Sentencia TC/0048/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 9 de abril de 2013 · Expediente Expediente No. TC-01-2012-0051
La acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Alejandro Alberto Paulino Vallejo contra el artículo 143 de la Ley General de Protección de los Derechos delConsumidor o Usuario No. 358-05, del diecinueve (19) de septiembre dedos mil cinco (2005).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0048/13?
El Tribunal reconoce la legitimación activa del accionante en su calidad de consumidor. La acción se funda en un interés propio y jurídicamente protegido cuya titularidad corresponde a la colectividad de quienes adquieren bienes y servicios; se trata, por tanto, de un interés difuso (TC/0048/13, numeral 8, 8.1–8.3, pág. 8).
La potestad legislativa prevista en el artículo 93, letra q), de la Constitución permite modificar o derogar leyes que regulan actividades económicas, siempre que la materia no corresponda a otro poder del Estado y que la regulación no sea contraria a la Constitución. La derogación de la Ley No. 13-1963 suprimió la Dirección de Control de Precios, pero la Ley No. 358-05 estableció un mecanismo distinto de protección de los consumidores y usuarios: el Instituto de Protección del Consumidor, con fines similares y facultades más amplias. No se acreditó que el cambio coartara la iniciativa privada, que el Estado hubiera dejado de procurar el crecimiento equilibrado y sostenido con estabilidad de precios o descuidado su misión de velar por el mejoramiento de la alimentación. Tampoco se aportaron datos que permitieran verificar una lesión al derecho a la salud ni se identificó cómo se vulneraban los derechos de los consumidores o usuarios (TC/0048/13, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 9; TC/0048/13, numeral 9, 9.3–9.4.3, pág. 10).
Decisión
El Tribunal declara admisible en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad, la rechaza en cuanto al fondo y declara conforme con la Constitución el artículo 143 de la Ley No. 358-05, al no evidenciarse la vulneración de ningún derecho fundamental ni de los principios rectores sobre crecimiento sostenible. Declara el proceso libre de costas y dispone la notificación al accionante y al Procurador General de la República, así como la publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“Por consiguiente, la legitimación se basa en un interés jurídico especifico invocado por el demandante y su titularidad corresponde a la colectividad.” (TC/0048/13, numeral 8, 8.1–8.3, pág. 8)
“Es atribución del legislador, como al efecto lo prevé el artículo 93, letra q) de la Constitución, legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución.” (TC/0048/13, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 9)
“si bien es verdad que la norma impugnada hace desaparecer una estructura de control, no menos cierto es que a su vez crea otra diferente con fines similares e incluso le otorga facultades más amplias.” (TC/0048/13, numeral 9, 9.3–9.4.3, pág. 10)
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 93, letra q), y 185.1.
Ley No. 358-05, General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario: artículos 5 y 143.
Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales: artículos 7.6, 36 y 44.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Legitimación activa o calidad del accionante
8.1. El accionante busca la defensa de sus derechos económicos y sociales demandando la inconstitucionalidad de una norma que deroga una disposición legal que, a su juicio, impide el control de los precios y, por vía de consecuencia, la estabilidad económica que afecta a los consumidores.
8.2. La presente acción directa procura con base en un interés propio y jurídicamente protegido (derecho del consumidor), una afectación colectiva causada a los destinatarios finales que adquieren bienes y servicios (estabilidad económica). De modo que nos encontramos frente a los denominados intereses difusos. Por consiguiente, la legitimación se basa en un interés jurídico especifico invocado por el demandante y su titularidad corresponde a la colectividad.
8.3. En tal virtud, este Tribunal, al aplicar las disposiciones vigentes que conceden calidad para accionar en inconstitucionalidad a los particulares, confronta que el Lic. Alejandro Paulino Vallejo, quien actúa en calidad de consumidor, y por tanto, afectado como persona física que adquiere, consume, utiliza y disfruta de bienes y servicios, tiene el derecho de demandar a fin de que los consumidores puedan disfrutar de sus derechos.
9. Rechazo de la acción directa en inconstitucionalidad
De conformidad con lo expuesto por el artículo 44 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales [l]as decisiones que denieguen la acción, deberán examinar todos los motivos de inconstitucionalidad que se hubieren alegado para fundamentarla. Únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa juzgada. En la especie, se rechaza la presente acción en declaratoria de inconstitucionalidad por las razones siguientes:
9.1. Es atribución del legislador, como al efecto lo prevé el artículo 93, letra
q) de la Constitución, legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución.
9.2. Esa atribución le permite al legislador ordinario modificar y derogar leyes a las previamente existentes, incluyendo, por supuesto, la regulación de ciertas actividades económicas. En ese sentido, al derogar en el caso de la especie la Ley No. 13-1963, lo cual generó a su vez la desaparición de la Dirección de Control de Precios, el legislador de la Ley No. 358-05, articuló otros mecanismos eficientes y distintos a los anteriores para proteger los intereses de los consumidores o usuarios. Uno de dichos mecanismos elaborados por el legislador de 2005, y que es citado incluso por el propio accionante, lo es el Instituto de Protección del Consumidor.
9.3. En efecto, el artículo 5 de la citada Ley No. 358-05, del diecinueve (19) de septiembre de dos mil cinco (2005), expresa que le corresponde al Instituto de Protección del Consumidor (…) la responsabilidad de definir, establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de esta ley, su reglamento y las normas que se dicten para la obtención de los objetivos y metas perseguidos a favor de consumidores y usuarios de bienes y servicios en la República Dominicana.
9.4. Además, las violaciones o infracciones constitucionales alegadas por el recurrente no se configuran de manera apreciable, a saber:
9.4.1. La iniciativa privada no ha sido coartada, ni el Estado ha dejado de procurar el crecimiento equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precios, lo cual no ha sido probado por el accionante.
9.4.2. Igualmente, el accionante no ha probado que el Estado se ha descuidado en su misión de velar por el mejoramiento de la alimentación, a través de programas sociales, como alega en su instancia. Se impone aclarar, por demás, que la norma impugnada se encarga de proteger el derecho a la salud, que es otra cosa distinta, pero tampoco en este aspecto el accionante aporta datos que le permitan a este Tribunal Constitucional verificar sus aseveraciones.
9.4.3. Finalmente, el accionante no identifica cómo el Estado vulnera los derechos de los consumidores o usuarios, sobre todo en lo que toca a la estabilidad de precios, puesto que si bien es verdad que la norma impugnada hace desaparecer una estructura de control, no menos cierto es que a su vez crea otra diferente con fines similares e incluso le otorga facultades más amplias. Por las razones expuestas, y vistos los artículos 185.1 de la Constitución y 36 de la Ley No. 137-11 citada, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, la acción en inconstitucionalidad incoada por el licenciado Alejandro Alberto Paulino Vallejo contra el artículo 143 de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario No. 358-05, del nueve (9) de septiembre de dos mil cinco (2005).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente acción en inconstitucionalidad incoada por el licenciado Alejandro Paulino Vallejo, y DECLARAR conforme con la Constitución de la República el artículo 143 de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario No. 358-05, del nueve (9) de septiembre de dos mil cinco (2005), por no evidenciarse que dicha disposición sea violatoria de ningún derecho fundamental ni de los principios rectores sobre crecimiento sostenible.
TERCERO: DISPONER que la presente decisión sea notificada, por Secretaría, al accionante, licenciado Alejandro Paulino Vallejo; así como al Procurador General de la República, para los fines que correspondan.
CUARTO: DECLARAR los procedimientos de este proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley Orgánica No. 137-11 del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.
QUINTO: ORDENAR su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0048/13, del 9 de abril de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0048-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.