Sentencia TC/0150/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 12 de septiembre de 2013 · Expediente TC-01-2012-0072

La acción directa de inconstitucionalidad incoada por los señores Nadim Miguel Bezi Nicasio, Thelma Elba Nicasio Vda. Bezi y Nadime Suzanne Bezi Nicasio, contra el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0150/13?

Los accionantes tenían legitimación activa por su interés legítimo y jurídicamente protegido, derivado de su condición de partes en un proceso judicial en el que interpusieron un recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales (TC/0150/13, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 10). Sin embargo, la acción directa exige identificar con claridad la infracción, atribuirla a la norma impugnada y explicar, con argumentos de naturaleza constitucional, cómo esta vulnera la Constitución. La sola invocación de los artículos 68, 69.4, 69.7, 69.8 y 69.10 no satisfizo los requisitos de claridad, certeza, especificidad y pertinencia (TC/0150/13, numeral 9, 9.3–9.4, pág. 11).

El derecho al recurso reconocido por el artículo 69.9 de la Constitución está sujeto a la facultad del legislador ordinario de fijar condiciones y requisitos para interponer recursos jurisdiccionales (TC/0150/13, numeral 10, 10.1–10.1.2, pág. 12). La limitación temporal del artículo 53 de la Ley núm. 137-11 no vulnera ese derecho ni la competencia del Tribunal Constitucional prevista en el artículo 184, porque responde al mandato del artículo 277 de la Constitución, que impide al Tribunal examinar las decisiones judiciales que habían adquirido autoridad de cosa irrevocablemente juzgada hasta la proclamación de la Constitución el 26 de enero de 2010 (TC/0150/13, numeral 10, 10.1.3, pág. 13; TC/0150/13, numeral 10, 10.1.4, pág. 14).

Decisión

Declara inadmisible la acción respecto de los medios relativos a los artículos 68, 69.4, 69.7, 69.8 y 69.10 de la Constitución por falta de fundamentación argumentativa. Respecto de los artículos 69.9 y 184, declara la acción buena y válida en cuanto a la forma, la rechaza en cuanto al fondo y declara conforme con la Constitución el artículo 53 de la Ley núm. 137-11.

Citas textuales clave

“Es decir, que todo escrito contentivo de una acción directa de inconstitucionalidad debe indicar las infracciones constitucionales que se le imputan al acto o norma infraconstitucional cuestionada.” (TC/0150/13, numeral 9, 9.3–9.4, pág. 11).
“En ese contexto, el derecho al recurso contemplado como una garantía del debido proceso en el artículo 69.9 de nuestro Pacto Fundamental se encuentra condicionado al poder de configuración del legislador ordinario, el cual puede establecer condiciones y requisitos para la interposición de los recursos jurisdiccionales.” (TC/0150/13, numeral 10, 10.1–10.1.2, pág. 12).
“En tal virtud, la referida prohibición al Tribunal Constitucional para conocer de la revisión de las sentencias judiciales dictadas antes de la fecha de proclamación de la Constitución de la República (26 de enero de 2010), y consignada en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, en modo alguno contraviene el derecho fundamental al recurso instituido en el artículo 69.9 de nuestra Carta Magna.” (TC/0150/13, numeral 10, 10.1.4, pág. 14).

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 2, 6, 69.9, 184, 185.1 y 277.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 37 y 53.

Precedentes que cita el Tribunal

C-987/05 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa o calidad de los accionantes

8.1. La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa de inconstitucionalidad está señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, que confieren dicha condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido.

8.2. En ese orden de ideas, los accionantes ostentan la condición de partes en un proceso judicial relacionado con una demanda en partición de bienes sucesorales que recorrió todas las instancias judiciales, por lo que los actuales reclamantes, al interponer el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales previsto en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, ostentan, en la especie, la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, al estar revestidos de un interés legítimo y jurídicamente protegido, de conformidad con el artículo 185.1 de la Constitución.

TC/0150/13, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 10 — PDF oficial

9. Inadmisibilidad de la acción en cuanto a las presuntas violaciones a

los artículos 68, 69.4, 69.7, 69.8, 69.10 de la Constitución de la República

9.1. El tribunal ha podido advertir la circunstancia de que los accionantes en su escrito introductivo de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2012), se limitan simplemente a enunciar la inconstitucionalidad del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, por alegadamente violar los artículos 68, 69.4, 69.7,

69.8 y 69.10 de la Constitución de la República, sin especificar de manera concreta y específica en su escrito, de qué forma el texto legal denunciado vulnera la Carta Magna, ni cuáles son los argumentos constitucionales que justificarían una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de dicha disposición, pues sólo desarrollan la presunta violación de los artículos 69.9 y 184 de la Constitución de la República relativos al derecho al recurso y la competencia del Tribunal Constitucional. (Ver escrito introductivo de acción directa de fecha 19 de septiembre del 2012)

TC/0150/13, numeral 9, 9.1–69.8, pág. 10 — PDF oficial

9.2. La acción directa de inconstitucionalidad tiene como objeto sancionar infracciones constitucionales, es decir, la no conformidad por parte de normas infraconstitucionales en cuanto a su espíritu y contenido con los valores, principios y reglas establecidos en la Constitución; circunstancia, por demás, que debe quedar claramente acreditada o consignada dentro de los fundamentos o conclusiones del escrito introductivo suscrito por la parte accionante. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional comparada admite como requisito de exigibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad el señalamiento y justificación argumentativa de las normas constitucionales que resultan infringidas por el acto cuyo control abstracto o concentrado de constitucionalidad se reclama: La Corte ha sistematizado las exigencias materiales que debe cumplir la demanda y ha señalado que, sin caer en formalismos técnicos…los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios, ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia) (Ver: Sent. C-987/05, de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil cinco (2005), de la Corte Constitucional de Colombia).

TC/0150/13, numeral 9, 9.2, pág. 11 — PDF oficial

9.3. Es decir, que todo escrito contentivo de una acción directa de inconstitucionalidad debe indicar las infracciones constitucionales que se le imputan al acto o norma infraconstitucional cuestionada. En tal virtud, la infracción constitucional debe tener:  Claridad: Significa que la infracción constitucional debe ser identificada en el escrito en términos claros y precisos;  Certeza: La infracción denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional objetada;  Especificidad: Debe argumentarse en qué sentido el acto o norma cuestionado vulnera la Constitución de la República;  Pertinencia: Los argumentos invocados deben ser de naturaleza constitucional, y no legales o referidos a situaciones puramente individuales.

9.4. En el caso ocurrente, los accionantes, al pretender en su escrito introductivo la declaratoria de inconstitucionalidad del prealudido artículo 53 de la Ley núm. 137-11, no establecen, sin embargo, en qué medida dicha disposición legal viola los artículos 68, 69.4, 69.7, 69.8 y 69.10 de la Constitución de la República, ni los argumentos de naturaleza constitucional que justifican su pretensión, por lo que su petición en ese sentido carece de claridad, certeza, especificidad y pertinencia; razón por la cual procede declarar inadmisible en cuanto a los referidos artículos constitucionales, pues su alegato carece de los requisitos mínimos de exigibilidad de toda acción directa de inconstitucionalidad.

TC/0150/13, numeral 9, 9.3–9.4, pág. 11 — PDF oficial

10. Análisis de los otros medios de inconstitucionalidad invocados

10.1. En cuanto a la presunta violación del derecho al recurso y de la competencia constitucional del Tribunal Constitucional (Artículos 69.9 y 184 de la Constitución de la República)

10.1.1. El accionante reclama mediante su acción directa de inconstitucionalidad la nulidad, por inconstitucional, del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, por presuntamente transgredirse los artículos 69.9 (derecho al recurso) y 184 de la Constitución (competencia del Tribunal Constitucional), al prohibirse el ejercicio del recurso de revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales anteriores al 26 de enero del 2010; pretensiones que serán evaluadas en conjunto por estar la solución de las mismas íntimamente relacionadas.

10.1.2. El principio de supremacía constitucional establecido en las disposiciones del artículo 6 de la Constitución de la República consagra el carácter de fuente primaria de la validez sobre todo el ordenamiento jurídico dominicano, cuyas normas infraconstitucionales deben ceñirse estrictamente a los valores, principios, reglas y derechos contenidos en la Carta Magna. Por tanto, las disposiciones contenidas en la Constitución, al igual que las normas que integran el bloque de la constitucionalidad constituyen el parámetro de constitucionalidad de todas las normas, actos y actuaciones producidos y realizados por todas las personas, instituciones privadas y órganos de los poderes públicos. En ese contexto, el derecho al recurso contemplado como una garantía del debido proceso en el artículo 69.9 de nuestro Pacto Fundamental se encuentra condicionado al poder de configuración del legislador ordinario, el cual puede establecer condiciones y requisitos para la interposición de los recursos jurisdiccionales.

TC/0150/13, numeral 10, 10.1–10.1.2, pág. 12 — PDF oficial

10.1.3. Además, la limitación procesal del ejercicio de los recursos constitucionales de revisión de sentencias establecida en el referido artículo 53 de la Ley núm. 137-11, que prohíbe el ejercicio de dicho recurso contra sentencias anteriores “…al 26 de enero del 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución…” no puede devenir inconstitucional, pues dicha prohibición fue configurada por el legislador ordinario por mandato directo del propio constituyente, el cual en el artículo 277 de nuestra Carta Magna, dispone: Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional (…).

TC/0150/13, numeral 10, 10.1.3, pág. 13 — PDF oficial

10.1.4. En tal virtud, la referida prohibición al Tribunal Constitucional para conocer de la revisión de las sentencias judiciales dictadas antes de la fecha de proclamación de la Constitución de la República (26 de enero de 2010), y consignada en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, en modo alguno contraviene el derecho fundamental al recurso instituido en el artículo 69.9 de nuestra Carta Magna. Tampoco contraviene la competencia conferida al Tribunal Constitucional por el artículo 184 de dicho texto sustantivo para la protección de los derechos fundamentales, pues dicha disposición prohibitiva proviene del constituyente en representación del pueblo dominicano, el cual encarna la soberanía popular y es de quien dimanan todos los poderes (artículo 2 de la Constitución de la República), y bajo dicho mandato representativo puede establecer constitucionalmente las reglas y principios fundamentales del sistema jurídico nacional. Por dicha razón, procede denegar los medios de inconstitucionalidad formulados por los accionantes. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figura incorporada la firma del magistrado Milton Ray Guevara, Juez Presidente, por motivo de inhibición voluntaria. Tampoco figuran incorporadas las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Juez, y Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley.

TC/0150/13, numeral 10, 10.1.4, pág. 14 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: En cuanto a los medios de inconstitucionalidad relacionados con los artículos 68, 69.4, 69.7, 69.8 y 69.10 de la Constitución de la República: DECLARAR inadmisible la presente acción directa de constitucionalidad, de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2012), interpuesta por Nadim Miguel Bezi Nicasio, Thelma Elba Nicasio Vda. Bezi y Nadime Suzanne Bezi Nicasio, en contra del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, por carecer de requisitos mínimos de exigibilidad argumentativa que determinen en qué medida se violaron los artículos 68, 69.4, 69.7, 69.8 y 69.10 de la Constitución de la República.

SEGUNDO: En cuanto a los medios de inconstitucionalidad relacionados con los artículos 69.9 y 184 de la Constitución de la República: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad, de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2012), interpuesta por Nadim Miguel Bezi Nicasio, Thelma Elba Nicasio Vda. Bezi y Nadime Suzanne Bezi Nicasio, en contra del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley.

TERCERO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por Nadim Miguel Bezi Nicasio, Thelma Elba Nicasio Vda. Bezi y Nadime Suzanne Bezi Nicasio y, en consecuencia, DECLARAR CONFORME a la Constitución de la República, el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, por no resultar violatoria al derecho al recurso, ni a la competencia del Tribunal Constitucional de conformidad con las consideraciones desarrolladas en el cuerpo de la presente sentencia.

CUARTO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a las partes accionantes, Nadim Miguel Bezi Nicasio, Thelma Elba Nicasio Vda. Bezi y Nadime Suzanne Bezi Nicasio; a la autoridad de la cual emanó la norma impugnada, el Congreso Nacional; y a la Procuraduría General de la República.

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0150/13, del 12 de septiembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0150-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.