Sentencia TC/0092/15
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 6 de mayo de 2015 · Expediente TC-08-2012-0062
Recurso de casación y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) y su rector, reverendo padre Dr. Ramón Alonso, contra la Sentencia núm. 0995/2010, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diecisiete (17) de septiembre de dos mil diez (2010).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0092/15?
Las sentencias de amparo solo son recurribles en revisión y en tercería. El Tribunal admitió el recurso de revisión por su especial trascendencia o relevancia constitucional, pues el caso le permitía continuar desarrollando sus precedentes sobre la protección del debido proceso como garantía de los derechos fundamentales (TC/0092/15, numeral 9, a–c, pág. 14).
La autonomía de las universidades privadas no excluye la regulación estatal ni permite ejercer la potestad disciplinaria al margen de los derechos fundamentales. Antes de imponer una sanción, la universidad debe garantizar al estudiante el ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción. En este caso, la UCSD incumplió el artículo 51 de sus Estatutos Generales, que exigía oír al estudiante afectado y formar un expediente en el que constaran los hechos atribuidos, su declaración y los elementos de convicción que sustentaran la resolución. Esa inobservancia vulneró el debido proceso y justificó confirmar la sentencia de amparo (TC/0092/15, numeral 10, 10.2.5, pág. 17; TC/0092/15, numeral 10, f–g, pág. 18; TC/0092/15, numeral 10, h–i, pág. 18; TC/0092/15, numeral 10, j–k, pág. 19; TC/0092/15, numeral 10, l–m, pág. 20).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 0995/2010. No se pronuncia en el dispositivo sobre la solicitud de suspensión por haber quedado sin objeto.
Citas textuales clave
“las reglas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” (TC/0092/15, numeral 10, h–i, pág. 18).
“De ahí que al verificarse la inobservancia en la especie de las formalidades establecidas en dicho estamento, se consolida la conculcación a la garantía de un debido proceso a los estudiantes que han sido amonestados.” (TC/0092/15, numeral 10, j–k, pág. 19).
Normas interpretadas
Constitución, artículos 63 (numerales 1, 4 y 12) y 69.10; Ley núm. 137-11, artículos 7.6, 94 y 100; Ley núm. 139-01 (sin indicación de artículo); Estatutos Generales de la UCSD, artículo 51.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0058/13; sentencias de tutela núms. 423/13 y 720/12 de la Corte Constitucional de Colombia.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el conflicto se origina en razón de que estudiantes pertenecientes a la matrícula de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) realizaron una protesta en el campus de dicha alta casa de estudios con el objetivo, según alegan, de manifestar su desacuerdo y disgusto respecto del aumento de costo en el importe a pagar por concepto de créditos e inscripción cuatrimestral, contemplado para el período cuatrimestral septiembre-diciembre del año dos mil diez (2010). Como consecuencia de la indicada manifestación, la Dirección del referido centro de estudios adoptó la decisión de suspender a los estudiantes identificados como supuestos “manifestantes”, lo cual constituyó la razón por la que los señores Alexander de Los Santos, Solange González Hidalgo, Máximo Alexander Ayala Pérez y Johanna Mabel Vásquez Segura accionaran en amparo, resultando tutelados en sus pretensiones a través de la decisión que es recurrida en casación por la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) y su rector, por no estar conformes con la misma.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en
materia de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo resulta admisible, en atención a los siguientes razonamientos:
a. Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.
b. En tal virtud, el artículo 100 de la referida ley establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional, facultando al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
c. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos del expediente que nos ocupa, consideramos que el presente caso tiene relevancia y trascendencia constitucional; la misma radica en que permitirá a este tribunal continuar con el desarrollo de sus precedentes en torno a la protección constitucional al debido proceso en el estatuto de las garantías de los derechos fundamentales.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo
a. En la especie, las partes recurrentes, Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) y su rector, formulan sus pretensiones en el orden de que el Tribunal Constitucional se avoque a casar la Sentencia núm. 0995/2010, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diecisiete (17) de septiembre de dos mil diez (2010), por considerar de una parte que en la misma el juzgador, al fallar como lo hizo, incurrió en la desnaturalización y falsa apreciación de los hechos.
b. Por otra parte, la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) sostiene que el tribunal a-quo no ponderó adecuadamente el contenido del artículo 63, numerales 5, 7,8 y 12, del texto constitucional en lo relativo al principio de autonomía de cara a la institución universitaria.
c. En procura de robustecer sus alegatos, los recurrentes sostienen que a través de dicha decisión se conculca la Carta Magna, en razón de que se pronuncia respecto de “cuestiones de autonomía universitaria plena” y por violación del artículo 63, que se refiere al derecho a la educación, y sus numerales 5, 7, 8, y 12. Estos textos indican lo siguiente: Artículo 5). El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la nación dominicana y, por consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los y las docentes; Artículo 7). El Estado debe velar por la calidad de la educación sugerir y financiará los centros y universidades públicos, de conformidad con lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Artículo 8). Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios estatutos, de conformidad con la ley. Artículo 12). El Estado garantiza la libertad de enseñanza, reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley.
d. Agregan los recurrentes que este principio de autonomía en el ámbito de los centros de estudios superiores, en lo relativo a su régimen interno, está gobernado por sus estatutos, lo cual no solo se refiere al aspecto administrativo, sino que se extiende a su potestad sancionadora y disciplinaria, lo cual pertenece al ámbito privado, por demás vedado a las competencias del juez constitucional a su entender.
e. En este tenor, es necesario formular algunas precisiones atinentes al planteamiento de marras. Destacamos que este tribunal constitucional se ha pronunciado respecto de la iniciativa privada en materia de educación, lo cual comprende también a la educación superior. Así se estableció lo siguiente:
10.2.5 Es necesario acotar que, ciertamente, en el ámbito de la enseñanza privada, el constituyente dominicano, en el artículo 63.12 de la Carta Sustantiva ha reconocido la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación, siendo consecuencia lógica de tal reconocimiento, que aquellos gocen de autonomía e independencia para organizar y dirigir los recursos humanos y financieros disponibles, así como gestionar y administrar los ingresos que reciben, con el objetivo de ofrecer y brindar una educación de calidad. 10.2.6 Sin duda alguna, de lo anterior se desprende que en este ámbito resultan implicados aspectos económicos que suelen mencionarse como parte del contenido de la libertad de empresa; empero, no debe perderse de vista que entre la citada libertad y la de crear, dirigir y administrar tales establecimientos, existe una diferencia trascendental que las separa, la cual radica en la naturaleza y los fines que se persiguen con la prestación del servicio de educación, esto es, la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida (artículo 63.1 de la Constitución), y con ello, el de la sociedad misma, dado que el derecho a la educación constituye un componente básico del derecho al desarrollo, en la medida en que resulta necesario para hacer efectivos otros derechos humanos, configurándose así como condición de todo desarrollo, tanto personal como social y cultural. Es por ello que la Constitución delega en el Estado velar por el cumplimiento de sus fines (artículo 63.4) 1 . 1 Sentencia TC/0058/13, Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
f. En este orden de ideas, cabe destacar que es precisamente por la naturaleza del derecho a la educación que el supra indicado artículo 63 de la Constitución dota en su contenido esencial al Estado de un mandato prestacional, dentro de los denominados servicios públicos. El referido mandato es correlativo al rol que no solo ha de enarbolar sino desarrollar el mismo Estado supervigilante, al fungir como ente rector en la medida en que es coherente con las funciones que desempeña, en el caso de instituciones de educación superior de la República Dominicana, como lo son las universidades, el órgano conformado al efecto, Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MEESCYT).
g. El estamento que constituye la base jurídica del consabido Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se encuentra en la Ley núm. 139-01 al considerar que la educación superior constituye una función pública que responde a los intereses generales de la comunidad nacional y su regulación corresponde al Estado dominicano, el cual, en cumplimiento de ese deber está en la obligación de velar por su normal y correcto funcionamiento; [….]. Esta disposición habilita la intervención del Estado en el ámbito de la creación y vida operativa de los indicados centros.
h. En efecto, una vez los recurridos apoderaron jurisdiccionalmente en amparo, valoramos que el juez a-quo obró adecuadamente al comprobar la transgresión a las reglas del debido proceso, aun por una actuación propia de una entidad privada, por emanar de una institución académica, tal y como sostiene la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia de tutela núm. 423/13, en torno a la vulneración ostensible por los entes universitarios al derecho constitucional del debido proceso del estudiante, al establecer que (…) debe enfatizarse que toda imposición de sanciones, inclusive en los centros docentes, debe estar precedida de la realización de un procedimiento donde se permita al implicado el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción 2 . Asimismo en esta misma decisión se afirma que, en torno a la autonomía universitaria, las prerrogativas concedidas a las instituciones universitarias no pueden interpretarse en el sentido de abandonar su regulación al entero poder discrecional de las universidades, pues estas facultades han de ser ejercidas dentro del marco que fija la Constitución Nacional, y en tal sentido, el orden público, el interés general, el bien común y, desde luego, el respeto por los derechos constitucionales fundamentales.
i. Este postulado es de igual forma asumido en nuestra Carta Sustantiva, pues es el propio texto en su artículo 69.10 que de forma expresa establece: “las reglas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.
j. De conformidad con lo consignado, en los Estatutos Generales de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), aprobados desde el año mil novecientos noventa y cinco (1995), en el apartado relativo a las sanciones a los alumnos y el procedimiento general instaurado a dichos fines consagrado en su artículo 51, se establece que en todos los casos, para poder aplicar una sanción deberá oírse al afectado y se elaborará un expediente en el que consten los hechos que se atribuyen a la persona de que se trate, la declaración de esta y los demás elementos de convicción en que se funde la resolución que se dicte. De ahí que al verificarse la inobservancia en la especie de las formalidades establecidas en dicho estamento, se consolida la conculcación a la garantía de un debido proceso a los estudiantes que han sido amonestados.
k. Asimismo, la jurisprudencia constitucional comparada también se ha pronunciado en torno a al principio de la autonomía en el ámbito de las universidades, sus alcances y sus límites, en el sentido de que: (…), a raíz de 2 Sentencia de tutela núm. 423/13, Corte Constitucional Colombia, 10 julio de 2013 la garantía constitucional de la autonomía universitaria, las instituciones educativas pueden tomar sus propias determinaciones en temas como aspectos financieros, académicos, disciplinarios, entre otros; pero esto no significa que las universidades tengan una potestad absoluta en estos temas, pues la Corte ha instituido que, las disposiciones y actuaciones de las universidades deben ajustarse a la Constitución Política y a las leyes. Por consiguiente si bien este Tribunal ha reconocido como expresión de esa autonomía universitaria la facultad de definir los reglamentos estudiantiles, lo cierto es que estos tienen como límite, entre otros, la garantía de los derechos fundamentales 3 .
l. De modo que este tribunal refrenda el contenido de la sentencia objeto de revisión, en tanto que ha sido rendida de conformidad con la Constitución y en atención a las competencias pautadas por la Carta Magna y la Ley núm. 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, y se fundamenta en derecho.
m. En cuanto a la solicitud de suspensión, no es necesario referirnos a esta en el dispositivo, en virtud de que carece de objeto como consecuencia de la decisión adoptada por este tribunal en la especie. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Hermógenes Acosta de los Santos, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. No figura la firma del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, por motivo de inhibición voluntaria. 3 Sentencia de tutela núm. 720/12, de la Corte Constitucional, del 18 de septiembre de 2012. Vlex Global. Disponible 16.9.2014. Las negrillas son nuestras. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) y su antiguo rector, reverendo padre Dr. Ramón Alonso, contra la Sentencia núm. 0995/2010, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diecisiete (17) de septiembre de dos mil diez (2010).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 0995/2010, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diecisiete (17) de septiembre de dos mil diez (2010).
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) y, su actual rector, reverendo padre Jesús Castro Marte, y a las partes recurridas, señores Alexander Rafael De los Santos, Máximo Alexander Ayala Pérez, Solange González Hidalgo y Johanna Mabel Vásquez Segura.
TERCERO: DECLARAR los procedimientos de este proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
CUARTO: ORDENAR su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0092/15, del 6 de mayo de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0092-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.