Sentencia TC/0048/12

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 8 de octubre de 2012 · Expediente Expediente No. TC-05-2012-0016

Recurso de Revisión Constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor JAVIEL NOVAS NOVAS contra la Sentencia número 158-2011, dictada por el Tribunal Superior Administrativo, en fecha veintisiete (27) de diciembre de dos mil once (2011).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0048/12?

La potestad del Presidente de la República para destituir a los miembros de la Policía Nacional no es absoluta. Cuando la cancelación del nombramiento de un oficial constituye una sanción por hechos ilícitos que se le imputan, y no un mero acto de administración, debe estar precedida de un procedimiento disciplinario que respete el debido proceso y el derecho de defensa. Esto exige una investigación, que sus resultados se pongan en conocimiento del afectado, que este pueda defenderse y que exista una recomendación previa a la decisión sancionatoria. En el expediente no constaba una investigación de los órganos policiales competentes ni una recomendación del Consejo Superior Policial. La cancelación en esas condiciones vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, sin que correspondiera al Tribunal determinar la responsabilidad penal del recurrente (TC/0048/12, consideraciones, b, pág. 11; TC/0048/12, consideraciones, a–c, pág. 14; TC/0048/12, consideraciones, a–d, pág. 17; TC/0048/12, consideraciones, e, pág. 18).

La astreinte procura constreñir al cumplimiento de la decisión y es una sanción pecuniaria, no una indemnización para el agraviado. Su eventual liquidación puede beneficiar a la sociedad mediante una institución estatal cuya labor sea afín al asunto decidido. El Tribunal escogió al CONANI porque la protección de la niñez y la adolescencia contribuye a la prevención de la criminalidad y a la paz social, fines afines a la labor preventiva de la Policía Nacional (TC/0048/12, consideraciones, e, pág. 18; TC/0048/12, consideraciones, a–e, pág. 21; TC/0048/12, consideraciones, f, pág. 22).

Decisión

Admite el recurso de revisión, revoca la Sentencia núm. 158-2011 y acoge la acción de amparo por vulneración del debido proceso y del derecho de defensa. Ordena restituir a Javiel Novas Novas en el rango que ostentaba al ser cancelado, con sus calidades, atributos y derechos adquiridos, y pagarle los salarios dejados de percibir hasta su reintegración, todo en un plazo máximo de sesenta días desde la notificación; impone a la Policía Nacional y a su Jefatura una astreinte de RD$10,000.00 por cada día de retardo a favor del CONANI y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” (TC/0048/12, consideraciones, a–c, pág. 14).
“Cuando se realiza un acto administrativo en el que se ordena la cancelación del nombramiento de un oficial de la Policía Nacional, sin que, como ocurre en la especie, se hayan realizado las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, se lesiona su derecho de defensa, se violenta el debido proceso y, consecuentemente, se comete una infracción constitucional” (TC/0048/12, consideraciones, e, pág. 18).
“La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado” (TC/0048/12, consideraciones, a–e, pág. 21).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 68, 69 (numerales 1 a 4 y 10), 72 (parte final), 74 (numerales 3 y 4), 128, 185.4, 255 y 256.

Ley núm. 137-11: artículos 7, 66, 93, 94 y 100.

Ley núm. 96-06: artículos 66 (párrafos II y III), 67, 69 y 70.

Reglamento aprobado mediante Decreto núm. 731-04: artículos 42 y 43.

Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículos 8.1 y 29.c.

Ley núm. 136-03: disposiciones sobre el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y el CONANI, sin indicación de artículo.

Precedentes que cita el Tribunal

T-297/09 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

7.- Síntesis del conflicto Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y argumentos invocados por las partes, el recurrente, JAVIEL NOVAS NOVAS, fue cancelado como Primer Teniente de la Policía Nacional, decisión que éste recurrió en amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, alegando que la misma fue arbitraria y en violación a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la seguridad personal, al trabajo y a la igualdad. La Policía Nacional ha negado tales violaciones y ha afirmado que sus actuaciones se han enmarcado en el ejercicio de sus atribuciones y de la más completa legalidad. El Tribunal Superior Administrativo rechazó las pretensiones del accionante en amparo, por lo que éste recurrió en revisión constitucional dicha decisión ante el Tribunal Constitucional. 8.- Competencia Este Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la referida Ley No.137-11. 9.- Admisibilidad del presente recurso de revisión El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión es admisible en virtud de que:

a) El artículo 100 de la referida Ley No.137-11, sujeta la admisibilidad de los recursos de revisión, de manera taxativa y específica: “(…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”; y

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b) En la especie, se aprecian conflictos sobre los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad, a la libertad, al trabajo y a la igualdad, los cuales configuran una cuestión de especial trascendencia y relevancia constitucional que, como tal, debe ser atendida y resuelta en aras de la preservación de la supremacía constitucional y del fortalecimiento de la institucionalidad democrática. 10.- El fondo del presente recurso de revisión En cuanto al fondo del presente recurso de revisión, el Tribunal Constitucional ha podido comprobar que: A) El recurrente, habiendo ingresado a la Policía Nacional con el grado de Conscripto, el quince (15) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991), mediante Orden Especial número 021-1991, fue cancelado con el grado de Primer Teniente de esa institución, el tres (3) de septiembre de dos mil nueve (2009) mediante Orden General número 073-2009; B) El trece (13) de enero de dos mil once (2011), dieciséis (16) meses después de dicha cancelación, el recurrente fue informado de que la misma se había producido “por el hecho de haberse determinado mediante indagatorias realizadas al efecto, que junto al Primer Teniente PAULINO PINALES SANCHEZ, P.N., y el señor Melvin S. Figuereo Sánchez, ex agente de la Dirección General de Control de Drogas (D.N.C.D.), se dedicaban a sustraer mercancías de los equipajes de los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas “Dr. José Francisco Peña Gómez”, quedando evidenciada esta bochornosa práctica con la denuncia formulada el día 3-09-2009, por la Norteamericana Michel Renee Lepley, a quien le sustrajeron una computadora tipo Laptop marca Dell Inspiron 1520, Serie 3FMORD1, en fecha 27-07-2009, mientras le registraban su equipaje, la cual posteriormente fue recuperada en poder de Kelvin A.

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Rodríguez Moreno, quien manifestó haberla comprado al mencionado ex agente antidrogas, quien luego de su detención admitió que ciertamente cometía los hechos atribuidos, en complicidad con los aludidos Oficiales, P.N., acciones vergonzosas que lo hicieron indigno de seguir perteneciendo a las filas Policiales”, todo según la certificación expedida en fecha trece (13) de enero de dos mil once (2011), por el Director Central de Recursos Humanos de la Policía Nacional, Alberto B. Olivo; C) Aunque obran en el expediente diversos documentos que tienden a negar la participación del recurrente en los hechos penales que se le imputan, no corresponde al Tribunal discutir y esclarecer los mismos ni, consecuentemente, determinar la responsabilidad penal del recurrente; D) Por el contrario, sí interesa al Tribunal analizar el objeto de su apoderamiento actual, un recurso de revisión de amparo con el que un ciudadano busca proteger derechos y garantías fundamentales que, según argumenta, le han sido violados, muy especialmente, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa; E) En esta sede constitucional no tiene mayor relevancia, en efecto, la dilucidación de los hechos penales referidos porque aun en el caso de que se estableciera de manera fehaciente y objetiva la responsabilidad penal del recurrente, eso tendría que hacerse en el marco del más amplio y absoluto respeto de los referidos derechos fundamentales, esenciales a la persona humana no importa cuál sea su estatus jurídico y político;

TC/0048/12, consideraciones, b, pág. 11 — PDF oficial

F) Conforme se consigna en el literal B) de esta parte, la cancelación del recurrente no constituye un simple acto administrativo, de los que en la dinámica cotidiana de las instituciones públicas toman sus directivos en ejercicio de sus atribuciones, sino que la misma constituye, en la realidad de los hechos, una sanción a la comisión de una actuación ilegal que le es atribuida al recurrente; G) Sin embargo, salvo la investigación señalada en el literal b) del punto 4, realizada por el Ministerio Público previo a la cancelación del recurrente, la cual determinó su no participación en los hechos investigados, no obra en el expediente prueba alguna de que el recurrente, a propósito de esos hechos, fuera objeto de proceso penal y disciplinario que, con el correspondiente respeto de sus derechos fundamentales, resultara en la imposición de la sanción correspondiente, como es en realidad la que constituyó su cancelación de la institución policial; H) La Constitución de la República Dominicana:

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a) En su artículo 68, “garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley”;

b) En su artículo 69, prescribe que “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso, que estará conformado por las garantías mínimas (…)”, entre las cuales se resaltan las siguientes: “1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; (…)”;

c) El numeral 10, del referido artículo 69, consigna el alcance del debido proceso y establece que sus normas “se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”;

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d) En su artículo 74, establece que la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la misma, se rigen por los principios siguientes: “3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado; 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución”; I) El debido proceso y sus correspondientes garantías, así configuradas en nuestra norma constitucional, han sido prescritos también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 8.1, reza: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; J) Dicho texto, conforme lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ser interpretado de manera amplia, apoyándose tanto en la literalidad del texto como en su espíritu, y debe ser apreciado de acuerdo con el inciso c), del artículo 29 de la Convención, según el cual ninguna de sus disposiciones pueden interpretarse con exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno 1 ;

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K) La Corte ha entendido, asimismo, que el debido proceso abarca las "condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” 2 , a los fines de “que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos” 3 ; L) La Corte Interamericana también ha estatuido que: “De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana” 4 ; M) En lo que se refiere particularmente al nombramiento y cancelación de policías, el artículo 128 de la Constitución otorga al Presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado dominicano, “la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado” y, en tal virtud, las atribuciones para dirigir “la administración civil y militar”, para 1 Corte IDH. Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de abril de 2005, párr. 58; Caso Durand y Ugarte, párr. 128; Caso Blake, párr. 96. 2 Corte IDH.

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OC-9/87, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, 6 de octubre de 1987, párr. 28. 3 Corte IDH. Caso Baena Ricardo. Sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 124. 4 Corte IDH. Caso Tribunal Constitucional. Sentencia de fondo de 31 de enero de 2001, párr. 71. “Nombrar o destituir los integrantes de las jurisdicciones militar y policial” y para “Disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, mandarlas por sí mismo o a través del ministerio correspondiente, conservando siempre su mando supremo”; N) En ese mismo sentido, el artículo 255 del texto constitucional define a la Policía Nacional como “un cuerpo (…) bajo la autoridad del Presidente de la República”, mientras el 256 establece que “El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera policial de los miembros de la Policía Nacional se efectuará sin discriminación alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias”; O) Por su parte, la Ley No. 96-06, Institucional de la Policía Nacional:

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a) En su artículo 66, refiere los casos en que se aplicarán sanciones disciplinarias a sus miembros, y prevé, en su párrafo II, la separación en los casos en que operen sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, sea de un tribunal policial “que pronuncie su separación” o sea de un tribunal ordinario competente “que conlleve pena criminal”; en este último caso, “cuando se tratare de una condena correccional, será facultad del Consejo Superior Policial determinar la separación de cualquier miembro. Ningún miembro que sea separado por medio de una sentencia, bajo ningún concepto podrá regresar a la institución policial”;

b) De igual manera, el mismo artículo, pero en su párrafo III, establece que “la cancelación del nombramiento 5 de un oficial sólo se hará mediante recomendación elevada del Jefe de la Policía Nacional al Poder Ejecutivo, previa aprobación del Consejo Superior Policial, luego de conocer el resultado de la investigación de su caso”; 5 El subrayado es nuestro.

c) En su artículo 67, prescribe que la investigación previa de las faltas disciplinarias, éticas y morales corresponden “a la Inspectoría General de la Policía Nacional y a la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía Nacional, las cuales pueden actuar de oficio o por denuncia de cualquier ciudadano, del jefe del servicio afectado, del Procurador General de la República y del Defensor del Pueblo”;

d) En su artículo 69, consagra el debido proceso y en tal sentido la imposibilidad de imponer “sanciones disciplinarias si no en virtud de la previa instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente, que será preferentemente escrito y basado en los principios de sumariedad y celeridad. Cuando para dejar a salvo la disciplina el procedimiento sea oral, deberá documentarse posteriormente por escrito”; y

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e) En su artículo 70, asimismo, garantiza el “derecho a la defensa”, estableciendo que: “El procedimiento disciplinario deberá observar las garantías para el afectado, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”; P) Por su parte, el reglamento de la referida ley 96-06, aprobado mediante decreto número 731-04, del tres (3) de agosto de dos mil cuatro (2004), en sus artículos 42 y 43, reitera los términos de los artículos 66 y 67 de la Ley No. 96-06; Q) En este sentido, resulta ineludible reconocer que el Presidente de la República, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo y autoridad suprema de las fuerzas militares y policiales de la nación, conforme a las previsiones constitucionales precedentemente descritas, tiene atribución para destituir a los miembros de la Policía Nacional, potestad y atribución que de ninguna manera puede ser cuestionada ni reducida; R) Lo anterior no ameritaría más discusión si no fuera porque, como en la especie, el impugnado no constituye un acto administrativo inocuo, tomado en el ejercicio legal y legítimo de unas determinadas funciones administrativas, sino de un acto que, como la cancelación, tiene calidad de sanción por la comisión de actuaciones reñidas con la ley, conforme ha certificado la propia institución policial. Así las cosas, se impone reconocer que en la especie ha debido desarrollarse un proceso disciplinario orientado a evaluar con objetividad las supuestas faltas cometidas y a determinar las sanciones que correspondieran; S) Sin embargo, como se ha dicho precedentemente, no obra en el expediente una sola prueba de que se haya realizado un proceso de investigación de las referidas actuaciones ilegales que, con el respeto de los derechos fundamentales y del derecho de defensa del investigado o procesado, haya culminado en la definición de la sanción correspondiente.

TC/0048/12, consideraciones, e, pág. 18 — PDF oficial

En efecto, no hay evidencia de que los órganos especializados por la ley y el reglamento policial, la Inspectoría General y la Dirección General de Asuntos Internos, hayan desarrollado investigación alguna de los hechos por los que el recurrente ha sido sancionado con su cancelación; T) En este orden, tampoco hay evidencias de que, como también mandan los textos legales referidos en el párrafo anterior, el Consejo Superior Policial, al cabo de la investigación correspondiente, haya producido recomendación alguna para que el Poder Ejecutivo procediera a sancionar disciplinariamente y, en tal sentido, a cancelar el nombramiento del recurrente; U) Llegados a este punto, conviene recordar que la discrecionalidad que la Constitución reconoce al Presidente de la República no es absoluta y, por el contrario, encuentra límites en la naturaleza del Estado Social y Democrático de Derecho vigente entre nosotros desde la entrada en vigencia de la actual Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010); V) El fundamento de la vigencia real y concreta del Estado Social y Democrático de Derecho reside en la efectividad y prevalencia de los derechos fundamentales, y sus garantías, consagrados en la misma Constitución y las leyes, especialmente, para el caso concreto, aquellas que regulan el funcionamiento de la Policía Nacional, de forma que la referida discrecionalidad no sea confundida con la arbitrariedad; W) En todo caso, la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho contradice la vigencia de prácticas autoritarias, incluso en instituciones como las militares y policiales en las que, por su propia naturaleza, prevalece una jerarquía rígida y una línea de autoridad sin espacios para el cuestionamiento.

TC/0048/12, consideraciones, e, pág. 18 — PDF oficial

Sin embargo, en ellas también han de prevalecer los derechos fundamentales, a propósito del derecho de defensa como parte del debido proceso, de aquellos militares y policías a los que se les impute la comisión de hechos ilegales y que, si estos fueran probados, deban ser sancionados; X) En tal sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia mediante sentencia del veintitrés (23) de abril de dos mil nueve (2009) 6 , al establecer que “la jurisprudencia constitucional ha sido cautelosa en precisar que la facultad discrecional para el retiro de funcionarios de la Fuerza Pública no puede ser confundida con arbitrariedad. La discrecionalidad no es otra cosa que una facultad más amplia que se concede por la ley a una autoridad para que ante situaciones específicas normadas explícitamente pueda acudir a una estimación particular atendiendo las circunstancias singulares del caso concreto”; Y) En ese tenor, el respeto al debido proceso y, consecuentemente, al derecho de defensa, se realiza en el cumplimiento de supuestos tales como la recomendación previa a la adopción de la decisión sancionatoria; que dicha recomendación haya sido precedida de una investigación; que dicha investigación haya sido puesta en conocimiento del afectado; y que éste haya podido defenderse; 6 Sentencia T-297/09, sobre Acción de tutela instaurada por Pedro Antonio López Muñoz contra la Dirección de la Policía Nacional, el Comandante de la Región No. 8 de la Policía Nacional y el Comandante de la Policía del Magdalena, con vinculación oficiosa del Jefe de Inteligencia del Departamento de Policía del Magdalena, el Ministro de Defensa Nacional, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional y el Presidente de la República.

TC/0048/12, consideraciones, e, pág. 18 — PDF oficial

Z) Cuando se realiza un acto administrativo en el que se ordena la cancelación del nombramiento de un oficial de la Policía Nacional, sin que, como ocurre en la especie, se hayan realizado las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, se lesiona su derecho de defensa, se violenta el debido proceso y, consecuentemente, se comete una infracción constitucional; y AA) Finalmente, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 93 de la referida Ley No. 137-11, de “pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”, y en virtud de que:

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a) La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado;

b) Toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como toda violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir;

c) Aunque en nuestro país no hay tradición en tal sentido, el Tribunal podría, en efecto, imponer astreintes cuya liquidación vaya en provecho de la sociedad, como hacen en otras latitudes en favor y a través del fisco y del sistema judicial;

d) En esa línea, el Tribunal podría, más aun, procurar que la señalada reparación se realice no ya de forma indirecta, a través de las vías señaladas en el párrafo anterior, sino directamente, a través de instituciones específicas, en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la sentencia en la que se dispone la astreinte;

e) El Estado dominicano cuenta con un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, instituido por la Ley No. 136- 03 y definido por ésta como el conjunto de instituciones, organismos y entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales que formulan, coordinan, integran, supervisan, ejecutan y evalúan las políticas públicas, programas y acciones en los niveles nacional, regional y municipal para la protección integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como para su promoción integral. Según esta ley, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), institución estatal descentralizada, es el órgano administrativo de dicho sistema;

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f) La protección a los derechos de los niños y adolescentes, así como la promoción de su desarrollo integral constituyen una contribución sustancial a la prevención de la criminalidad y al desarrollo progresivo de la paz social, temas estos que, por demás, son compatibles y afines con los trabajos de carácter preventivo propios de la institución que tendría que pagar la astreinte en la eventualidad de que incumpliera con lo dispuesto por esta sentencia, la Policía Nacional. Esta decisión, firmada por todos los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. En la misma figuran incorporados el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta, y el voto disidente de las magistradas Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza, y Katia Miguelina Jiménez, Jueza. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

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Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión incoado por JAVIEL NOVAS NOVAS, contra la sentencia número 158-2011, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha veintisiete (27) de diciembre de dos mil once (2011).

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia referida en el ordinal anterior, en virtud de que se ha violentado el derecho al debido proceso y el derecho de defensa del recurrente.

TERCERO: ACOGER la acción de amparo incoada por JAVIEL NOVAS NOVAS en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil once (2011) contra la Policía Nacional.

CUARTO: DISPONER que el recurrente, JAVIEL NOVAS NOVAS, sea restituido en el rango que ostentaba al momento de su cancelación, el tres (3) de septiembre de dos mil nueve (2009), con todas sus calidades, atributos y derechos adquiridos hasta ese momento.

QUINTO: DISPONER que al recurrente le sean saldados los salarios dejados de pagar desde el momento de su cancelación hasta la fecha en que se produzca su reintegración a las filas policiales.

SEXTO: ORDENAR que lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto de este dispositivo sea ejecutado en un plazo no mayor de sesenta (60) días a contar de la notificación de esta sentencia.

SÉPTIMO: IMPONER una astreinte de DIEZ MIL PESOS CON 00/100 (RD$10,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, en contra de la Policía Nacional y de su Jefatura y en favor de la institución Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

OCTAVO: NOTIFICAR la presente decisión a JAVIEL NOVAS NOVAS, a la Policía Nacional y a su Jefatura, a la institución Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), para su conocimiento y fines de lugar.

NOVENO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11.

DECIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0048/12, del 8 de octubre de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0048-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.