Sentencia TC/0110/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 4 de julio de 2013 · Expediente Expediente No. TC-01-2012-0081

La acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación Dominicana de Alguaciles contra la Resolución núm. 14379-05, de once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), emitida por la Procuraduría General de la República y la Circular de fecha cuatro (4) de abril de dos mil doce (2012), emitida por la Suprema Corte de Justicia.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0110/13?

La Asociación Dominicana de Alguaciles tiene un interés legítimo y jurídicamente protegido porque los actos impugnados regulan el ejercicio de las funciones de sus miembros y, de verificarse su inconstitucionalidad, le causarían un perjuicio. Sin embargo, la Circular del 4 de abril de 2012 no es una norma de alcance general y abstracto, sino un acto administrativo de efecto particular y concreto, cuyo control de legalidad corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (TC/0110/13, numeral 8, 8.1–8.3, pág. 7; TC/0110/13, numeral 8, 8.4, pág. 8; TC/0110/13, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 8).

La tutela judicial efectiva comprende el derecho a ejecutar las decisiones judiciales, y la potestad de hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los órganos judiciales. Al supeditar la ejecución al otorgamiento del auxilio de la fuerza pública e imponer condiciones no previstas en la ley, la Resolución núm. 14379-05 vulneró el principio de legalidad. El Procurador General también se extralimitó al regular la actuación de los alguaciles, atribución que corresponde a la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal difirió los efectos de la inconstitucionalidad para evitar un vacío normativo que pusiera en riesgo la integridad física o la vida de quienes intervienen en las ejecuciones y alterara el orden y la paz públicos, y exhortó al Congreso a regular mediante ley orgánica el ejercicio de la potestad ejecutiva del Poder Judicial (TC/0110/13, numeral 9, 10.5–10.7, pág. 10; TC/0110/13, numeral 9, 10.8, pág. 11; TC/0110/13, numeral 9, 10.9–10.10, pág. 12; TC/0110/13, numeral 9, 10.11–10.12, pág. 12; TC/0110/13, numeral 9, 10.13–10.14, pág. 13; TC/0110/13, numeral 9, 10.15, pág. 14; TC/0110/13, numeral 9, 10.16, pág. 14).

Decisión

Declara inadmisible la acción directa contra la Circular del 4 de abril de 2012 y acoge la acción contra la Resolución núm. 14379-05, que declara no conforme con la Constitución. Difiere los efectos de la inconstitucionalidad por dos años desde la notificación de la sentencia y exhorta al Congreso Nacional a dictar dentro de ese plazo una ley orgánica sobre el ejercicio de la potestad ejecutiva del Poder Judicial; si no lo hace, la resolución devendrá inconstitucional con todos sus efectos.

Citas textuales clave

“no se trata de una ordenanza normativa de alcance general y abstracto, sino de un simple acto administrativo, de efecto particular y concreto” (TC/0110/13, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 8).
“la tutela judicial efectiva engloba también el derecho a ejecutar las decisiones judiciales” (TC/0110/13, numeral 9, 10.5–10.7, pág. 10).
“la función jurídica no culmina con la expedición de una sentencia, sino que incluye hacer efectivo el cumplimiento de esa decisión.” (TC/0110/13, numeral 9, 10.11–10.12, pág. 12).

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 40.15, 68, 69, 93.q, 96.3, 112, 149, párrafo I, y 185.1.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 37 y 47.

Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial: artículo 76.

Ley Orgánica del Ministerio Público núm. 133-11: potestad reguladora del Procurador General de la República.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0058/13 y TC/0051/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa o calidad de la accionante

8.1. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar como accionantes en procedimientos jurisdiccionales.

8.2. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, numeral 1, de la Constitución de la República dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido (…).

8.3. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11 establece: Calidad para accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido. La Constitución de la República, a partir del artículo 185 ha diseñado las exigencias para accionar en inconstitucionalidad y ha requerido para ello la existencia de un interés legítimo y jurídicamente protegido.

TC/0110/13, numeral 8, 8.1–8.3, pág. 7 — PDF oficial

8.4. Este Tribunal, al interpretar las disposiciones vigentes que conceden calidad para accionar en inconstitucionalidad a los particulares, constata que la Asociación Dominicana de Alguaciles, representada por su presidente, señor Hipólito Girón Reyes, congrega a los alguaciles a nivel nacional, que son aquellos oficiales públicos a través de los cuales deben efectuarse las ejecuciones de sentencias que dictan los tribunales del orden judicial, cuyo ejercicio ha sido regulado por la resolución y la circular que se atacan mediante la presente acción. De ello se desprende, que la accionante invoca por ante esta jurisdicción la alegada inconstitucionalidad de disposiciones en las que tiene un interés legítimo y jurídicamente protegido, pues de quedar verificada dicha inconstitucionalidad, la misma le causaría un perjuicio.

TC/0110/13, numeral 8, 8.4, pág. 8 — PDF oficial

9. Inadmisibilidad parcial de la acción

9.1. Los accionantes, además de la inconstitucionalidad de la Resolución núm. 14379-05, también demandan la inconstitucionalidad de la circular del cuatro (4) de abril de dos mil doce (2012), emitida por la Suprema Corte de Justicia, que dispone: Los oficiales públicos están obligados al cumplimiento de la normativa vigente sobre el ejercicio ministerial, en consecuencia deben obtener la autorización de la fuerza pública para todas las ejecuciones, y dar cabal cumplimiento a la resolución No. 14379-5, del 11 de noviembre del 2005, emitida por la Procuraduría General de la República, que regula su otorgamiento. Toda actuación en violación a la norma tendrá consecuencia disciplinaria (sic).

9.2. Sobre la referida circular se precisa determinar si la misma trasciende el ámbito de lo particular, o si está investida de un alcance general. En ella se instruye a los ministeriales a obtener la autorización de la fuerza pública para todas las ejecuciones y se les indica que deben acogerse a lo dispuesto en la Resolución núm. 14379-05. De esto se infiere que dicha circular es un mero acto administrativo que ha dictado la Suprema Corte de Justicia, por lo que no se trata de una ordenanza normativa de alcance general y abstracto, sino de un simple acto administrativo, de efecto particular y concreto, que escapa al control de constitucionalidad 1 , como lo ha expresado este Tribunal Constitucional en la Sentencia No. TC/0058/13, del quince (15) de abril de dos mil trece (2013), por lo que procede declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad incoada contra la Circular de cuatro (4) de abril de dos mil doce (2012). De ahí que la impugnación de actos administrativos de tal naturaleza deben encaminarse por ante la jurisdicción contenciosa-administrativa. 10. Acogimiento de la acción. Sentencia exhortativa y de inconstitucionalidad diferida

TC/0110/13, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 8 — PDF oficial

10.1. En la especie, el Procurador General de la República mediante Resolución marcada con el número 14379-05, ha adoptado un conjunto de reglas para la concesión del auxilio de la fuerza pública a los ministeriales que les acompañarían durante la ejecución de decisiones judiciales o extrajudiciales, ejercicio de las vías de ejecución o para trabar medidas conservatorias, sustentándose para ello en la potestad que alegadamente le confiere el Estatuto del Ministerio Público en su artículo 16, literal q), condicionando la ejecución de las decisiones judiciales al otorgamiento de la fuerza pública.

10.2. Destaca en la referida resolución que la prestación del auxilio de la fuerza pública lleva por finalidad “preservar, tanto la integridad física de dicho oficial, como la ejecución de la sentencia o disposición legal objeto de requerimiento”, así como evitar de parte de los representantes del Ministerio Público, un trato desigual a los usuarios de servicios públicos bajo su responsabilidad, disminuyendo el margen de discrecionalidad en la adopción de sus decisiones, desterrando así la posibilidad de toda arbitrariedad. 1 Véase parte in fine del párrafo 8.2. de la Sentencia No. TC/0051/12, del 19 de octubre de 2012.

TC/0110/13, numeral 9, 10.1–10.2, pág. 9 — PDF oficial

10.3. La accionante es categórica al expresar que el auxilio de la fuerza pública no es obligatorio, sino opcional, y tampoco la ley prescribe sanción contra el que no la solicite, como establece categóricamente el artículo 14 de la resolución atacada, por lo que invoca violación al artículo 96 y siguientes de la Constitución, que versan sobre la formación y efectos de las leyes, así como al artículo 128, inciso b), que concede facultad al presidente de la República para dictar decretos, reglamentos, resolución e instrucciones cuando fuera necesario, indicando que el Procurador General de la República solo tiene facultad para reglamentar las actuaciones del Ministerio Público, no así de los ministeriales ni de militares y policías que no estuvieren adscritos a la fiscalía, los cuales han sido alcanzados por los efectos de la referida resolución, violando también el principio comprendido en el artículo de la Carta Sustantiva.

10.4. De la lectura de la resolución atacada se advierte que esta aglutina diferentes cuestiones que han sido legislativamente establecidas, tales como plazos para la interposición de recursos, lo concerniente a las decisiones sujetas al efecto suspensivo de las vías recursivas, ejecución provisional sobre original o minuta y suspensión de ejecución de sentencias, entre otros aspectos. Sin embargo, no se limita a agrupar un conjunto de disposiciones legales sobre la cuestión, sino que hasta impone condiciones que van más allá de la mera reiteración de lo dispuesto en la ley.

TC/0110/13, numeral 9, 10.3–10.4, pág. 10 — PDF oficial

10.5. En efecto, se imponen condiciones cuando, por ejemplo, en materia de desalojo se deberá verificar previamente, antes de otorgar la fuerza pública …incluso cuando sea ordenado por una sentencia de adjudicación o de venta en pública subasta de un inmueble, se le haya notificado al inquilino por desalojar, o al deudor expropiado, un oficio de la Procuraduría Fiscal otorgándole un plazo que no podrá ser menor de diez ni mayor de veinte, a los fines de acatar voluntariamente la decisión que le perjudica… 2 , de lo que se desprende que la decisión para su ejecución precisará de medidas que ha impuesto el Ministerio Público que estarían condicionando el cumplimiento de aquello que los tribunales ordenan y deciden.

10.6. En el presente caso, es preciso hacer referencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consignado en el artículo 69 de la Constitución de la República, el cual comprende – según palabras del Tribunal Constitucional Español– un contenido complejo que incluye los siguientes aspectos: el derecho de acceso a los tribunales; el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho; el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y el derecho al recurso legalmente previsto.

10.7. De lo anterior se desprende que la tutela judicial efectiva engloba también el derecho a ejecutar las decisiones judiciales, tan necesario para que la tutela efectiva sea tal, y es, además, cuestión de esencial importancia para dar efectividad a la cláusula del estado social y democrático de derecho, que implica, entre otras manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales, no solo juzgando, sino también haciendo ejecutar lo juzgado.

TC/0110/13, numeral 9, 10.5–10.7, pág. 10 — PDF oficial

10.8. En esta misma línea de pensamiento, cabe indicar que la resolución impugnada torna imperativo, para que pueda ser ejecutada una decisión, que los ministeriales o funcionarios encargados de la ejecución eleven una solicitud de otorgamiento de fuerza pública al fiscal adjunto encargado de asuntos de fuerza pública de la Procuraduría Fiscal que corresponda 3 , razón por la cual, a través de un reglamento se está disponiendo una condicionante que contraviene también el principio de legalidad previsto por el artículo 40.15 de la Constitución: A nadie se 2 Véase artículo 4.1 de la Resolución No. 14379-05, del 11 de noviembre del 2005, emitida por la Procuraduría General de la República. 3 Véase Art. 5 de la Resolución atacada. puede obligar hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe (...).

TC/0110/13, numeral 9, 10.8, pág. 11 — PDF oficial

10.9. Además, si bien es cierto, que el Procurador General de la República tiene la potestad para dictar resoluciones en lo concerniente al desenvolvimiento y orden de la Procuraduría General de la República, de acuerdo con lo que confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, su facultad reguladora no alcanza a los alguaciles, ya que estos dependen de manera directa de la Suprema Corte de Justicia, tal y como se desprende del artículo 76 de la Ley No. 327-98 sobre Carrera Judicial que dispone: La Suprema Corte de Justicia queda facultada para determinar el número de alguaciles de estrados y ordinarios de cada tribunal, establecer normas especiales para su organización y funcionamiento, así como todo lo relativo a un régimen de supervisión que asegure el correcto ejercicio de sus funciones, con lo cual se verifica nuevamente vulneración al principio de legalidad, específicamente se tipifica la extralimitación de atribuciones por cuanto la capacidad de reglar las actuaciones de los alguaciles es una atribución que no le corresponde al Procurador General de la República, sino a la Suprema Corte de Justicia.

10.10. Sin embargo, este Tribunal Constitucional entiende que existe un aspecto de naturaleza prevaleciente que cabe resaltar respecto del presente caso. La Resolución núm. 14379-05, del once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), emitida por la Procuraduría General de la República, es previa a la Constitución proclamada el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), la cual consignó en el artículo 149 párrafo I lo siguiente: …La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado(… ).

TC/0110/13, numeral 9, 10.9–10.10, pág. 12 — PDF oficial

10.11. A tono con lo anterior, a partir de la vigente Constitución lo relativo a la potestad de ejecución de las decisiones dictadas por los tribunales del orden judicial, corresponde exclusivamente a los propios órganos judiciales como una manifestación típica de la potestad jurisdiccional que la Constitución les ha conferido en su artículo 149. De ahí que corresponde sean adoptados los recaudos legislativos correspondientes para que sea el propio Poder Judicial que ejerza tal potestad jurisdiccional ejecutiva. Consecuentemente, conforme lo dispone el párrafo I, del artículo 149 de la Constitución, la función jurídica no culmina con la expedición de una sentencia, sino que incluye hacer efectivo el cumplimiento de esa decisión.

10.12. El artículo 47 de la Ley núm. 137-11, faculta a este tribunal a dictar sentencias interpretativas que van más allá de la dualidad tradicional (de desestimación o rechazo de la demanda en inconstitucionalidad). El caso que ocupa la atención de este órgano demanda el dictado de una sentencia de inconstitucionalidad diferida o de constitucionalidad temporal, por cuanto se ha considerado que la anulación de la resolución atacada generaría una situación muy compleja, al exponerse la integridad física y hasta la vida de los intervinientes durante la ejecución de una sentencia, así como la alteración del orden y paz públicos. Lo que se trata de evitar es que como consecuencia de un fallo de anulación, se genere una situación aún más perjudicial que la que está produciendo la situación inconstitucional impugnada 4 . Esto permite lo que la jurisprudencia alemana ha llamado “una afable transición” de la declarada situación de inconstitucionalidad al estado de normalidad.

TC/0110/13, numeral 9, 10.11–10.12, pág. 12 — PDF oficial

10.13. Así, por razones pragmáticas y de funcionalidad, para evitar vacíos normativos jurídica y socialmente muy costosos si se descalifica la resolución atacada en inconstitucionalidad, el derecho procesal constitucional, como se adelanta en el párrafo anterior, ha dado lugar a ciertas categorías de fallos que escapan de aquella doble estratificación tradicional ya mencionada (de sentencias 4 Véase Schäfer, Heinz. 1998. "Austria: la relación entre el Tribunal Constitucional y el Legislador" en Aja, Eliseo (ed.) Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa Actual, Barcelona, Ariel Derecho,

pp. 37-38. de acogimiento o denegación de la acción), dando lugar a las “sentencias atípicas”. 5

10.14. Al mismo tiempo, la sentencia a intervenir también será exhortativa, que suele emplearse cuando se somete a la decisión por el Tribunal Constitucional el conocimiento del control de constitucionalidad de una norma, no la declarará inconstitucional sino que – reconociendo lo anómalo de la situación– exhorta sea al legislador, sea al ejecutivo para que regule el tema mediante los mecanismos que el ordenamiento jurídico le concede, sea la ley stricto sensu o alguna norma inferior cuando se refiere al Poder Ejecutivo (decretos, reglamentos).

TC/0110/13, numeral 9, 10.13–10.14, pág. 13 — PDF oficial

10.15. En ese sentido, se adoptarán los recaudos para que después del pronunciamiento de la presente sentencia, el vencimiento del plazo para la emisión de la normativa reparadora tiene como consecuencia la nulidad de la Resolución núm. 14379-05, del once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), emitida por la Procuraduría General de la República. De ahí que se otorga al Congreso Nacional un plazo de dos (2) años, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a fin de que legisle en orden a posibilitar que los tribunales y juzgados determinados por la ley, además de juzgar sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, salvo en materia penal, que sí se encuentra regulado, hagan ejecutar lo juzgado.

TC/0110/13, numeral 9, 10.15, pág. 14 — PDF oficial

10.16. Consecuentemente, este tribunal exhorta al Congreso Nacional a legislar, por iniciativa propia o del Poder Judicial, respecto de las disposiciones legislativas necesarias que aseguren el cumplimiento de sus propios fallos. Esta situación bien puede ser aprovechada por la Suprema Corte de Justicia, en atención a la iniciativa legislativa que en asuntos judiciales le confiere el artículo 96.3 de la Carta 5 Véase Sagüés, Néstor Pedro (2006), “Las sentencias constitucionales exhortativas” En Revista Estudios Constitucionales. Centro de Estudios Constitucionales. Universidad de Talca. Año N° 4, N° 2, p. 191. También, Humberto Nogueira Alcalá. “Consideraciones Sobre las Sentencias de los Tribunales Constitucionales y sus Efectos en América del Sur”. Revista Ius et Praxis Año 10 No 1: 113 - 158, 2004. Sustantiva, máxime cuando la ejecución de la sentencia forma parte del contenido del debido proceso, dada la razón de que quien se ha beneficiado con una sentencia judicial debe contar con las debidas garantías para que el derecho que le ha sido reconocido por el juez pueda ser obtenido con los mecanismos de efectividad que le ha de conferir el Estado, por ser este parte integral del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, situación que demanda el dictado de una ley orgánica dado que el objeto a regular es, precisamente, un derecho fundamental, conforme lo prevé el artículo 112 de la Constitución de la República. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran incorporadas las firmas de Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Jottin Cury David, Juez, e Idelfonso Reyes, Juez, en razón de que no estuvieron presentes en la deliberación ni votación de la misma por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente de Hermógenes Acosta de los Santos, Juez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas el Tribunal Constitucional.

TC/0110/13, numeral 9, 10.16, pág. 14 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, en cuanto a la forma, la acción directa en inconstitucionalidad incoada por la Asociación Dominicana de Alguaciles, representada por su presidente señor Hipólito Girón Reyes, contra la Circular del cuatro (4) de abril de dos mil doce (2012), emitida por el señor Román Jaquez Liranzo, director general interino del Poder Judicial, por instrucciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia y Presidente del Poder Judicial, Dr. Mariano Germán Mejía, al tratarse de un mero acto administrativo que no es susceptible de ser atacado por vía de acción directa de inconstitucionalidad, sino que lo es de control de legalidad por ante la jurisdicción contenciosa- administrativa.

SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGER la presente acción de inconstitucionalidad y DECLARAR no conforme con la Constitución de la República la Resolución No. 14379-5, del once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), dictada por la Procuraduría General de la República, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública, por contravenir los artículos 40.15, 68, 69, 93.q y 149, párrafo I, de la Constitución de la República.

TERCERO: DIFERIR los efectos de la inconstitucionalidad decretada por esta sentencia por el término de dos (2) años, contados a partir de su notificación, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de la misma.

CUARTO: EXHORTAR al Congreso Nacional para que en un plazo no mayor de dos (2) años, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, legisle sobre el modo en que el Poder Judicial ejercerá la facultad ejecutiva jurisdiccional que dimana del párrafo I, del artículo. 149 de la Constitución, para lo cual deberá votar una ley orgánica al tratarse de una de las materias previstas por el artículo 112 de la Constitución de la República, dado que la ejecución de las sentencias participa del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

QUINTO: Si al vencimiento del plazo consignado en el ordinal TERCERO del dispositivo de la presente sentencia el Congreso Nacional no ha dictado la legislación correspondiente, la Resolución núm. 14379-05, de del once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), emitida por la Procuraduría General de la República devendrá inconstitucional con todos sus efectos.

SEXTO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, por Secretaría, al Procurador General de la República, al Congreso Nacional, a la Suprema Corte de Justicia y a la accionante, Asociación Dominicana de Alguaciles, para los fines que correspondan.

SEPTIMO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley Orgánica No. 137-11 del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

OCTAVO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0110/13, del 4 de julio de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0110-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.