Sentencia TC/0127/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 2 de agosto de 2013 · Expediente Expediente No. TC-01-2012-0067

La acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Ramón Licinio Vargas Hernández contra el Decreto núm. 391-12, de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil doce (2012), mediante el cual se declaran de utilidad pública e interés social la adquisición, por parte del Estado Dominicano, de las parcelas núm. 1583 y 1584, del Distrito Catastral núm. 5, municipio Luperón, Puerto Plata.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de seguridad jurídica

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0127/13?

La afectación del derecho de propiedad por el inicio del proceso expropiatorio confiere al propietario un interés legítimo y jurídicamente protegido para interponer la acción directa de inconstitucionalidad. Aunque esta acción se reserva, por regla general, a los actos estatales de carácter normativo y alcance general, procede excepcionalmente contra un acto de efectos particulares cuando se comprueba o existe una presunción grave de que fue dictado con el propósito deliberado de violar la Constitución. En este caso, la reiteración de la declaratoria de utilidad pública e interés social sobre las mismas parcelas y por idénticas razones sustentó la presunción grave de que el decreto procuraba eludir el cumplimiento de una sentencia definitiva e irrevocable. (TC/0127/13, numeral 7, 7.1, pág. 8; TC/0127/13, numeral 7, 8.1, pág. 8; TC/0127/13, numeral 7, 8.2–8.3, pág. 9; TC/0127/13, numeral 7, 8.4–8.5, pág. 10)

La tutela judicial efectiva comprende la ejecución de las sentencias. Mientras no cambien las circunstancias que determinaron la sentencia definitiva e irrevocable que anuló el decreto anterior, el Estado está obligado a cumplirla y no puede expropiar las mismas parcelas invocando las mismas razones. Al reiterar la declaratoria, el Estado desconoció la eficacia de esa sentencia, con lo que vulneró la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad. El Tribunal constató, además, que seguía vigente la reserva de los terrenos para fines turísticos. (TC/0127/13, numeral 7, 8.6–8.8, pág. 10; TC/0127/13, numeral 7, 8.11, pág. 12; TC/0127/13, numeral 7, 8.12, pág. 12; TC/0127/13, numeral 7, 8.14, pág. 13)

Decisión

Declara buena y válida en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad. En cuanto al fondo, declara no conforme con la Constitución el Decreto núm. 391-12 y pronuncia su nulidad absoluta únicamente respecto de la declaratoria de utilidad pública e interés social de las parcelas núm. 1583 y 1584, por vulnerar el derecho de propiedad y la tutela judicial efectiva.

Citas textuales clave

“En definitiva, entendemos que en presencia de una acción directa de inconstitucionalidad contra un acto estatal de efectos particulares, cada vez que esté comprobado o exista la presunción grave de que ha sido producido con dolo, es decir, con el propósito deliberado de violar la Constitución, dicha acción debe ser admitida, pues esta solución, que se constituye en excepción a la jurisprudencia constitucional de que dicho recurso está reservado para los actos estatales de efectos generales, es la más adecuada en la misión de este tribunal constitucional de defender la vigencia del estado social y constitucional de derecho.” (TC/0127/13, numeral 7, 8.4–8.5, pág. 10)
“La tutela judicial efectiva implica que la sentencia dictada sea ejecutada, pues de lo contrario, haría frustratorio el proceso judicial.” (TC/0127/13, numeral 7, 8.6–8.8, pág. 10)
“En definitiva, mientras no se modifiquen las circunstancias que determinaron la sentencia dictada contra el Estado dominicano con relación a la expropiación de las parcelas mencionadas, este se encuentra obligado a darle cumplimiento a sus disposiciones.” (TC/0127/13, numeral 7, 8.14, pág. 13)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 40.15, 51, 69, 74.2 y 185.1.

Constitución entonces vigente: artículo 8, numeral 13, letra a), fundamento de la anulación del decreto anterior.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 36 y 37 y siguientes.

Ley núm. 256, sobre Ordenación Territorial, citada sin indicación de artículo.

Precedentes que cita el Tribunal

T-440/10 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Legitimación activa o calidad del accionante

7.1. El accionante es propietario de los terrenos comprendidos en las Parcelas Nos. 1583 y 1584, del Distrito Catastral núm. 05, del municipio Luperón, Provincia Puerto Plata, que han sido objeto, entre otras, del inicio de un proceso de expropiación mediante el Decreto impugnado, que declaró la adquisición de dichos terrenos por parte del Estado dominicano de utilidad pública e interés social, con la finalidad de que fueran transferidos al Instituto Agrario Dominicano (IAD), para ser destinados a programas de reforma agraria. En ese sentido, la afectación del derecho de propiedad del accionante por el proceso de expropiación iniciado, lo legítima para interponer la presente acción directa de inconstitucionalidad, conforme con lo dispuesto por el artículo 185 de la Constitución, y 37 de la Ley núm. 137-11, que disponen que dicho recurso lo interpondrán aquellos que ostenten un interés legítimo y jurídicamente protegido. 8. Procedencia de la acción directa en inconstitucionalidad.

TC/0127/13, numeral 7, 7.1, pág. 8 — PDF oficial

8.1. En diferentes decisiones, este Tribunal Constitucional, ha establecido el criterio de que la acción directa de inconstitucionalidad, como proceso constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos actos señalados en los artículos 185.1 de la Constitución y 36 de la Ley núm. 137-11 (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas); es decir, aquellos actos estatales de carácter normativo y de alcance general. En ese orden de ideas, podría concluirse que la presente acción directa en inconstitucionalidad debe ser declarada inadmisible, puesto que el acto impugnado, esto es, el Decreto núm. 391-12, dictado el veintiocho (28) de julio de dos mil doce (2012), por el Poder Ejecutivo, mediante el cual declara de utilidad pública e interés social la adquisición, por parte del el Estado dominicano, de varios inmuebles, entre los cuales se hallan las Parcelas núm. 1583 y 1584, del Distrito Catastral núm. 5, del municipio Luperón, provincia Puerto Plata, no tiene el carácter general exigido por dicha jurisprudencia constitucional.

TC/0127/13, numeral 7, 8.1, pág. 8 — PDF oficial

8.2. Sin embargo, este tribunal constitucional no cumpliría con su finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo consagra dicha Constitución y su propia Ley Orgánica núm. 137-11, si no toma en cuenta en el presente caso la presencia de cierta condición específica en la producción del decreto impugnado, aunque se aparte de la jurisprudencia constitucional referida. La indicada jurisprudencia solamente reserva la acción directa en inconstitucionalidad para los actos estatales de carácter normativo y de alcance general, y se constituye la presente decisión en una excepción a dicha jurisprudencia, la cual deberá ser observada cada vez que concurra en la producción de cualquier acto no general la misma condición específica que presenta el decreto impugnado y que motiva que el presente recurso directo en inconstitucionalidad en contra del mismo sea considerado admisible.

8.3. Como se demostrará más adelante, cuando se desarrolle el examen correspondiente, el decreto impugnado es inconstitucional; pero todo apunta a que esa inconstitucionalidad no es resultado de un error de interpretación que pueda conducir a exceder el marco de razonabilidad trazado por la Constitución o a transgredir mandatos expresos de esta última, sino que existe una presunción grave de que fue dictado, en lo que se refiere a las parcelas Nos. 1583 y 1584, del Distrito Catastral No. 05, del municipio Luperón, provincia Puerto Plata, con el propósito de eludir el cumplimiento de una sentencia definitiva e irrevocable que anuló, por inconstitucional, un previo decreto del Poder Ejecutivo, que por idénticas causas al decreto ahora impugnado, había también declarado de utilidad pública e interés social la adquisición por parte del Estado dominicano de dichas parcelas.

TC/0127/13, numeral 7, 8.2–8.3, pág. 9 — PDF oficial

8.4. Y precisamente, la presunción grave de que el decreto impugnado ha sido dictado, en lo que atañe al accionante, con el deliberado propósito de violentar en su contra la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva, reconocida en el artículo 69 de la Constitución de la República, es la condición específica que se retiene para que, no obstante ser un acto de tipo particular, pueda ser admitida una acción directa de inconstitucionalidad contra el mismo, como excepción al criterio jurisprudencial constitucional adoptado de que dicha acción solamente se admite contra actos estatales de carácter normativo y de alcance general.

8.5. En definitiva, entendemos que en presencia de una acción directa de inconstitucionalidad contra un acto estatal de efectos particulares, cada vez que esté comprobado o exista la presunción grave de que ha sido producido con dolo, es decir, con el propósito deliberado de violar la Constitución, dicha acción debe ser admitida, pues esta solución, que se constituye en excepción a la jurisprudencia constitucional de que dicho recurso está reservado para los actos estatales de efectos generales, es la más adecuada en la misión de este tribunal constitucional de defender la vigencia del estado social y constitucional de derecho.

TC/0127/13, numeral 7, 8.4–8.5, pág. 10 — PDF oficial

8.6. Reiteramos que en la especie, se trata de un decreto de expropiación que, no obstante haber sido anulado por la jurisdicción judicial, fue nuevamente reintroducido con idénticas motivaciones al que había sido precedentemente anulado. Más todavía, dicho decreto afecta las mismas parcelas que ya habían sido liberadas mediante una decisión judicial que adquirió la autoridad de lo cosa definitiva e irrevocablemente juzgada. En tal virtud, nos encontramos con una clara violación al principio de seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva y al derecho de propiedad, razón por la cual este tribunal conocerá el fondo del presente caso.

8.7. El artículo 69 de la Constitución consagra la tutela judicial efectiva como derecho fundamental que puede ser reclamado por toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. La tutela judicial efectiva implica que la sentencia dictada sea ejecutada, pues de lo contrario, haría frustratorio el proceso judicial. Representaría además una violación al derecho de ejecutar una decisión regularmente obtenida durante un proceso judicial o constitucional, que es uno de los componentes de las garantías mínimas que conforman el debido proceso.

8.8. En el presente caso se plantea la existencia de un proceso judicial que involucró al Estado dominicano y al accionante. El mismo culminó con una sentencia definitiva e irrevocable que anuló el Decreto núm. 2039, del cinco (5) de junio de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), dictado por el presidente Salvador Jorge Blanco, que había declarado de utilidad pública e interés social la adquisición de las Parcelas núm. 1583 y 1584, del Distrito Catastral No. 05, del municipio Luperón, provincia Puerto Plata, propiedad del accionante. El propósito de la referida expropiación del Estado dominicano había sido destinarlos a los programas de la reforma agraria.

TC/0127/13, numeral 7, 8.6–8.8, pág. 10 — PDF oficial

8.9. La nulidad de dicho decreto, por ser contrario al artículo 8, numeral 13, letra a), de la entonces vigente Constitución, permitía la expropiación de terrenos para la reforma agraria que no estén destinadas por el Estado a otros fines de interés general. Dicha nulidad fue pronunciada por el tribunal apoderado con el argumento de que las referidas parcelas no podían ser destinadas a la reforma agraria debido a que eran parte de los terrenos que, mediante Decreto No. 2125, del tres (3) de abril de mil novecientos setenta y dos (1972), habían sido establecidos como demarcación turística prioritaria dentro del llamado Polo Turístico La Garza, desde el municipio Cabrera hasta Cabo Isabela, municipio Luperón.

8.10. La actual Constitución no mantiene la disposición que impedía la expropiación de terrenos para la reforma agraria que estuviesen destinados por el Estado a otros fines de interés social. Pero por aplicación del principio de razonabilidad consignado en los artículos 40.15 y 74.2 de la Constitución, cuando se dictan disposiciones que regulan o afectan los derechos y garantías fundamentales, la expropiación de terrenos destinados por una legislación a fines turísticos, podría devenir en inconstitucional. Sobre todo cuando dicha expropiación afecta un derecho fundamental, como es el derecho de propiedad, y la misma se hace para destinar dichos terrenos a un fin distinto al que están reservados.

TC/0127/13, numeral 7, 8.9–8.10, pág. 11 — PDF oficial

8.11. La anterior conclusión se sustenta en el hecho de que aún se mantiene la reserva para fines turísticos de los terrenos que constituyen las parcelas del accionante, ya que las disposiciones legales que así lo establecieron se mantienen vigentes. Tal es el caso del Decreto núm. 2125, del tres (3) de abril de mil novecientos setenta y dos (1972), que crea el Polo Turístico La Garza, desde el municipio Cabrera hasta Cabo Isabela, municipio Luperón. Lo mismo ocurre con la Ley No. 256, del treinta (30) de octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975), sobre Ordenación Territorial, la cual establece los controles necesarios para el uso de los terrenos comprendidos dentro de la referida zona turística, para garantizar el cabal desarrollo turístico de la misma, acorde con su planificación.

TC/0127/13, numeral 7, 8.11, pág. 12 — PDF oficial

8.12. En el caso específico de las parcelas núm. 1583 y 1584, del Distrito Catastral No. 05, del municipio Luperón, provincia Puerto Plata, que han sido objeto de una sentencia definitiva e irrevocable, oponible al Estado dominicano, no pueden ser expropiadas por el propio Estado, aduciendo exactamente las mismas razones del decreto ya anulado. Tal proceder vulnera la seguridad jurídica que se fundamenta en la certeza del derecho, sobre todo en su ámbito de aplicación, al impedir la eficacia de las decisiones dictadas por las jurisdicciones competentes. En el caso que ocupa nuestra atención, la situación se torna todavía más grave puesto que se trata de una violación a un principio universalmente reconocido que debe ser garantizado por el Estado, quien con su actuación está pretendiendo eludir los efectos de sus propias decisiones jurisdiccionales, las cuales están llamadas a zanjar definitivamente los conflictos. En tal virtud, resulta inaceptable que situaciones como la anteriormente planteada sean propiciadas por el Estado, quien no solamente debe ser el principal garante de sus decisiones definitivas e irrevocables, sino también debe dar ejemplo de sumisión a la ley para tener así la autoridad suficiente de formularles exigencias a sus ciudadanos.

TC/0127/13, numeral 7, 8.12, pág. 12 — PDF oficial

8.13. La jurisprudencia constitucional comparada ha señalado: La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte del derecho de acceder a la administración de justicia -artículo 229 Superior-. Este se concreta no sólo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación de la normatividad al caso concreto. Cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar completamente lo dispuesto en una providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de ésta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, también por esa razón (Sentencia T-440/10, de fecha 4 de junio de 2010, de la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional de Colombia).

TC/0127/13, numeral 7, 8.13, pág. 13 — PDF oficial

8.14. En definitiva, mientras no se modifiquen las circunstancias que determinaron la sentencia dictada contra el Estado dominicano con relación a la expropiación de las parcelas mencionadas, este se encuentra obligado a darle cumplimiento a sus disposiciones. De no hacerlo estaría violentando el artículo 69 de la Constitución que consagra el derecho de toda persona a obtener la tutela judicial efectiva, y también violaría el artículo 51 de la Carta Sustantiva que consagra el derecho de propiedad. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran incorporadas las firmas de Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza, e Idelfonso Reyes, Juez, en razón de que no estuvieron presentes en la deliberación ni votación de la misma por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente de Hermógenes Acosta de los Santos, Juez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0127/13, numeral 7, 8.14, pág. 13 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Ramón Licinio Vargas Hernández, contra el Decreto núm. 391-12, emitido en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil doce (2012), por el Poder Ejecutivo, por haber sido interpuesta de conformidad con los artículos 37 y siguientes de la Ley núm. 137-11.

SEGUNDO: DECLARAR no conforme con la Constitución, en lo que respecta a las Parcelas núm. 1583 y 1584, del Distrito Catastral núm. 05 del municipio Luperón, Provincia Puerto Plata, propiedad del accionante, el Decreto núm. 391-12, emitido por el Poder Ejecutivo, el veintiocho (28) de julio del dos mil doce (2012),por transgredir el derecho fundamental de propiedad previsto en el artículo 51 de la Constitución, y violar el derecho del accionante a obtener la tutela judicial efectiva, al tenor de lo estipulado por el artículo 69 de la Carta Sustantiva.

TERCERO: PRONUNCIAR, en consecuencia, la nulidad absoluta por inconstitucional del Decreto núm. 391-12, dictado el veintiocho (28) de julio de dos mil doce (2012), por el Poder Ejecutivo, en lo que se refiere a la declaratoria de utilidad pública e interés social que contiene respecto de las parcelas núm. 1583 y 1584, del Distrito Catastral núm. 05, del municipio Luperón, provincia Puerto Plata, para ser adquiridas por el Estado dominicano y transferidas al Instituto Agrario Dominicano, con la finalidad de dedicarlas al programa de la reforma agraria.

CUARTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, al Presidente de la República y al Procurador General de la República.

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0127/13, del 2 de agosto de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0127-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.