Sentencia TC/0061/12
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 9 de noviembre de 2012 · Expediente Expediente No. TC-03-2012-0001
Conflicto de Competencia entre el Distrito Municipal de Tavera y el Ministerio de Hacienda presentado por el señor Juan Belén Bautista en virtud de los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 137-11.
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Temas: Conflicto de competencia
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0061/12?
El conflicto de competencia de orden constitucional exige una disputa entre órganos constitucionales u otras personas de derecho público por la titularidad de atribuciones asignadas por la Constitución. Debe promoverlo el titular del órgano que invoca el conflicto, legitimado conforme a la norma que rige su elección, nombramiento o designación (TC/0061/12, numeral 3, pág. 10).
Las autoridades de un distrito municipal de nueva creación se legitiman mediante el voto directo de los munícipes. La disposición transitoria decimocuarta de la Constitución se refiere a las elecciones ordinarias y no impide celebrar una elección extraordinaria en Tavera. La designación por el concejo municipal no sustituye esa elección, pues el mecanismo de vacancia presupone que el cargo haya sido provisto por voto directo y luego haya quedado libre. Aunque la Administración Central debe respetar la autonomía presupuestaria municipal, el Ministerio de Hacienda debe verificar que quien solicita los fondos sea el representante legítimo de la entidad. Como el accionante carecía de esa calidad, la negativa a entregar los fondos no configuró un conflicto de competencia constitucional (TC/0061/12, numeral 3, a, pág. 11; TC/0061/12, numeral 3, b, pág. 12; TC/0061/12, numeral 3, c, pág. 13).
Decisión
Declara inadmisible, por falta de calidad, la acción de conflicto de competencia interpuesta por Juan Belén Bautista, en representación del distrito municipal de Tavera, contra el Ministerio de Hacienda. Ordena comunicar la sentencia a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“El objeto del conflicto de competencia constitucional consiste en la controversia por la titularidad de la competencia asignada por la Constitución a los órganos o personas de Derecho Público, que puede referirse a la jerarquía, la territorialidad o las funciones.” (TC/0061/12, numeral 3, pág. 10)
“Contrario a ese criterio, este Tribunal considera que el mecanismo de legitimación de las autoridades de divisiones territoriales nuevas o modificadas, como en el caso que nos ocupa, se efectúa mediante elección por voto directo de los munícipes inscritos en esas demarcaciones, según lo establecen los artículos 81 de la Ley No.176-07 y 86 de la Ley No. 275-97.” (TC/0061/12, numeral 3, a, pág. 11)
“En conclusión, para el Tribunal Constitucional, el conflicto surgido a raíz de la negativa del Ministerio de Hacienda de entregar los fondos correspondientes al distrito municipal de Tavera no constituye un conflicto de competencia a la luz de la previsión constitucional y de la referida Ley No. 137-11, debido a la ilegitimidad de sus autoridades, por lo que la acción interpuesta deviene en inadmisible.” (TC/0061/12, numeral 3, c, pág. 13)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 185-3 y 199; disposición transitoria decimocuarta.
Ley núm. 137-11: artículo 59.
Ley núm. 176-07: artículo 81.
Ley núm. 275-97: artículo 86.
Ley núm. 114-10: artículos 12 y 13.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
1. Síntesis del conflicto
El caso que nos ocupa concierne al conflicto de competencia planteado a instancia del señor Juan Belén Bautista, en representación del distrito municipal de Tavera contra el Ministerio de Hacienda que, por intermedio del Tesorero Nacional, le ha negado la entrega de los fondos solicitados. A juicio del accionante esta negativa viola la autonomía presupuestaria del distrito municipal de Tavera reconocida en el artículo 199 de la Constitución.
3. Análisis del caso
El Tribunal Constitucional considera pertinente referirse a la naturaleza y al objeto del conflicto de competencia de orden constitucional, así como a los criterios de interpretación y alcance de los artículos 185-3 de la Constitución y 59 de la Ley Orgánica No. 137-11. Habrá conflicto de competencia de orden constitucional cuando exista disputa por atribución de las mismas facultades entre: 1) poderes públicos entre sí; 2) poderes públicos y órganos constitucionales, entidades descentralizadas y autónomas, municipios u otras personas de derecho público; o 3) cualesquiera de estas entre sí, a instancia de sus titulares. Corresponde al Tribunal Constitucional conocer de todos los supuestos indicados, salvo aquellos que la Constitución o la ley atribuya a otras jurisdicciones. En estos casos estamos en presencia de conflictos de competencia positivos, distintos a los negativos que se presentan cuando dos o más entidades constitucionales se niegan a asumir una competencia o atribución constitucional. El objeto del conflicto de competencia constitucional consiste en la controversia por la titularidad de la competencia asignada por la Constitución a los órganos o personas de Derecho Público, que puede referirse a la jerarquía, la territorialidad o las funciones. Para que se configure un conflicto de competencia constitucional se requiere que: 1) exista una disputa entre órganos constitucionales u otras personas de Derecho Público por las atribuciones competenciales; 2) las competencias en disputa estén asignadas en la Constitución; 3) el conflicto se inicie a instancia del titular del órgano que invoca el conflicto y; 4) el titular esté legitimado por la norma que establece el mecanismo de su elección, nombramiento o designación. Por la solución que el Tribunal Constitucional adoptará en la especie, sólo se detendrá a analizar los argumentos expuestos en relación a la legitimidad para interponer el presente conflicto de competencia de orden constitucional. En ese sentido, el Tribunal expone los siguientes razonamientos:
a) El accionante plantea que su legitimidad como autoridad del distrito municipal de Tavera le viene dada por la designación del Concejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio de la Vega, en virtud de la parte final del artículo 81 de la Ley No. 176-07, y por la aplicación inmediata de la Ley No. 114-10, que crea el distrito municipal de Tavera. Contrario a ese criterio, este Tribunal considera que el mecanismo de legitimación de las autoridades de divisiones territoriales nuevas o modificadas, como en el caso que nos ocupa, se efectúa mediante elección por voto directo de los munícipes inscritos en esas demarcaciones, según lo establecen los artículos 81 de la Ley No.176-07 y 86 de la Ley No. 275-97. “Artículo 81.- Elección del Director y los Vocales del Distrito Municipal. El director y los vocales de cada uno de los distritos municipales son electos por cuatro años en las elecciones congresionales y municipales por el voto directo de los(as) munícipes inscritos en ese distrito municipal, dentro de la boleta correspondiente a las candidaturas municipales del municipio al cual pertenecen. En caso de que se produzcan vacantes en los cargos de director o vocales de los distritos municipales, serán cubiertas por decisión del concejo municipal, a solicitud del partido político, movimiento o agrupación sustentadora de la vacante que se ha producido”. “Artículo 86.- CLASIFICACION. Se entiende por elecciones ordinarias aquéllas que se verifican periódicamente en fechas previamente determinadas por la Constitución. Se denominan elecciones extraordinarias, las que se efectúen por disposición de una ley o de la Junta Central Electoral, en fechas determinadas de antemano por preceptos constitucionales para proveer los cargos electivos correspondientes a divisiones territoriales nuevas o modificadas, o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones anteriormente verificadas en determinadas demarcaciones, de acuerdo con la ley o para cualquier otro fin. Se entenderá por elecciones generales las que hayan de verificarse en todo el territorio de la República. Se entenderá por elecciones parciales, las que se limiten a una o varias divisiones de dicho territorio. Se denominará nivel de elecciones el que contienen candidaturas indivisibles o no fraccionables en sí mismas. El nivel presidencial se refiere a la elección conjunta del presidente y del vicepresidente de la República. El nivel provincial, se refiere a la elección conjunta de senadores y diputados. El nivel municipal se refiere a la elección conjunta de síndicos, regidores y sus suplentes”.
b) El accionante sostiene que la regla general para elegir a los directores de los distritos municipales es la de elección directa por voto popular de los munícipes, pero que, en virtud de la Disposición transitoria decimocuarta de la Constitución no hay posibilidad de que la Junta Central Electoral organice una asamblea electoral extraordinaria para elegir a las autoridades del distrito municipal de Tavera. En ese sentido, estima que la única vía para elegir dichas autoridades es la contemplada en la parte in fine del artículo 81 de la Ley No. 176-07, que establece "En caso de que se produzcan vacantes en los cargos de director o vocales de los distritos municipales, serán cubiertas por decisión del concejo municipal, a solicitud del partido político, movimiento o agrupación sustentadora de la vacante que se ha producido”. Si bien mediante este argumento el accionante reconoce que las autoridades de los distritos municipales se eligen por el voto directo de los munícipes, interpreta erróneamente la aludida Disposición transitoria decimocuarta de la Constitución, que concierne a las asambleas electorales ordinarias, pues al efecto, no existe ningún impedimento para que la Junta Central Electoral autorice a la Junta Municipal Electoral de la Vega la organización de una asamblea electoral extraordinaria para elegir las autoridades del distrito municipal de Tavera.
c) En cuanto a la referida parte in fine del artículo 81 de la Ley No. 176-07, relativa a la figura de la vacancia, este Tribunal considera que en el caso del distrito municipal de Tavera resulta inaplicable, toda vez que el término “vacante” implica que: a) se haya celebrado previamente una elección por voto directo de un cargo; b) posteriormente dicho cargo quede libre, por muerte, renuncia o destitución del titular; y c) el cargo en cuestión sea cubierto por decisión del Concejo Municipal, a solicitud del partido político, movimiento o agrupación que sustentó la candidatura que genera la vacante. En relación a los artículos 12 y 13 de la Ley No.114-10, la interpretación que hace la parte accionante para justificar su argumento de que la administración central se aparta del mandato legal que le impone la referida ley, este Tribunal estima que para cumplir con la erogación de los fondos solicitados, el Ministerio de Hacienda debe asegurarse de que la petición proceda del representante legítimo de la entidad reconocida para administrarlos, lo que no ocurre en la especie. El Tribunal Constitucional, como garante de la Constitución, considera que la Administración Central está obligada a respetar la autonomía de los entes municipales como personas jurídicas de Derecho Público que gozan de patrimonio propio y de autonomía presupuestaria, por lo que la exigencia del cumplimiento de requisitos legales de los administradores de fondos públicos está sujeta al principio de legalidad de sus actuaciones. En conclusión, para el Tribunal Constitucional, el conflicto surgido a raíz de la negativa del Ministerio de Hacienda de entregar los fondos correspondientes al distrito municipal de Tavera no constituye un conflicto de competencia a la luz de la previsión constitucional y de la referida Ley No. 137-11, debido a la ilegitimidad de sus autoridades, por lo que la acción interpuesta deviene en inadmisible. Esta decisión, firmada por todos los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. En la misma figuran incorporados el voto disidente conjunto del magistrado Milton Ray Guevara, Presidente y el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez; el voto salvado del Magistrado Lino Vásquez Sámuel, Segundo Sustituto del Presidente; el voto salvado conjunto de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khouri y Wilson S. Gómez Ramírez, jueces; y el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez. En atención a todo lo antes expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la República,
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por falta de calidad, la acción de conflicto de competencia interpuesta contra el Ministerio de Hacienda por el señor Juan Belén Bautista, en representación del distrito municipal de Tavera.
SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría para su conocimiento y fines de lugar, a la parte accionante, señor Juan Belén Bautista, y al Ministerio de Hacienda.
TERCERO: DISPONER la publicación de esta sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0061/12, del 9 de noviembre de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0061-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.