legalidad, ya que objeta la aplicación de sanciones por la violación a disposiciones legales, para lo cual la normativa procesal pone a disposición otros procedimientos constitucionales distintos a la acción directa de inconstitucionalidad.” (TC/0021/15, numeral 10, 10.18, pág. 21)

Normas interpretadas

Constitución: artículo 185, numeral 1. Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 37 y 38. Ley núm. 241: artículos 27, incisos 1, 7, 14 y 19; 28, literal g; 59 y 92.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0095/12 y TC/0211/13. A través de TC/0095/12 se cita la sentencia C-987/05 de la Corte Constitucional de Colombia.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

9. Legitimación activa o calidad del accionante

9.1. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar como accionantes en procedimientos jurisdiccionales.

9.2. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, numeral 1, de la Constitución, dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido (…).

9.3. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11 establece: Calidad para accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido. La Constitución de la República, a partir del artículo 185 ha diseñado las exigencias para accionar en inconstitucionalidad y ha requerido para ello la existencia de un interés legítimo y jurídicamente protegido.

TC/0021/15, numeral 9, 9.1–9.3, pág. 12 — PDF oficial

9.4. Este tribunal constitucional, al interpretar las disposiciones vigentes que conceden calidad para accionar en inconstitucionalidad a los accionantes, constata que el señor Juan de Jesús Javier Polanco ostenta legitimidad para accionar, pues resultó afectado por dos (2) multas de incautación de su vehículo impuestas en aplicación de las disposiciones impugnadas en la presente acción directa de inconstitucionalidad, por lo que le asiste un interés legítimo y jurídicamente protegido que lo habilita para poder interponer la referida acción.

TC/0021/15, numeral 9, 9.4, pág. 13 — PDF oficial

10. Análisis de los medios de inconstitucionalidad

10.1. La parte accionante, señor Juan de Jesús Javier Polanco, interpone la presente acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 27, 47, 65 y 92 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor del veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos sesenta y siete (1967), por alegada violación de los artículos 6, 8, 40, numerales 1 y 2, 46, y 51 de la Constitución de la República.

10.2. Para justificar sus pretensiones, el accionante alega dos situaciones que serán analizadas de forma separada; por un lado, (i) la inconstitucionalidad de la ordenanza que autoriza a la Autoridad Metropolitana de Transporte a retener, incautar o embargar un vehículo sin que medie la autorización expresa de un juez, en virtud de los artículos 40, y 40.1, de la Constitución. Por otra parte, (ii) este argumenta que el treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012) fue conducido en calidad de detenido, por un miembro de la AMET, por supuestamente haber cometido violaciones a la ley de tránsito, lo cual, a su juicio, es una atribución que no le compete a dicha institución (ii).

i) Supuesta inconstitucionalidad de las incautaciones de la AMET

10.3. En primer lugar, debemos advertir que la ordenanza aducida inconstitucional no consta en el expediente, y que tampoco se hizo referencia expresa en el contenido de la instancia. Pese a esto, justificado en el principio de oficiosidad, este tribunal constitucional procedió a solicitar la referida resolución mediante su oficio SGTC-2106-2014 del once (11) de agosto de dos mil catorce (2014), sin haber conseguido respuesta de la entidad accionada.

TC/0021/15, numeral 10, 10.1–10.3, pág. 13 — PDF oficial

10.4. Sin embargo, del examen de la instancia este tribunal constitucional ha podido evidenciar que el accionante se refiere a los actos prohibidos dispuestos en el artículo 27 de la de la Ley núm. 241 (ver recibos de multa), y sus respectivas sanciones indicadas en la letra g del artículo 28, que dispone las violaciones frente a las cuales un vehículo podría ser incautado:

g. En caso de violación a las disposiciones de los incisos 1, 7, 14 y 19 del artículo anterior, el Oficial, Funcionario o Agente de Policía se incautará del vehículo y lo pondrá bajo custodia de la Policía Nacional, y el Tribunal en todos estos casos pronunciará, sin perjuicio de las penas de prisión y/o multa que se establecen en este artículo, la confiscación del vehículo, siempre que no se pruebe que el vehículo está sujeto a Contrato de Venta Condicional, debida y oportunamente registrado conforme a la ley de la materia. Si el vehículo está bajo dicho régimen la multa a imponer al infractor será de RD$ 1,000.00.

10.5. Dichos incisos mencionados establecen: Art. 27.- Actos Prohibidos. Queda prohibido: 1. Conducir un vehículo de motor o tirar de un remolque por las vías públicas, cuando tal vehículo de motor o remolque no esté autorizado por el Director de Rentas Internas a transitar por éstas. 7. Colocar las placas expedidas por virtud de esta Ley y sus reglamentos a un vehículo de motor o remolque en otro vehículo de motor o remolque. 14. Borrar, alterar o tapar el número de serie o identificación del motor o el del chasis de un vehículo de motor o el de un remolque. 19. Exhibir en el exterior de un vehículo de motor o remolque placas de número que no sean las prescritas por esta Ley.

TC/0021/15, numeral 10, 10.4–10.5, pág. 14 — PDF oficial

10.6. De modo que las incautaciones de un vehículo son factibles bajo las circunstancias siguientes: si no tiene matrícula (numeral 1), si transita con una placa que no le pertenezca (numeral 7), si altera o borra el número de chasis (numeral 14), y si exhibe una placa no prescrita por ley (numeral 19).

10.7. También se dispone el remolque cuando el vehículo este envuelto en un accidente de tránsito en el que el conductor se dio a la fuga (artículo 59 de la Ley núm. 241): Art. 59.- Fugas. Poder de la Policía. Cuando un miembro de la Policía Nacional tenga motivos fundados para creer que determinado vehículo ha estado envuelto en un accidente en el que el conductor se dio a la fuga sin cumplir con lo prescrito en el artículo 50, y dicho vehículo muestre alguna señal aparente de haber estado envuelto en un accidente, el agente tendrá facultad para removerlo de la vía pública y llevarlo a un sitio adecuado para inspección. El dueño no será privado de la posesión del vehículo por más de cuarenta y ocho (48) horas 1 .

10.8. Como se desprende de la lectura del referido artículo, se remolcará el vehículo a los fines de despejar la vía pública, y trasladarlo a un sitio adecuado para realizar una inspección policial. También se destaca el hecho de que la privación no podrá pasar de cuarenta y ocho (48) horas, y solo bajo estos escenarios se podrá incautar el vehículo.

10.9. Respecto a la movilización de vehículos estacionados en lugares prohibidos, el artículo 92 de la referida ley núm. 241 orienta sobre el procedimiento a ser llevado por las autoridades, disponiendo: Art. 92.- Remoción de Vehículos Estacionados en lugares prohibidos.

TC/0021/15, numeral 10, 10.6–10.9, pág. 15 — PDF oficial

a. Cuando se estacionare un vehículo en contravención a lo dispuesto en esta Ley, la Policía hará las diligencias razonables en el área inmediata para localizar su conductor, y lograr que éste lo remueva. Si no lograre localizar a dicho conductor, podrá trasladar el vehículo por cualquier medio a cualquier sitio visible desde el punto de remoción, donde pueda estacionarse legalmente. Si no hubiere tal sitio disponible, a juicio de la Policía, ésta podrá remover dicho vehículo mediante el uso de grúa u otros aparatos mecánicos, o por cualquier otro medio adecuado, en la forma que se dispone en el siguiente inciso. 1 Subrayado es nuestro.

b. El vehículo será removido tomando todas las precauciones para evitarle daño al mismo y llevado a un lugar del Municipio en que ocurriere la remoción y que fuere destinado por éste para ese fin, y allí permanecerá bajo la custodia del Municipio hasta tanto, mediante el pago de cinco pesos (RD$5.00) al Municipio, se permita a su dueño o encargado llevárselo previa identificación adecuada. Esta disposición no impedirá que el conductor del vehículo y/o su dueño sea denunciado por violación a las disposiciones sobre estacionamiento de esta Ley y sus reglamentos. Por cada día después de las primeras veinticuatro (24) horas que el dueño o encargado del vehículo se retardare en solicitar su entrega, se le cobrará por éste dos pesos (RD$2.00) como recargo. Quedarán exentos del pago de la mencionada suma de cinco pesos (RD$5.00) y de su recargo, en su caso, los vehículos de motor que hubieren sido robados y abandonados por los que hubieren cometido el robo.

TC/0021/15, numeral 10, a–b, pág. 16 — PDF oficial

c. El dueño del vehículo así removido deberá ser notifícado de su remoción por la Policía a su dirección, según ésta aparezca en los registros de la Dirección General de Rentas Internas, apercibiéndosele de que debe reclamar su entrega, de la autoridad correspondiente dentro del término improrrogable de sesenta (60) días contados desde la fecha de la notificación, y si a la terminación del mismo no hubiere sido el vehículo reclamado por su dueño, el Municipio correspondiente queda autorizado para venderlo en pública subasta para cubrir del importe de la misma todos los gastos incluyendo el servicio del remolque, depósito y custodia. Cualquiera sobrante que resultare de la subasta, luego de cubrir el importe de dichos servicios, será entregado al dueño del vehículo según aparezca en los registros de la Dirección General de Rentas Internas. Si el pago no pudiere ser efectuado a dicho dueño dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la subasta y no fuere reclamado por éste, dicho sobrante ingresará en los fondos generales del Municipio correspondiente.

d. Se considerara que toda persona que conduzca un vehículo y que todo dueño de vehículo autorizado a transitar por las vías públicas, habrá dado su consentimiento para que la policía remueva su vehículo en los casos y en la forma dispuesta en ese Capítulo.

TC/0021/15, numeral 10, c–d, pág. 17 — PDF oficial

10.10. De lo anterior, lo primero que se destaca son las diligencias de localización del conductor para que proceda a movilizar su vehículo. En caso de que nadie se presente, las autoridades podrán remover el vehículo a un lugar visible desde el punto de remoción y hábil para estacionar. En segundo término, de no hallarse un lugar para estacionar, y teniendo el cuidado necesario para evitar daños a la propiedad, se podrá remover el vehículo a un lugar destinado a estos fines bajo custodia del municipio, hasta tanto el propietario, previa identificación, pague una multa ínfima al municipio para llevárselo. Subsiguientemente, la autoridad deberá notificarle la remoción del vehículo a su propietario, así como a la Dirección de Impuestos Internos, el cual deberá hacer la reclamación dentro de los sesenta (60) días a partir de la notificación. Si no hubiere reclamación, se procederá a la venta en pública subasta para cubrir los gastos. Finalmente, el conductor debe haber consentido la remoción del vehículo.

10.11. Es de entender que toda actuación al margen de lo dispuesto en los artículos referidos se realiza de forma ilegal, en vista de que podrían resultar violatorias a los preceptos establecidos en nuestra Constitución referentes al libre tránsito y a la propiedad privada. Así las cosas, el castigo dispuesto para los infractores, es decir, para aquellos que violen la ley de tránsito, entre otras, es la multa penal como sanción, no así la retención de los vehículos. En este sentido, el procedimiento especial para las contravenciones establecido en el Código Procesal Penal es la detención, la toma de los datos, y mediante formulario levantar el hecho. Este formulario se utilizará como acta de acusación o requerimiento de enjuiciamiento para presentar al autor de haber violado la Ley núm. 241 ante el Tribunal Especial de Tránsito.

TC/0021/15, numeral 10, 10.10–10.11, pág. 18 — PDF oficial

10.12. En la especie, el accionante le imputa a la AMET haber violado el artículo 69.10 de la Constitución, al no haber aplicado las normas del debido proceso toda vez que se atribuyen competencias que corresponden al juez natural.

10.13. Sin embargo, no se hace una exposición o juicio de confrontación preciso y directo de cómo estas disposiciones de la Ley núm. 241, en el contexto de su ejecución, violentan las normas constitucionales referidas en sus alegatos. Es decir, que no se realiza una ponderación detallada que ponga en capacidad a este tribunal de constatar la existencia de una colisión entre las disposiciones constitucionales indicadas en su instancia y el articulado establecido en la Ley núm. 241. De modo que no se cumple con los requisitos de especificidad y de pertinencia dispuestos en el artículo 38 de la Ley núm. 137-11 y, por tanto, procede declarar inadmisible el presente alegato.

TC/0021/15, numeral 10, 10.12–10.13, pág. 19 — PDF oficial

10.14. En sintonía con lo antes indicado, en su Sentencia TC/0095/12 este tribunal constitucional, haciendo acopio de la jurisprudencia constitucional comparada, destacó estos presupuestos argumentativos que, como mínimos, deben contener las acciones en inconstitucionalidad, enseñando: En ese sentido, la jurisprudencia constitucional comparada ha establecido que la demanda en inconstitucionalidad debe contener como presupuesto argumentativo, la identificación de las normas constitucionales que se aleguen violadas por el acto o norma cuestionado en inconstitucionalidad: “La Corte ha sistematizado las exigencias materiales que debe cumplir la demanda y ha señalado que, sin caer en formalismos técnicos…los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia)” (Sent. C- 987/05 de fecha 26 de septiembre del 2005 de la Corte Constitucional de Colombia).

TC/0021/15, numeral 10, 10.14, pág. 19 — PDF oficial

10.15. En este mismo orden, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en su Sentencia TC/0211/13, estableciendo: De lo antes expuesto se desprende que todo escrito contentivo de una acción directa de inconstitucionalidad debe indicar las infracciones constitucionales que se le imputan al acto o norma infraconstitucional cuestionada. En ese sentido, el escrito introductivo de una acción directa, que busca declarar la existencia de una infracción constitucional, debe tener:  Claridad. Significa que la infracción constitucional debe ser identificada en el escrito, en términos claros y precisos.  Certeza. La infracción denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional objetada.  Especificidad. Debe argumentarse en qué sentido el acto o norma cuestionada vulnera la Constitución de la República.  Pertinencia. Los argumentos invocados deben ser de naturaleza constitucional, y no legales o referidos a situaciones puramente individuales.

10.16. En conclusión, tomando en cuenta los precedentes citados, así como las exigencias del artículo 38 de la Ley núm. 137-11, procede inadmitir la presente acción directa de inconstitucionalidad respecto del alegato en cuestión, en razón de la imposibilidad de este tribunal para realizar una valoración objetiva de la acción, toda vez que carece de presupuestos argumentativos que fundamenten jurídicamente la alegada inconstitucionalidad.

ii) Supuesta detención arbitraria

10.17. En segundo término, el accionante argumenta que fue conducido en calidad de detenido por un miembro de la AMET, por supuestamente haber cometido violaciones a la Ley de tránsito núm. 241, lo cual es una atribución que no le compete a dicha institución.

TC/0021/15, numeral 10, 10.15–10.17, pág. 20 — PDF oficial

10.18. Respecto del alegato aludido, es dable afirmar su limitación a rebatir actuaciones ejercidas por la AMET en aplicación de disposiciones conferidas por la Ley núm. 241. En ese sentido, la acción de que se trata es de mera legalidad, ya que objeta la aplicación de sanciones por la violación a disposiciones legales, para lo cual la normativa procesal pone a disposición otros procedimientos constitucionales distintos a la acción directa de inconstitucionalidad. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0021/15, numeral 10, 10.18, pág. 21 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Juan de Jesús Javier Polanco contra los artículos 27, 47, 65, y 92 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor del veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos sesenta y siete (1967), ante la imposibilidad por parte de este tribunal de realizar una valoración objetiva de la acción por carecer de presupuestos argumentativos que fundamenten jurídicamente la alegada inconstitucionalidad, y por tratarse de un asunto de mera legalidad.

SEGUNDO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

TERCERO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, vía Secretaría, al accionante, señor Juan de Jesús Javier Polanco, y al procurador general de la República, para los fines que correspondan.

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0021/15, del 26 de febrero de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0021-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.