Sentencia TC/0039/12
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 13 de septiembre de 2012 · Expediente Expediente No. TC-04-2011-0001
La demanda en suspensión de ejecución interpuesta por Gloria Magdalena Almonte Parra, en fecha siete (7) de marzo de dos mil once (2011), contra la Sentencia No.289, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el día ocho (8) de septiembre de dos mil diez (2010).
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Temas: Principio de autonomia procesal
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0039/12?
El artículo 54.8 de la Ley núm. 137-11 no determina quién debe notificar la demanda en suspensión de ejecución de sentencia ni en qué plazo. Sin embargo, conocerla sin notificación previa al demandado vulneraría su derecho de defensa, pues, si se acogiera la demanda, no podría ejecutar la sentencia hasta que concluyera el proceso de revisión constitucional. Para suplir esa laguna, el Tribunal aplica el principio de autonomía procesal, en consonancia con el principio de efectividad (TC/0039/12, consideraciones, a–d, pág. 4; TC/0039/12, consideraciones, e–h, pág. 5; TC/0039/12, consideraciones, i–k, pág. 6).
Por el carácter de orden público de la revisión constitucional y el modelo de tramitación previsto en la Ley núm. 137-11, la notificación corresponde a la Secretaría del Tribunal Constitucional. Al adaptar supletoriamente el plazo de derecho común, el Tribunal fija tres días francos desde el depósito para notificar la demanda, tomando en cuenta que la ley prevé cinco días para notificar el recurso de revisión. El demandado dispone de cinco días francos desde la notificación para depositar su escrito de defensa; una vez depositado el escrito o vencido el plazo, el expediente queda en estado de fallo. Ambos plazos se aumentan, cuando proceda, en razón de la distancia (TC/0039/12, consideraciones, l–7.12, pág. 7; TC/0039/12, consideraciones, p–r, pág. 8; TC/0039/12, dispositivo, pág. 9).
Decisión
El Tribunal atribuye al Secretario del Tribunal Constitucional la notificación de las demandas en suspensión y fija un plazo de tres días francos desde el depósito para notificar y de cinco días francos desde la notificación para depositar el escrito de defensa, ambos ampliables en razón de la distancia. Ordena notificar la demanda de Gloria Magdalena Almonte Parra a los demandados y a la Suprema Corte de Justicia, sin decidir sobre la suspensión; declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación y publicación de la decisión.
Citas textuales clave
“De manera que, si se permitiera el conocimiento de la demanda en suspensión de ejecución de sentencia, sin previa notificación al demandado, se violaría la Constitución.” (TC/0039/12, consideraciones, e–h, pág. 5)
“En este sentido, consideramos procedente establecer un plazo de tres días francos y no de ocho días francos como ocurre en el derecho común, tomando en cuenta, que según el artículo 54.2 de la referida Ley 137-11 el recurso en revisión debe notificarse dentro de cinco días.” (TC/0039/12, consideraciones, p–r, pág. 8)
“Vencido el plazo indicado anteriormente o depositado el escrito, el expediente queda en estado de recibir fallo.” (TC/0039/12, consideraciones, p–r, pág. 8)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 69.4, 72, in fine, y 185.4. Ley núm. 137-11: artículos 7 (en particular, 7.4 y 7.12), 54.2, 54.8 y 66. Código de Procedimiento Civil: artículo 1033.
Precedentes que cita el Tribunal
RTC0025-2005PI.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
Consideraciones y fundamentos
CONSTITUCIONAL 4.- Competencia Este Tribunal Constitucional es competente para conocer la presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 de la Constitución y 54.8 de la referida Ley No.137-11. 5.- Notificación de la demanda en suspensión Al analizar el artículo 54.8 de la referida Ley 137-11, transcrito más adelante, hemos advertido que no hay previsión en lo que respecta a la notificación de la demanda en suspensión. Particularmente, no se indica a cargo de quién está la referida actuación procesal ni el plazo para realizar la misma. En este sentido, la presente sentencia se limitará a solucionar las indicadas imprevisiones.
a) La demanda en suspensión que nos ocupa fue depositada el siete (7) de marzo de dos mil once (2011), y hasta la fecha no ha sido notificada a los demandados.
b) El único texto que se refiere a la demanda en suspensión es el artículo
54.8 de la referida Ley No. 137-11, cuyo contenido es el siguiente: “El recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente motivada o de parte interesada, el Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario”.
c) En el texto transcrito anteriormente no se indica a cargo de quién está la notificación de la demanda en suspensión ni el plazo en el cual ésta debe realizarse, a pesar de lo importante que es para el demandado tener conocimiento de la misma.
d) Los demandados tienen interés incuestionable en que se les notifique la demanda que nos ocupa, porque si ésta se acogiera resultarían seriamente perjudicados, en la medida en que no podrían ejecutar la sentencia hasta que no termine el proceso relativo al recurso de revisión constitucional.
e) No se debe perder de vista que el recurso de revisión constitucional se interpone contra una sentencia en relación a la cual no proceden ninguno de los recursos contemplados en el ámbito del Poder Judicial, lo cual supone que, generalmente, se trata de un proceso que se inició hace varios años y, en la eventualidad de que se ordene la suspensión, el litigio se retardaría aún más. Tal situación pudiera implicar una violación al derecho a que el conflicto termine en un plazo razonable.
f) Volviendo sobre el derecho de defensa, cabe destacar que el mismo constituye una de las garantías del debido proceso. En efecto, según el artículo 69.4 de la Constitución, toda persona a la cual se le imputa un hecho tiene “(…) derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa”. De manera que, si se permitiera el conocimiento de la demanda en suspensión de ejecución de sentencia, sin previa notificación al demandado, se violaría la Constitución.
g) Luego de haber justificado la necesidad de que la demanda en suspensión de ejecución de sentencia sea notificada al demandado, procede establecer a cargo de quién está dicha actuación procesal, así como el plazo en que debe realizarse la misma; aspectos estos que, como dijéramos anteriormente, no fueron previstos por el legislador.
h) Ante tal situación, el Tribunal tiene dos alternativas: no resolver el caso que se le ha presentado, a consecuencia de la imprevisión o laguna legislativa, o llenar dicha laguna aplicando en este caso el principio de autonomía procesal desarrollado por la doctrina alemana e implementado por algunos tribunales constitucionales de la región. 1
i) El principio de autonomía procesal faculta al Tribunal Constitucional a establecer mediante su jurisprudencia normas que regulen el proceso constitucional “… en aquellos aspectos donde la regulación procesal constitucional presenta vacios normativos o donde ella debe ser perfeccionada o adecuada a los fines del proceso constitucional. La norma así establecida está orientada a resolver el concreto problema - vacio o imperfección de la norma - que el caso ha planteado y, sin embargo, lo transcenderá y será susceptible de aplicación ulterior debido a que se incorpora, desde entonces en la regulación procesal vigente”. 2
j) El principio de autonomía procesal es coherente con el de efectividad previsto en el artículo 7.4 de la referida Ley 137-11, texto que establece lo siguiente: “Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de 1os derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de 1os mismos, respetando las garantías mínimas de1 debido proceso y está obligado a utilizar 1os medios más idóneos y adecuados a 1as necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades”. 1 Gerardo Eto Cruz “El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano”. p. 166, editorial ADRUS, Lima, Perú, 2011. 2 RTC0025-2005PI, Fj 19 y 20, citada por Gerardo Eto Cruz, ob. cit. p.p. 166-167.
k) La aplicación del referido principio de autonomía procesal es imperioso en la especie, ya que de lo contrario permanecería en un limbo jurídico, en la medida que habría que esperar de manera indefinida que el demandante en suspensión notificare la demanda y, al mismo tiempo, que los demandados depositaran su escrito de defensa.
l) La demanda en suspensión que nos ocupa ha sido incoada en ocasión de un recurso de revisión constitucional y, en consecuencia, de orden público, en tal sentido, es de rigor que dicha actuación procesal la realice la Secretaría del Tribunal Constitucional.
m) En efecto, conforme al modelo diseñado en la referida Ley 137-11, tanto el presente recurso como el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo deben ser depositados en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida, a la cual compete la obligación de tramitar el expediente completo ante este Tribunal, de manera que existe una tácita intención del legislador de no poner a cargo de los abogados la realización de las actuaciones procesales vinculadas a los referidos recursos.
n) En lo que respecta al plazo, es de principio en materia ordinaria, que en todos los casos en que el legislador no lo prevé, para la realización de una determinada actuación procesal, la misma debe hacerse en la octava franca, por considerar que es el de derecho común.
o) La solución prevista para el derecho común puede aplicarse, aunque con las adaptaciones que demanda la naturaleza de la materia que nos ocupa; en virtud del principio de supletoriedad previsto en el artículo
7.12 de la referida Ley 137-11, cuyo contenido es el siguiente: “Para la solución de toda imprevisión, oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Procesal Constitucional y sólo subsidiariamente las normas procesales afines a la materia discutida, siempre y cuando no contradigan los fines de los procesos y procedimientos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo”.
p) En este sentido, consideramos procedente establecer un plazo de tres días francos y no de ocho días francos como ocurre en el derecho común, tomando en cuenta, que según el artículo 54.2 de la referida Ley 137-11 el recurso en revisión debe notificarse dentro de cinco días.
q) Luego de indicado el plazo de la notificación de la demanda conviene establecer el tiempo con que cuenta el demandado para depositar su escrito de defensa. En este orden, el Tribunal considera razonable conceder cinco (5) días francos a dicha parte para que deposite el referido escrito. Vencido el plazo indicado anteriormente o depositado el escrito, el expediente queda en estado de recibir fallo.
r) Por otro lado, los referidos plazos deben ser aumentados en razón de la distancia, por aplicación supletoria del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, texto según el cual: “(…) Este término se aumentará de un día por cada treinta kilómetros de distancia; y la misma regla se seguirá en todos los casos previstos, en materia civil o comercial, cuando en virtud de leyes, decretos o reglamentos haya lugar a aumentar un término en razón de las distancias. Las fracciones mayores de quince kilómetros aumentarán el término de un día, y las menores no se contarán para el aumento, salvo el caso en que la única distancia existente, aunque menor de quince kilómetros, sea mayor de ocho, en el cual dicha distancia aumentará el plazo de un día completo. Si fuere feriado el último día de plazo, éste será prorrogado hasta el siguiente”.
s) En virtud de las motivaciones expuestas anteriormente procede poner a cargo de la Secretaría del Tribunal Constitucional la notificación de la demanda en suspensión, en el plazo que se indicará en el dispositivo de esta sentencia. Esta decisión, firmada por todos los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que se encontraba de vacaciones en la fecha en que fue aprobada la presente sentencia. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DISPONER que corresponde al Secretario del Tribunal Constitucional la notificación de las demandas en suspensión de ejecución de sentencias.
SEGUNDO: ESTABLECER un plazo de tres (3) días francos, a partir del depósito de la demanda en suspensión, para que el Secretario del Tribunal Constitucional notifique la misma.
TERCERO: ESTABLECER un plazo de cinco (5) días francos, contados a partir de la notificación de la demanda en suspensión, para que el demandado deposite su escrito de defensa.
CUARTO: DISPONER que los plazos indicados en los dos ordinales anteriores se aumentarán, cuando proceda, en razón de la distancia.
QUINTO: ORDENAR al Secretario del Tribunal Constitucional que notifique la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia No. 289, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el ocho (8) de septiembre de dos mil diez (2010), incoada por la señora Gloria Magdalena Almonte Parra a los señores Elena Bonilla Reyes, Yolanda Balbuena, Elpidia Almonte, Mario Santana, Jesús Almonte Acevedo y a la Suprema Corte de Justicia.
SEXTO: ORDENAR que la presente decisión sea comunicada a la señora Gloria Magdalena Almonte Parra, demandante, a los señores Elena Bonilla Reyes, Yolanda Balbuena, Elpidia Almonte, Mario Santana, Jesús Almonte Acevedo y a la Suprema Corte de Justicia.
SEPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7 y 66 de la referida Ley No.137-11.
OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0039/12, del 13 de septiembre de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0039-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.