Sentencia TC/0070/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 16 de abril de 2015 · Expediente TC-01-2010-0011

la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la señora Ángela Merici Mendoza Minier contra el artículo 35 de la Ley núm. 1306-Bis, de fecha veintiuno (21) de mayo de mil novecientos treinta y siete (1937).

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Derecho de igualdad · Dignidad humana

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0070/15?

La accionante tenía un interés legítimo y jurídicamente protegido, conforme a la Constitución vigente al momento de interponer la acción, porque la prohibición impugnada podía aplicársele. En cuanto al fondo, el plazo de diez meses exigido únicamente a la mujer divorciada para casarse con una persona distinta de su exesposo perseguía un fin que superaba el primer criterio del test de razonabilidad: proteger al niño o niña frente a posibles conflictos derivados de la presunción de paternidad. Sin embargo, la prueba de ADN permite hoy determinar la paternidad y cuestionar judicialmente esa presunción, por lo que la espera dejó de ser necesaria. Al no superar la norma el examen del medio empleado, el Tribunal estimó innecesario examinar la relación entre el medio y el fin (TC/0070/15, numeral 8, 8.1–8.4, pág. 5; TC/0070/15, numeral 8, 8.5–8.6, pág. 6; TC/0070/15, numeral 9, 9.1–9.3, pág. 7; TC/0070/15, numeral 9, 9.7–9.10, pág. 9; TC/0070/15, numeral 9, 9.14, pág. 11; TC/0070/15, numeral 9, 9.15–9.16, pág. 12; TC/0070/15, numeral 9, 9.18–9.20, pág. 14).

La prohibición también vulneraba la dignidad humana: mantenerla pese a que existen pruebas sencillas y confiables para determinar un embarazo supone presumir que la mujer podría ocultar a su nuevo esposo un embarazo fruto del matrimonio anterior, lo que constituye una falta de respeto a su condición de persona (TC/0070/15, numeral 9, 9.21–9.23, pág. 15; TC/0070/15, numeral 9, 9.24, pág. 16).

Decisión

El Tribunal declaró admisible en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad y declaró nulo el artículo 35 de la Ley núm. 1306-Bis por ser contrario a la Constitución. Declaró el proceso libre de costas y ordenó notificar la decisión a la accionante y al Congreso Nacional, así como publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“En efecto, actualmente en el ámbito judicial se permite cuestionar la presunción de paternidad mediante la prueba de ADN.” (TC/0070/15, numeral 9, 9.14, pág. 11).
“Como la norma cuestionada de inconstitucional no supera el segundo de los criterios empleados por este tribunal para la evaluación de su razonabilidad, resulta innecesaria la ponderación del tercer criterio, es decir, no es necesario entrar al análisis de la relación entre el medio y el fin perseguido.” (TC/0070/15, numeral 9, 9.18–9.20, pág. 14).
“dicha prohibición parte de una presunción de dolo consistente en que la mujer puede ocultar un estado de embarazo al nuevo esposo.” (TC/0070/15, numeral 9, 9.21–9.23, pág. 15).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 7, 38, 39.4 y 185.1.

Ley núm. 1306-Bis, sobre divorcio: artículo 35.

Código Civil: artículo 312.

Ley núm. 136-03: artículos 62 y 179.

Ley núm. 137-11: artículo 7.6.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0044/12; Resolución núm. 2008-002129 de la Sala Constitucional de Costa Rica; sentencia de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia del 4 de abril de 2012, sin número indicado en el texto.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa

8.1. En el presente caso, la determinación de la legitimación o calidad para accionar en inconstitucionalidad debe determinarse al amparo de la Constitución vigente, ya que esta fue promulgada el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), y la acción que nos ocupa fue depositada en la secretaria de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010).

8.2. La cuestión de la legitimación esta prevista en el artículo 185 de la Constitución, texto en el cual se establece que: El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido; 2) El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo; 3) Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares; 4) Cualquier otra materia que disponga la ley.

8.3. Como se observa, en el sistema de justicia constitucional dominicano tienen calidad para accionar en inconstitucionalidad órganos políticos como lo son el presidente de la República, una tercera parte de los miembros de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores y los particulares que tengan un interés legítimo y jurídicamente protegido.

8.4. En el presente caso, la acción de inconstitucionalidad la interpone un particular, la señora Ángela Merici Mendoza Minier, en tal sentido procedemos a determinar si la misma tiene un interés legítimo y jurídicamente protegido.

TC/0070/15, numeral 8, 8.1–8.4, pág. 5 — PDF oficial

8.5. El texto objeto de control de constitucionalidad es el artículo 35 de la Ley núm. 1306-bis, cuya contenido fue transcripto anteriormente y que básicamente se contrae a prohibir a la mujer divorciada casarse con una persona distinta a su ex esposo antes de que transcurran diez meses contados a partir de la fecha del pronunciamiento del divorcio.

8.6. Dada la condición de mujer de la accionante y en consecuencia, existiendo la posibilidad de que el referido texto puede aplicársele, este Tribunal Constitucional considera que tiene un interés legítimo y jurídicamente protegido.

TC/0070/15, numeral 8, 8.5–8.6, pág. 6 — PDF oficial

9. Sobre el fondo

9.1. Según lo expuesto en la instancia contentiva de la acción directa de inconstitucionalidad, la accionante considera que el requisito previsto en el referido artículo 35 de la Ley núm. 1306-bis, consistente en exigir a la mujer divorciada que espere que transcurran diez (10) meses después del divorcio para casarse de nuevo cuando se trate de una persona distinta a su exesposo, constituye una violación al principio de igualdad previsto en el artículo 39 de la Constitución, en la medida que el referido requisito no se aplica al hombre.

9.2. Ciertamente, los tratados internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria y el artículo 39 de la Constitución consagran el principio de igualdad, en particular y en lo que interesa en el presente caso, en el acápite 4 del referido texto constitucional se consagra que: La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género.

9.3. El texto cuestionado impone a la mujer que se divorcia un requisito para poder casarse de nuevo, no así al hombre, ya que mientras la mujer se le obliga a esperar diez meses, el hombre puede hacerlo en el momento que lo decida. En este caso, sin embargo, la desigual estaba razonablemente justificada, es decir, que estamos en presencia de una discriminación objetiva, en razón de que como se explicará en los párrafos que siguen, al prohibirle a una mujer casarse antes de que transcurran el referido plazo pretendía proteger al niño o niña.

TC/0070/15, numeral 9, 9.1–9.3, pág. 7 — PDF oficial

9.4. En efecto, con la prohibición objeto del análisis lo que se pretendía era evitar que la mujer llegara al segundo matrimonio en estado de embarazo, de manera deliberada o no, en razón de que se consideró, al momento de redactar la norma en cuestión, que tal situación plantearía dificultades en lo que respecta a la paternidad de la criatura, dificultades que crearían las condiciones para el surgimiento de conflictos judiciales que no solo tendrían consecuencias negativas para la cohesión y la convivencia de la familia sino que también produciría graves secuelas psicológicas al niño o niña de que se trate.

9.5. Una prohibición similar respecto del hombre divorciado en aras de respetar el principio de igualdad consagrado en el artículo 39.4 de la Constitución, carecería de sentido y de justificación, ya que por obvias razones biológicas el hecho de que el hombre divorciado se vuelva a casar antes del vencimiento del indicado plazo no generaría las indicadas dificultades.

9.6. No obstante lo anterior, el Tribunal considera que para interpretar adecuadamente el texto objeto de control de constitucionalidad, es relevante tomar en cuenta que el mismo forma parte de una ley que fue promulgada en el año 1937, época en la cual no se disponía de los métodos científicos que sobre la materia se implementan en la actualidad. De manera que, si bien la normativa pudo ser viable para la época en que fue aprobada y publicada, en la actualidad resulta obsoleta, debido a los grandes avances tecnológicos y científico alcanzados por la humanidad.

TC/0070/15, numeral 9, 9.4–9.6, pág. 8 — PDF oficial

9.7. En este orden, es importante destacar que actualmente se puede determinar con gran facilidad y certeza si una mujer está embarazada, de manera que si el interés es evitar que una mujer divorciada vaya a un segundo matrimonio en estado de gestación, tanto ella como su nuevo esposo tienen la posibilidad de realizar las pruebas correspondientes.

9.8. En coherencia con lo indicado en el párrafo anterior, conviene confrontar el texto objeto de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa con los principios y valores constitucionales en los cuales descansa el Estado Social y Democrático de Derecho que se organiza y estructura en la Constitución vigente. En particular, el análisis hermenéutico se abordará teniendo como parámetro el principio de razonabilidad y la dignidad humana, valor esencial de las democracias modernas.

9.9. En lo que concierne al principio de razonabilidad, este tribunal constitucional ha establecido que para determinar si una norma legal es razonable debe someterse a un test de razonabilidad, en el cual deben analizarse los criterios siguientes: el análisis del fin buscado, el análisis del medio empleado y, finalmente, el análisis de la relación entre el medio y el fin. (Véase Sentencia TC/0044/12 del 21 de septiembre)

9.10. En cuanto al análisis del fin buscado, la norma lo supera, porque permitir el matrimonio antes de transcurrir el referido plazo podría generar dificultades, consistentes en que el antiguo esposo pudiera reclamar la paternidad del niño o la niña nacida después del segundo matrimonio, pero antes de los diez meses, fundamentado en la presunción de paternidad previsto en el artículo 312 del Código Civil.

TC/0070/15, numeral 9, 9.7–9.10, pág. 9 — PDF oficial

9.11. En efecto, según el referido texto el hijo concebido durante el matrimonio, se reputa hijo del marido. Sin embargo, éste podrá desconocerle si prueba que el tiempo transcurrido desde los trescientos hasta los ciento ochenta días anteriores al nacimiento de este niño, estaba por ausencia o por defecto de cualquiera otro accidente en la imposibilidad física de cohabitar con su mujer.

9.12. Nos parece pertinente destacar, que para el año 1937, fecha de la norma cuestionada, un litigio en materia de paternidad representaba un verdadero trauma, fundamentalmente porque para la doctrina y jurisprudencia la referida presunción tenía categoría de dogma, hasta tal punto que la sola pretensión de cuestionar la paternidad de un niño o niña nacida dentro del matrimonio constituía un grave atentado a la integridad de la familia y a valores esenciales de la sociedad del momento. Si bien no podemos afirmar que el contexto social, cultural y político de hoy es totalmente distinto, no menos cierto es que los actores del sistema de administración de justicia cada día muestran mayor apertura a la ciencia y a la técnica, hasta tal punto que existen experiencias en que la referida presunción de paternidad ha sido superada.

9.13. El cambio de paradigma se sustenta en la prueba de ADN (siglas del ácido desoxirribonucleico), método mediante el cual es posible determinar la paternidad de un niño o de una niña con una alta probabilidad. Ciertamente, desde el año 1993 es posible identificar al padre genético con una probabilidad de un 99 %, tomando muestra del presunto padre y del hijo o hija e, inclusive, utilizando muestras de hijo o hija y de los presuntos abuelos paternos.

TC/0070/15, numeral 9, 9.11–9.13, pág. 10 — PDF oficial

9.14. En efecto, actualmente en el ámbito judicial se permite cuestionar la presunción de paternidad mediante la prueba de ADN.

TC/0070/15, numeral 9, 9.14, pág. 11 — PDF oficial

En este orden, se ha establecido lo siguiente: Considerando, que, sin embargo, con respecto al alegato de los recurrentes de que la prueba de paternidad no puede dejar sin efecto la presunción del artículo 312 del Código Civil, esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, reitera el criterio de principio ya establecido, que la prueba de ADN, nombre genérico con que se designa el ácido desoxirribonucleico, sustancia responsable de transmisión de los caracteres hereditarios, ha pasado a constituir un elemento fundamental en las investigaciones forenses, biológicas, médicas, de ingeniería genética y en todo estudio científico en el que se hace necesario un análisis genético; que, en ese orden, es hoy admitido que la prueba de ADN es la manera más precisa y concluyente de determinar la paternidad más allá de toda duda razonable, relegando a un segundo plano la presunción de paternidad, por el avance científico en esta materia, del artículo 312 del Código Civil, señalado; que, en la especie, siendo esta prueba practicada al demandante original hoy recurrido Víctor José de Marchena de la Cruz, y al menor FJ (…), para determinar la relación de filiación - paternidad biológica de dicho señor con el menor, prueba que fue ponderada por los jueces del fondo con un resultado de probabilidad de noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento (99.99%), no resulta razonable, por consiguiente, descartar esos resultados como medio de prueba, como lo ha admitido esta Cámara Civil en su sentencia del 19 de noviembre de 2008, a cuyos términos, y para refrendar la apreciación de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, dijo lo siguiente: “que el medio por excelencia para determinar la filiación de una persona respecto de sus progenitores es la prueba del ADN la que fue realizada en el Laboratorio Patria Rivas a requerimiento de dicha Corte, ante la imposibilidad de su realización no obstante haber sido ordenada por el tribunal de primer grado, dando como resultado según las hojas de investigación de filiación del 7 de abril de 2005, emitido por el indicado laboratorio, que al carecer dicho menor de los marcadores genéticos que debió aportarle para poder ser el padre biológico: Probabilidad de paternidad 0.00%.

TC/0070/15, numeral 9, 9.14, pág. 11 — PDF oficial

Con iguales resultados fue excluido de ser padre biológico de la menor; que, en efecto, como lo apreció la corte a-qua, los progresos de la medicina han modificado el empleo de los sistemas clásicos que reposan en presunciones, pues lo que se precisa es la determinación de la verdad biológica; que el uso, al alcance de los tribunales de la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico), cuyo análisis a través de la sangre permite identificar al padre con una probabilidad cercana a la certidumbre de un 99%, hoy es de uso frecuente e incluso puede ser ordenada de oficio por el juez; que, el uso de la citada prueba científica ha podido determinar que, en la especie, pudo llegarse a la certidumbre”;(véase sentencia dictada por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, el 4 de abril de 2012).

TC/0070/15, numeral 9, 9.14, pág. 11 — PDF oficial

9.15. La utilización de la prueba del ADN tiene su base legal en los artículos 62 y 179 de la Ley núm. 136-03, Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En efecto, de la interpretación conjunta de los referidos textos se advierte la posibilidad de investigar la paternidad de los menores utilizando los métodos científicos.

9.16. En cuanto al medio empleado, resulta evidente que el mismo no se justifica en la actualidad, ya que conforme a lo expuesto anteriormente, para evitar dificultades en la determinación de la paternidad de una niña o de un niño existe la referida prueba de ADN, de manera que no es necesario condicionar un segundo matrimonio de la mujer a que espere que transcurra el plazo de diez meses previsto en la norma cuestionada.

TC/0070/15, numeral 9, 9.15–9.16, pág. 12 — PDF oficial

9.17. Cabe destacar que en una especie similar a la que nos ocupa, la Sala Constitucional de Costa Rica, mediante la Resolución núm. 2008-002129, dictada el catorce (14) de febrero de dos mil ocho (2008), estableció que: Como se indicó en el considerando anterior, estima la Sala que si la finalidad de establecer el requisito que se impugna es proteger el derecho del menor a saber quiénes son sus padres, y este fin queda satisfecho en la actualidad en forma inequívoca con otras figuras jurídicas, el requisito efectivamente se vuelve irrazonable, no sólo como se indicó, por ser innecesario, sino porque impone una condición que por extrema, se convierte en una barrera para el matrimonio de la mujer, como es el tener que conseguir, no uno sino dos dictámenes, no de un médico oficial sino de dos, lo que es en nuestro medio una condición de difícil acceso para cualquier persona promedio. Cabe agregar que si bien es cierto el Código de Familia establece tanto un sistema de presunciones como uno demostrativo, para proteger el derecho a la filiación de los menores en resguardo de su interés superior y del artículo 53 Constitucional, basta con que el ordenamiento interno garantice el derecho del menor a saber quiénes son sus padres, para que el ordenamiento cumpla con el fin constitucional. En ese sentido alcanza para los efectos de esta acción, con que a posteriori y en forma retroactiva se puedan dar efectos a la filiación a través de los mecanismos demostrativos que establece el propio Código de Familia. No se afecta el sistema de prevenciones, ni este pierde su logicidad frente a otras situaciones, simplemente que estima la Sala que exigir los requisitos mencionados como condición para celebrar el matrimonio de una mujer en las condiciones señaladas, resultan innecesarios e irrazonables, pues aunque el matrimonio celebrado en esas condiciones llegara a tener validez, en vista de la relación de la norma con el artículo 28.4 del Código de Familia citado, ningún funcionario autorizado querrá razonablemente, exponerse a una sanción o a consecuencias, por realizar un matrimonio sin los requisitos establecidos en la norma impugnada (16.2). En la práctica, la norma sí tiene la posibilidad de fungir como una barrera para la celebración del matrimonio de la mujer en las condiciones señaladas en la norma impugnada.

TC/0070/15, numeral 9, 9.17, pág. 13 — PDF oficial

9.18. Resulta incuestionable la pertinencia de mencionar la Resolución núm. 2008-002129, dictada por la Sala Constitucional de Costa Rica el catorce (14) de febrero de dos mil ocho (2008), en razón de que el supuesto resuelto por esta sala es similar al que nos ocupa. En efecto, el artículo 16, inciso 2º del Código de Familia de Costa Rica prohibía el matrimonio de la mujer antes de que transcurran trescientos días contados desde la disolución o declaratoria de nulidad de su anterior matrimonio, a menos que haya habido parto antes de cumplirse ese término o se pruebe mediante dictámenes de dos peritos médicos oficiales que no existe embarazo. Por su parte, en el artículo 35 de la Ley núm. 1306-Bis, objeto de la presente acción de inconstitucionalidad se establece que “La mujer divorciada no podrá volver a casarse sino diez meses después que el divorcio haya llegado a ser definitivo, a menos que su nuevo marido sea el mismo de quien se ha divorciado”.

9.19. Como puede observarse, ambas legislaciones establecen una prohibición a la mujer divorciada de volver a casarse durante un periodo determinado de tiempo (300 días Costa Rica y 10 meses República Dominicana), razón por la cual, reiteramos, que el precedente jurisprudencial de referencia constituye un criterio de argumentación incuestionablemente válido en la especie.

9.20. Como la norma cuestionada de inconstitucional no supera el segundo de los criterios empleados por este tribunal para la evaluación de su razonabilidad, resulta innecesaria la ponderación del tercer criterio, es decir, no es necesario entrar al análisis de la relación entre el medio y el fin perseguido.

TC/0070/15, numeral 9, 9.18–9.20, pág. 14 — PDF oficial

9.21. Pero resulta que el texto cuestionado no solo desconoce el principio de razonabilidad, sino también la dignidad humana, violación que es gravísima, si tomamos en cuenta que el valor dignidad humana es el pilar esencial del Estado dominicano; así lo establece el artículo 7 de la Constitución, texto según el cual La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

9.22. En igual sentido se pronuncia el constituyente en el artículo 38, cuando consagra que: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

9.23. El valor dignidad humana implica que todas las personas, por el solo hecho de ser personas, tienen derecho a ser tratadas, siguiendo los patrones culturales socialmente validados, con respeto y consideración. De ahí que, prohibir a la mujer que contraiga nueva nupcias, antes de que transcurran diez meses de la fecha del divorcio, constituye una desconsideración e irrespeto a su condición de persona, porque dicha prohibición parte de una presunción de dolo consistente en que la mujer puede ocultar un estado de embarazo al nuevo esposo.

TC/0070/15, numeral 9, 9.21–9.23, pág. 15 — PDF oficial

9.24. Ciertamente, los avances tecnológicos permiten a la mujer determinar, mediante procedimiento sencillo y confiable, si se encuentra en estado de embarazo al momento de contraer la nueva nupcias y comunicarlo a su nuevo esposo, de manera que mantener en la actualidad la prohibición del matrimonio solo se explicaría, si partimos del supuesto indigno de que la mujer puede ocultar a su nuevo esposo un estado de embarazo fruto de la relación matrimonial anterior. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0070/15, numeral 9, 9.24, pág. 16 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad incoada por la señora Ángela Merici Mendoza Minier contra el artículo 35 de la Ley núm. 1306-Bis, de fecha veintiuno (21) de mayo de mil novecientos treinta y siete (1937).

SEGUNDO: DECLARAR nulo el artículo 35 de la Ley núm. 1306-Bis, de fecha veintiuno (21) de mayo de mil novecientos treinta y siete (1937), sobre divorcio por ser contrario a la Constitución.

TERCERO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, vía Secretaría, a la accionante señora Ángela Merici Mendoza Minier y al Congreso Nacional de la República Dominicana.

CUARTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011).

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0070/15, del 16 de abril de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0070-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.