Sentencia TC/0139/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 22 de agosto de 2013 · Expediente Expediente No. TC-02-2013-0003

Control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República Dominicana, sobre Medidas para Acelerar la Importación, la Exportación y el Tránsito de los Envíos de Socorro en caso de Desastre y Emergencia”, firmado en la ciudad de Santo Domingo, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil trece (2013).

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Control preventivo

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0139/13?

El control preventivo de los tratados internacionales deriva de la supremacía constitucional y exige verificar la correspondencia entre las disposiciones del acuerdo y la Constitución, a fin de evitar que el Estado contraiga obligaciones internacionales contrarias a ella. Las disposiciones examinadas deben enmarcarse en los principios de soberanía, legalidad, integridad territorial y no intervención (TC/0139/13, numeral 4, 4.1–4.5, pág. 11; TC/0139/13, numeral 6, 6.1–6.3, pág. 12).

El Tribunal consideró que las disposiciones del Acuerdo sobre desastre y emergencia eran compatibles con las normas constitucionales sobre la declaración del estado de emergencia y la autorización congresual para declarar estados de excepción. En materia tributaria, estimó que la supresión de restricciones económicas y de derechos o impuestos sobre los envíos de socorro era compatible con la Constitución, con sujeción al límite de doscientos salarios mínimos del sector público para las exenciones sin aprobación congresual; por encima de ese monto se requiere autorización del Congreso. Asimismo, entendió que la cláusula que preserva los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y su personal era conforme con las reglas constitucionales de recepción del derecho internacional (TC/0139/13, numeral 7, 7.1–c, pág. 13; TC/0139/13, numeral 7, d–b, pág. 14; TC/0139/13, numeral 7, c–a, pág. 15; TC/0139/13, numeral 7, b–c, pág. 16; TC/0139/13, numeral 7, d, pág. 17).

Decisión

Declara conforme con la Constitución el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República Dominicana sobre Medidas para Acelerar la Importación, la Exportación y el Tránsito de los Envíos de Socorro en caso de Desastre y Emergencia, firmado en Santo Domingo el 16 de enero de 2013. Ordena comunicar la sentencia al presidente de la República y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“Por vía de consecuencia, el control preventivo de constitucionalidad es una derivación lógica del principio de supremacía constitucional y se considera el mecanismo que garantiza su aplicación.” (TC/0139/13, numeral 4, 4.1–4.5, pág. 11)
“Por tanto, las disposiciones de los acuerdos sometidos a control deben estar enmarcadas dentro de los principios de soberanía, legalidad, integridad territorial y no intervención, consagrados como normas fundamentales en la Constitución.” (TC/0139/13, numeral 6, 6.1–6.3, pág. 12)

Normas interpretadas

Constitución de la República Dominicana: artículos 6, 26 (en particular, numerales 1 y 2), 74 (numeral 3), 93 (literales a y e), 128 (numeral 1, literal d), 184 y 265.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

4. Supremacía constitucional

4.1. Como principio del Derecho Constitucional ha sido establecido el concepto de supremacía constitucional que coloca la Constitución de un país en un estrato jerárquicamente superior al de todo el sistema jurídico del mismo, considerándola como ley suprema, que rige su ordenamiento legal.

4.2. En nuestro caso, se encuentra establecido en el artículo 6 de la Constitución, el cual establece que las personas y órganos que ejerzan potestades públicas están sujetos a la Constitución, resultando nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

4.3. El artículo 74, numeral 3 de la Constitución dispone que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el país, gozan de jerarquía constitucional.

4.4. Para garantizar que la Constitución sea la norma por excelencia, la misma dispone en su artículo 184 lo siguiente: habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales (…).

4.5. Por vía de consecuencia, el control preventivo de constitucionalidad es una derivación lógica del principio de supremacía constitucional y se considera el mecanismo que garantiza su aplicación.

TC/0139/13, numeral 4, 4.1–4.5, pág. 11 — PDF oficial

5. Recepción del derecho internacional

5.1. Nuestro país, como Estado miembro de la comunidad internacional, actúa apegado a las normas del derecho internacional y materializa esas relaciones estableciendo acuerdos, convenios y tratados de la manera más conveniente para el país y en defensa de sus intereses, por lo que, el artículo 26 de la Constitución y sus numerales reconocen y aplican las normas del derecho internacional que garanticen el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones; por tanto, promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que defienda los intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de integración.

TC/0139/13, numeral 5, 5.1, pág. 11 — PDF oficial

6. Control de constitucionalidad

6.1. El control preventivo de tratados internacionales, esencialmente conlleva una relación de correspondencia entre los artículos de los mismos y las disposiciones constitucionales, así como de las cuestiones que resultan relevantes en relación con sus normativas.

6.2. El control preventivo de constitucionalidad conlleva la integración y consonancia de las normas del acuerdo internacional con las reglas establecidas en nuestra Carta Sustantiva, que permita evitar una distorsión o contradicción entre ambas disposiciones, con el objetivo de impedir que el Estado se haga compromisario de obligaciones y deberes en el ámbito internacional que sean contrarios a la Constitución.

6.3. Por tanto, las disposiciones de los acuerdos sometidos a control deben estar enmarcadas dentro de los principios de soberanía, legalidad, integridad territorial y no intervención, consagrados como normas fundamentales en la Constitución.

TC/0139/13, numeral 6, 6.1–6.3, pág. 12 — PDF oficial

7. Aspectos relevantes del acuerdo

7.1. Este Tribunal procede a establecer los puntos tocados en el presente acuerdo que serán sometidos a control preventivo por la relevancia constitucional que podrían contener, a saber: (i) El estado de emergencia. (ii) Exenciones de impuestos con respecto a las exportaciones e importaciones. (iii) No exención de inmunidad.

7.2. Por lo que, resulta oportuno determinar si estos aspectos están acordes con la Constitución: (i) El estado de emergencia

a) El artículo 1, numerales 1.1 y 1.6 del Acuerdo disponen: Artículo 1, numeral 1.1: “Desastre” se entiende una grave desorganización del funcionamiento de la sociedad, que causa grandes pérdidas humanas, de materiales o del medio ambiente y que supera la capacidad de la sociedad afectada para ofrecerle frente con sus propios recursos. Artículo 1, numeral 1.6: Por “Emergencia” se entiende un acontecimiento repentino, y por lo general imprevisto, que exige la adopción de medidas inmediatas para reducir sus consecuencias adversas.

b) El artículo 93, literal e) de la Constitución establece como una de las atribuciones del Congreso Nacional: Autorizar al Presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere esta Constitución.

c) Con respecto a lo anterior, dentro del Título XIII de la Constitución, sobre los estados de excepción, se incluye el artículo 265 que estatuye que “el estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que constituyan una calamidad pública”, como periódicamente, por razones de nuestra ubicación geográfica, somos afectados por factores naturales, tales como tormentas, ciclones, vaguadas y otros fenómenos, los cuales conllevan situaciones de emergencia que ameritan de la solidaridad internacional.

TC/0139/13, numeral 7, 7.1–c, pág. 13 — PDF oficial

d) Al realizar un análisis de correspondencia entre las disposiciones del presente acuerdo y la norma constitucional, podemos comprobar que dichas disposiciones resultan compatibles con el espíritu de los artículos de la Constitución de la República antes citados, pues no contravienen el sentido ni el propósito en el cual se enmarcan las normas en ellos contenidas. (ii) Exenciones de impuestos con respecto a las exportaciones e importaciones

a) El artículo 3.1.1 del presente acuerdo, en lo que respecta a las exportaciones, dispone que República Dominicana podrá: Suprimir cualquier prohibición o restricción económica a las exportaciones, así como todos los derechos o impuestos de exportación, en lo que respecta a los bienes contenidos en los envíos de socorro destinados a los países que han sufrido desastre y en posesión del personal de socorro en casos de desastre.

b) Por su parte, el artículo 3.3.1 del acuerdo, con respecto a las importaciones, establece que el país podrá permitir la admisión libre de derechos de importación e impuestos, o gravámenes que tengan un efecto equivalente, y libre de toda prohibición o restricción económica de importación con respecto a: Todos los envíos de socorro importados por las Naciones Unidas o sus organismos, o por organizaciones que participen en operaciones de socorro en casos de desastre emprendidas por las Naciones Unidas.

TC/0139/13, numeral 7, d–b, pág. 14 — PDF oficial

c) El artículo 93, literal a), de la Constitución atribuye al Congreso Nacional: “Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión; y el artículo 128, acápite d, sección segunda, dispone que dentro de las atribuciones del presidente de la República se encuentra la de estipular “exenciones de impuestos en general, de acuerdo con la Constitución”, estableciendo que dichas exenciones podrán ser suscritas sin aprobación del Congreso, siempre que sean sobre un monto máximo de doscientos salarios mínimos del sector público.

d) De la comparación de la disposición del acuerdo y la norma constitucional, concluimos que las mismas son coincidentes en cuanto a la supresión o exención de los derechos o impuestos y de la supresión de restricciones económicas sobre los bienes enviados en caso de desastre, siempre que las mismas no excedan el límite dispuesto por la del valor dispuesto en la Constitución, para lo cual siempre se requerirá autorización congresual, independientemente de las causas que los originen. (iii) No exención de inmunidad

a) República Dominicana ratificó en fecha siete (7) de marzo de mil novecientos cuarenta y siete (1947), la “Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de la Naciones Unidas”, firmada el trece (13) de febrero de mil novecientos cuarenta y seis (1946), la cual estableció en su artículo VI, sección 22, que a los peritos que formen parte de misiones de las Naciones Unidas se les otorgarán las inmunidades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, y que, en especial, gozarán de inmunidad contra arresto y detención, inviolabilidad de todo papel y documento y además se le otorgarán las mismas inmunidades que las que se dispensan a los enviados diplomáticos, con respecto a su equipaje personal.

TC/0139/13, numeral 7, c–a, pág. 15 — PDF oficial

b) El artículo 6 del “Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República Dominicana, sobre Medidas para Acelerar la Importación, la Exportación y el Tránsito de los Envíos de Socorro en caso de Desastre y Emergencia”, establece en su cláusula de no exención de inmunidad, lo siguiente: Nada de lo contenido en el presente Acuerdo se considerará una exención, expresa o implícita, de cualquier inmunidad, juicio o proceso legal, o de cualquier privilegio, exención u otra inmunidad de que gocen, o puedan gozar, las Naciones Unidas y su personal en virtud de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946.

c) El Artículo 26 de la Constitución, relativo a las relaciones internacionales y derecho internacional establece: “La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional”, y dispone, en sus numerales 1 y 2 lo siguiente: 1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. 2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial.

TC/0139/13, numeral 7, b–c, pág. 16 — PDF oficial

d) Estas disposiciones constitucionales son conformes con lo establecido en el presente acuerdo y en las convenciones más arriba citadas. En consecuencia, este tribunal ha confirmado y verificado que el “Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República Dominicana, sobre Medidas para Acelerar la Importación, la Exportación y el Tránsito de los Envíos de Socorro en caso de Desastre y Emergencia”, firmado en la ciudad de Santo Domingo, en fecha 16 de enero del año 2013, no contradice los preceptos y normas establecidas en nuestra Constitución. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran incorporadas las firmas de las magistradas Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta, y Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0139/13, numeral 7, d, pág. 17 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR conforme con la Constitución de República Dominicana, el “Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República Dominicana, sobre Medidas para Acelerar la Importación, la Exportación y el Tránsito de los Envíos de Socorro en caso de Desastre y Emergencia”, firmado en la ciudad de Santo Domingo, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil trece (2013)

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia al presidente de la República para los fines contemplados en el artículo 128, numeral 1, literal d), de la Constitución.

TERCERO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0139/13, del 22 de agosto de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0139-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.