Sentencia TC/0071/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 23 de abril de 2015 · Expediente TC-05-2014-0064

recurso de revisión de amparo incoado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, los miembros de la Comisión de Exaltación creada por la Ley núm. 4-13, del 15 de enero de 2013; y José Antonio Rodríguez, contra la Sentencia núm. 040-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil catorce (2014).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0071/15?

El recurso de revisión tiene especial trascendencia constitucional porque permite examinar el alcance del amparo de cumplimiento, el derecho de defensa en la valoración de la prueba y los derechos e intereses colectivos y difusos (TC/0071/15, numeral 10, a–d, pág. 16). El juez de amparo reconoció que el informe del INACIF, según el cual los restos examinados no correspondían a los del coronel Caamaño, constaba en el expediente y había quedado sometido al debate. Al no ponderarlo por considerar que la experticia no debió realizarse, infringió el deber de valoración racional y lógica de la prueba y vulneró la igualdad procesal, la paridad probatoria, el derecho de defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, lo que justificó revocar la sentencia (TC/0071/15, numeral 11, d–f, pág. 18; TC/0071/15, numeral 11, g–i, pág. 19; TC/0071/15, numeral 11, j–l, pág. 20).

Al conocer el amparo de cumplimiento, el Tribunal reconoció la legitimación de los accionantes para defender el patrimonio histórico y cultural de la nación y constató que habían requerido previamente a la autoridad el cumplimiento del deber legal (TC/0071/15, numeral 11, m–o, pág. 21; TC/0071/15, numeral 11, p–s, pág. 22). La Ley núm. 4-13 manda trasladar los restos del coronel Caamaño, no los de otra persona, y no prohíbe al Ministerio de Cultura ni a la Comisión de Exaltación disponer estudios para verificar su identidad. La comprobación científica de la autenticidad es condición previa al traslado material, pues depositar restos ajenos en el Panteón de la Patria podría dañar el patrimonio histórico y cultural. Ante la posibilidad de que los restos no se encuentren o no puedan autenticarse, el Tribunal consideró procedente exhortar, excepcionalmente en revisión de amparo, a realizar un traslado simbólico (TC/0071/15, numeral 11, t–v, pág. 23; TC/0071/15, numeral 11, w–y, pág. 23; TC/0071/15, numeral 11, z–bb, pág. 24; TC/0071/15, numeral 11, cc, pág. 25).

Decisión

Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión, revoca la Sentencia núm. 040-2014 y declara el recurso libre de costas. Acoge parcialmente el amparo de cumplimiento, ordena el traslado de los restos del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la Patria, difiere su ejecución hasta que se compruebe científicamente y de manera irrefutable su autenticidad, y exhorta a la Comisión de Exaltación a realizar el acto in-memoriam de traslado simbólico.

Citas textuales clave

“El principio de igualdad en materia probatoria se traduce en la posibilidad de que cada parte pueda ofrecer y producir pruebas, y que logre además conocer las pruebas aportadas por su adversario, para que la sentencia a intervenir sea una consecuencia razonada del derecho en discusión, en relación con los hechos demostrados en el proceso.” (TC/0071/15, numeral 11, j–l, pág. 20)
“En ese sentido, la seguridad de la autenticidad de dichos restos constituye un aspecto indispensable para el cumplimiento de la Ley Núm. 4-13, aspecto cuya inobservancia pudiera causar un daño al patrimonio histórico y cultural de la nación, el cual se concretizaría con el traslado al espacio sagrado del Panteón de la Patria de unos restos distintos al que ordena la Ley Núm. 4-13.” (TC/0071/15, numeral 11, w–y, pág. 23)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 40.15, 66.3, 69.4 y 72.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 47, párrafo III, 88 y su párrafo, 94, 100, 105, párrafo II, y 107.

Ley núm. 41-00: artículo 47, incluido su párrafo III.

Ley núm. 4463: artículos 2 y 4.

Ley núm. 4-13: mandato de exaltación y traslado de los restos al Panteón de la Patria.

Precedentes que cita el Tribunal

TC-0007-12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el conflicto se contrae a que en fecha quince (15) de enero de dos mil trece (2013) el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Núm. 4-13, mediante la cual creó la Comisión de Exaltación del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la Patria, otorgando un plazo de noventa (90) días a la comisión para organizar dichos actos de exaltación. La Comisión conformada a tales fines, previo al traslado de los restos que han sido señalados como los del Héroe de Abril, solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizar las pruebas y exámenes científicos correspondientes, con la finalidad de determinar la autenticidad de dichas osamentas, por lo que los señores Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Alberto Caamaño Vélez incoaron un amparo de cumplimiento por ante la Segunda Sala de tribunal Superior Administrativo. Dicho Tribunal acogió la acción y ordenó a la Comisión de Exaltación cumplir con el traslado de los restos del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la Patria, fijando en su contra un astreinte de Cinco Mil pesos (RD$5,000.00) diarios por cada día de retardo sin ejecutar la decisión. No conforme con esa sentencia los Miembros de la Comisión de Exaltación, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, y el señor José Antonio Rodríguez, incoaron el presente recurso de revisión de amparo por ante este Tribunal Constitucional.

TC/0071/15, numeral 8, pág. 15 — PDF oficial

10. Admisibilidad del recurso de revisión

El Tribunal Constitucional ha estimado que el presente recurso de revisión resulta admisible, en atención a las siguientes razones:

a. Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.

b. En tal virtud, el artículo 100 de la referida ley número 137-11 establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional, facultando al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

c. Este tribunal fijó su posición en relación a la aplicación del referido artículo 100 (TC-0007-12, del 22 de marzo de 2012), estableciendo que la mencionada condición de la especial trascendencia como requisito de admisibilidad, sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, en aquellos que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales.

d. En ese tenor, el recurso de revisión constitucional de amparo que nos ocupa, tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que se evidencia un conflicto que permitirá al Tribunal Constitucional analizar los siguientes criterios: a) el alcance del amparo de cumplimiento; b) El alcance del derecho de defensa, en su modalidad de ponderación adecuada de la prueba sometida, y c) La definición de los derechos e intereses colectivos y difusos.

TC/0071/15, numeral 10, a–d, pág. 16 — PDF oficial

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión

a. En el presente recurso de revisión, los recurrentes alegan que el tribunal a-quo, incurrió en un agravio al derecho de defensa, toda vez que no ponderó adecuadamente la prueba aportada, ya que en su decisión hace caso omiso a la experticia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), sin referirse a esta en sus motivaciones, en lo que concierne a su valor probatorio.

b. Alegan además los recurrentes, que el fallo impugnado afecta sus derechos fundamentales: el derecho a la información consagrado en el artículo

49.1 de la Constitución y el derecho a la dignidad humana (Artículo 38).

c. Con relación al primer argumento, la parte recurrente aduce que el Tribunal a-quo incurrió en una violación al derecho de defensa, ya que el mismo no cumplió con lo dispuesto en el artículo 88 y su párrafo único de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que expresa lo siguiente: Artículo 88. Motivación de la Sentencia. La sentencia emitida por el juez podrá acoger la reclamación de amparo o desestimarla, según resulte pertinente, a partir de una adecuada instrucción del proceso y una valoración racional y lógica de los elementos de prueba sometidos al debate. Párrafo. En el texto de la decisión, el juez de amparo deberá explicar las razones por las cuales ha atribuido un determinado valor probatorio a los medios sometidos a su escrutinio, haciendo una apreciación objetiva y ponderada de los méritos de la solicitud de protección que le ha sido implorada.

TC/0071/15, numeral 11, a–c, pág. 17 — PDF oficial

d. En cuanto a este argumento, el Tribunal Constitucional observa que el juez del amparo había suspendido de oficio, hasta orden en contrario, las pruebas de ADN que realizaba el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a solicitud del Ministerio de Cultura y de la Comisión de Exaltación, y ordenó a dicho Instituto rendir un informe en donde se señale el procedimiento a utilizar para realizar la referidas pruebas de ADN.

e. No obstante lo anterior, la parte accionante reconoció en audiencia pública celebrada en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil trece (2013), que recibió vía la secretaría del tribunal a quo, el informe contentivo de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, por mandato de los accionados, por lo que solicitó un plazo de dos (2) semanas para estudiar esos documentos que depositara la parte accionada.

f. Del estudio del fallo impugnado mediante el presente recurso se comprueba que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo reconoce que la parte accionada depositó los documentos contentivos del informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que establecían que los restos examinados no se correspondían con los del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, disponiendo dicho tribunal que la parte accionante debía estudiar dichos documentos depositados por la parte accionada, los cuales “constaban en el expediente”, con lo que explícitamente, el tribunal a-quo daba como un hecho que el resultado de la experticia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, era una pieza que formaba parte del expediente, por lo que la misma quedaba sometida al debate por ser del conocimiento de las partes y del propio Tribunal.

TC/0071/15, numeral 11, d–f, pág. 18 — PDF oficial

g. En todo proceso contencioso debe ser observado el principio de igualdad entre las partes intervinientes, según el cual los interesados principales deben ser tratados de forma igualitaria, o sea que los litigantes deben tener las mismas oportunidades de actuación dentro del proceso, sin que ninguno se encuentre en situación de inferioridad.

h. El principio de igualdad en el ámbito de un proceso es la manifestación del principio general de "igualdad de armas" que garantiza que las partes dentro del proceso van a contar con idénticas oportunidades y potestades al momento de exponer y defender sus pretensiones, con inmediación de la pruebas y con el derecho de contradicción plenamente garantizado; Por ello, cuando se vulnera este principio también se afecta el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 69 de la Constitución: Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa.

i. Todo lo anterior es lo que garantiza una absoluta paridad de condiciones de los justiciables, lo cual se traduce en una garantía al derecho constitucional de defensa, y es un criterio jurídico universal que para el ejercicio de este derecho de defensa, se requiere que las pretensiones de las partes sean debidamente exteriorizadas por la vía de la acción, de la excepción o de la reconvención, y que las mismas puedan ofrecer las pruebas indispensables para fundamentar sus exigencias, evitando que uno de los litigantes goce de mayores oportunidades de ser oído y de aportar sus pruebas.

TC/0071/15, numeral 11, g–i, pág. 19 — PDF oficial

j. El principio de igualdad en materia probatoria se traduce en la posibilidad de que cada parte pueda ofrecer y producir pruebas, y que logre además conocer las pruebas aportadas por su adversario, para que la sentencia a intervenir sea una consecuencia razonada del derecho en discusión, en relación con los hechos demostrados en el proceso.

k. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, dispuso en el párrafo XXIV, pagina 25 y 26 de la sentencia impugnada, que la Comisión de Exaltación debía proceder “a cumplir con el deber omitido frente a los restos del héroe de abril que fueron identificados como tales por los estudios que admitió como buenos y validos el Congreso Nacional, y que posteriormente fueron sometidos a la experticia no autorizada por la ley que realizo el Inacif”, no obstante, dicho tribunal haber admitido en las motivaciones de su fallo que los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y depositados por la parte accionada constaban en el expediente, por lo que al fallar como lo hizo, el tribunal a-quo no ponderó dichos análisis, bajo el argumento de que los mismos no debieron de haberse realizado, coartando con ello a los accionados su derecho a que las pruebas aportadas fueren debidamente ponderadas, violentando así su derecho a una adecuada instrucción del proceso y a una valoración racional y lógica de los elementos de prueba sometidos al debate, tal y como lo establece el artículo 88 de la Ley núm. 137-11.

l. Por todo lo antes expuesto el tribunal a-quo incurrió en una conculcación a los principios de igualdad procesal y de paridad probatoria, lo que conlleva una violación al derecho de defensa y al debido proceso y tutela judicial efectiva en perjuicio de los recurrentes, por lo que este Tribunal procede a revocar la sentencia recurrida y a conocer de la acción de amparo interpuesta por los accionantes.

TC/0071/15, numeral 11, j–l, pág. 20 — PDF oficial

m. Los señores Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Alberto Caamaño Vélez incoaron una acción de amparo de cumplimiento por ante la Segunda Sala de tribunal Superior Administrativo, con el objetivo de “que se ordene al Ministerio de Cultura de la República Dominicana y a la Comisión de Exaltación dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 4-13, en razón de que sean trasladados al Panteón de la Patria los restos que fueron exhumados del Cementerio Nacional de la Máximo Gómez, (…) pertenecientes a quien en vida se llamó Francisco Alberto Caamaño Deñó”.

n. La naturaleza del derecho que los accionantes buscan proteger se enmarca dentro de los denominados derechos colectivos y difusos, pues fundamentan su acción, no en la conculcación de derechos fundamentales personales o individuales, sino en una supuesta vulneración al patrimonio histórico y cultural de la nación. Los derechos colectivos y difusos se encuentran reconocidos por el artículo 66 de la Constitución, en cuyo numeral 3) se consigna el deber del Estado de proteger y preservar el patrimonio cultural, histórico, urbanístico, arquitectónico y arqueológico de la nación.

o. La garantía de estos derechos está consagrada en el artículo 72 de la Constitución, y el párrafo II del artículo 105 de la Ley 137-11, otorga legitimación a cualquier persona para incoar amparo de cumplimiento cuando se trate de “la defensa de derechos colectivos y del medio ambiente o intereses difusos o colectivos”, por lo que los accionantes están legitimados para interponer la acción de amparo de cumplimiento incoada.

TC/0071/15, numeral 11, m–o, pág. 21 — PDF oficial

p. La Ley Núm. 318 sobre el Patrimonio Cultural de la Nación de fecha 19 de junio de 1968 fue modificada por la Ley Núm. 41-00 de fecha 28 de junio del 2000, que creó la Secretaría de Estado de Cultura (actualmente Ministerio de Cultura), y en su artículo 47 le asigna la facultad de proteger el patrimonio cultural de la nación, y de tomar las disposiciones de lugar, agregando en la parte in fine del párrafo III de dicho artículo que la Secretaria de Cultura“(…) elaborará un plan especial de protección, en colaboración con las demás autoridades y organismos del nivel nacional.”

q. En la especie, la parte accionante solicitó al Ministerio de Cultura de la República Dominicana dar cumplimiento a la Ley núm. 4-13, que dispone la exaltación y el traslado de los restos del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la Patria, según consta en el cuerpo argumentativo de la sentencia impugnada (página 2), donde se describe que en fecha 6 de agosto de 2013, los accionantes enviaron una carta al Ministerio de Cultura exigiendo el cumplimiento de la ley 4-13 y que en fecha 23 de agosto de 2013 el Ministerio, en respuesta a la solicitud de cumplimiento explicó que la Comisión de Exaltación había decidido apoderar al Inacif para realizar estudios científicos para determinar la autenticidad de los restos señalados.

r. Con la realización del trámite señalado en el párrafo anterior, los accionantes observaron el requisito establecido en el artículo 107 de la Ley núm. 137-11, es decir, que se exigió a la autoridad demandada el cumplimiento del deber legal o administrativo alegadamente omitido.

s. En la especie, la parte accionante solicita que el Ministerio de Cultura de la República Dominicana y la Comisión de Exaltación, den cumplimiento a la Ley núm. 4-13, que dispone la exaltación y el traslado de los restos del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la Patria.

TC/0071/15, numeral 11, p–s, pág. 22 — PDF oficial

t. De su lado, la parte accionada fundamenta su actuación en el hecho de que la ejecución de la Ley No. 4-13 promulgada el 15 del mes de enero del 2013, dispone el traslado de los restos del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la Patria, por lo que “sería contraproducente trasladar unos restos, que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinó por vía científica que no correspondían con los del finado Héroe Nacional”, y que por lo tanto se encuentra conminada a trasladar unos restos mortales que se ha determinado, mediante estudio científico, que no se corresponden con los restos del héroe nacional.

u. Al respecto, es necesario señalar que la Ley Núm. 4463 del 2 de junio de 1956, que creó el Panteón de la Patria, señala en su artículo 2 lo siguiente: El Panteón de la Patria estará dedicado especialmente a guardar los despojos de los próceres y hombres ilustres dominicanos para que descansen en un ambiente religioso”.

v. El artículo 4 de la misma Ley agrega en su parte in fine lo siguiente: “Así mismo podrá el poder ejecutivo disponer el traslado al Panteón de la Patria, de los restos de preclaros dominicanos que se encuentren en cualquier otro sitio.” Esto significa que el solemne recinto del Panteón de la Patria está reservado para los héroes, próceres y figuras dominicanas ilustres, condición que le ha sido reconocida al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó.

TC/0071/15, numeral 11, t–v, pág. 23 — PDF oficial

w. Este tribunal constitucional entiende que al tratarse la especie de la figura del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, un héroe nacional cuyo legado forma parte del patrimonio histórico y cultural de la República Dominicana, el traslado de sus restos al Panteón de la Patria constituye un acontecimiento de interés nacional, y es de alta trascendencia que su traslado al Panteón de la Patria esté revestido de certeza en relación a la autenticidad de sus restos. En ese sentido, la seguridad de la autenticidad de dichos restos constituye un aspecto indispensable para el cumplimiento de la Ley Núm. 4-13, aspecto cuya inobservancia pudiera causar un daño al patrimonio histórico y cultural de la nación, el cual se concretizaría con el traslado al espacio sagrado del Panteón de la Patria de unos restos distintos al que ordena la Ley Núm. 4-13.

x. Cabe señalar que dichas pruebas científicas fueron realizadas por una entidad oficial con competencia y autoridad para ello y que nada impedía que el Ministerio de Cultural y Comisión de exaltación dispusiera la realización de tales pruebas, ya que lo hacían en cumplimiento de la atribución que le otorga la Ley núm. 41-00, de fecha 28 de junio del 2000.

y. Con la realización de la referida experticia por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, los accionados perseguían asegurarse de que los restos a ser exaltados al panteón de la Patria fuesen los mismos que la Ley Núm. 4-13 consigna, es decir, los del héroe nacional Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, para así dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Núm. 4463 del 2 de junio de 1956, que creó el Panteón de la Patria, que exige que los despojos guardados allí correspondan a “los próceres y hombres ilustres dominicanos”.

TC/0071/15, numeral 11, w–y, pág. 23 — PDF oficial

z. El artículo 40 de la Constitución, en su numeral 15, establece que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe (…), y en ese sentido el mandato de la Ley núm. 4-13, del 15 de enero del 2013, es que sean exaltados y trasladados al Panteón Nacional los restos del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, y en ninguna de sus disposiciones prohíbe que el Ministerio de Cultura y la Comisión de Exaltación puedan realizar los estudios que considere pertinentes, en ejercicio de sus atribuciones para certificar la autenticidad de dichos restos, sin dejar lugar a ninguna duda, por lo que este requisito es una cuestión previa al traslado material de estos restos, y este Tribunal concluye que procede admitir el presente recurso de revisión y revocar la decisión impugnada.

aa. Este tribunal, no obstante la decisión a tomar, reconoce con justicia el valor, arrojo, patriotismo y defensa de los valores democráticos de la nación por el Presidente Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien fuera elegido presidente Constitucional por el Congreso Nacional en fecha tres (3) de mayo del mil novecientos sesenta y cinco (1965), hasta cesar en sus funciones el tres (3) de septiembre, tras la firma del Acta de Reconciliación Nacional, por ser el mismo figura emblemática, paradigma y símbolo de los dominicanos de la guerra de Abril.

bb. Es compromiso del Estado Dominicano preservar en la memoria patria la trayectoria y aportes de sus próceres, lo cual es expresado en el considerando séptimo de dicha Ley cuando expresa: Que es deber del Estado dominicano exaltar al más alto espacio de homenaje nacional, el Panteón de la Patria, a los héroes y patriotas dominicanos que lucharon y dieron su vida por la democracia, el respeto por la Constitución, los derechos fundamentales y el bienestar social de todos los dominicanos y dominicanas.

TC/0071/15, numeral 11, z–bb, pág. 24 — PDF oficial

cc. Es por lo anterior, que el Tribunal Constitucional ha considerado que en vista de la naturaleza del hecho y las circunstancias en la que el Coronel Caamaño ofrendó su vida, es probable que sus restos físicos pudieren no ser encontrados o recuperados y posteriormente cerciorada su autenticidad, lo que hace de difícil cumplimiento lo dispuesto por la Ley de llevar sus osamentas al Panteón de la Patria, lo que podría privar al pueblo dominicano de honrar al héroe en el lugar reservado para enaltecer por siempre las glorias de sus grandes hombres y mujeres, por lo que no obstante a que las sentencias interpretativas-exhortativas estar técnicamente reservadas para los procedimientos en inconstitucionalidad (acorde al artículo 47, Párrafo III de la Ley 137-11), este tribunal constitucional, en procura de cumplir su misión de garantizar la eficacia de la justicia constitucional, procederá de manera excepcional, por la complejidad del caso, aun tratándose de una revisión de amparo, a exhortar a la Comisión de Exaltación creada por la Ley núm. 4-13 del 15 de Enero de 2013, a realizar el acto in-memoriam, del traslado simbólico de la figura del héroe nacional, al Panteón de la Patria, como un reconocimiento de su respeto a los conceptos y valores de la constitucionalidad, y la lucha por la soberanía del país llevada a cabo por el Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, lo cual se corresponde con el objetivo expresado por dicha Ley. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; y Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por todo las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0071/15, numeral 11, cc, pág. 25 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión, incoado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, los miembros de la Comisión de Exaltación creada por la Ley núm. 4-13, del 15 de enero de 2013; y el Señor José Antonio Rodríguez, contra la Sentencia núm. 040-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil catorce (2014).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, los miembros de la Comisión de Exaltación creada por la Ley núm. 4-13, del 15 de enero de 2013; y el Señor José Antonio Rodríguez, y en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 040-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil catorce (2014), por las razones expuestas en la argumentación de la presente decisión.

TERCERO: ACOGER, parcialmente, en cuanto al fondo, la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por los señores Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Alberto Caamaño Vélez, en contra del Ministerio de Cultura de la República Dominicana y los miembros de la Comisión de Exaltación creada por la Ley núm. 4-13, del 15 de enero de 2013, y ORDENAR el traslado de los restos del héroe nacional, Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, y diferir el cumplimiento de este mandato a la fecha en que sea comprobada por medio científicos, de manera irrefutable, la autenticidad de los mismos.

CUARTO: EXHORTAR, a la Comisión de Exaltación creada por la Ley núm. 4-13 del 15 de enero de 2013, la realización del acto in-memoriam del traslado simbólico de la figura del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la Patria.

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la referida ley núm. 137-11.

SEXTO: ORDENAR que la presente sentencia sea comunicada por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ministerio de Cultura de la República Dominicana, los miembros de la Comisión de Exaltación creada por la Ley núm. 4-13, del 15 de enero de 2013; y al Señor José Antonio Rodríguez, así como a la parte recurrida, señores Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Alberto Caamaño Vélez.

SEPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0071/15, del 23 de abril de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0071-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.