Sentencia TC/0027/12

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 5 de julio de 2012 · Expediente TC-01-2000-0007

La acción de Inconstitucionalidad incoada por Ricardo Ramos Franco, Américo Moreta Castillo y Rafael Robles Inocencio contra la Resolución No. 64-95 emitida por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio en fecha 27 de marzo de 1995.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de cosa juzgada constitucional

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0027/12?

Las decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia no produjeron cosa juzgada porque se limitaron a declarar la inadmisibilidad, sin resolver el fondo ni acoger la acción, como exige el artículo 45 de la Ley núm. 137-11. La legitimación se determinó conforme a la Constitución de 1994, vigente al interponerse la acción, que permitía accionar a la parte interesada. La Resolución núm. 64-95 podía ser objeto de control directo porque este no se limita a las leyes en sentido estricto, sino que también alcanza las resoluciones emanadas de los poderes públicos. (TC/0027/12, consideraciones, 7.3–8.1, pág. 9; TC/0027/12, consideraciones, 8.2–8.3, pág. 10)

En el marco de la economía social y de mercado, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio tenía potestad para regular la comercialización de combustibles. Condicionar la venta directa a particulares no detallistas no vulneró la libertad de empresa ni la prohibición de monopolios, pues no impidió a nadie ejercer la actividad. Los contratos preexistentes tampoco impedían ordenar, en interés general, una compensación a los detallistas por faltantes en la descarga; la medida respetó la seguridad jurídica y la razonabilidad. No estaba en juego ninguna fórmula o procedimiento empresarial, y la remisión de copias de los contratos a la Secretaría tenía por objeto verificar el cumplimiento de la política de comercio interno, no interferir con las comunicaciones privadas. (TC/0027/12, numeral 9, 9.1–9.3, pág. 11; TC/0027/12, numeral 9, 9.4–9.5, pág. 12; TC/0027/12, numeral 9, 9.6, pág. 12; TC/0027/12, numeral 9, 9.7–9.8, pág. 13; TC/0027/12, numeral 9, 9.9–9.10, pág. 14; TC/0027/12, numeral 9, 9.11, pág. 14; TC/0027/12, numeral 9, 9.12, pág. 15)

Decisión

Declara admisible en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad. La rechaza en cuanto al fondo y declara conforme con la Constitución la Resolución núm. 64-95 de la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio.

Citas textuales clave

“se precisa de un pronunciamiento sobre el fondo y de acogimiento de la acción de inconstitucionalidad para que pueda producir cosa juzgada.” (TC/0027/12, consideraciones, 7.3–8.1, pág. 9)
“las facultades reglamentarias de la administración pública autorizan al Estado a intervenir, incluso dictando normas que garanticen la libre competencia y los niveles de precio, sin que ello implique violación a la libertad de empresa.” (TC/0027/12, numeral 9, 9.6, pág. 12)
“De ahí que dicha resolución no solo respeta la seguridad jurídica, sino que por vía de consecuencia fue concebida dentro de un marco de razonabilidad.” (TC/0027/12, numeral 9, 9.11, pág. 14)

Normas interpretadas

Constitución vigente: artículos 7, 50 (numeral 2), 74.1, 110, 185, 217, 219 y 221; Tercera Disposición Transitoria.

Constitución de 1994: artículos 8 (inciso 5) y 47.

Ley núm. 137-11: artículos 36 y 45.

Ley núm. 290-66: artículo 2B, letra g).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

CONSTITUCIONAL 6.- Competencia En ocasión de la instancia de fecha 1ro. de diciembre de 2000, la Suprema Corte de Justicia fue apoderada de la presente acción en inconstitucionalidad, la cual a su vez fue remitida a este Tribunal Constitucional, en virtud de la Tercera Disposición Transitoria de la Constitución vigente, para su conocimiento y fallo. Este Tribunal tiene competencia para conocer de la presente acción en virtud de lo que disponen los artículos 185 de la Constitución y el 36 de la Ley Orgánica No. 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 7.- Sobre la cosa juzgada en materia constitucional 7.1.- Se indicó precedentemente que sobre esta cuestión los accionantes invocan que la Suprema Corte de Justicia no juzgó que la resolución impugnada fuese constitucional o no, por tanto, la posibilidad de impugnarla en virtud del artículo 67, inciso 1 de la Constitución de 1994 “queda abierta a todo otro actor que no haya sido parte en el recurso declarado inadmisible y a quien no le es oponible la autoridad de la cosa juzgada”.

7.2. En efecto, los accionantes agregan que en este caso no se registra una triple identidad de partes, objeto y causa, lo cual no haría aplicable la cosa juzgada dado que no se trata de las mismas partes, sobre todo cuando nunca se produjo un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, agregando que “las personas a las cuales la cosa juzgada puede ser opuesta son las que han sido partes en el debate, es decir, aquellas que han participado y han concluido en él…”. Sin embargo, lo determinante en la especie sería comprobar si real y efectivamente existe la cosa juzgada.

TC/0027/12, consideraciones, 7.2, pág. 8 — PDF oficial

7.3. En principio, la fuerza vinculante de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes plasmaron la litis como parte o intervinientes dentro del proceso, o sea, produce efecto inter partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone a ciertas decisiones efecto erga omnes, es decir, el valor de cosa juzgada de una sentencia obliga en general a la comunidad, circunstancia que se establece en materia constitucional, por cuanto las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y vinculan a todos los poderes públicos y a todos los órganos del Estado.

7.4. Las decisiones dictadas por la Suprema Corte de Justicia con relación al presente caso, conforme a la historia procesal antes referida, no se pronunciaron sobre el fondo de la acción de inconstitucionalidad; dicho órgano tan sólo se limitó a pronunciar la inadmisibilidad conforme se desprende en los numerales 3.3 y 3.5 de esta misma sentencia. Bástenos remitirnos al artículo 45 de la Ley No. 137-11 antes indicada, para percatarnos de que se precisa de un pronunciamiento sobre el fondo y de acogimiento de la acción de inconstitucionalidad para que pueda producir cosa juzgada. De ahí que no cabe hablar de cosa juzgada en el presente caso. 8. - Legitimación para accionar en inconstitucionalidad

8.1. Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año 2000, la procedencia o admisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad estaba sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución de 1994, que admitía las acciones incoadas por parte interesada.

TC/0027/12, consideraciones, 7.3–8.1, pág. 9 — PDF oficial

8.2. Al resultar la calidad o legitimación activa una cuestión de naturaleza procesal-constitucional, la misma constituye una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo, razón por la cual los accionantes Ricardo Ramos Franco, Américo Moreta Castillo y Rafael Robles Inocencio, se encontraban revestidos de la debida calidad al momento de interponerse la acción en inconstitucionalidad por vía principal en el caso que nos ocupa.

8.3. Por otra parte, la acción en inconstitucionalidad por vía directa o principal puede ser incoada no solo contra la ley en sentido estricto, esto es, las disposiciones de carácter general y abstracto aprobadas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo, sino también contra toda norma como los decretos, resoluciones y actos emanados de los poderes públicos, y en el caso que nos ocupa se trata de una acción directa de inconstitucionalidad contra la Resolución No.64-95, emitida por la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio en fecha 27 de marzo del 1995. Por vía de consecuencia, esta resolución es pasible de ser accionada en inconstitucionalidad al tratarse de un derecho adquirido.

TC/0027/12, consideraciones, 8.2–8.3, pág. 10 — PDF oficial

9. Rechazo de la acción

9.1. En su instancia, los accionantes alegan que la Resolución No. 64-95 antes referida es contraria a las disposiciones constitucionales en tres sentidos: el primero de ellos referente a lo que es la libertad de empresa, comercio e industria y la prohibición del monopolio en beneficio de particulares, siendo ello contrario al inciso 13, articulo 8 y 100 de la Constitución del 1994; el segundo consiste en alegada violación al inciso quinto del articulo 8 y 47 de la referida Carta Sustantiva, referente a lo que es la razonabilidad y la seguridad jurídica y el tercero ataca la resolución como violatoria al derecho de la privacidad de la empresa y la privacidad de la correspondencia.

9.2. Para poder analizar si ciertamente la Resolución No. 64-95 es contraria a las disposiciones constitucionales antes enunciadas, lo primero que debemos enfocar es el sistema económico que impera en el Estado Dominicano, y para ello necesariamente tenemos que recurrir a las disposiciones del artículo 217 de la vigente Constitución de la República.

9.3. De la lectura del artículo 217 antes indicado, se advierte que el régimen económico dominicano es el de una economía social y de mercado, y como lo señala García Pelayo “En este sistema económico el Estado tan solo se limita a establecer un orden jurídico objetivo para la acción económica, caracterizado por un régimen de planificación estatal destinado a corregir las libres decisiones de las empresas y postular la libre competencia como el mecanismo más efectivo para asegurar el bienestar de todos y admite la intervención del Estado en determinadas materias económicas y sociales 4 ”.

TC/0027/12, numeral 9, 9.1–9.3, pág. 11 — PDF oficial

9.4. Según los autores de tendencias socializantes, la intervención pública está, al menos, en igualdad de condiciones con la iniciativa privada. La iniciativa pública se considera como “uno de los elementos que califican el sistema de mercado en el Estado social, donde se atribuye al sector público la función de suplir las insuficiencias del mercado, asegurar las misiones de servicio público, favorecer la igualdad de los ciudadanos e, incluso, ser la punta de lanza de una política económica democrática y jugar un papel de aguijón social 5 .”

9.5. Partiendo de lo anterior y haciendo la subsunción con lo dispuesto en el artículo 219 de la actual Constitución, es evidente que el Estado tiene la potestad de fomentar la iniciativa privada y tal impulso puede hacerse por los departamentos u organismos que el propio Estado considere pertinentes para el desarrollo económico de los individuos. Dicho esto, y si observamos la resolución 64-95, muy específicamente su articulo tercero, es apreciable que el Estado ha intervenido a través de la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio y ha regulado la economía en ese aspecto de forma equitativa y justa, ordenando la recompensa por el desgaste del producto en los almacenes de los detallistas.

TC/0027/12, numeral 9, 9.4–9.5, pág. 12 — PDF oficial

9.6. Respecto del alegato de violación a la libertad de empresa y a la prohibición de monopolios, es el criterio de este tribunal que no se evidencia tal violación, por cuanto a nadie se le ha impedido realizar la actividad económica de que se trata, sino que el Estado, a través de la resolución de marras, entre otras cosas lo que ha hecho es condicionar la venta directa de combustibles a particulares no detallistas, esto es, regular las actividades comerciales entre los detallistas de combustible y los distribuidores. Tal accionar tiene su sustento jurídico en las disposiciones del 4 M. GARCÍA-PELAYO, “Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la Constitución”, CEC, Madrid, 1991, Tomo III, pp. 2855-2874, p. 2857. 5 Cfr. J. CORCUERA ATIENZA, “La iniciativa pública en materia económica y sus límites”, en M. A. GARCÍA HERRERA (ed.), El constitucionalismo en la crisis del Estado social, IVAP, Oñati, 1997, pp. 255-286, p. 272. artículo 221 de la Constitución y en el artículo 2B letra g) de la Ley No. 290-66 de fecha 30 de junio de 1966 6 y su reglamento de aplicación No. 186-66 del 26 de octubre del año 1966, pues las facultades reglamentarias de la administración pública autorizan al Estado a intervenir, incluso dictando normas que garanticen la libre competencia y los niveles de precio, sin que ello implique violación a la libertad de empresa.

TC/0027/12, numeral 9, 9.6, pág. 12 — PDF oficial

9.7. El segundo punto a analizar es el relativo a la alegada violación al inciso quinto de los artículos 8 y 47 de la Constitución del 1994 (artículos 74.1 y 110 de la actual Constitución), que versan sobre la razonabilidad y la seguridad jurídica, sustentándose los accionantes en el hecho de que la venta de combustible al detallista por la compañía distribuidora está regulada por contratos pactados con anterioridad a la resolución atacada en inconstitucionalidad y que, además, constituyen la ley vigente en esta materia, alegando también que dicha resolución genera obligaciones, prohibiciones y limitaciones, y que por no provenir de una autoridad con competencia no puede generar las obligaciones señaladas;

9.8. Para llegar a una conclusión sobre la segunda cuestión habrá que determinar si la entidad que emitió la resolución atacada en inconstitucionalidad tenía competencia para ello. Dicha resolución ha emanado de la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio que entre sus funciones se encontraba la de trazar la política industrial, comercial, minera y de competencia en el mercado; definir y aplicar las estrategias de fomento y desarrollo de tales sectores, de acuerdo con la política económica y planes generales del gobierno central. También promueve la libre, efectiva y leal competencia, velando por la preservación de los intereses de los diferentes agentes económicos que intervienen en el mercado, por lo cual dicho órgano tiene calidad para regular las actividades comerciales tanto del Estado como de los particulares. 6 Art. 2 Ley No. 290-66: “El Ministerio de Industria y Comercio tendrá a su cargo las siguientes funciones:…2. EN COMERCIO INTERNO. Dictar y vigilar el cumplimiento de normas que garanticen la libre competencia y los niveles de precio”.

TC/0027/12, numeral 9, 9.7–9.8, pág. 13 — PDF oficial

9.9. Por lo precedentemente expuesto, la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio (hoy Ministerio de Industria y Comercio) tiene potestad para intervenir en estas actividades, máxime cuando el artículo 50, numeral segundo de la Constitución establece que el Estado podrá dictar las medidas necesarias para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país. En el caso de la especie, mediante la Resolución No. 64-95 el Estado lo que ha hecho es garantizar su régimen económico, el cual debe estar por encima del interés particular.

9.10. También se imputa a la indicada resolución de no tener el carácter de ley, y por vía de consecuencia, carecer de las condiciones necesarias para poder generar obligaciones o limitaciones, y al decir de los exponentes viola el principio de razonabilidad. Si lo anterior fuere una premisa válida, es decir, que sólo la ley en sentido estricto puede generar obligaciones y compromisos, tendríamos que desmontar una buena parte de todo el aparato normativo y de legalidad que rige al Estado dominicano. Además, cabe recordar que ha sido uno de los poderes del Estado con calidad para ello, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 7 del texto constitucional que ha diseñado la arquitectura del cumplimiento del sistema económico dominicano, para dar aplicación a lo señalado en el artículo 50 de la Carta Sustantiva; de ahí que es evidente que la resolución emitida por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio adquiere un carácter de legalidad por haber sido dictada por una autoridad con competencia para ello, con lo cual se configura la capacidad reglamentaria de la administración pública.

TC/0027/12, numeral 9, 9.9–9.10, pág. 14 — PDF oficial

9.11. Los accionantes también alegan que los contratos de venta de combustible suscritos entre las empresas distribuidoras y los detallistas habían sido concertados con anterioridad a la resolución impugnada, lo cual no puede ser alterado por la resolución No. 64-95 sin violentar el principio de la seguridad jurídica. Sin embargo, el hecho de que la venta de combustible había sido regulada por contratos no impedía a la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio resolver respecto de la necesaria y justa compensación por las pérdidas generadas a los detallistas como consecuencia de cualquier faltante que se produzca en la descarga de los combustibles, todo lo cual fue realizado para garantizar el interés general que debe estar por encima de los intereses particulares regulados por contratos. De ahí que dicha resolución no solo respeta la seguridad jurídica, sino que por vía de consecuencia fue concebida dentro de un marco de razonabilidad.

TC/0027/12, numeral 9, 9.11, pág. 14 — PDF oficial

9.12. Respecto a la alegada violación al derecho de la privacidad de la empresa y de la correspondencia, la primera se corresponde con lo que ha desarrollado la teoría española como un derecho a la fidelidad empresarial que firman las partes para no divulgar cuestiones propias de una empresa y, en el caso de la especie, ni siquiera puede ser aplicado este principio de fidelidad, porque no está en juego ninguna formula o procedimiento que atente contra el desarrollo de una de las empresas; la segunda, privacidad de la correspondencia, por haberse dispuesto en la resolución que en un un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha de publicación de esta, las compañías distribuidoras remitan a la Secretaría de Estado, copia del contrato suscrito con cada detallista, pues tal exigencia persigue controlar el cumplimiento de la política de comercio interno que ha sido instaurada por la autoridad competente. En cambio, la privacidad de la correspondencia está destinada a resguardar esencialmente los siguientes bienes jurídicos: 1) la libertad de toda persona para comunicarse con otras, sin que se produzcan interrupciones o interferencias ilegales o arbitrarias; 2) la reserva o el secreto de aquello que se escribe o habla entre quienes se hayan comunicado; y 3) el derecho a la intimidad o privacidad. El magistrado Milton Ray Guevara, Juez Presidente, no participó en la deliberación y firma de la presente sentencia en razón de haberse ausentado de la sesión por causas justificadas, lo cual fue aprobado por el Pleno de este Tribunal. La magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, Juez Primera Sustituta, no participó en el conocimiento y en la deliberación del presente caso al haberse inhibido por razones previstas por la Ley, lo cual fue aprobado por el Pleno. Esto se hizo constar en el Acta 39-12, de la sesión de fecha cinco (5) de julio de dos mil doce (2012). Esta decisión, firmada por los Jueces del Tribunal que suscriben, fue adoptada por la mayoría requerida. En la misma figura incorporado el voto disidente del magistrado Idelfonso Reyes, Juez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0027/12, numeral 9, 9.12, pág. 15 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR, en cuanto a la forma, admisible la presente acción en inconstitucionalidad incoada por los señores Ricardo Ramos Franco, Américo Moreta Castillo y Rafael Robles Inocencio, por haber sido interpuesta de conformidad con lo dispuesto en la ley.

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la acción en inconstitucionalidad de que se trata y DECLARAR, conforme con la Constitución de la República, la Resolución No. 64-95 de fecha 17 de abril de 1995 dictada por la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio.

TERCERO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, por secretaría, al Procurador General de la República, a los accionantes Ricardo Ramos Franco, Américo Moreta Castillo y Rafael Robles Inocencio, así como al Ministerio de Industria y Comercio para los fines que correspondan.

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0027/12, del 5 de julio de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0027-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.