Sentencia TC/0084/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 4 de junio de 2013 · Expediente Expediente No. TC-04-2012-0045

Recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado por el señor Alejandro Alberto Paulino Vallejo contra la Sentencia No. 105 dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de vinculatoriedad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0084/13?

En la colisión entre el libre acceso a la información pública y la protección de los datos personales, la intimidad solo puede restringir excepcionalmente el acceso a información que permite fiscalizar el uso de los fondos públicos. Los nombres y apellidos no son datos sensibles, y el acceso comprende los nombres, apellidos, salarios y bonos de quienes perciben fondos del Estado. Por ello, la Suprema Corte de Justicia interpretó incorrectamente los artículos 17 y 18 de la Ley No. 200-04 al considerar reservada la nómina de una institución pública. En cambio, el número de cédula de identidad y electoral es un dato personal que no contribuye a la transparencia ni al control de la corrupción, por lo que las instituciones públicas no están obligadas ni tienen derecho a divulgarlo (TC/0084/13, numeral 10, c, pág. 10; TC/0084/13, numeral 10, d–f, pág. 11; TC/0084/13, numeral 10, g–h, pág. 12; TC/0084/13, numeral 10, i–k, pág. 13).

Aunque la Ley No. 137-11 dispone que, al anular una decisión jurisdiccional, se devuelva el expediente al tribunal que la dictó, no procede el envío a la Suprema Corte de Justicia. Por aplicación inmediata de las reglas procesales, la revisión de sentencias de amparo corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional tras la derogación de la Ley No. 437-06. Como no quedaba nada por juzgar, procedía confirmar la sentencia de amparo sin reenvío (TC/0084/13, numeral 10, i–k, pág. 13; TC/0084/13, numeral 10, l, pág. 13).

Decisión

Declara admisible el recurso de revisión constitucional, anula la Sentencia No. 105 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y confirma, sin reenvío, la Sentencia No. 089-2010 de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación a las partes y la publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“El derecho al libre acceso a la información pública tiene como finalidad controlar el uso y manejo de los recursos públicos y, en consecuencia, ponerle obstáculos a la corrupción administrativa.” (TC/0084/13, numeral 10, c, pág. 10).
“Lo dispuesto por este Tribunal con relación al libre acceso a la información pública no sólo aplica para las informaciones relativas a la nómina de sus asesores, sino también a aquella información que se refiera a los nombres, apellidos, salarios y bonos percibidos por todo empleado o servidor público, funcionario público, magistrados y legisladores, en fin, a toda persona que de una u otra manera perciba fondos del Estado.” (TC/0084/13, numeral 10, d–f, pág. 11).
“las instituciones públicas no están obligadas ni tienen el derecho a divulgar dicho dato.” (TC/0084/13, numeral 10, g–h, pág. 12).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 44.2, 49, 72 (parte final) y 184.

Ley No. 200-04: artículos 3.d, 17 y 18.

Ley No. 137-11: artículos 7, 53.3 y párrafo del artículo 53, 54 (incisos 9 y 10), 66 y 94.

Ley No. 437-06 (derogada): artículo 29.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/2012, TC/0042/12, TC/0052/13 y TC/0062/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

7.1. Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos invocados por la parte recurrente, el conflicto se remite a la solicitud formulada por ésta a la parte recurrida para que le entregara los documentos descritos al inicio de esta sentencia. Ante la negativa de la recurrida, la recurrente incoó una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, el que, mediante la sentencia No. 089/2010, acogió la acción y ordenó la entrega de la información solicitada. La parte perdidosa, Cámara de Diputados, recurrió en casación dicha decisión por ante la Suprema Corte de Justicia, que la casó sin envío. Contra esta última decisión, se interpuso ante este Tribunal el presente recurso de revisión constitucional.

TC/0084/13, numeral 7, 7.1, pág. 6 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional

9.1. Este Tribunal declara que el presente recurso es admisible por las siguientes razones:

a) El artículo 53 de la Ley No. 137-11, establece que el Tribunal Constitucional tiene la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), como es caso de la sentencia No. 105, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012).

b) A lo anterior se suma lo establecido por el artículo 53.3 de la ley No. 137-11, en el sentido de que el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales es admisible cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos: 1. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma. 2. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. 3. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

TC/0084/13, numeral 9, 9.1–b, pág. 7 — PDF oficial

c) En el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional, al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, comprueba que el reclamo fundamental que hace la recurrente ha sido invocado formalmente en el proceso, puesto que la acción de amparo originalmente incoada por el recurrente procura precisamente la protección de un derecho fundamental: el libre acceso a la información pública.

d) En relación con el requisito del literal b, del artículo 53.3, en efecto, se comprueba que se agotó el recurso disponible para atacar las sentencias de amparo, de conformidad con lo que había sido previsto por la derogada ley No. 437-06, que regía el antiguo régimen de amparo, y que el derecho fundamental cuya violación se invoca no fue subsanado.

e) Finalmente, en lo que se refiere al requisito consignado en el literal c, del referido artículo 53.3, la argüida violación es imputable directamente al tribunal que dictó la sentencia recurrida, es decir, a la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia.

f) Luego de verificar la concurrencia de todos los requisitos de admisibilidad del recurso, es necesario ponderar lo previsto en el párrafo del artículo 53 de la ley No. 137-11, el cual prescribe que La revisión por la causa prevista en e1 numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.

g) La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por este Tribunal en su Sentencia TC/0007/2012, de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).

TC/0084/13, numeral 9, c–g, pág. 8 — PDF oficial

h) En este caso, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso tiene especial trascendencia y relevancia constitucional porque plantea la solución de un conflicto que supone reiterar su posición respecto al alcance del derecho de acceso a la información frente al derecho a la intimidad y la protección de datos personales de los funcionarios públicos.

TC/0084/13, numeral 9, h, pág. 9 — PDF oficial

10. Sobre el presente recurso de revisión constitucional

10.1.En relación con el recurso de revisión constitucional, este Tribunal considera lo siguiente:

a) Hemos sido apoderados de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en ocasión de un conflicto generado entre la parte recurrente y la parte recurrida, en el que se evidencia una colisión entre dos derechos fundamentales: el derecho a la protección de datos personales y el libre acceso a la información pública, consagrados en los artículos 44.2 y 49 de la Constitución.

b) Mediante la sentencia recurrida, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, dispuso que el derecho de libre acceso a la información pública no es absoluto, y que encuentra sus límites cuando lo que se persigue es la divulgación de datos personales a fin de garantizar el derecho a la privacidad, protegiendo las facetas de la personalidad de las personas.

TC/0084/13, numeral 10, a–b, pág. 9 — PDF oficial

c) Contrario a lo dispuesto por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, este Tribunal Constitucional solucionó un conflicto similar, mediante sentencia No. TC/0042/12, dictada en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012) 1 , estableciendo lo siguiente: 1. Los nombres y apellidos de un individuo, aunque constituyen un medio para identificarlo como persona, no son datos que afectan a la esfera más íntima de su titular, ni consideradas informaciones personales sensibles, como sí lo serían, por ejemplo, las cuestiones ideológicas, las características personales, las condiciones de salud, la orientación sexual y el origen. 2. Los listados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, a que hace referencia el artículo 3.d, de la Ley No. 200-04, no pueden confeccionarse sin consignar sus nombres y apellidos; puesto que el nombre es un dato que permite identificar a las personas e individualizarlas. 1 Criterio además reiterado en las sentencias TC/0052/13 y TC/0062/13, de fechas nueve (9) y diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), respectivamente. 3. El derecho al libre acceso a la información pública tiene como finalidad controlar el uso y manejo de los recursos públicos y, en consecuencia, ponerle obstáculos a la corrupción administrativa. 4. Aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, al igual que la protección a los datos personales, no pueden, de manera general, aunque sí excepcionalmente, restringir el derecho de libre acceso a la información pública, ya que limitarlo despojaría a la ciudadanía de un mecanismo esencial para el control de la corrupción en la Administración Pública.

TC/0084/13, numeral 10, c, pág. 10 — PDF oficial

d) Los motivos expuestos precedentemente fueron la causa por la cual este Tribunal Constitucional acogió el recurso de revisión de sentencia de amparo precedentemente descrito, ordenando a la Cámara de Diputados de la República Dominicana el suministro de la información requerida relativa a la nómina de sus asesores.

e) Lo dispuesto por este Tribunal con relación al libre acceso a la información pública no sólo aplica para las informaciones relativas a la nómina de sus asesores, sino también a aquella información que se refiera a los nombres, apellidos, salarios y bonos percibidos por todo empleado o servidor público, funcionario público, magistrados y legisladores, en fin, a toda persona que de una u otra manera perciba fondos del Estado.

f) Respecto de las limitaciones de la protección de la vida privada de los funcionarios públicos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado –mediante jurisprudencia que nos vincula y respecto de la cual este Tribunal expresa su conformidad- que “en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente”2. En relación con el carácter de interés público, la Corte sostiene que prevalece “la protección a la libertad de expresión respecto de las opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes”3.

TC/0084/13, numeral 10, d–f, pág. 11 — PDF oficial

g) Al igual que en el caso analizado por este Tribunal Constitucional y que fuera resuelto mediante la sentencia TC/0062/13, en la especie, la parte recurrente ha solicitado, además, la información relativa al número de cédula de identidad y electoral de los empleados de la parte recurrida. Es por esta razón que conviene reiterar el criterio establecido en la referida sentencia, en el sentido de que tal información “es de carácter personal y que, además, no aporta nada en lo que respecta a la transparencia y al control de la corrupción en la administración pública, aspectos que constituyen los objetivos de la Ley No. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública”, por lo que las instituciones públicas no están obligadas ni tienen el derecho a divulgar dicho dato.

h) Además, conforme a las disposiciones del artículo 184 de la Constitución dominicana, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado; es decir, que las decisiones de este Tribunal - como la precedentemente descrita-, se traducen en verdaderas normas jurídicas que hacen parte del derecho positivo en nuestro ordenamiento jurídico y fuente directa del derecho con carácter vinculante para todos los poderes públicos, dentro de los que se encuentra la Cámara de Diputados, órgano que integra el Poder Legislativo. 2 Caso Fontevecchia y D’Amico, fallo de fecha 30 de noviembre de 2011. 3 Ibídem.

TC/0084/13, numeral 10, g–h, pág. 12 — PDF oficial

i) El artículo 54 de la Ley No. 137-11, en sus incisos 9 y 10, dispone que la decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a la secretaría del tribunal que la dictó, para que dicho tribunal conozca nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación con el derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa.

j) En virtud de lo antes expuesto, procede anular la sentencia No. 105, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), toda vez que dicha corte interpretó incorrectamente los artículos 17 y 18 de la Ley No. 200-04, al considerar que la nómina de una institución pública constituye información reservada.

k) Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley No. 137-11, ha sido derogada la ley No. 437-06 que instauraba legalmente la acción de amparo y establecía en su artículo 29 la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de casación en contra de las sentencias de amparo. Lo anterior implica que, en virtud del principio de aplicación inmediata de las reglas procesales en el tiempo, no es posible devolver a la Suprema Corte de Justicia el expediente relativo a este proceso para que conozca nuevamente del caso, por tratarse de un tribunal incompetente para revisar las sentencias de amparo, por ser competencia exclusiva de este Tribunal Constitucional, mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 94, de la Ley número 137-11.

TC/0084/13, numeral 10, i–k, pág. 13 — PDF oficial

l) No obstante, tal y como lo ha manifestado este Tribunal en las sentencias TC/0052/13 y TC/0062/13, al no quedar nada por juzgar, y en virtud de lo antes expuesto, procede confirmar la referida sentencia 089-2010, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el uno (1) de septiembre de dos mil diez (2010), sin necesidad de enviar el expediente por ante la Suprema Corte de Justicia. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Jsto Pedro Castellanos Khouri, Juez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0084/13, numeral 10, l, pág. 13 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible el recurso de revisión constitucional incoado por el señor Alejandro Alberto Paulino Vallejo contra la sentencia No. 105, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012);

SEGUNDO: ANULAR la referida sentencia No. 105, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia;

TERCERO: CONFIRMAR la Sentencia No. 089-2010, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha unos (1) de septiembre de dos mil diez (2010);

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta Sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, el señor Alejandro Alberto Paulino Vallejo; y a la parte recurrida, la Cámara de Diputados de la República Dominicana;

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7 y 66 de la referida Ley No. 137-11;

CUARTO: DISPONER que el presente auto sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0084/13, del 4 de junio de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0084-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.