Sentencia TC/0037/12

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 7 de septiembre de 2012 · Expediente Expediente No. TC-02-2012-0001

Control Preventivo del “Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana”, de fecha 29 de noviembre de 2011.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Control preventivo

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0037/12?

El control preventivo de los tratados internacionales deriva de la supremacía constitucional y exige verificar, antes de su ratificación legislativa, que las obligaciones que asumiría el Estado sean compatibles con la Constitución. Este examen se justifica porque los tratados, una vez cumplido el procedimiento de firma y ratificación, forman parte del derecho interno y deben cumplirse de buena fe, sin que el Estado pueda invocar su derecho interno para incumplirlos (TC/0037/12, consideraciones, 2.1–2.2.3, pág. 4; TC/0037/12, consideraciones, 2.3–2.3.3, pág. 5; TC/0037/12, consideraciones, 2.3.4–2.4.1, pág. 6).

El Acuerdo adopta la definición de territorio del artículo 2 del Convenio de Chicago, circunscrita a las áreas terrestres y las aguas territoriales adyacentes, sin tomar como referencia el artículo 1 del mismo Convenio, que reconoce la soberanía plena y exclusiva del Estado sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio. La Constitución dominicana incluye el espacio aéreo en el territorio nacional y consagra la inviolabilidad de la soberanía. Por ello, el Tribunal concluyó que la definición restringida del Acuerdo, al no abarcar el reconocimiento de esa soberanía plena, limita su ejercicio y contradice la Constitución (TC/0037/12, consideraciones, 2.4.9–2.4.11, pág. 8; TC/0037/12, consideraciones, 2.4.12, pág. 9; TC/0037/12, consideraciones, 2.4.13–2.4.14, pág. 10; TC/0037/12, consideraciones, 2.4.15–2.4.18, pág. 11; TC/0037/12, consideraciones, 2.4.19, pág. 12).

Decisión

Declara no conforme con la Constitución el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana. Ordena comunicar la decisión al Presidente de la República y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“De ahí que el control preventivo emerge como un mecanismo de gran utilidad para garantizar la supremacía constitucional.” (TC/0037/12, consideraciones, 2.4.2–2.4.4, pág. 6).
“Soberanía y territorio unidos indisolublemente son elementos indispensables para la existencia del Estado.” (TC/0037/12, consideraciones, 2.4.15–2.4.18, pág. 11).
“En conclusión, la inclusión en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana de un concepto restringido de territorio y que no abarca el reconocimiento de que el Estado tiene “soberanía” plena en el espacio aéreo situado sobre su territorio, limita el ejercicio pleno de soberanía consagrado en la Constitución Dominicana y por tanto lo contradice.” (TC/0037/12, consideraciones, 2.4.19, pág. 12).

Normas interpretadas

Constitución dominicana: artículos 3, 6, 9, 26 (en particular, numeral 2) y 185, numeral 2.

Ley núm. 137-11: artículos 55, 56 y 57.

Constitución colombiana: artículo 101, como término de comparación.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

2.1 Competencia En virtud de las disposiciones de los artículos 185, numeral 2 de la Constitución de la República y de conformidad a los artículos 55,56 y 57 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, Ley No. 137-11, el Tribunal Constitucional es el competente para ejercer el control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales. En consecuencia, este procede a examinar la constitucionalidad del Acuerdo de referencia:

2.2 Supremacía constitucional

2.2.1 El control preventivo de constitucionalidad es una derivación lógica del principio de supremacía constitucional, que en nuestro caso encuentra fundamento en la Constitución cuando proclama: “Todas las personas y órganos que ejerzan potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”. 1

2.2.2 Para garantizar la supremacía el constituyente adoptó el control de constitucionalidad estableciendo que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y 1 Ver artículo 6 de la Constitución Dominicana. la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”. 2

2.2.3 Este control se ejerce a posteriori mediante acciones directas de inconstitucionalidad contra toda ley, decreto, acto, resolución y ordenanza contrario a la Constitución; también a través del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo. 3 Para fines prácticos, en esta ocasión sólo resulta relevante este último aspecto del control de constitucionalidad.

TC/0037/12, consideraciones, 2.1–2.2.3, pág. 4 — PDF oficial

2.3 Recepción del derecho internacional

2.3.1 El mecanismo diseñado por el constituyente para el ingreso del derecho internacional constituye una de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, al reconocer y aplicar las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. 4

2.3.2 El artículo 26, numeral 2, de la Constitución establece que: “en igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones”.

2.3.3 Como se observa, cuando la República Dominicana suscribe un tratado internacional y cumple el procedimiento exigido para su firma y ratificación, este 2 Ver artículo 185 Ibídem. 3 Ver artículo 186 Ibídem. 4 Ver artículo 26 Ibídem. forma parte del derecho interno, lo que hace necesario que su contenido esté acorde con los principios y valores de la Constitución, pues tal como lo señala el constituyente, la Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.

TC/0037/12, consideraciones, 2.3–2.3.3, pág. 5 — PDF oficial

2.3.4 Al reconocer y aplicar las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, tiene otra implicación que trasciende el ámbito interno. Es que en virtud de los principios del derecho internacional, el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los tratados internacionales debe llevarse a cabo de buena fe (Pacta Sunt Servanda), 5 es decir, sin que se pueda invocar normas del derecho interno para incumplir con la responsabilidad internacional asumida en la convención. 6

2.4 Examen de Constitucionalidad

2.4.1 Una posición mayoritaria de la doctrina admite que el fundamento del control preventivo persigue evitar distorsiones del ordenamiento constitucional, con los tratados internacionales como sistema de fuentes del derecho interno y consecuentemente que el Estado asuma compromisos y obligaciones en el ámbito internacional contrarios a la Constitución, lo que constituye la justificación hermenéutica del control de constitucionalidad a través del mecanismo antes señalado.

TC/0037/12, consideraciones, 2.3.4–2.4.1, pág. 6 — PDF oficial

2.4.2 El modelo de control previo de constitucionalidad que hemos adoptado, implica necesariamente un juicio de compatibilidad entre las normas del derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno, lo que aconseja que al momento 5 El artículo 26 de la Convención de Viena del año 1980, establece lo siguiente: "Pacta Sunt Servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. 6 El artículo 27 de la misma Convención establece lo siguiente: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. de analizar las cláusulas que integran un acuerdo internacional se haga con la suficiente prudencia y cuidado de no afectar la norma fundamental.

2.4.3 Estos argumentos de la doctrina justifican una postura coherente de los órganos públicos al momento de suscribir un tratado que va a implicar deberes y obligaciones para el Estado, pues ellos no pueden entrar en contradicción con la Constitución que es la norma habilitante que faculta a la autoridad que suscribe el tratado. De ahí que el control preventivo emerge como un mecanismo de gran utilidad para garantizar la supremacía constitucional.

2.4.4 En una época de economía globalizada el fortalecimiento de las relaciones internacionales constituyen valiosas iniciativas, incluso aconsejables de los Estados para insertarse en la comunidad internacional. Estas relaciones se cultivan y se afianzan a través de los mecanismos habilitados por el Derecho Internacional, encontrando en los tratados internacionales idóneas herramientas de concretización de esos objetivos comunes.

TC/0037/12, consideraciones, 2.4.2–2.4.4, pág. 6 — PDF oficial

2.4.5 El Estado moderno abierto a la cooperación e integración internacional materializa sus relaciones con la comunidad internacional, mediante la negociación y concertación de convenios que coadyuven a la integración en áreas definidas como estratégicas para lograr esos propósitos.

2.4.6 La República Dominicana, como señala el artículo 26 de la Constitución, se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones. Precisamente, en la construcción y manifestación de esas relaciones los tratados internacionales han encontrado el terreno fértil para su expansión en el ámbito Internacional.

2.4.7 En efecto, el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República de Colombia se proponen celebrar un Acuerdo de Transporte Aéreo, en el marco de la Convención sobre Aviación Civil Internacional, adoptada en la ciudad de Chicago el día 07 de diciembre de 1944, del que ambos países son Partes signatarias, cuya ratificación, en nuestro caso, fue aprobada por resolución No.964 del Congreso Nacional, de fecha 11 de agosto de 1945.

2.4.8 El Tribunal Constitucional, ejerciendo el control preventivo de constitucionalidad verifica que el objeto de esta convención, como lo señala su parte introductoria, es el de favorecer el desarrollo del transporte aéreo entre ambos territorios, de tal manera que se propicie la expansión económica y comercial de ambos Estados, estableciendo, de conformidad con el artículo 44 del Convenio de Chicago, oportunidades justas y equitativas para la explotación de empresas de transporte aéreo internacional.

TC/0037/12, consideraciones, 2.4.5–2.4.8, pág. 7 — PDF oficial

2.4.9 En el mismo sentido es apreciable que en el acuerdo objeto de examen, los Estados Partes persiguen que las respectivas líneas aéreas designadas por los canales diplomáticos exploten los servicios aéreos internacionales en las rutas especificadas con las facilidades derivadas del mismo.

2.4.10 Sin embargo, la revisión exhaustiva de las cláusulas que integran este tratado están destinadas a promover un trato de reciprocidad en las materias arriba descritas, es preciso advertir que las estipulaciones relativas al uso del espacio aéreo que harían las naves de las líneas aéreas designadas por los Estados Partes para operar los respectivos vuelos, precisa que este Tribunal Constitucional se detenga a analizar la implicación de este punto del acuerdo y de conformidad con los conceptos de “territorio” y “soberanía” de la Constitución de la República Dominicana.

2.4.11 En el artículo 1 del referido Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y República Dominicana, sobre “Definiciones” las Partes convienen que, “Para los efectos del presente Acuerdo y salvo que se indique algo distinto, (…) literal d) el término “territorio” en relación con los Estados Partes, el significado que se le atribuye es el del artículo 2 del “Convenio sobre Aviación Civil Internacional” de Chicago de 1944 que señala: “Artículo 2.- Territorio. A los fines del presente Convenio se consideran como territorio de un Estado las áreas terrestres y las aguas territoriales adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección o mandato de dicho Estado.”

TC/0037/12, consideraciones, 2.4.9–2.4.11, pág. 8 — PDF oficial

2.4.12 No obstante, la Constitución dominicana, en su artículo 9, define como territorio: El territorio de la República Dominicana es inalienable. Está conformado por: 1) La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el tratado fronterizo y en las normas de derecho Internacional; 2) El mar territorial, el suelo y subsuelo marinos correspondientes. La extensión del mar territorial, sus líneas de base, zona contigua, zona económica exclusiva y la plataforma continental serán establecidas y reguladas por la ley orgánica o por acuerdos de delimitación de fronteras marinas, en los términos más favorables permitidos por el Derecho de Mar; 3) El espacio aéreo sobre el territorio nacional, el espectro electromagnético y el espacio donde éste actúa. La ley regulará el uso de estos espacios de conformidad con las normas del Derecho Internacional. Párrafo. Los poderes públicos procurarán, en el marco de los acuerdos internacionales, la preservación de los derechos e intereses nacionales en el espacio ultraterrestre, con el objetivo de asegurar y mejorar la comunicación y el acceso de la población a los bienes y servicios desarrollados en el mismo.

TC/0037/12, consideraciones, 2.4.12, pág. 9 — PDF oficial

2.4.13 Asimismo, la Constitución dominicana en su artículo 3 establece: Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación dominicana, el Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.

2.4.14 Por su parte, la Constitución Colombiana en su artículo 101 define el territorio de la siguiente manera: Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.

TC/0037/12, consideraciones, 2.4.13–2.4.14, pág. 10 — PDF oficial

2.4.15 Como se observa, en ambos textos constitucionales, los Estados Partes incorporan en la definición de territorio, el espacio aéreo como un componente del mismo. Es precisamente en el territorio del Estado donde se concretiza una de las manifestaciones características de su soberanía, conformado por los límites fijados en la propia Constitución. Soberanía y territorio unidos indisolublemente son elementos indispensables para la existencia del Estado.

2.4.16 El concepto territorio previsto en la Constitución dominicana, es suficientemente concreto para delimitar su dimensión y ámbito de aplicación y pone a cargo a los poderes públicos su protección e integridad al momento de suscribir acuerdos internacionales, al expresar que los poderes públicos procurarán, en el marco de los acuerdos internacionales, la preservación de los derechos e intereses nacionales en el espacio ultraterrestre.

2.4.17 Frente a estas previsiones expresamente formuladas a los poderes públicos organizados por esta Constitución, se impone actuar con suficiente mesura frente a un acuerdo internacional de carácter bilateral que entraña aspectos sensibles de la soberanía y el territorio de la República Dominicana.

2.4.18 Es propicio acotar también que la definición de territorio dada por las constituciones dominicana y colombiana guardan una estrecha relación, pues en ambos casos el concepto de “espacio aéreo” está integrado a la redacción de los textos dedicados a delimitar su contenido y ámbito constitucional. Además, el artículo 1 de la Convención de Chicago establece que todo Estado tiene soberanía plena de su espacio aéreo, cuando señala: “Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio.”; criterio que no fue tomado como referencia en el presente acuerdo sujeto a control de constitucionalidad.

TC/0037/12, consideraciones, 2.4.15–2.4.18, pág. 11 — PDF oficial

2.4.19 En conclusión, la inclusión en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana de un concepto restringido de territorio y que no abarca el reconocimiento de que el Estado tiene “soberanía” plena en el espacio aéreo situado sobre su territorio, limita el ejercicio pleno de soberanía consagrado en la Constitución Dominicana y por tanto lo contradice. En esta decisión no aparecen las firmas de las magistradas Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta, y Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia, previa autorización del Presidente. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, que suscriben, fue adoptada por la mayoría requerida. En la misma figura incorporado el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, Juez. Por las razones antes expuestas, el Tribunal Constitucional:

TC/0037/12, consideraciones, 2.4.19, pág. 12 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR no conforme con la Constitución el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana.

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente decisión al Presidente de la República, a los fines constitucionales correspondientes.

TERCERO: DISPONER la publicación de la presente decisión en el Boletin del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0037/12, del 7 de septiembre de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0037-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.