Sentencia TC/0163/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 16 de septiembre de 2013 · Expediente TC-01-2009-0008
La acción directa de inconstitucionalidad incoada por José Francisco Cárdenas García, contra el artículo 112 del Código Procesal Penal.
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Temas: Libertad de asociación
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0163/13?
La legitimación se rige por la Constitución de 2002, vigente cuando se interpuso la acción en 2009, porque constituye una excepción a la aplicación inmediata de la ley procesal. El accionante acreditó su calidad de parte interesada al cuestionar el requisito de matriculación para ejercer la defensa penal. El fondo se resuelve conforme a la Constitución de 2010, de aplicación inmediata, que mantiene los derechos invocados (TC/0163/13, numeral 7, 7.1–7.3, pág. 7; TC/0163/13, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 7).
La matriculación obligatoria prevista en el artículo 112 del Código Procesal Penal no vulnera la libertad de asociación: el Colegio de Abogados es una corporación de derecho público que ejerce por delegación estatal funciones de matriculación y disciplina, y la colegiación no impide pertenecer a otros gremios. Tampoco vulnera el derecho de defensa, sino que lo protege mediante la vigilancia y capacitación de quienes ejercen la defensa penal. No infringe el derecho a la igualdad porque el Colegio cumple funciones públicas que los gremios privados de abogados no desempeñan, de modo que no se trata de situaciones análogas (TC/0163/13, numeral 9, 9.2.5–9.2.6, pág. 10; TC/0163/13, numeral 9, 9.2.7–9.2.8, pág. 11; TC/0163/13, numeral 9, 9.2.11–9.3, pág. 12; TC/0163/13, numeral 9, 9.3.1–9.4, pág. 13; TC/0163/13, numeral 9, 9.4.1–9.4.2, pág. 14; TC/0163/13, numeral 9, 9.4.3, pág. 14).
Decisión
Declara admisible en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad, la rechaza en cuanto al fondo y declara el artículo 112 del Código Procesal Penal conforme con los artículos 39, 47 y 69.4 de la Constitución. Declara el procedimiento libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“De las argumentaciones antes indicadas se puede colegir que la obligación de matricularse en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, como dispone el artículo 112 del Código Procesal Penal, acusado de inconstitucional, no es contrario a las disposiciones del artículo 47 de la Constitución.” (TC/0163/13, numeral 9, 9.2.11–9.3, pág. 12)
“Es por ello que, contrario a lo alegado por el accionante, la colegiación obligatoria no violenta el derecho de defensa, más bien preserva la adecuada tutela de la referida garantía, pues no ha bastado al Estado expedir el correspondiente título habilitante a través del exequátur, sino que, además, delega en el referido colegio la vigilancia y capacitación de los abogados de la República.” (TC/0163/13, numeral 9, 9.3.1–9.4, pág. 13)
“De ahí que, en la especie, no se verifica la alegada violación al principio de igualdad, dado que no se está frente a instituciones que cumplen funciones similares, por cuanto los fines del Colegio de Abogados de la República Dominicana son de interés público, y no meramente corporativo.” (TC/0163/13, numeral 9, 9.4.3, pág. 14)
Normas interpretadas
Constitución de 2010: artículos 39, 47 y 69.4.
Constitución de 2002: artículos 8, numeral 7; 8.2, letra J; y 100.
Ley núm. 76-02, Código Procesal Penal: artículo 112.
Ley núm. 91 de 1983: artículos 1, 2 y 3, en particular la letra h del artículo 3.
Ley núm. 137-11: artículo 7.6.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Legitimación activa o calidad de la accionante
7.1. Al tratarse de un asunto formulado en el año dos mil nueve (2009), la procedencia o admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad estaba sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución de dos mil dos (2002), que admitía las acciones formuladas por aquellos que probasen su calidad de parte interesada.
7.2. En virtud de lo expuesto anteriormente, la parte accionante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad al ser una “parte interesada”, por cuanto al resultar la calidad o legitimación activa una cuestión de naturaleza procesal constitucional, la misma constituye una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo, razón por la cual el accionante Cárdenas García se encontraba revestido de la debida calidad al momento de interponerse la acción en inconstitucionalidad por vía principal, al ser una “parte interesada”.
7.3. El accionante, en su recurso, ha exhibido la condición de parte interesada en la presente acción, ya que el mismo cuestiona las disposiciones del artículo 112 del Código Procesal Penal dominicano, que dispone la obligación de la matriculación en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, para poder ser defensor; en tal virtud, y en consecuencia, ostenta la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa.
8. Procedimiento aplicable en la presente acción directa en
inconstitucionalidad
8.1. La Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), modificada en mil novecientos noventa y cuatro (1994) y en el año dos mil dos (2002), fue reformada el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), siendo esta última la norma constitucional aplicable al presente caso, por efecto del “principio de la aplicación inmediata de la Constitución”, subsistiendo en la nueva Constitución, los mismos derechos y principios fundamentales que invoca el accionante: a) la libertad de asociación, establecida en el artículo 8, numeral 7, de la Constitución de dos mil dos (2002), que está previsto en el artículo 47, de la Constitución de dos mil diez (2010); b) el derecho a la igualdad, previsto en el artículo 100 de la Constitución de dos mil dos (2002), contenido en el artículo 39, de la Constitución de dos mil diez (2010); C) el derecho de defensa, contenido en el artículo 8.2 letra J de la Constitución de (2002 (Artículo 69.4 de la vigente Constitución).
8.2. Por las motivaciones previamente citadas, y en virtud de la aplicación inmediata de las normas constitucionales en el tiempo, el presente proceso será fallado de conformidad con lo dispuesto en la actual reforma constitucional del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010).
9. Del rechazo de la acción
9.1. En el presente caso, el accionante demanda la inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Procesal Penal, para lo cual arguye que la referida disposición legal violenta el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la igualdad y el derecho de defensa.
9.2. Sobre la alegada violación a la libertad de asociación
9.2.1. En lo que respecta a la libertad de asociación, esta es considerada como un derecho civil y político esencial, garantizado por el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un derecho humano que consiste en la facultad de que disponen los seres humanos de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones libremente, con objetivos de concreción lícitos, la libertad de retirarse de las mismas en caso de así decidirlo. También comprende el derecho a no ser obligado a pertenecer a una asociación.
9.2.2. Pero en el contexto de la facultad de libre asociación que está configurada en el artículo 47 de nuestra Constitución, se hace preciso determinar si estamos ante una corporación de derecho público o de derecho privado. Las corporaciones de derecho público están definidas como aquellas entidades autónomas que representan los intereses de ciertos sectores sociales ante los poderes públicos y desempeñan funciones públicas de ordenación de dicho sector 1 ; mientras que las corporaciones de derecho privado son consideradas como establecimientos fundados y regidos por particulares, que actúan a veces bajo la vigilancia y con el permiso de la administración, pero sin ninguna delegación del poder público 2 .
9.2.3. En lo atinente a las corporaciones de derecho público, cabe destacar que la definición dada en el párrafo anterior le otorga a estas entidades una doble dimensión, las cuales, por un lado, tienen base privada, al estar constituidas con el fin de representar y defender los intereses de un determinado colectivo; y, por el otro, tienen al mismo tiempo una dimensión pública determinada por el ejercicio de funciones públicas administrativas, las cuales le otorgan una naturaleza propia similar a los órganos de la Administración Pública, por el ámbito propio de su actividad, la cual lo acerca a la esfera del derecho administrativo. En este concepto entrarían los colegios profesionales y las federaciones deportivas, entre otras.
9.2.4. Producto de las definiciones y características expresadas en los párrafos anteriores, resulta posible determinar la cualidad de corporación de derecho público del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). Es la 1 Zambonino Pulito Maria. Apuntes de Derecho Administrativo I. Universidad de Cádiz, pp. 64-65. . 2 Ibídem. Zambonino Pulito, María. Apuntes de Derecho Administrativo I. Universidad de Cádiz. Información obtenida de la página web: http://www.derecho-administrativo.com/2013/01/corporaciones-de-derecho- publico.html propia Ley núm. 91, del tres (3) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), que en su Art. 1 dispone lo siguiente: Por la presente Ley se instituye el Colegio de Abogados de la República como corporación de derecho público interno de carácter autónomo y con personalidad jurídica propia, el cual tendrá su sede y domicilio principal en la ciudad de Santo Domingo.
9.2.5. Cabe destacar que la referida ley, en los artículos 2 y 3, le otorga a dicho colegio de abogados las siguientes prerrogativas: organizar a todos los abogados de República Dominicana, defender los derechos de los abogados, adoptar un código de ética de los profesionales del Derecho, impulsar el perfeccionamiento de los abogados a través de estudio de la ciencia jurídica, mantener relaciones con las demás entidades del orden profesional, asistir y orientar a los abogados recién graduados, promover y obtener ayuda mutua de sus miembros, dentro de las que incluye dotar a los mismos de seguro médico en caso de invalidez o cualquier otro riesgo, establecer un servicio de asistencia legal gratuita para las personas de escasos recursos económicos, prestar asesoría a los órganos del Congreso de manera espontánea o cuando estos lo requieran, investigar las quejas que se formulen contra los abogados en el ejercicio de su profesión, pudiendo sancionar disciplinariamente a dichos miembros si encontrare causa fundada; así como crear un centro de capacitación y especialización para todos los miembros del Colegio de Abogados.
9.2.6. De tales atribuciones se desprende que el Colegio de Abogados de la República Dominicana no es una asociación que se integra con la adición libre y espontánea de cada uno de sus miembros, sino que, como bien lo dispone la ley que lo crea, es una corporación con fines públicos, que originalmente pertenecen al Estado, y que este, por delegación circunstanciada, transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matriculación y el régimen disciplinario de todos los abogados de la República.
9.2.7. En el contexto de su instancia, el accionante arguye que el artículo 112 del Código Procesal Penal es contrario a lo que dispone el artículo 47 de la Constitución de la República, en el sentido de que el primero impone, como requisito, para poder ser defensores, la matriculación obligatoria de los abogados en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que a juicio de este, es contrario a la libertad de asociación que consagra en el segundo articulado antes citado.
9.2.8. Sobre este planteamiento, cabe precisar que el Colegio de Abogados de la República Dominicana, como bien se dijo en los párrafos anteriores, tiene una función pública, y que las normas imperativas de derecho público, que obligan a los individuos a asociarse en colegios profesionales es válida, y no puede considerarse contraria a la libertad de asociación que dispone el texto constitucional, cuando los referidos colegios cumplen fines que trascienden el interés privado, por cuanto el Estado delega en estos fines que procuran el bien común, además tal colegiación obligatoria no impide asociarse a otro u otros gremios de abogados. La eliminación de la colegiación obligatoria supondría la facilitación del intrusismo y el deterioro de la calidad de los servicios de la abogacía en la que convergen valores constitucionales como la libertad y el patrimonio de las personas.
9.2.9. Además, la eliminación de la colegiatura obligatoria favorecería la desprotección de los usuarios del servicio abogadil y el desprestigio social de una actividad profesional que requiere de controles institucionales. Así, el régimen disciplinario interno, el servicio de asistencia legal gratuita para las personas de escasos recursos económicos, el servicio de asesoría a los órganos del Congreso de manera espontánea o cuando estos lo requieran; así como la creación de un centro de capacitación y especialización para todos los miembros del Colegio de Abogados. De ahí que no deba permanecer ajeno a ningún tipo de control en su desempeño.
9.2.10. En consecuencia, la colegiación constituye una necesidad para lograr un verdadero control sobre el ejercicio profesional, específicamente en profesiones de libre ejercicio como es la abogacía. Sobre este punto han resuelto otros tribunales constitucionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y han determinado que la obligatoriedad de la colegiación no es violatoria de los derechos de libre asociación ni de libertad de trabajo. En efecto, el principal objeto de la colegiación debe ser garantizar el acceso efectivo a la justicia para los individuos, específicamente en cuanto a la labor que corresponde a los abogados encargados de representar a las partes en conflicto ante el tribunal, dado que estos profesionales cumplen con la importante misión de plantear el conflicto ante el juez y alegarle los elementos necesarios para que pueda tomar una decisión. Por ello, de su buen actuar pudiera depender que el juez imparta justicia. La consecución de los fines que han sido delegados en el Colegio de Abogados de la República Dominicana dependerá de que este desempeñe, efectivamente, las funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo integran.
9.2.11. A tono con lo anterior, se precisa señalar que los colegios profesionales constituyen una típica especie de corporación, reconocida por el Estado, dirigida no solo a la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión, lo cual constituye un servicio al común de indudable interés público, se ajuste a las normas o reglas que aseguren, tanto la eficacia, como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, que, por otra parte, ya ha garantizado en principio el Estado con la expedición del exequátur.
9.2.12. En ese sentido, el derecho de libertad de asociación es aplicable a las asociaciones que tienen un carácter privado, por lo que cuando las entidades tienen tal naturaleza, a nadie se le puede obligar a formar parte de las mismas sin que medie su voluntad, por no tener estas un fin de carácter público de delegación de facultades estatales que dimanen de una ley.
9.2.13. De las argumentaciones antes indicadas se puede colegir que la obligación de matricularse en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, como dispone el artículo 112 del Código Procesal Penal, acusado de inconstitucional, no es contrario a las disposiciones del artículo 47 de la Constitución.
9.3. En lo referente a la alegada violación al derecho de defensa
9.3.1. La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Dominicano, mediante Ley núm. 76-02, trajo consigo una estructura procesal penal distinta a la que contemplaba el Código de Instrucción Criminal de mil ochocientos cuarenta y cuatro (1884). Este último no exigía con tanto rigor la procuración de un profesional del Derecho para la defensa de una persona sindicada de un ilícito penal, pues era permitido, conforme a la Ley núm. 91 antes citada, que estudiantes de Derecho, asistidos por abogados de profesión, asumieran la defensa de los imputados. En cambio, el Código Procesal Penal vigente, en procura de hacer más efectivo el derecho de defensa de las personas que concurran a los tribunales, por cuanto poseen la formación y destrezas que se requieren para garantizar a todo justiciable la tutela judicial efectiva y el debido proceso, exige la calidad de abogado para asumir la defensa de un acusado, razones que tuvo el legislador para concebir en el artículo 112 del Código Procesal Penal la necesaria matriculación obligatoria en el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
9.3.2. Como previamente se expresó, entre las funciones del Colegio de Abogados está la capacitación de sus miembros, como lo indica el artículo 3, letra h, de la Ley núm. 91 que lo instituye. Es por ello que, contrario a lo alegado por el accionante, la colegiación obligatoria no violenta el derecho de defensa, más bien preserva la adecuada tutela de la referida garantía, pues no ha bastado al Estado expedir el correspondiente título habilitante a través del exequátur, sino que, además, delega en el referido colegio la vigilancia y capacitación de los abogados de la República.
9.4. En lo relativo a la alegada violación al derecho de igualdad
9.4.1. Otro de los medios invocados por el accionante es la violación del derecho a la igualdad. Alega el accionante que darle solo validez a un organismo para acreditar a los abogados del país, constituye un acto de discriminación que trasgrede el derecho de igualdad contenido en el artículo 100 de la Constitución dominicana, pues existen otras instituciones, como la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), que también garantizan el ejercicio profesional del abogado.
9.4.2. En este punto es preciso reiterar que las funciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana son públicas, y que ello obedece a una delegación pública estatal. Tal carácter no lo tienen otros gremios de abogados existentes en el país, los cuales están concebidos como entidades de carácter privado, las que pueden lograr la consecución de sus fines sin necesidad de estar investidas del carácter de corporaciones de derecho público. De manera que no estamos frente a situaciones análogas.
9.4.3. El principio de igualdad en la ley se traduce para la autoridad legislativa en la obligación de tratar idénticamente situaciones análogas, y solo hacerlo de forma diferente cuando no se asimilen, situación que queda expresada en el apotegma “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”. De ahí que, en la especie, no se verifica la alegada violación al principio de igualdad, dado que no se está frente a instituciones que cumplen funciones similares, por cuanto los fines del Colegio de Abogados de la República Dominicana son de interés público, y no meramente corporativo. En base a ello, debemos precisar que no se violenta el derecho a la igualdad que señala el accionante, rechazando por vía de consecuencia el argumento de la parte accionante. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, al cual se adhirió el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano.
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Dr. José Francisco Cárdenas García contra el artículo 112 del Código Procesal Penal Dominicano (Ley Núm. 76- 02).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Dr. José Francisco Cárdenas García, y DECLARAR conforme con la Constitución de la República el artículo 112 de la Ley Núm. 76-02 que crea el Código Procesal Penal dominicano, por no haberse verificado que dicha disposición sea contraria a los Arts. 39, 47 y 69.4 de la Constitución.
TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11 del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, señor José Francisco Cárdenas García, al Colegio de Abogados de la República Dominicana y al Procurador General de la República.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0163/13, del 16 de septiembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0163-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.