Sentencia TC/0059/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 15 de abril de 2013 · Expediente Expediente No. TC-04-2012-0025

Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecutoriedad de sentencia, incoado por los señores Rafael Arias y Rosaida Arias, en fecha nueve (9) de noviembre del dos mil once (2011), contra la sentencia No. 258-2011, dictada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la dignidad humana · Derecho al apellido del padre

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0059/13?

El recurso es admisible porque la sentencia recurrida adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución de 2010 y la posible vulneración del derecho al apellido del padre, vinculado a la dignidad humana, reviste especial trascendencia constitucional. Por celeridad y economía procesal, el Tribunal puede motivar la admisibilidad y decidir el fondo en una sola sentencia si ello no perjudica a las partes (TC/0059/13, numeral 10, a–d, pág. 11; TC/0059/13, numeral 10, e–g, pág. 12; TC/0059/13, numeral 10, h–i, pág. 13).

Los artículos 211 y 486 de la Ley 136-03 deben interpretarse en el sentido de que son imprescriptibles las acciones de reclamación de filiación interpuestas después de la entrada en vigencia de esa ley. Al interpretar erróneamente el artículo 486 y declarar inadmisible la reclamación por prescripción, los tribunales ordinarios vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana y al apellido del padre. La anulación de la sentencia núm. 258 dejó sin objeto la solicitud de suspender su ejecución; la suspensión de la sentencia núm. 2009-00009 no se examinó porque esta no constaba en el expediente ni era la decisión recurrida en revisión (TC/0059/13, numeral 11, k, pág. 17; TC/0059/13, numeral 11, m–b, pág. 18; TC/0059/13, numeral 11, c, pág. 19; TC/0059/13, dispositivo, pág. 20).

Decisión

Declara admisible y acoge el recurso de revisión, anula la sentencia núm. 258 y ordena remitir el expediente al tribunal de origen para que aplique los artículos 211 y 486 de la Ley 136-03 conforme al criterio de imprescriptibilidad indicado. Rechaza la solicitud de suspensión de ambas sentencias y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“lo esencial es que se deje constancia motivada de la admisibilidad del recurso, de manera que es factible que dicha motivación se haga en la misma sentencia que decide el fondo.” (TC/0059/13, numeral 10, a–d, pág. 11)
“El derecho a la dignidad humana y el derecho al apellido del padre son derechos fundamentales que se encuentran tutelados en la Constitución de la República y en los tratados que forman parte del bloque de la constitucionalidad” (TC/0059/13, numeral 11, m–b, pág. 18)
“las acciones en reclamación de filiación interpuestas después de la entrada en vigencia de dicha normativa son imprescriptibles.” (TC/0059/13, dispositivo, pág. 20)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 5, 7, 8, 38, 55.7 y 277.

Ley 137-11: artículos 7.6, 53 y 54, numerales 5 y 7.

Ley 136-03: artículos 211, literal a, y 486.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0038/2012; SU-225 de 1998 y C-521-98 de la Corte Constitucional de Colombia.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

Conforme a la documentación presentada en el expediente, las partes recurrente, señores Rafael Arias y Rosaida Arias, persiguen la nulidad y suspensión de la referida Sentencia No. 258, emitida por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, bajo el alegato de que le han sido vulnerado sus derechos fundamentales, específicamente el concerniente a la “dignidad humana”, contemplado en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales el Estado dominicano es signatario; además de que violó la Ley No. 136-03, en su artículo 63, al declarar caduco, extemporáneo e inadmisibles los plazos para interponer su demanda.

TC/0059/13, numeral 8, pág. 10 — PDF oficial

10. De la admisibilidad del presente recurso en revisión

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión, debe ser declarado admisible por las siguientes razones:

a) Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso, conviene indicar que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la referida Ley 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos decisiones, una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la sentencia; sin embargo, por las razones que se indican a continuación, ambos aspectos serán decididos mediante esta sentencia.

b) La exigencia de la primera de las sentencias es de carácter interno al tribunal, es decir, que con la misma ni se beneficia ni se perjudica a las partes y lo esencial es que se deje constancia motivada de la admisibilidad del recurso, de manera que es factible que dicha motivación se haga en la misma sentencia que decide el fondo.

c) El principio de celeridad y economía procesal suponen que en la administración de justicia deben aplicarse las soluciones procesales que sean menos onerosas en lo que concierne a la utilización de tiempo y de recursos; de manera que si en la especie puede solucionarse la admisibilidad y el fondo del recurso mediante una sola decisión, sin lesionar los intereses de las partes, el Tribunal no debe dictar dos sentencias.

d) El Tribunal Constitucional tiene la facultad, en este caso y en cualquier otro caso, de interpretar y aplicar las normas procesales en la forma más útil para la efectividad de la justica constitucional.

TC/0059/13, numeral 10, a–d, pág. 11 — PDF oficial

e) En el presente caso existe trascendencia y relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional deberá conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia radica principalmente del conocimiento de la posible violación al derecho fundamental a la paternidad que tienen todas las personas, derecho este que está directamente vinculado al valor central del estado social y democrático de derecho, como lo es la “dignidad humana”, señalado en el artículo 38 de nuestra Constitución, y el “derecho al apellido de su padre”, consagrado en el artículo 55.7 de la Ley Sustantiva.

f) Según el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la referida Ley 137- 11: las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, después de la proclamación de la constitución del 26 de enero de 2010, son susceptibles del recurso de revisión constitucional. En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, el diecisiete (17) de agosto de dos mil once (2011), haciendo admisible el presente recurso de revisión.

g) De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 137-11, el recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos: 1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucionalidad una ley, un decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional, y 3) cuando haya producido una violación de un derecho fundamental. En el presente caso, el recurso se fundamenta en la violación a la dignidad humana y el derecho al apellido de su padre como derecho fundamental, es decir, que se está invocando la violación de un derecho fundamental;

TC/0059/13, numeral 10, e–g, pág. 12 — PDF oficial

h) Este Tribunal Constitucional ha revisado, analizado y encontrado factible que los medios invocados por los recurrentes establecen los requisitos que fundamentan la admisibilidad de este recurso de revisión, principalmente por la trascendencia y relevancia constitucional contenida, y observa, a la vez, cuál es el alcance de la interpretación de las inadmisibilidades de los recursos de casación de la Suprema Corte de Justicia, cuando se producen en contra de una sentencia preparatoria. Por tanto, luego de analizar y estudiar dichos fundamentos, deviene admitir el recurso, en cuanto a la forma, por reunir los requisitos que hemos expresado anteriormente.

i) En la presente decisión, el Tribunal Constitucional ha decidido dictar una sola sentencia para resolver la admisibilidad y el fondo, a pesar de lo que establecen los acápites 5 y 7 del artículo 54 de la referida Ley 137-11 (Sentencia TC/0038/2012, del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012)).

TC/0059/13, numeral 10, h–i, pág. 13 — PDF oficial

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión y de la solicitud de

suspensión de ejecución de sentencia

11.1. Sobre el fondo del recurso de revisión

a) Conforme a la documentación presentada en el expediente, se comprueba que las partes recurrentes, los señores Rafael Arias y Rosaida Arias, demandaron, en fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil siete (2007), ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, a los señores Rosalinda de los Santos Vda. García, Evelyn Altagracia García de Los Santos, Desireé Ramona García de los Santos, Rosa María García de los Santos y Lucía Petronila García de los Santos, cónyuge superviviente e hijas del fenecido señor Isidro García Mercedes, respectivamente, quien no los reconoció en vida.

b) En fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil ocho (2008), la parte demandada formuló conclusiones incidentales, a los fines de que sea declarada la inadmisibilidad de la demanda. El doce (12) de enero de dos mil nueve (2009), la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó la sentencia Civil No. 2009-0009, mediante la cual declara inadmisible la demanda interpuesta por las partes recurrentes.

c) En fecha dos (2) de marzo de dos mil nueve (2009), los demandantes recurrieron en apelación la indicada sentencia. La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, mediante la sentencia No. 627-2009- 00043, desestimó el recurso de apelación en el atendido de que el razonamiento del juez de primera instancia fue correcto y la declaró demanda inadmisible. Ante la inconformidad con la referida decisión, los señores Rafael Arias y Rosaida Arias, en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil nueve (2009), recurren en casación la sentencia de apelación.

TC/0059/13, numeral 11, 11.1–c, pág. 13 — PDF oficial

d) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictó, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil once (2011), en sus atribuciones civiles, la sentencia No. 258, mediante la cual rechazó el recurso de casación interpuesto por los recurrentes por haber prescripto el plazo para demandar en reclamación de paternidad, conforme a que la ley vigente al momento del nacimiento de los reclamantes era la No. 985, de fecha cinco (5) de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco (1945), derogada por la Ley No. 14-94, y ésta por la Ley No. 136-03, que instituye el Código de Protección para los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, de fecha siete (7) de agosto de dos mil tres (2003).

e) Ante la inconformidad con la decisión adoptada en la sentencia No. 258, los recurrentes deciden interponer, en fecha nueve (9) de noviembre de dos mil once (2011), por ante este Tribunal Constitucional, un recurso de revisión de decisión jurisdiccional, en virtud de que la referida sentencia les vulnera sus derechos fundamentales a la dignidad humana y al apellido de su padre, por lo que solicitan la nulidad de la sentencia atacada.

f) La Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia No. SU-225, de 1998, ha definido qué son los derechos fundamentales, y ha establecido que son aquellos que: se encuentran reconocidos directa-indirectamente en el texto de la constitución como derechos subjetivos de aplicación inmediata, se trata de derechos de tal magnitud para el orden constitucional que su vigencia no puede depender de decisiones políticas de los representantes de las mayorías.

TC/0059/13, numeral 11, d–f, pág. 14 — PDF oficial

g) La Carta Magna dominicana, en su artículo 38, en relación con la dignidad humana, establece que: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

TC/0059/13, numeral 11, g, pág. 15 — PDF oficial

h) Del estudio combinado de los artículos 5, 7 y 8 de la Ley Sustantiva se deprende que el respeto a la dignidad humana es una función esencial en la que se fundamentan la Constitución y el estado social y democrático de derecho en la República Dominicana, posición similar asumió la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia C-521-98, cuando señaló que: El reconocimiento superior de la dignidad como principio fundante de nuestro ordenamiento constitucional, exige un trato especial para el individuo, de tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial al juez, que en su función hermenéutica debe convertir este principio en un parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. De lo expuesto fluye que cuando el Estado, independientemente de cualquier consideración histórica, cultural, política o social, establece normas sustanciales o procedimentales dirigidas a regular las libertades, derechos o deberes del individuo, sin tener presente el valor superior de la dignidad humana, serán regulaciones lógica y sociológicamente inadecuadas a la índole de la condición personal del ser humano y, por contera, contrarias a la Constitución, en la medida en que se afectarían igualmente los derechos fundamentales, dado que éstos constituyen condiciones mínimas para la "vida digna" del ser humano; en efecto, cuando se alude a los derechos fundamentales, se hace referencia a aquéllos valores que son ajenos a la dignidad humana.

TC/0059/13, numeral 11, h, pág. 15 — PDF oficial

i) El artículo 55 de la Carta Magna, establece que: La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. (…) 7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos. En el mismo tenor se ha expresado la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuando en su artículo 18, establece que: Derecho al Nombre. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

j) La Convención de los Derechos del Niño, de fecha dos (2) de septiembre del año mil novecientos noventa (1990), misma que el Estado dominicano ha incorporado por medio de su ratificación, en su artículo 8 establece que: 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

TC/0059/13, numeral 11, i–j, pág. 16 — PDF oficial

k) El artículo 211, literal a, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), en su artículo 211 indica que es competencia de la sala de lo civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes conocer y decidir de las demandas sobre reclamación y denegación de filiación de los hijos e hijas y acciones relativas. El derecho de reclamación de afiliación no prescribe para los hijos e hijas. Las madres podrán ejercer este derecho durante la minoridad de sus hijos e hijas.

TC/0059/13, numeral 11, k, pág. 17 — PDF oficial

l) Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia, de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012), fundamentada en la Ley No. 136-03, y el artículo 17.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, dispone que la acción en reclamación judicial de paternidad no prescribe: Considerando, que, el referido Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, es el instrumento legal aplicable al caso; que dicho instrumento legal ordena en el artículo 63, párrafo III, que: los hijos e hijas podrán reclamar la filiación en todo momento, luego de su mayoría de edad; que, de igual forma, el literal a del artículo 211 de dicho cuerpo legal, consagra que el derecho de reclamación de filiación no prescribe para los hijos e hijas. Las madres podrán ejercer este derecho durante la minoridad de sus hijos e hijas; que por consiguiente, la demanda en reclamación de filiación paterna por parte de los hijos es por su naturaleza imprescriptible, derecho que por demás tiene rango constitucional, al estar consignado en el artículo 55, ordinal 7, de nuestra Carta Magna, cuando expresa que Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos; que la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por el Estado Dominicano, en fecha 21 de enero de 1978, consigna en el artículo 18: Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario; que por el contrario la Ley núm. 985, así como la Ley núm. 14-94, planteaban el carácter prescriptible de la acción en reconocimiento cuando se trataba de hijos extramatrimoniales; sin embargo, el artículo 328 del Código Civil, establece la imprescriptibilidad de la acción con relación a los hijos denominados legítimos (denominación que hoy se encuentra proscrita por la Constitución); que debe observarse, que dicha dualidad en las mencionadas normas constituye una violación al principio de la igualdad de todos ante la ley; que en consecuencia, con la entrada en vigencia de la Ley núm. 136-03, que derogó las leyes núms. 985 y 14-94, ya citadas, consignó la imprescriptibilidad de la acción con relación a todos los hijos, creando uniformidad en la legislación y al mismo tiempo, permite aplicar el criterio de igualdad de todos ante la ley, estando pues en consonancia con lo dispuesto en el artículo 17, literal 5, de la mencionada Convención Americana de los Derechos Humanos, que consigna: “La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

TC/0059/13, numeral 11, l, pág. 17 — PDF oficial

m) El derecho a la dignidad humana y el derecho al apellido del padre son derechos fundamentales que se encuentran tutelados en la Constitución de la República y en los tratados que forman parte del bloque de la constitucionalidad, por lo que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia incurrieron en violación al interpretar erróneamente el artículo 486, de la Ley 136-03 y declarar inadmisible una reclamación de filiación.

n) Este Tribunal Constitucional, procede a declarar nula la Sentencia No. 258, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que se han violentado los derechos fundamentales a la dignidad humana y al apellido del padre, derechos estos que están directamente vinculados al valor central del estado social y democrático de derecho. En consecuencia, ordena el envío del presente expediente por ante la Suprema Corte de Justicia, para que interprete y aplique los artículos 211 y 486 de la Ley No. 136-03, en el sentido de que las acciones en reclamación judicial de filiación son imprescriptibles.

11.2. Sobre las demandas en suspensión

a) Los recurrentes, mediante la instancia del recurso de revisión, solicitan, además, la suspensión de la sentencia No. 258, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y de la sentencia No. 2009-00009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.

b) En primer lugar, nos referimos a la sentencia No. 2009-00009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, de la cual no existe depósito en el expediente, ni es la sentencia atacada en revisión, por lo que el Tribunal no examinó la demanda de suspensión de ejecución de la misma.

TC/0059/13, numeral 11, m–b, pág. 18 — PDF oficial

c) Sobre la sentencia No. 258, dictada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, los recurrentes también solicitan la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida, cuestión a la cual el Tribunal Constitucional no se referirá por considerar que dicho pedimento carece de objeto, en razón de que dicha sentencia será anulada. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, juez segundo sustituto y Ana Isabel Bonilla Hernández, jueza, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional:

TC/0059/13, numeral 11, c, pág. 19 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Rafael Arias y Rosaida Arias, contra la sentencia No. 258, de fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil once (2011), dictada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia.

SEGUNDO: ACOGER el recurso de revisión de decisión jurisdiccional anteriormente descrito y, en consecuencia, ANULAR la sentencia No. 258, del diecisiete (17) de agosto de dos mil once (2011), dictada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia.

TERCERO: ORDENAR el envío del expediente al tribunal de origen, para que el mismo interprete y aplique los artículos 211 y 486 de la Ley 136-03, en el sentido de que las acciones en reclamación de filiación interpuestas después de la entrada en vigencia de dicha normativa son imprescriptibles.

CUARTO: RECHAZAR la solicitud de suspensión de ejecución de las sentencias No. 258, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y 2009-00009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, por los motivos antes expuestos.

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la referida Ley No.137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

SEXTO: ORDENAR la comunicación de la sentencia, por Secretaría, para conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores Rafael y Rosaida Arias; a la Suprema Corte de Justicia; así como a la Procuraduría General de la República.

SEPTIMO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0059/13, del 15 de abril de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0059-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.