Sentencia TC/0093/16
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 13 de abril de 2016 · Expediente TC-01-2012-0096
la acción directa de inconstitucionalidad incoada por César M. Sánchez de los Santos contra los numerales 4 en su parte infine y 9, del artículo 170, así como del artículo 171 de la Resolución núm. 942-2004, que modifica el Reglamento de Carrera Judicial, dictada por la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de junio de dos mil cuatro (2004).
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Temas: Derecho a la libertad · Derecho de propiedad · Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0093/16?
El accionante tiene legitimación para impugnar por vía directa las normas que se le aplicaron en el proceso disciplinario. Aunque el procedimiento disciplinario no exige las mismas formas que el penal, debe respetar las garantías mínimas del artículo 69 de la Constitución, incluido el derecho a un juzgador imparcial. El Consejo del Poder Judicial no compromete su imparcialidad objetiva al limitarse a archivar la denuncia o abrir el expediente, pero sí al ordenar la ampliación de las actuaciones de la Inspectoría Judicial: al entrar en contacto con la investigación y ponderar los hechos y las pruebas, sus integrantes pueden formarse un juicio anticipado sobre la culpabilidad que influya en la audiencia. Por ello, mediante una sentencia interpretativa reductora, el Tribunal elimina esa facultad del artículo 170.4 del Reglamento de Carrera Judicial. (TC/0093/16, numeral 7, pág. 9; TC/0093/16, numeral 8, 8.4–8.6, pág. 10; TC/0093/16, numeral 8, 8.10–8.11, pág. 12; TC/0093/16, numeral 8, 8.12–8.14, pág. 13)
No se vulnera el principio de igualdad porque el régimen disciplinario sanciona incumplimientos de deberes y obligaciones éticas, mientras que el procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia para funcionarios con jurisdicción privilegiada se refiere a persecuciones penales; no hay, por tanto, semejanza fáctica entre ambos. La suspensión provisional tampoco vulnera la presunción de inocencia: es una medida cautelar en interés del servicio judicial, no una sanción ni un juicio de culpabilidad, y debe revocarse si desaparecen los motivos que la justifican. (TC/0093/16, numeral 8, 8.15–8.16, pág. 14; TC/0093/16, numeral 8, 8.17, pág. 14; TC/0093/16, numeral 8, 8.18, pág. 15)
Decisión
Admite la acción directa y declara que el artículo 170.4 del Reglamento de Carrera Judicial es conforme con la Constitución en la redacción que permite al órgano sancionador únicamente archivar la denuncia o abrir el expediente disciplinario. Declara conformes con la Constitución el numeral 9 del artículo 170 y el artículo 171 de la Resolución núm. 942-2004.
Citas textuales clave
“si bien cuando se limita únicamente a acordar el archivo de la denuncia o la apertura del expediente disciplinario no compromete su imparcialidad, sí lo hace cuando decide ampliar las actuaciones de la Inspectoría Judicial.” (TC/0093/16, numeral 8, 8.10–8.11, pág. 12)
“El órgano sancionador podrá acordar el archivo de la denuncia o la apertura del expediente disciplinario” (TC/0093/16, numeral 8, 8.12–8.14, pág. 13)
“está fundada, no en el juicio sobre la culpabilidad del procesado, sino únicamente en la existencia de dicho proceso disciplinario y en la necesidad de garantizar que el servicio judicial que se presta en la jurisdicción del juez sometido no se trastorne por la existencia de dicho proceso disciplinario.” (TC/0093/16, numeral 8, 8.18, pág. 15)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 69, 154.1 y 185. Ley núm. 137-11: artículos 7.6 y 37, y párrafo III citado sin indicación de artículo. Reglamento de Carrera Judicial, modificado por la Resolución núm. 942-2004: artículo 170, numerales 2, 4 y 9, y artículo 171. Resolución núm. 23/2012: artículo 8, literal b, numeral 1.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0093/12 y C-762/09 (Corte Constitucional de Colombia).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Legitimación activa o calidad de la accionante
El accionante, en su condición de juez de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, ha sido sometido a un proceso disciplinario en el que las normas por él impugnadas le han sido aplicadas, razón por la cual se puede concluir que ostenta la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, por tener un interés legítimo y jurídicamente protegido para hacerlo, tal como es exigido por los artículos 185 de la Constitución y 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
8. Admisibilidad parcial del recurso
8.1. La eventualidad, tal como lo anota el Ministerio Público, de que el mismo asunto que se conoce en el presente recurso, sea también introducido ante este tribunal por la vía de un probable recurso de revisión contra una decisión jurisdiccional que se dicte en ocasión de un proceso disciplinario seguido contra el accionante, no plantea ninguna situación conflictiva, en razón de la naturaleza distinta que informan ambos procedimientos. Esa distinción se manifiesta en el objeto de ambas acciones y en el alcance de las sentencias que intervienen, lo que descarta, por ejemplo, que deba recurrirse a las reglas que definen la litispendencia y conexidad. En ese sentido, podemos señalar que el objeto del recurso de revisión contra una decisión jurisdiccional es la determinación de si se han vulnerado derechos fundamentales en el procedimiento de resolución de la disputa que ha originado la decisión, poniéndose de manifiesto en dicho procedimiento una dimensión subjetiva de la justicia constitucional, por cuanto se valoran derechos e intereses concretos de los sujetos, en donde el examen del juez constitucional no se realiza in abstracto, sino in concreto. De manera diferente, la acción directa de inconstitucionalidad, aunque también persigue el mantenimiento del orden constitucional, realiza esa misión mediante el control in abstracto de los actos normativos del poder público. Asimismo, la naturaleza distinta de sus objetos define los alcances disímiles de las decisiones que se adoptan en uno u otro procedimiento, de modo tal que mientras en la acción directa de inconstitucionalidad, la sentencia que se dicta, cuando es acogida la impugnación, tiene por consecuencia expulsar la norma del sistema jurídico, con efecto erga omnes, en el procedimiento de revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales, no se produce esa expulsión y las decisiones adoptada únicamente tiene efecto inter partes.
8.2. Tampoco es acertado sugerir que porque la decisión que se adopte en el presente recurso incida en la suerte del proceso disciplinario seguido en contra del accionante, se pudiera afectar la autonomía de los funcionarios judiciales que lo conocen, ya que es de la naturaleza de las decisiones que adopte este tribunal constitucional, el que sean definitivas e irrevocables y que constituyan precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Entonces, tal incidencia, en caso de que se produzca, estaría de acuerdo con un mandato sustantivo y no se resentiría dicha autonomía judicial, porque su ejercicio y desarrollo está previsto dentro de los cauces constitucionales.
8.3. Si bien la jurisprudencia constitucional comparada, y esto a propósito de que el accionante intenta validar sus pretensiones respecto del tema de la imparcialidad que se examina, apoyándose en las reglas que se definen en el derecho penal, entiende que las normas del debido proceso se aplican con mayor rigurosidad en el derecho penal que en el derecho disciplinario, en razón de que los bienes jurídicos resguardados por el primero tienen mayor preeminencia social y, por tanto, se imponen sanciones más severas, mientras que el derecho disciplinario, que está previsto para asegurar el cumplimiento de deberes y obligaciones éticas por parte de servidores públicos o profesionales, no conlleva sanciones de tipo penal.
8.4. En el marco de esa distinción entre el procedimiento penal y el procedimiento disciplinario, se ha dicho que en cada régimen, según las particularidades de cada una de las modalidades sancionatorias que difieren en cuanto a sus intereses, sujetos involucrados, sanciones y efectos jurídicos sobre la comunidad, el legislador y las autoridades con poder de reglamentación o desarrollo normativo, podrá fijar los requisitos puntuales de cada procedimiento, no teniendo que ser idénticas o similares las formas concretas con que se hace efectivo el debido proceso (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 762/09, del 29 de octubre de 2009).
8.5. Pero, independientemente de la menor rigurosidad que pueda exhibir el derecho disciplinario, en comparación con el derecho penal, es innegable que en la organización de su procedimiento sancionatorio y en las formas concretas con que en el mismo se hace efectivo el debido proceso, no puede eludirse ninguna de las garantías mínimas que respecto del mismo se encuentran expresamente señaladas en el artículo 69 de la Constitución de la República, entre las cuales se encuentra el derecho del procesado a un juez imparcial.
8.6. El examen del presente recurso, en lo que tiene que ver con la alegada ausencia de imparcialidad que se le imputa al órgano sancionador que prevé el procedimiento disciplinario contenido en el Reglamento de Carrera Judicial, debe dirigirse, en consecuencia, a determinar si por la concentración de competencia que se otorga al Consejo del Poder Judicial para que dé apertura al expediente disciplinario y dicte la resolución motivada que entienda procedente, se viola el derecho constitucional de los jueces a ser juzgados por una jurisdicción imparcial en los procesos disciplinarios que se sigan en su contra.
8.7. El procedimiento disciplinario previsto en el Reglamento de Carrera Judicial, se inicia por apoderamiento del Ministerio Público o por denuncia; las diligencias preliminares del caso son realizadas por la Inspectoría Judicial, apoderada para ello por el presidente de la Suprema Corte de Justicia; la Inspectoría Judicial rinde informe al órgano competente sancionador (Consejo del Poder Judicial) que podrá archivar la denuncia, ampliar las actuaciones de la Inspectoría Judicial o proceder a la apertura del expediente disciplinario. En este último caso, se desarrolla el procedimiento en forma oral con la fijación de la correspondiente audiencia en la que serán oídos el juez sometido a expediente y otras personas que puedan aportar testimonios del caso.
8.8. De dicho procedimiento disciplinario, compendiado precedentemente, debemos resaltar el hecho de que la investigación que se realiza para sustanciar los hechos de la denuncia no es realizada por el Consejo del Poder Judicial, sino por la Inspectoría Judicial, que en cumplimiento de su tarea realiza “cuantas diligencias se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, incluida una visita de inspección al órgano jurisdiccional”(numeral 2, del artículo 170, de la Resolución núm. 942-2004).
8.9. En el presente recurso se debate el concepto de imparcialidad objetiva, que se manifiesta, según la jurisprudencia constitucional comparada, “cuando el juez de la causa no ha tenido contacto anterior con el tema que va a decidir, es decir, que es totalmente ajeno a la instrucción o cualquier decisión importante en el desarrollo de la instrucción” Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-762/09, del 29 de octubre de 2009).
8.10. Es indudable que el órgano competente sancionador, cuando ejercita las funciones de ampliar las actuaciones de la Inspectoría Judicial, que le acuerda el artículo 170.4 del Reglamento de Carrera Judicial, se pone en contacto con los elementos del proceso de investigación realizado por dicha inspectoría y se ve precisado a ponderar los hechos y la eficacia de las pruebas para determinar la procedencia a no de la apertura del expediente disciplinario.
8.11. De lo precedentemente señalado, se infiere que el órgano competente sancionador previsto por el Reglamento de Carrera Judicial, si bien cuando se limita únicamente a acordar el archivo de la denuncia o la apertura del expediente disciplinario no compromete su imparcialidad, sí lo hace cuando decide ampliar las actuaciones de la Inspectoría Judicial. En tanto, en dicho proceso de ampliación de las investigaciones se verá precisado, como se ha dicho, a ponerse en contacto con los elementos del proceso de investigación y a ponderar los hechos y la eficacia de las pruebas para determinar la procedencia o no de la apertura del expediente disciplinario. Esto podría generar en el espíritu de sus integrantes prejuicios sobre la culpabilidad del imputado que puedan influir al momento de la celebración del juicio oral, lo que, evidentemente, se erige en una violación al debido proceso, en tanto está ausente la imparcialidad del juzgador en el procedimiento disciplinario de que se trate.
8.12. Para resolver la inconstitucional del texto objeto de análisis, es decir, del artículo 170.4 del referido reglamento, se hace necesario que este tribunal proceda a dictar una sentencia interpretativa del tipo reductora con la finalidad específica de sustraerle al Consejo del Poder Judicial la facultad de ordenar la ampliación de la investigación que realiza la Inspectoría Judicial, para lo cual debe reducir el alcance normativo del texto cuestionado que lo haga conforme a la Constitución.
8.13. Conforme al precedente establecido por la Sentencia TC/0093/12, del 21 de diciembre de 2012, las sentencias reductoras son: (…) aquellas que señalan que una parte (frases, palabras, líneas, etc.) del texto cuestionado es contraria a la Constitución, y ha generado un vicio de inconstitucionalidad por su redacción excesiva y desmesurada (…) En ese contexto, la sentencia ordena una restricción o acortamiento de la “extensión” del contenido normativo de la ley impugnada.
8.14. En ese sentido, este tribunal procede a eliminar uno de los enunciados que integran el artículo 170. 4 del Reglamento de Carrera Judicial, de conformidad con el mandato expreso contenido en el Párrafo III de la Ley núm. 137-11, que le faculta a dictar cualquier otra modalidad de sentencia admitida en la práctica constitucional comparada, quedando la norma reconstruida con la siguiente redacción: “El órgano sancionador podrá acordar el archivo de la denuncia o la apertura del expediente disciplinario”.
8.15. Respecto al principio de igualdad desenvuelto en el recurso, este tribunal constitucional, en decisiones anteriores, ha instituido el uso del test o juicio de igualdad, a los fines de establecer si una norma viola o no el principio de igualdad, cuyos criterios son: La existencia de casos o supuestos fácticos semejantes; Que tal diferenciación resulte objetiva, proporcional y razonablemente justificada. Que no implique consecuencias desproporcionadas en cuanto a la finalidad perseguida.
8.16. La comparación del procedimiento disciplinario que examinamos y el procedimiento especial que se sigue en los procesos que conoce la Suprema Corte de Justicia contra funcionarios que tienen jurisdicción privilegiada, pone en evidencia que no existe el supuesto de semejanza fáctica que justifique la crítica de violación al principio de igualdad: ambos procedimientos tienen por objeto conductas diferentes, pues mientras en el disciplinario se sancionan inobservancia de deberes y obligaciones éticas puestas a cargo de funcionarios públicos, el procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia se refiere a persecuciones penales que deben ser ejercidas contra los funcionarios que expresamente señala el artículo 154.1 de la Constitución.
8.17. Sobre el punto de inconstitucionalidad referido a la presunción de inocencia, entendemos que una medida cautelar, en cualquier procedimiento sancionatorio, no es una sanción, sino una medida tomada en beneficio del interés general y destinada a prevenir la consecución de determinado fin o evitar que pueda entorpecerlo. Como la medida cautelar no tiene carácter de sanción, su adopción no se asume en consideración del juicio acerca de la culpabilidad de la persona sobre la cual recae la medida cautelar, quien conserva en el juicio que se le sigue la garantía constitucional de la presunción de inocencia, que se plasma en la regla de que únicamente podrá ser sancionada por la demostración de su culpabilidad mediante las pruebas que realice la parte acusatoria.
8.18. La suspensión provisional del juez sometido a proceso disciplinario que pudiera ordenar la Suprema Corte de Justicia, en virtud del artículo 171 de la Resolución núm. 942-2004, del nueve (9) de junio de dos mil catorce (2004), y la que pueda ordenar el presidente del Consejo del Poder Judicial en virtud de las atribuciones que en ese sentido le otorga el artículo 8, literal b, numeral 1 de la Resolución núm. 23/2012, dictada por el Consejo del Poder Judicial, el veintinueve (29) de octubre de dos mil doce (2012), es una medida que se asume, como las propias disposiciones indicadas lo señalan, en interés del servicio judicial, y está fundada, no en el juicio sobre la culpabilidad del procesado, sino únicamente en la existencia de dicho proceso disciplinario y en la necesidad de garantizar que el servicio judicial que se presta en la jurisdicción del juez sometido no se trastorne por la existencia de dicho proceso disciplinario. Además, no se trata de una medida definitiva, que caracteriza a las sanciones, sino provisional, condicionada al resultado del proceso y que si desaparecen los motivos que la determinan, como el archivo del expediente o el descargo del juez, deberá ser revocada. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas prevista en la ley. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR la acción directa en inconstitucionalidad incoada por César M. Sánchez de los Santos contra los numerales 4, en su parte in fine y 9, del artículo 170, así como del artículo 171 de la Resolución núm. 942-2004, que modifica el Reglamento de Carrera Judicial, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el nueve (9) de junio de dos mil cuatro (2004).
SEGUNDO: DECLARAR que la interpretación constitucional del numeral 4, del artículo 170 del Reglamento de Carrera Judicial, modificado por la Resolución núm. 942-2004, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el nueve (9) de junio de dos mil cuatro (2004), para que sea conforme con la Constitución, rece, en lo adelante, de la siguiente manera: “170.4) El órgano sancionador podrá acordar el archivo de la denuncia o la apertura del expediente disciplinario”.
TERCERO: DECLARAR conforme con la Constitución el numeral 9 del artículo 170 y el artículo 171 de la Resolución No. 942-2004, que modifica el Reglamento de la Carrera Judicial, dictado por la Suprema Corte de Justicia el 9 de junio de 2004.
CUARTO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
QUINTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, César M. Sánchez de los Santos y a la Procuraduría General de la República.
SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0093/16, del 13 de abril de 2016. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0093-16. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.