Sentencia TC/0050/12
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 16 de octubre de 2012 · Expediente Expediente No. TC-01-2012-0024
La Acción Directa en Inconstitucionalidad incoada por la sociedad Inversiones Bretaña, S.A. contra el Párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil.
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Temas: Principio de imparcialidad judicial · Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0050/12?
La gratuidad de la justicia exige que el Estado, y no quienes acuden a los tribunales, remunere a los jueces y demás funcionarios judiciales. No impide que el legislador establezca fianzas para asegurar el cumplimiento de actuaciones procesales, por lo que el Tribunal desestima la impugnación fundada en ese principio (TC/0050/12, consideraciones, pág. 8).
La recusación protege el derecho a un juez imparcial, que comprende una dimensión objetiva, relativa a la estructura del sistema de justicia, y una subjetiva, relativa a la posición del juez frente a las partes. Exigir una fianza para conocer de la recusación vulnera ese derecho: si el litigante no la presta oportunamente, el tribunal no examina las razones que podrían comprometer la imparcialidad del juez. La exigencia es, además, discriminatoria, pues solo recae sobre los litigantes en materia civil y comercial. Declarada inconstitucional la disposición, el principio de efectividad y la facultad de anular sus actos de aplicación justifican la nulidad de la resolución que ordenó prestar la fianza (TC/0050/12, consideraciones, 69.2, pág. 10).
Decisión
Declara válida en cuanto a la forma la acción directa y declara no conforme con la Constitución el párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil por vulnerar el derecho a un juez imparcial; pronuncia su nulidad absoluta a partir de la notificación de la sentencia y hacia el porvenir. Anula también la Resolución núm. 08-2012, que ordenó prestar la fianza, y declara el procedimiento libre de costas.
Citas textuales clave
“el establecimiento de fianzas judiciales no constituye una violación al principio de gratuidad de la justicia” (TC/0050/12, consideraciones, pág. 8).
“la recusación judicial es un medio procesal para resguardar el derecho fundamental al juez imparcial” (TC/0050/12, consideraciones, 69.2, pág. 10).
“si el recusante no presta la fianza o no la presenta dentro de un plazo determinado, el tribunal apoderado de la recusación judicial no conoce de la misma” (TC/0050/12, consideraciones, 69.2, pág. 10).
Normas interpretadas
Constitución: arts. 8, 68, 69.1, 69.2, 74.3, 149, 184 y 185.1. Código de Procedimiento Civil: art. 382, párrafo único. Ley núm. 137-11: arts. 7.4, 7.6, 7.10, 36, 37 y siguientes, 46 y 49, párrafos II y III. Bloque de constitucionalidad: art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Precedentes que cita el Tribunal
C-368/11 y C-573/98 (Corte Constitucional de Colombia); 00197-2010-PA/TC (Tribunal Constitucional del Perú); sentencia del 22 de noviembre de 2005, caso Palamara Iribarne vs. Chile (Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
Consideraciones y fundamentos
7.- Competencia Este tribunal es competente para conocer de la presente acción directa en inconstitucionalidad, en virtud de lo que establece el artículo 185, numeral 1 de la Constitución del 2010 y el artículo 36 de la referida Ley No. 137-11. 8.- Legitimación activa o calidad de los accionantes 8.1.- La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa en inconstitucionalidad está señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley Orgánica No. 137-11, que confieren dicha condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido. 8.2.- En ese orden de ideas, la empresa accionante formuló, en el curso de una demanda civil, una recusación al juez apoderado de dicho proceso judicial, la cual fue condicionada a la prestación de una fianza, de conformidad con el párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, norma legal que le afecta y por consiguiente se encuentra revestida de la debida calidad para interponer una acción constitucional de esta naturaleza. 9.- Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados 9.1.-En cuanto a la alegada violación al principio de la gratuidad de la justicia. (Arts. 69.1 y 149 de la Constitución de la República) 9.1.1.- El reclamante plantea que el párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, contraviene el principio de la gratuidad de la justicia.
Es criterio de éste tribunal que dicho principio, recogido como uno de los elementos claves del debido proceso en los artículos 69.1 y 149 de la Constitución, consiste en que la administración de justicia debe ser esencialmente gratuita, esto es, que los jueces y demás funcionarios judiciales no sean pagados directamente por quienes demandan o recurren a los tribunales, sino que es el Estado quien debe solventar la remuneración de dichos funcionarios. Este es un criterio jurisprudencial compartido por otros tribunales constitucionales del hemisferio, como la Corte Constitucional de Colombia que señala: “(…) del carácter supra legal del principio de gratuidad, surge como regla general, el derecho constitucional de toda persona de acceder sin costo alguno a la administración de justicia; siendo reconocido tal derecho, como garantía de que el acceso a la justicia no se vea menoscabado por barreras económicas que resulten imposibles de remover, en especial, por las personas que hacen parte de los sectores económicamente más débiles de la sociedad” (Sent.
C-368/11 de fecha 11 de mayo del 2011 de la Corte Constitucional de Colombia). 9.1.2.- La gratuidad de la justicia no significa en modo alguno que el legislador, dentro de su poder de configuración legislativa de los procedimientos jurisdiccionales, no establezca costas, tasas o impuestos judiciales así como un sistema de garantías económicas orientado a resguardar el cumplimiento de determinadas actuaciones procesales como sucede, por ejemplo, con la constitución de garantías para la suspensión de las ejecuciones provisionales de sentencias (Art. 130 y siguientes de la Ley No. 834 de 1978), al igual que las medidas de coerción de naturaleza económica en la materia penal (Arts. 226 y siguientes del Código Procesal Penal); garantías que no tienen por finalidad la remuneración a los jueces por la prestación de servicios judiciales, sino el aseguramiento del cumplimiento de ciertos actos y actuaciones de carácter procedimental, por lo que el establecimiento de fianzas judiciales no constituye una violación al principio de gratuidad de la justicia y en tal virtud dicho medio de inconstitucionalidad debe ser denegado. 9.2.- En cuanto a la alegada violación al derecho a un juez imparcial - artículo
69.2 de la Constitución de la República; artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU); y artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos 9.2.1.- La empresa accionante señala que la prestación de una fianza exigida por el párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil como condición previa para decidir respecto de la recusación de un juez en la materia civil, transgrede su derecho a un juez imparcial. 9.2.2.- En ese orden de ideas, es preciso señalar que la Constitución de la República en su artículo 69.2, consagra el derecho fundamental de todo justiciable a una jurisdicción imparcial. En adición, este derecho fundamental lo reconocen algunos de los más importantes instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como lo son: (i) el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada mediante la Resolución No. 217A (III), de fecha diez (10) de diciembre del año mil novecientos cuarenta y ocho (1948), de la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU); (ii) el artículo 14, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y (iii) el artículo 8.1, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, esta últimas ratificadas por el Congreso Nacional mediante las resoluciones de fecha cuatro (4) y veintiuno (21) de enero de mil novecientos setenta y ocho (1978), respectivamente.
Por tanto, dichas normas constituyen parte integral del bloque de constitucionalidad dominicano, en virtud de las disposiciones de los artículos 74.3 de la Constitución y 7.10 de la prealudida Ley No. 137-11. 9.2.3.-El contenido esencial del derecho fundamental al juez imparcial comporta dos dimensiones: una objetiva, que se refiere a la imparcialidad del juez frente a la estructura del sistema de justicia; y otra subjetiva, que apunta a la imparcialidad del juez frente a las partes del proceso, de modo que la decisión jurisdiccional a producir no resulte contaminada con pasiones, intereses y subjetividades ajenas a la objetividad que supone el oficio de juzgar. Este criterio, es compartido por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) que señala: “La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio (…) La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia (…) El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal como un órgano imparcial” (Caso Palamara Iribarne vs. Chile; Sent. del 22 de noviembre del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). 9.2.4.- Por su parte, el Tribunal Constitucional del Perú, al conceptualizar el derecho fundamental al juez imparcial expresa: “En tanto que derecho fundamental, el derecho a un juez imparcial tiene un contenido constitucionalmente protegido.
Ese contenido está relacionado con aquello que el Tribunal ha identificado como las dos vertientes de la imparcialidad, a saber: la imparcialidad subjetiva y la imparcialidad objetiva. (…) En lo que respecta a la imparcialidad subjetiva, ésta se refiere a cualquier compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o con el resultado del proceso. Desde esta perspectiva, el derecho a un juez imparcial garantiza que una persona no sea sometida a un proceso o procedimiento en el que el juez, o quien está llamado a decidir sobre la cuestión litigiosa, tenga algún tipo de compromiso con alguna de las partes o con el resultado del mismo. (…) Al lado de la dimensión subjetiva, el Tribunal también ha destacado en el principio de imparcialidad una dimensión objetiva, referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable” (Sent. 00197-2010-PA/TC de fecha 24 de agosto del 2010 del Tribunal Constitucional de Perú). 9.2.5.- El Tribunal Constitucional tiene como misión esencial, entre otras, garantizar la protección y efectividad del ejercicio de los derechos fundamentales en la República Dominicana, facultad que se deriva de los artículos 8, 68 y 184 de la Constitución de la República y 7.4 de la prealudida Ley No. 137-11. Esta facultad permite al tribunal erradicar, dentro de la órbita del Estado, todas las medidas administrativas o jurisdiccionales que dificulten, limiten o condicionen irrazonablemente el ejercicio de un derecho fundamental.
En el caso ocurrente, la disposición contenida en el párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, que condiciona a la prestación de una fianza el conocimiento de la recusación formulada contra un juez por un litigante en materia civil y que supedita el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho a un juez imparcial, al cumplimiento de una formalidad relacionada con la capacidad económica o crediticia del litigante, constituye una violación al referido derecho, pues si el recusante no presta la fianza o no la presenta dentro de un plazo determinado, el tribunal apoderado de la recusación judicial no conoce de la misma. 9.2.6.- En ese sentido, la recusación judicial es un medio procesal para resguardar el derecho fundamental al juez imparcial, tal y como lo considera la Corte Constitucional colombiana al afirmar: “El propósito de las instituciones procesales de impedimentos y recusaciones consiste en asegurar la imparcialidad del juez, quien debe marginarse del proceso del cual viene conociendo cuando se configura, en su caso específico, alguna de las causas taxativamente señaladas en la ley. Esa imparcialidad se asegura cuando se deja en cabeza de funcionarios distintos -el que siga en turno al que se declara impedido o es recusado, o el del lugar más cercano, según la circunstancia (…) o los otros miembros de la sala o corporación en el caso de jueces colegiados- la definición acerca de si deben prosperar el impedimento invocado por el juez o la recusación presentada contra él” (Sent.
C-573/98 de fecha 14 de octubre de 1998 de la Corte Constitucional de Colombia). 9.2.7.- La existencia de obstáculos procesales al ejercicio del mecanismo de la recusación afecta el ejercicio al derecho fundamental al juez imparcial; en el caso que nos ocupa, dicho derecho resulta condicionado a la prestación de una fianza, y por ende, a la capacidad crediticia o económica del litigante y no al hecho de existir verdaderas razones que pudiesen eventualmente afectar la imparcialidad del juez recusado, que son las que debe evaluar soberanamente el tribunal apoderado de la recusación.
La tendencia en el derecho procesal dominicano es a prescindir de la prestación de la fianza para la recusación de los jueces, pues sólo en la materia civil y comercial se exige dicha formalidad, según se ilustra en el siguiente cuadro: Materia Exigencia de prestación de fianza Base legal Civil y comercial Exige pago de fianza Párrafo único del Art. 382 del Código de Procedimiento Civil Inmobiliaria No exige pago de fianza Art. 34 de la Ley No. 108-05 del 2005 Penal No exige pago de fianza Arts. 78 y siguientes del Código Procesal Penal Laboral No exige pago de fianza Art. 597 y siguientes del Código de Trabajo Materia Exigencia de prestación de fianza Base legal Niños, niñas y adolescentes No exige pago de fianza Art. 217, literal e) de la Ley No. 136- 03 del 2003 Contencioso- tributario No exige pago de fianza Art. 181 del Código Tributario Contencioso- electoral No exige pago de fianza Art. 13.3, de la Ley No. 29-11 del 2011 9.2.8.- Si la prestación de una fianza, como condición previa para conocer de la recusación judicial, constituye un obstáculo o traba procesal para el ejercicio pleno y efectivo del derecho fundamental al juez imparcial, constituye, además, una norma legal discriminante, que sólo afecta al litigante en materia civil y comercial quien tiene que prestar una fianza para poder ejercer la recusación judicial, mientras que a los litigantes de otras materias del derecho (penal, laboral, etc.) no se les requiere del cumplimiento de dicha formalidad; por tal virtud y en atención de las anteriores consideraciones, procede declarar la inconstitucionalidad del párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil. 10.- En cuanto a la petición de nulidad de la Resolución No. 08-2012, del treinta (30) de marzo del año dos mil doce (2012), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que exige el pago de fianza judicial al accionante 10.1.- La empresa accionante solicita, en su escrito introductivo, la nulidad de la Resolución No. 08-2012, del treinta (30) de marzo del año dos mil doce (2012), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que exige el pago de fianza judicial para proceder a conocer de la recusación de un juez civil.
El tribunal es de criterio, que en atención a las disposiciones del artículo 7.4 de la Ley No. 137-11, que consagra el principio de efectividad que obliga al juez constitucional a la adopción de todas las medidas que resulten más idóneas y adecuadas a las necesidades concretas de protección frente a la cuestión planteada, así como a las disposiciones del artículo 46 de la referida Ley No. 137-11, que faculta al Tribunal Constitucional para anular los actos de aplicación de una disposición cuya constitucionalidad fuera cuestionada, que debe declararse en consecuencia la nulidad de la resolución objetada por la reclamante. Esta decisión, firmada por todos los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente, Hermógenes Acosta de los Santos, Juez, y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional.
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción en inconstitucionalidad incoada por la sociedad Inversiones Bretaña, S.A. en contra del párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, por haber sido interpuesta de conformidad con los artículos 37 y siguientes de la Ley No. 137-11.
SEGUNDO: DECLARAR no conforme con la Constitución el párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, por transgredir el derecho fundamental al juez imparcial instituido en el artículo 69.2 de la Constitución de la República; artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU); artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
TERCERO: PRONUNCIAR, en consecuencia, la nulidad absoluta por inconstitucional del párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, por las razones jurídicas expuestas en las consideraciones y fundamentos de la presente sentencia, a partir de la notificación de misma y hacia el porvenir.
CUARTO: DECLARAR la nulidad la Resolución No. 08-2012, del treinta (30) de marzo del año dos mil doce (2012), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ordena la prestación de una fianza judicial, por estar sustentada en una disposición legal viciada de inconstitucionalidad, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 46 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.
QUINTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la referida Ley Orgánica No. 137-11.
SEXTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, Inversiones Bretaña, S.A., a la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y a la Procuraduría General de la República.
SEPTIMO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia al Congreso Nacional, de conformidad con las formalidades establecidas en el párrafo II del artículo 49 de la Ley Orgánica No. 137-11, que prescribe la notificación de la sentencia que acoge la inconstitucionalidad al órgano de donde emanó la norma impugnada.
OCTAVO: ORDENAR que, en todas las publicaciones oficiales del Código de Procedimiento Civil se consigne la declaración en inconstitucionalidad del párrafo único del artículo 382 del referido Código y la identificación de la sentencia que le declaró como tal, a fin de cumplir con la formalidad del párrafo III del artículo 49 de la referida Ley Orgánica No. 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
NOVENO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0050/12, del 16 de octubre de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0050-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.