Sentencia TC/0033/12

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 15 de agosto de 2012 · Expediente Expediente No. TC-01-2001-0001

La Acción Directa en Inconstitucionalidad incoada contra el artículo 7, de la Ley No. 2569 de 1950, de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones interpuesta por Juan José Dalmasí Duluc y compartes.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de igualdad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0033/12?

El recargo del 50 % sobre el impuesto sucesoral no limita el derecho a transitar, residir y salir libremente del territorio dominicano. Sin embargo, al aplicar el test de igualdad, el Tribunal constató que los dominicanos residentes en el país y los residentes en el extranjero se encuentran en una situación comparable porque ambos tributan en calidad de herederos. Como no existe una justificación jurídica, razonable y proporcional para exigir un pago mayor por el solo hecho de residir en el exterior, el recargo discrimina por lugar de residencia y vulnera el principio de igualdad y los principios de igualdad y equidad tributaria. (TC/0033/12, consideraciones, b–9.1.1, pág. 6) (TC/0033/12, consideraciones, 9.2.3–9.2.4, pág. 8) (TC/0033/12, consideraciones, 9.2.5–9.2.6, pág. 9)

La inconstitucionalidad del artículo 7 se extiende por conexidad a los artículos 15, 16, párrafo IV, y 20 de la Ley No. 2569, que regulan el mismo recargo en materia de donaciones o la condición de no residente a efectos de su aplicación. El Tribunal graduó excepcionalmente los efectos de la sentencia para ordenar el reembolso del recargo solo a los accionantes y mantener, fuera de ese caso, los efectos anulatorios hacia el porvenir. (TC/0033/12, consideraciones, 9.2.5–9.2.6, pág. 9) (TC/0033/12, consideraciones, 10.1, pág. 9) (TC/0033/12, dispositivo, pág. 10)

Decisión

Declara no conforme con la Constitución y absolutamente nulo el artículo 7 de la Ley No. 2569 y sus modificaciones, y declara la inconstitucionalidad por conexidad y la nulidad absoluta de los artículos 15, 16, párrafo IV, y 20. Ordena a la Dirección General de Impuestos Internos reembolsar exclusivamente a los accionantes las sumas pagadas por el recargo del 50 % sobre el impuesto sucesoral y mantiene, fuera de ese caso, los efectos anulatorios hacia el porvenir a partir de la publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“En ese sentido, el tribunal advierte que ese requerimiento tributario en nada limita su derecho a transitar, residir y salir libremente del territorio dominicano de conformidad con los términos del artículo 46 de la Constitución de la República, por lo que dicho medio carece de pertinencia jurídica y por tanto se desestima.” (TC/0033/12, consideraciones, b–9.1.1, pág. 6)
“En el caso ocurrente, se trata de sujetos bajo una situación similar, es decir tanto el dominicano residente en el país, como el dominicano residente en el extranjero, tendrían la condición de herederos para tributar el referido impuesto sucesoral.” (TC/0033/12, consideraciones, 9.2.3–9.2.4, pág. 8)
“En cuanto a la adecuación e idoneidad del trato diferenciado, no parece existir razón jurídica, proporcional y razonable alguna que justifique convincentemente el hecho de que un sucesor o causahabiente dominicano que resida en el extranjero deba pagar un 50% más del valor del impuesto sucesoral que paga un dominicano residente en el país.” (TC/0033/12, consideraciones, 9.2.3–9.2.4, pág. 8)

Normas interpretadas

Constitución de 1994: artículos 8.4 y 100.

Constitución de 2010: artículos 39.1, 46, 185.1 y 243.

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos: artículo 24.

Ley No. 2569 de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sus modificaciones: artículos 7, 15, 16, párrafo IV, y 20.

Ley No. 137-11: artículos 7.6, 36, 46, 48 y 49, párrafos II y III.

Precedentes que cita el Tribunal

C-748/09 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

CONSTITUCIONAL 6.- Competencia

6.1. Este tribunal es competente para conocer de la presente acción directa en inconstitucionalidad en virtud de lo que establece el artículo 185, numeral 1, de la Constitución del 2010 y el artículo 36, de la Ley Orgánica No. 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 7.- Legitimación activa o calidad de los accionantes

7.1. Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año 1999, la procedencia o admisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución dominicana de 1994, que admitía las acciones formuladas por parte interesada.

7.2. En ese orden de ideas, los accionantes herederos beneficiarios de una sucesión y residentes en el extranjero se vieron precisados a pagar el recargo del 50% exigido por el referido artículo 7 de la Ley No. 2569, según se advierte de la lectura y estudio del Pliego de Modificaciones No. 46198, del 17 de noviembre del 2000, que hace mención expresa de esa circunstancia, por lo que tienen la legitimación requerida, para accionar en inconstitucionalidad por vía directa. 8.- Procedimiento aplicable en la presente acción directa en inconstitucionalidad

8.1. La Constitución de 1966, modificada en 1994 y en el año 2002, fue reformada en un proceso que culminó con la proclamación de la actual Carta Sustantiva del 26 de enero del 2010, siendo esta última la norma constitucional aplicable al caso por efecto del “principio de la aplicación inmediata de la Constitución”, subsistiendo los mismos derechos y principios fundamentales que invocaban los accionantes:

a) El derecho fundamental a la libertad de tránsito, contemplado en el artículo 8.4 de la Constitución de 1994, se encuentra instituido en el artículo 46 de la Constitución del 2010.

TC/0033/12, consideraciones, 6.1–a, pág. 5 — PDF oficial

b) El principio de la igualdad, establecido en el artículo 100 de la Constitución de 1994, se encuentra previsto en el artículo 39.1 de la Constitución del 2010.

8.2. Al verificarse que la nueva norma constitucional sustantiva no afecta el alcance procesal de la acción directa en inconstitucionalidad formulada por la parte accionante al tenor del régimen constitucional anterior, por conservarse en el nuevo texto, los derechos y principios fundamentales invocados en su acción directa, procede en consecuencia, aplicar los textos de la Constitución del 2010, a fin de establecer si la norma atacada (artículo 7 de la Ley No. 2569 de 1950 y sus modificaciones) resulta inconstitucional. 9.- Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados 9.1.- En cuanto a la alegada violación al derecho fundamental a la libertad de tránsito(Art. 46 de la Constitución de la República)

9.1.1. Los accionantes arguyen que el hecho de pagar un 50% más del porcentaje que corresponde a un sucesor dominicano por concepto de impuesto sucesoral, por la sola circunstancia de residir en el extranjero, vulnera su derecho fundamental a la libertad de tránsito. En ese sentido, el tribunal advierte que ese requerimiento tributario en nada limita su derecho a transitar, residir y salir libremente del territorio dominicano de conformidad con los términos del artículo 46 de la Constitución de la República, por lo que dicho medio carece de pertinencia jurídica y por tanto se desestima. 9.2.- En cuanto a la alegada violación al principio de igualdad (Art. 39.1 de la Constitución de la República y 24 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos)

TC/0033/12, consideraciones, b–9.1.1, pág. 6 — PDF oficial

9.2.1. Los accionantes alegan que el hecho de cobrárseles, por concepto de impuestos sucesorales, un 50% adicional al porcentaje que deben pagar los beneficiarios de sucesiones residentes en el país, sólo por la condición de ser residentes en el exterior, tal y como dispone el artículo 7 de la Ley No. 2569, del 4 de diciembre del 1950, y sus modificaciones, constituye una violación al principio de igualdad reconocido en el artículo 39.1 de la Constitución de la República, así como al artículo 24 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.

TC/0033/12, consideraciones, 9.2.1, pág. 7 — PDF oficial

9.2.2. En ese orden de ideas, la doctrina y la jurisprudencia constitucional comparada reconocen la potestad de configuración normativa en materia tributaria que tiene el legislador, sujeto sin embargo a determinados principios tributarios, entre ellos el de igualdad y equidad: “El principio de equidad tributaria consagrado en las normas constitucionales, comporta la manifestación del derecho fundamental de igualdad en esa materia que proscribe toda formulación legal que implique tratamientos tributarios diferenciados injustificados, y sirve de guía para ponderar la distribución de las cargas y de los beneficios entre los contribuyentes, para lo cual resulta relevante la valoración de su capacidad económica, no siendo éste el único criterio en materia de equidad tributaria, que a su vez se erige en límite del ejercicio de la potestad de configuración normativa de que goza el legislador en materia tributaria, de manera que no le es dado imponer cargas o beneficios manifiestamente inequitativos, sin que con ello se quiera significar que el legislador esté impedido para establecer algunos beneficios en consideración de circunstancias particulares de orden fiscal o extrafiscal, siempre que ellos se encuentren debidamente justificados… La Corte Constitucional ha diseñado un test o juicio de igualdad, cuya importancia radica en que otorga objetividad y transparencia a los exámenes de igualdad que realizan los jueces sobre las normas y su fin no es otro que el de analizar si una norma trasgrede el principio de igualdad. La estructura analítica básica del juicio de igualdad puede reseñarse de la siguiente forma: (i) Lo primero que debe advertir el juez constitucional es si, en relación con un criterio de comparación, o tertium comparationis, las situaciones de los sujetos bajo revisión son similares. En caso de que encuentre que son claramente distintas, no procede el test de igualdad; (ii) Si resulta procedente el juicio de igualdad, deberá analizarse la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la norma censurada, destacando los fines perseguidos por el trato disímil, los medios empleados para alcanzarlos y la relación entre medios y fines” (Sent. C-748/09 de fecha 20 de octubre del 2009; Corte Constitucional de Colombia).

TC/0033/12, consideraciones, 9.2.2, pág. 7 — PDF oficial

9.2.3. El test de igualdad, concebido por la jurisprudencia colombiana, resulta un método idóneo y razonable del cual puede hacer uso el juez constitucional, a fin de evaluar cualquier situación y establecer si una norma transgrede el principio de igualdad, siendo sus elementos fundamentales los siguientes: • Determinar si la situación de los sujetos bajo revisión son similares. • Analizar la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado. • Destacar los fines perseguidos por el trato disímil, los medios para alcanzarlos y la relación entre medios y fines.

9.2.4. En el caso ocurrente, se trata de sujetos bajo una situación similar, es decir tanto el dominicano residente en el país, como el dominicano residente en el extranjero, tendrían la condición de herederos para tributar el referido impuesto sucesoral. En cuanto a la adecuación e idoneidad del trato diferenciado, no parece existir razón jurídica, proporcional y razonable alguna que justifique convincentemente el hecho de que un sucesor o causahabiente dominicano que resida en el extranjero deba pagar un 50% más del valor del impuesto sucesoral que paga un dominicano residente en el país.

TC/0033/12, consideraciones, 9.2.3–9.2.4, pág. 8 — PDF oficial

9.2.5. La disposición del artículo 7 de la Ley No. 2569 de 1950, y sus modificaciones, sobre Impuesto a las Sucesiones y Donaciones, que establece un pago para los sucesores residentes en el exterior de un 50% superior al porcentaje que paga un dominicano residente en el país, no resulta conforme al principio de igualdad instituido en el artículo 39.1 de la Constitución de la República ni al artículo 24 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, al consignar una situación tributaria que establece una diferenciación en el pago, penalizando económicamente al sucesor que reside en el exterior, quien tiene que pagar más que el residente en el país, lo cual constituye una discriminación en función al lugar de residencia, violando igualmente el artículo 243 de la Constitución de la República, que consagra los principios constitucionales de igualdad y equidad tributaria.

9.2.6. En atención a todas estas consideraciones, procede declarar la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley No. 2569 de 1950, y sus modificaciones, sobre Impuesto a las Sucesiones y Donaciones, así como también la de los artículos 15 (que establece el pago del recargo del 50% para las donaciones); 16, párrafo IV (que considera dominicano no residente en el país y sujeto al recargo del 50%, a los dominicanos con más de un año fuera del país); y 20 (que sub-clasifica en cuatro categorías a los beneficiarios de donaciones, incluyendo el pago del recargo del 50% a los donatarios residentes en el exterior), los cuales resultan inconstitucionales por conexidad, de conformidad con la facultad que le confiere al Tribunal Constitucional el artículo 46 de la Ley No. 137-11. 10.- En cuanto a la solicitud de reembolso de las sumas pagadas por concepto del impuesto sucesoral. Efecto retroactivo excepcional de la sentencia

TC/0033/12, consideraciones, 9.2.5–9.2.6, pág. 9 — PDF oficial

10.1. Los accionantes solicitan en su escrito introductivo el reembolso de las sumas pagadas indebidamente por concepto del 50% del recargo que sobre el impuesto sucesoral tuvieron que pagar en virtud de la aplicación del referido artículo 7 de la Ley No. 2569 de 1950. En virtud de la facultad que le confiere al Tribunal Constitucional el artículo 48 de la Ley No. 137-11 para reconocerle a la sentencia constitucional un efecto retroactivo y graduar excepcionalmente sus efectos de acuerdo a las exigencias del caso, este tribunal entiende que corresponde, en la especie, ordenar a la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) el reembolso, única y exclusivamente en favor de los accionantes, de las sumas pagadas por concepto del recargo del 50% adicional al impuesto sucesoral que por su condición de dominicanos residentes en el exterior tuvieron que pagar los herederos del Sr. Juan José Dalmasí Montalvo, conservando la presente sentencia, fuera de este caso, sus efectos inmediatos y para el porvenir. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional.

TC/0033/12, consideraciones, 10.1, pág. 9 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR no conforme con la Constitución, el artículo 7 de la Ley No. 2569 de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del 4 de diciembre del 1950, y sus modificaciones, por transgredir el principio de igualdad instituido en el artículo 39.1 de la Constitución de la República y 24 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, así como los principios de igualdad y equidad tributaria establecidos en el artículo 243 de la Constitución de la República.

SEGUNDO: PRONUNCIAR, en consecuencia, la nulidad absoluta del artículo 7 de la Ley No. 2569 de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, del 4 de diciembre del 1950, y sus modificaciones, por las razones jurídicas expuestas en las consideraciones y fundamentos de la presente sentencia.

TERCERO: DECLARAR la inconstitucionalidad por conexidad, y en consecuencia, la nulidad absoluta de los artículos 15, 16, párrafo IV y 20 de la Ley No. 2569 de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones del 4 de diciembre del 1950, y sus modificaciones.

CUARTO: ORDENAR a la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) el reembolso a favor de los señores Juan José Dalmasí Duluc, Larissa María Dalmasí Duluc, Ameriquín María Dalmasí Duluc y Luis Emilio Dalmasí Duluc, (sucesores del finado Juan José Dalmasí), de las sumas pagadas por concepto del recargo del 50% que respecto del monto de los impuestos sucesorales tuvieron que pagar los accionantes por su condición de residentes dominicanos en el exterior, manteniendo la presente sentencia, fuera de este caso, sus efectos anulatorios hacia el porvenir a partir de la publicación de la misma.

QUINTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la referida Ley No. 137-11, del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

SEXTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, Juan José Dalmasí Duluc y compartes, a la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) y a la Procuraduría General de la República.

SEPTIMO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia al Congreso Nacional , para cumplir con las formalidades establecidas en el párrafo II del artículo 49 de la Ley Orgánica No. 137-11, que prescribe la notificación de la sentencia que acoge la inconstitucionalidad al órgano de donde emanó la norma impugnada.

OCTAVO: ORDENAR, que en todas las publicaciones oficiales de la Ley No. 2569, de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, del 4 de diciembre del 1950, y sus modificaciones, se consigne la declaración en inconstitucionalidad y la identificación de la sentencia que le declaró como tal, a fin de cumplir con la formalidad del párrafo III, del artículo 49 de la referida Ley Orgánica No. 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

NOVENO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0033/12, del 15 de agosto de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0033-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.