Sentencia TC/0027/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 5 de febrero de 2014 · Expediente TC-01-2009-0005
La acción directa de inconstitucionalidad incoada por los señores Albarito de la Rosa Figuereo y Carlos Suero Mejía, contra el artículo 12 de la Ley núm. 164, sobre Libertad Condicional, de fecha catorce (14) de octubre de mil novecientos ochenta (1980).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0027/14?
Como la acción estaba pendiente de fallo desde 2009, la legitimación se determinó conforme a la Constitución de 2002. Los accionantes tenían la calidad de parte interesada porque les afectaban los efectos jurídicos de la norma impugnada (TC/0027/14, numeral 7, 7.1–7.2, pág. 6).
La exclusión de la libertad condicional por reincidencia no vulnera el non bis in ídem: la condena anterior se toma en cuenta para valorar el nuevo delito y determinar la pena y la extensión de su cumplimiento, sin volver a juzgar ni sancionar los hechos anteriores. Tampoco se vulnera el principio de culpabilidad por el hecho, porque la exclusión se funda en hechos anteriores sancionados, no en la personalidad del condenado. Dentro de los límites constitucionales, el legislador puede tomar en cuenta la reincidencia al regular el cumplimiento de la pena (TC/0027/14, numeral 8, 8.3–8.6, pág. 8) (TC/0027/14, numeral 8, 8.7–8.9, pág. 8) (TC/0027/14, numeral 8, 8.10–8.11, pág. 9). El mandato de orientar las penas privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social no impide que el Estado persiga también otros fines de política criminal (TC/0027/14, numeral 8, 8.12–8.14, pág. 10) (TC/0027/14, numeral 8, 8.15, pág. 11).
Decisión
Declara admisible en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad, la rechaza en cuanto al fondo y declara conforme con la Constitución el artículo 12 de la Ley núm. 164. Declara el procedimiento libre de costas y ordena la notificación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“esa actualización de la conducta anterior se produce únicamente para tomarla en cuenta en la valoración del nuevo hecho delictivo cometido por el reincidente y en la determinación de la pena que lleva aparejada y la extensión de su cumplimiento, y en modo alguno para producir un nuevo juzgamiento y sanción de los hechos anteriores.” (TC/0027/14, numeral 8, 8.7–8.9, pág. 8)
“En la reincidencia, lo que se toma en cuenta para su aplicación es la ocurrencia de hechos anteriores de la misma naturaleza sobre los cuales ha recaído sanción.” (TC/0027/14, numeral 8, 8.7–8.9, pág. 8)
“nuestra Constitución permite que las penas privativas de libertad tengan otros objetivos distintos al de la reeducación y la reinserción social de la persona condenada.” (TC/0027/14, numeral 8, 8.15, pág. 11)
Normas interpretadas
Constitución de 2002: artículo 8, letra h.
Constitución vigente al dictarse la sentencia: artículos 69.5 y 40.16.
Ley núm. 164, sobre Libertad Condicional: artículo 12.
Ley núm. 137-11: artículo 7.6.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0017/12.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Legitimación activa o calidad de los accionantes
7.1. Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año dos mil nueve (2009), la procedencia o admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones exigidas por la Carta Magna de dos mil dos (2002), que admitía las acciones formuladas por aquellos que probasen su condición de parte interesada.
7.2. En ese orden de ideas, los accionantes resultan afectados por los alcances jurídicos del artículo 12 de la Ley núm. 164, sobre Libertad Condicional y, en tal virtud, ostentaban la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, al estar revestidos de la condición de “parte interesada” bajo los términos de la referida Constitución de dos mil dos (2002). Este criterio se corresponde con el precedente constitucional que en ese sentido y en un caso análogo estableció el tribunal en su Sentencia TC/0017/12, de fecha trece (13) de junio de dos mil doce (2012).
8. Rechazo de la acción
A) Los principios non bis in ídem y de culpabilidad por el hecho
8.1. La reincidencia, que es la institución jurídico-penal que está en el centro del debate que se plantea en la acción directa de inconstitucionalidad que se decide por esta sentencia, es considerada una agravante de la responsabilidad penal que debe ser tomada en cuenta para incrementar las penas, conforme a las reglas establecidas en la disposiciones del Código Penal que se refieren a la misma. En el caso específico del artículo 12 de la Ley núm. 164, sobre Libertad Condicional, de fecha catorce (14) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), que es la norma impugnada, la reincidencia del agente condenado a una pena privativa de libertad tiene como efecto que no pueda beneficiarse de la libertad condicional.
8.2. Los accionantes, frente a tal disposición, argumentan que un hecho ya juzgado no puede ser tomado en cuenta para afectar la solicitud de libertad del interno, puesto que de hacerse, se juzga el hecho dos veces, lo que a toda luces deviene en una violación del artículo 8.2, letra H, de la Constitución Dominicana y al principio de culpabilidad por el hecho. También aducen los accionantes que dicha disposición impide la reinserción social del penado, lo que es contrario al régimen progresivo del cumplimiento de la pena, caracterizado por los principios de humanización, reinserción, readaptación, rehabilitación e inmersión social del interno.
8.3. En los argumentos de los accionantes subyacen las diversas interpretaciones que se suscitan respecto de la naturaleza y fundamentación de la reincidencia como circunstancia agravante de la responsabilidad penal. Esas interpretaciones van desde cimentarla en la peligrosidad del autor; en su mayor culpabilidad fundada en la conducta del agente o por el acto aislado; en la habitualidad del delincuente; en el desprecio del reincidente respecto del ordenamiento jurídico, etc.
8.4. Este tribunal, en coincidencia con la jurisprudencia constitucional comparada, en su análisis de la cuestión planteada, no se pronunciará sobre tales criterios dogmáticos referente a la reincidencia y, para decidir si su aplicación viola la Constitución, únicamente enfocará su atención en las disposiciones de esta última, que constituyen el parámetro de constitucionalidad de todas las normas, actos y actuaciones de las personas, instituciones privadas y órganos de los poderes públicos.
8.5. Así, el análisis sobre la aducida violación de la norma impugnada al derecho fundamental de que ninguna persona pueda ser juzgada dos veces por una misma causa (non bis in ídem), sancionado en el artículo 8, letra h, de la Constitución vigente al momento de la introducción de la presente acción directa de inconstitucionalidad, y previsto en el artículo 69.5 de nuestra actual Carta Sustantiva, arroja como resultado la desestimación de tal violación.
8.6. En efecto, el principio non bis in ídem, para los propósitos requeridos en el análisis que desarrollamos, implica la prohibición de que autoridades de un mismo orden, mediante procedimientos distintos, sancionen repetidamente una misma conducta. De manera que un hecho puede ser sancionado, al mismo tiempo, por las autoridades administrativas y judiciales.
8.7. Y aún cuando la aplicación de la reincidencia suponga, lógicamente, una referencia al delito anterior cometido por el agente, esa actualización de la conducta anterior se produce únicamente para tomarla en cuenta en la valoración del nuevo hecho delictivo cometido por el reincidente y en la determinación de la pena que lleva aparejada y la extensión de su cumplimiento, y en modo alguno para producir un nuevo juzgamiento y sanción de los hechos anteriores.
8.8. Por otra parte, se alega la violación de la norma al principio de la culpabilidad por el hecho, que define el solo castigo del hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente. Es claro que los accionantes, al hacer la imputación que se analiza, se colocan en la posición hermenéutica que considera como fundamentos de la reincidencia, entre otros, la peligrosidad del autor; su mayor culpabilidad fundada en su conducta; en la habitualidad del delincuente; en el desprecio del reincidente respecto del ordenamiento jurídico.
8.9. En la reincidencia, lo que se toma en cuenta para su aplicación es la ocurrencia de hechos anteriores de la misma naturaleza sobre los cuales ha recaído sanción. En consecuencia, la norma impugnada, que toma en cuenta la ocurrencia de la reincidencia para negar la libertad condicional a los condenados a penas privativas de libertad, está sustentada en la ocurrencia de hechos anteriores que influyen en la determinación y forma del cumplimiento de la pena impuesta por un nuevo acto delictivo. En ninguna de sus disposiciones establece la norma que esa exclusión de la libertad condicional de los reincidentes tenga su origen en otras circunstancias que no sean esos hechos anteriores del reincidente ya penalizados.
8.10. Dado que mediante el derecho penal se persigue castigar las conductas socialmente dañosas, el aspecto fundamental se centra con mayor intensidad en el autor de los hechos penalmente reprochables. De ahí que la punibilidad se relaciona a una acción concreta y la sanción representa la respuesta al hecho punible, pero en el derecho penal del autor la pena se vincula a la personalidad de dicho autor determinando así la sanción. De manera que, si en materia de libertad condicional se toma en consideración fundamentalmente la conducta positiva del infractor, no puede quien decide dejar de considerar también la conducta negativa que el mismo haya exhibido. Esta norma tiene como fundamento el comportamiento del posible beneficiario, es decir, su conducta, la cual puede apreciarse conforme a un orden de valores que los propios sistemas crean para manejarse; si la conducta puede determinar la libertad cuando se considera ajustada a ciertos parámetros, también puede determinar lo opuesto cuando objetivamente se aparta de ellos.
8.11. El cotejo de la norma con la Constitución, revela la inexistencia de impedimento alguno del legislador, que en materia penitenciaria goza de libertad de configuración normativa, con la única limitación que impone la propia Constitución, para que pueda sustentar una medida de cumplimiento penitenciario en la consideración de la reincidencia, en tanto dicha institución jurídico-penal, para su aplicación, está fundamentada en actos cometidos por las personas, en consonancia con el principio de la culpabilidad por el hecho. B) Alegada violación, relacionada con la ejecución de la pena, de los principios de rehabilitación, humanización, de reinserción, readaptación e inmersión social
8.12. La Constitución, en su artículo 40, numeral 16, manda a que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada. Ese mandato constitucional se ajusta a disposiciones similares contenidas en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 10, párrafo 3º , del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
8.13. Con base en dichas disposiciones, los accionantes le imputan a la norma impugnada la violación de los principios de rehabilitación, humanización, reinserción, readaptación e inmersión social. De manera específica, argumentan los accionantes que la prohibición de acceder a la libertad condicional que se le impone al reincidente impide el cumplimiento de los fines previstos de reinserción social.
8.14. El reclamo de inconstitucionalidad de los accionantes estaría justificado únicamente si dicha disposición constitucional y las normas internacionales, referidas al tema, se interpretaran en el sentido de erigir la reeducación y la reinserción social de la persona condenada a pena privativa de libertad, como la única finalidad legítima de este tipo de penas.
8.15. Pero tal supuesto no es correcto, ya que dicha disposición constitucional y los preceptos de los tratados mencionados, si bien contienen el mandato de orientar las penas privativas de libertad en el sentido indicado, no impiden que el Estado, en el diseño de su política criminal, pueda perseguir con dichas penas otros objetivos, como se revela en la norma impugnada. Debe rechazarse, en consecuencia, el alegato de los accionantes, puesto que nuestra Constitución permite que las penas privativas de libertad tengan otros objetivos distintos al de la reeducación y la reinserción social de la persona condenada. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad incoada por los señores Albarito de la Rosa Figuereo y Carlos Suero Mejía, contra el artículo 12 de la Ley núm. 164, sobre Libertad Condicional, de fecha catorce (14) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), por haber sido interpuesta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley.
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la acción directa de inconstitucionalidad incoada por los señores Albarito de la Rosa Figuereo y Carlos Suero Mejía, contra el artículo 12 de la Ley núm. 164, sobre Libertad Condicional, de fecha catorce (14) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), y DECLARAR dicha disposición conforme con la Constitución.
TERCERO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, por Secretaría, a los accionantes, señores Albarito de la Rosa Figuereo y Carlos Suero Mejía, al Procurador General de la República, y a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, para los fines que correspondan.
CUARTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0027/14, del 5 de febrero de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0027-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.