Sentencia TC/0200/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 7 de noviembre de 2013 · Expediente TC-01-2013-0024

La acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Lic. Namphi A. Rodríguez, Dr. José Rafael Molina Morillo, Fundación Prensa y Derecho y el Centro para la Libertad de Expresión de la República Dominicana, contra la Resolución núm. 086-11, dictada por el Instituto Dominicano de las telecomunicaciones (INDOTEL).

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Derecho a la intimidad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0200/13?

Los accionantes tienen un interés legítimo y jurídicamente protegido porque la resolución puede afectar el manejo de los datos de tráfico y conexión de sus comunicaciones. La resolución, por ser un acto administrativo normativo de alcance general, está sujeta a la acción directa de inconstitucionalidad; el principio de oficiosidad permite examinar también sus disposiciones conexas (TC/0200/13, numeral 8, 8.4, pág. 28; TC/0200/13, numeral 9, 9.3–9.5, pág. 29). El secreto de las comunicaciones protege tanto el contenido como los datos de tráfico y conexión. Su conservación temporal por los proveedores no vulnera por sí sola la intimidad ni la razonabilidad, siempre que se mantenga la confidencialidad y que el acceso se autorice judicialmente conforme a la ley. En cambio, permitir a los órganos de investigación acceder a esos datos por mero requerimiento, sin orden previa de un juez competente ni observancia del procedimiento legal, vulnera la intimidad, la reserva de ley en materia de derechos fundamentales y el debido proceso. Aunque la investigación de delitos de alta tecnología persigue un fin legítimo, el medio empleado no supera el test de razonabilidad (TC/0200/13, numeral 9, 9.6.8–9.6.10, pág. 38; TC/0200/13, numeral 9, 9.7.1, pág. 41; TC/0200/13, numeral 9, l, pág. 48; TC/0200/13, numeral 9, 9.7.2, pág. 50; TC/0200/13, numeral 9, 44.3, pág. 50).

El artículo 20 de la resolución vulnera la legalidad penal al aplicar a los incumplimientos de los proveedores las sanciones del artículo 60 de la Ley núm. 53-07, que no corresponden al régimen previsto por el legislador en el artículo 59 de esa ley. La suspensión provisional es improcedente en la acción directa de inconstitucionalidad, cuyo objeto es expulsar del ordenamiento, con efectos generales, las normas contrarias a la Constitución; la Ley núm. 137-11 prevé esa medida para la revisión de decisiones jurisdiccionales (TC/0200/13, numeral 9, 9.7.3, pág. 51; TC/0200/13, numeral 9, 9.7.4, pág. 53).

Decisión

El Tribunal declara admisible la acción, la acoge en cuanto al fondo y declara no conformes con la Constitución y nulos los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 y 20 de la Resolución núm. 086-11, así como, por conexidad, los artículos 1.9, 14 y 15. Rechaza la solicitud de suspensión provisional.

Citas textuales clave

“La intervención debe ser dispuesta por una ordenanza emitida por un juez competente.” (TC/0200/13, numeral 9, 9.6.5, pág. 36)
“si bien el fin buscado es legítimo no ocurre lo mismo con la medida” (TC/0200/13, numeral 9, l, pág. 48)
“el individuo no será sometido a un castigo si no está previsto en una ley aprobada previamente por el órgano competente del Estado.” (TC/0200/13, numeral 9, 9.7.3, pág. 51)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 40.15, 44.3, 69.7, 69.10, 74.2 y 185.1.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 7.11 y 37.

Ley núm. 53-07: artículos 54, literal l), 56, 59 y 60.

Código Procesal Penal: artículo 192.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0041/13, 2863-2002-AA/TC, STC 34/1996, STC 123/2002, TC/0044/12, C-673/01, TC/0021/12 y TC/0068/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación para accionar en inconstitucionalidad

8.1. La legitimación activa, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes.

8.2. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, numeral 1, de la Constitución de la República dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido….

8.3. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece: Calidad para Accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

TC/0200/13, numeral 8, 8.1–8.3, pág. 27 — PDF oficial

8.4. Este tribunal, al interpretar las disposiciones vigentes que conceden calidad para accionar en inconstitucionalidad a los particulares, constata que en el presente caso los accionantes han demostrado poseer un interés legítimo y jurídicamente protegido para accionar en inconstitucionalidad, en vista de que los efectos de la ejecución de las disposiciones contenidas en la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, pudieran afectar el manejo de datos relacionados al tráfico y conexión de las comunicaciones de dichos ciudadanos, por lo cual podrían resultar perjudicados con dicha resolución.

TC/0200/13, numeral 8, 8.4, pág. 28 — PDF oficial

9. Consideraciones previas

9.1. En el presente caso, el recurrente alega, en síntesis, que al instituir el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), a través de las disposiciones contenidas en la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, un procedimiento que busca permitir a los órganos investigativos el acceso directo a los datos de tráfico y conexión de todos los usuarios que se generen en los sistemas informáticos de los servicios de telecomunicaciones en los procesos investigativos sin previa autorización judicial de un juez competente, y disponer en su artículo 20 la tipificación de unos hechos como infracción de carácter penal, se violenta el derecho de intimidad e inviolabilidad de las telecomunicaciones, el principio de razonabilidad, el principio del debido proceso y el derecho de defensa y de legalidad penal, todos dispuestos en la Constitución.

9.2. Previo al examen del fondo de la presente acción directa de inconstitucionalidad, se hace necesario que este tribunal precise la naturaleza del acto impugnado, así como la configuración, en el ámbito internacional y en nuestro ordenamiento interno, del derecho del secreto y privacidad de las comunicaciones y la potestad de injerencia que tienen los organismos de investigación en la sustanciación de los casos.

TC/0200/13, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 28 — PDF oficial

9.3. Por otro lado, al determinar, producto del estudio del acto atacado, la existencia de una conexidad de aplicación entre las disposiciones legales atacadas en la instancia del accionante y los artículos 1.9, 14 y 15 de la Resolución núm. 086-11, en aplicación del principio de oficiosidad dispuesto en el artículo 7.11 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, se procederá a ponderar su constitucionalidad conjuntamente con las normativas que han sido impugnadas.

9.4. Naturaleza del acto impugnado

9.4.1. Al tener la Resolución núm. 086-11 un alcance general por surtir sus efectos de aplicación de resguardo y accesibilidad de los datos de tráfico y conexión de los sistemas informáticos de los servicios de telecomunicaciones en todos los usuarios de República Dominicana, el mismo constituye un acto administrativo de efectos generales que integra el ordenamiento jurídico, ya que su aplicación y efectos recaen sobre todo el universo de usuarios que están radicados en República Dominicana.

9.4.2. En ese sentido, al ser la Resolución núm. 086-11 un acto administrativo, de carácter normativo y de alcance general, el mismo está sujeto al control de constitucionalidad, en virtud del precedente fijado en la Sentencia núm. TC/0041/13, donde se dispuso que: Los actos administrativos de carácter normativo y alcance general son susceptibles de ser impugnados mediante la acción directa, pues al tratarse de un control abstracto o de contenido de la norma, el Tribunal Constitucional verifica si la autoridad pública responsable de producir la norma observó los valores, principios y reglas de la Constitución de la República y del bloque de constitucionalidad (supremacía constitucional) 1 .

9.5. El derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones

TC/0200/13, numeral 9, 9.3–9.5, pág. 29 — PDF oficial

9.5.1. En términos conceptuales, el derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones está estrechamente relacionado con el derecho de intimidad, por recaer en el sujeto titular del mismo el derecho de control sobre las informaciones y los datos, incluyéndose en los mismos aquellos datos que sean públicos, que son inherentes a su propia persona para que sean utilizados de conformidad a su voluntad.

9.5.2. Esta conceptualización del derecho al secreto y privacidad de las telecomunicaciones se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos, la cual dispone “que nadie será objeto de injerencia arbitraria en (…) su correspondencia”; y lo contenido en el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que dispone la prohibición de la injerencia arbitraria o ilegal en la correspondencia, por ser esta una manifestación de la intimidad de las personas y reconocer el derecho de ésta de a que la ley le proteja de todas clases de injerencias o ataques de esta naturaleza. 1 Sentencia del Tribunal Constitucional dominicano TC/0041/13, del 15 de marzo de 2013.

9.5.3. Del contexto de ambas disposiciones contenidas en los documentos antes señalados se desprende la obligación a cargo de los Estados y de los particulares de no realizar actuaciones que tengan por objeto interferir en comunicaciones y, en ese sentido, en la vida íntima de las personas, a menos que se cuente con su autorización o de forma expresa lo disponga una ley.

TC/0200/13, numeral 9, 9.5.1–9.5.3, pág. 30 — PDF oficial

9.5.4. Producto de lo antes expresado, el derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones se configura, por un lado, como una facultad inherente a cada individuo de poder disponer la distribución o resguardo de los datos e informaciones que se deriven del proceso de comunicación; por otro, al permitir al individuo el libre control sobre los datos e informaciones sobre su persona, se establece como un instrumento que viabiliza la protección en la intromisión del derecho a la intimidad. En ese sentido, este derecho tiene un carácter formal, por estar comprendido en su contexto todo tipo de comunicaciones, independientemente de cual sea su contenido o medio que se emplee para su difusión 2 .

9.5.5. Cónsono con esta afirmación, el Tribunal Constitucional del Perú, en su Sentencia núm. 2863-2002-AA/TC, dispuso: “el concepto de ‹‹secreto›› e ‹‹inviolabilidad›› de las comunicaciones (…), comprende a la comunicación misma, sea cual fuere su contenido y pertenezca o no el objeto comunicado al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado” 3 .

9.5.6. En ese sentido, el derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones está destinado al reforzamiento de la garantía constitucional de libertad, 2 Abad Yupanqui, Samuel B. ¨El Derecho al Secreto de las Comunicaciones. Alcances, Límites y Desarrollo Jurisprudencial¨. p. 7, información obtenida de la página web www.revistasconstitucionales.unam.mx/pdf/2/art/art1.pdf 3 Sentencia 2863-2002-AA/TC, Tribunal Constitucional del Perú, de fecha 29 del mes de enero de 2003. funcionando este como una de las garantías que están relacionadas al derecho de intimidad.

TC/0200/13, numeral 9, 9.5.4–9.5.6, pág. 31 — PDF oficial

9.5.7. Conforme a los criterios antes explicado, el Tribunal Constitucional español ha dispuesto en su Sentencia núm. STC 34/1996 que: El derecho al Secreto de las Comunicaciones, en su vertiente positiva pero implícita, consagra la libertad de las comunicaciones y explícitamente su reserva. El concepto jurídico de secreto, visto desde tal perspectiva, tiene un carácter formal y abstracto en consecuencia, ya que ‹‹se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo í ntimo o lo reservado››. Por otra parte, cubre no solo el mensaje, sino también, en su caso, otro aspectos suyos, entre ellos, la identidad de los interlocutores o los corresponsales. En definitiva, se pretende garantizar así con eficacia ‹‹erga omnes››, tanto para los ciudadanos de a pie como para los agentes de los poderes públicos y abstracción hecho de la ‹‹dimensión material del secreto›› lo que se transmite 4 .

9.5.8. El derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones no incluye únicamente la potestad de reserva que tienen los individuos en el tema relacionado con el manejo y la utilidad que debe dársele a las informaciones y a los datos que se den en el proceso de comunicación, sino que también incluye los datos e informaciones que se generen a través de los medios en que se trasmite la comunicación. 4 Sentencia STC 34/1996 del Tribunal Constitucional Español, de fecha 11 de marzo de 1996.

TC/0200/13, numeral 9, 9.5.7–9.5.8, pág. 32 — PDF oficial

9.5.9. En ese sentido se ha manifestado el Tribunal Constitucional español en su Sentencia STC 123/2002, al considerar que: El derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas, (…) garantiza a los interlocutores o comunicantes la confidencialidad de la comunicación misma y el contenido de lo comunicado, así como la confidencialidad de las circunstancia o datos externos de la conexión telefónica: su momento, duración y destino; y ello con independencia del carácter público o privado de la red de transmisión de la comunicación y del medio de trasmisión - eléctrico, electromagnético u óptico, etc. 5 .

9.5.10. De acuerdo con lo planteado, se desprende que el carácter íntimo del derecho al secreto y privacidad de la comunicación abarca no solamente el contenido o carácter privado de la misma, sino que además incluye todo el proceso mismo en que se da la comunicación, entre ellos la identidad de los interlocutores, el momento, duración y destino de la misma, sin importar el medio en que esta se realice, por lo que debe entenderse que el derecho al secreto y privacidad de la comunicación abarca las comunicaciones que se den en correo electrónicos, videoconferencias, envío de mensajes a través de Internet, el uso del chat cuando en este se emplee la opción de limitar la comunicación entre interlocutores, y las comunicaciones telefónicas que tienen lugar en la red, no aplicándose el derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones a aquellas comunicaciones que se den a través de canales abiertos.

TC/0200/13, numeral 9, 9.5.9–9.5.10, pág. 33 — PDF oficial

9.5.11. Producto de que el derecho al secreto y a la privacidad abarca también los medios mediante los cuales este se pueda manifestar, se crea, ante los entes 5 Sentencia STC 123/2002 del Tribunal Constitucional Español, de fecha 20 de mayo de 2002. públicos y/o privados que estén encargados de permitir la transmisión o canalización de la misma, la obligación de mantener el derecho de confidencialidad del momento, duración y destino de la misma, así como, en el dado caso de que producto de la naturaleza de la forma de transmisión el contenido de lo comunicado puede ser de fácil conocimiento, mantener su confidencialidad, siendo levantada dicha obligación solo por la libre voluntad de los interlocutores o por la decisión de una autoridad judicial competente, la cual debe ser dada agotando los procedimientos que para tales fines disponga la ley.

9.5.12. En ese sentido, toda técnica, procedimiento o medida que esté encaminada a que los terceros tengan acceso al momento, duración, destino y contenido de las comunicaciones de los interlocutores, al margen del consentimiento de estos o de una autorización judicial emanada de un tribunal competente, matiza la existencia de una intervención de las comunicaciones, la cual vulnera el derecho al secreto y privacidad de la comunicación cuya configuración será analizada en los siguientes puntos.

9.6. La intervención de las comunicaciones

TC/0200/13, numeral 9, 9.5.11–9.6, pág. 33 — PDF oficial

9.6.1. El procedimiento de intervención de las comunicaciones está conformado por los procesos de observación, intervención e interceptación. Entendiéndose pues, en ese ámbito, el proceso de observación como el hecho de escuchar el contenido de lo comunicado, o tomar conocimiento del destino de la comunicación y de las identidades subjetivas de los interlocutores, aun el contenido de la misma quede en secreto; el proceso de intervención como el hecho de vigilar y tomar el contenido de la comunicación, ya sea en un soporte físico o electrónico con la posibilidad de reproducirlo con posterioridad; y el proceso de interceptar, el cual comprende el acto de impedir el desarrollo de las comunicaciones de los interlocutores por cualquier medio, el hecho de utilizar algún medio con el fin de tomar conocimiento ya sea del contenido de lo comunicado o la forma, tiempo, modo y destino de la comunicación. Cabe destacar que el proceso de interceptar también comprende además la ejecución de actos de aprensión del proceso de comunicación, lo cual hace que el mismo contenga en su estructuración elementos tanto del proceso de intervención como el de observación 6 .

9.6.2. Al estar el procedimiento de intervención, en sus diferentes fases, encaminado a obtener el conocimiento tanto del contenido de lo que se comunica, o en algunos casos en la obtención de los datos sobre la forma, tiempo, modo y destino en que esta se da, la misma constituye una medida que restringe el derecho del secreto y privacidad de las comunicaciones, la cual para su válida implementación por parte de cualquier ente, ya sea público o privado, requiere de una ordenanza emanada de una autoridad judicial competente, con el fin de que sea investigado un determinado delito y/o aportar al juicio determinados elementos probatorios.

TC/0200/13, numeral 9, 9.6.1–9.6.2, pág. 34 — PDF oficial

9.6.3. Bástenos indicar que el artículo 44.3 de la Constitución de la República Dominicana –cuyo análisis será realizado a profundidad en el contexto de las argumentaciones de esta sentencia– dispone que solo podrán ser interceptadas las comunicaciones realizadas por los particulares a través de correspondencia, documentos o mensajes privados contenidos en formato físico, digital, electrónico o de cualquier otra forma que se generen por medio de procesos telegráficos, telefónicos, cablegráficos, electrónicos, telemáticos o cualquier otro que permita el desarrollo de comunicación entre individuos, y requerirán de una orden de una autoridad judicial competente. 6 Carbone, Carlos Alberto. Requisitos Constitucionales de las Intervenciones Telefónicas. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2008, p.18

9.6.4. Al ser una medida que en sus efectos restringe el derecho al secreto y privacidad de la comunicación, cuando la misma, en el contexto de una investigación, es prescrita fuera de una ordenanza judicial proveniente de una autoridad judicial competente, su vulneración genera la nulidad tanto de la medida que la establece como de las pruebas que de forma directa o indirecta se deriven de ella, salvándose aquellos elementos de la investigación que no tengan conexión alguna con ella; mientras que si la misma emana de la ordenanza de un juez competente, las pruebas que se deriven de la intervención de la comunicación tendrán idoneidad para servir de prueba en los juicios 7 .

TC/0200/13, numeral 9, 9.6.3–9.6.4, pág. 35 — PDF oficial

9.6.5. De las argumentaciones anteriores se desprende el hecho de que para la adopción de cualquier medida que esté destinada a la intervención de las comunicaciones de cualquier particular, para que la misma no vulnere el derecho al secreto y privacidad de la comunicación, debe observarse el cumplimiento de los siguientes requisitos: 9.6.5.1. La existencia de una ley que establezca los procedimientos de intervención, la cual debe apegarse a las limitaciones contenidas en la Carta Fundamental. 9.6.5.2. La intervención debe ser dispuesta por una ordenanza emitida por un juez competente. 9.6.5.3. La ordenanza del juez debe estar debidamente motivada, por involucrar dicha intervención, en principio, una transgresión al derecho del secreto y privacidad de las comunicaciones. 7 Carbone, Carlos Alberto. Op. Cit, p. 24. Véase Art. 26 del Código Procesal Penal. 9.6.5.4. La orden judicial que disponga la medida debe observar los principios de especialidad y proporcionalidad, entendiéndose, en este sentido, como especialidad, el hecho de que la medida que contiene la ordenanza debe estar fundamentada en una ley que consagre la facultad de disponer la intervención al derecho del secreto y privacidad de las comunicaciones; que tenga como fundamento el elemento de gravedad del delito que permita determinar la justificación de la adopción de la medida; y que la misma sea adoptada durante un tiempo determinado. La proporcionalidad, en este ámbito, viene dada por la relación que debe darse entre la intervención al derecho del secreto y privacidad de la comunicación y la necesidad o trascendencia social que justifique la restricción de la aplicabilidad de ese derecho. 9.6.5.5. El juez que ordena la intervención debe dar seguimiento a la implementación de la medida y disponer, en el contexto de su ordenanza, las instrucciones precisas para que en el transcurso de su ejecución el agente que la practique no malogre con su conducta a la o las personas afectadas por la investigación 8 .

TC/0200/13, numeral 9, 9.6.5, pág. 36 — PDF oficial

9.6.6. En este punto cabe destacar que el incumplimiento de los requisitos antes enunciados trae como consecuencia que las intervenciones que sean realizadas fuera de su aplicación sean conculcadoras del derecho del secreto y privacidad a la comunicación, y por ende al derecho a la intimidad de las personas.

9.6.7. Cónsono con lo antes expuesto, en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, la regulación de las medidas encaminadas a permitir la intervención de las comunicaciones, por operar, en principio, como una intromisión al derecho al secreto y privacidad de la comunicación, el cual es, 8 Carbone, Carlos Alberto. Op. Cit., p. 26. en nuestro ámbito constitucional, uno de los deberes que emanan del derecho fundamental a la intimidad, está regulada por el artículo 44.3, el cual dispone que: Se reconoce la inviolabilidad de (…) la correspondencia, documentos o mensajes privados en formato físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Solo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otros medios, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley 9 .

TC/0200/13, numeral 9, 9.6.6–9.6.7, pág. 37 — PDF oficial

9.6.8. La aplicación de la normativa constitucional contenida en el artículo 44.3, en su primer apartado al disponer “la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formato físico, digital, electrónico o de todo otro tipo”, establece cuáles son los tipos de formatos de contenido en que puede estar constituido el mensaje a comunicarse, estableciéndose en ese primer orden el derecho del secreto y privacidad de la comunicación de los mensajes sin importar la forma en que este se manifieste.

9.6.9. En su implementación, la primera parte del párrafo del literal 3 del artículo 44 es complementada por lo dispuesto en la tercera parte, la cual dispone la inviolabilidad de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, 9 Artículo 44.3 de la Constitución de la República. configurando, en ese sentido, la existencia del derecho al secreto y privacidad de la comunicación en lo concerniente a los medios en que la comunicación se pueda realizar o transmitir.

9.6.10. De la aplicación del contenido del literal 3 del artículo 44 antes analizado, nace la obligación, a cargo de los agentes prestadores de los servicios de telecomunicación y de cualquier tercero, de mantener el secreto, privacidad y confidencialidad, tanto del contenido del mensaje, sin importar la forma en que este se manifieste, como en aquellos casos en que la misma naturaleza del medio permita su conocimiento; al igual que con los datos relacionados al proceso que se dan en los medios utilizados para la comunicación, tales como el momento, duración y destino.

TC/0200/13, numeral 9, 9.6.8–9.6.10, pág. 38 — PDF oficial

9.6.11. Por otro lado, el contenido del literal 3 del artículo 44, al disponer que podrán ser ocupadas, interceptadas o registradas las correspondencias por una orden de un autoridad judicial competente, mediante los procedimientos dispuesto por la ley para aquellos asuntos judiciales que para su sustentación necesiten de ese tipo de medida, configura la forma en que puede dispensarse o restringirse la aplicabilidad del derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones, el cual debe siempre, cuando proceda su implementación, mantener el derecho del secreto y privacidad de las comunicaciones en lo ateniente a los asuntos que no guarden relación al proceso.

9.6.12. En este sentido, cabe destacar que el alcance de la facultad de interceptar, entendido este concepto en su sentido amplio de intervención de comunicación establecido en el punto 9.6.1. de esta sentencia, y de ocupar los mensajes, incluyéndose en este punto los medios donde se manifiesta la trasmisión de los mismos, así como los datos que se generen en el contexto del proceso de comunicación, solo puede ser realizado cuando así lo disponga una ordenanza judicial emanada de un tribunal competente con apego a las normativas legales, la cual, para ser considerada como válida, debe cumplir con los requisitos que han sido descritos en el punto 9.6.4 de esta sentencia.

TC/0200/13, numeral 9, 9.6.11–9.6.12, pág. 39 — PDF oficial

9.6.13. Cabe destacar que en el referido párrafo del literal 3 del artículo 44, al establecer en su contexto la observancia del derecho del secreto y privacidad de las comunicaciones en los medios en que esta se pudiere manifestar, salvo que exista una autorización otorgada por un juez o autoridad competente, de conformidad con la ley, se busca establecer la obligación de que se cumpla con las reglamentaciones legislativas que deben ser observadas para la interposición de cualquier medida que busque matizar la aplicación de ese derecho. En este sentido, el Código Procesal Penal, que es la ley que debe ser observada, regula el procedimiento que debe ser empleado por las agencias investigativas de los crímenes y delitos, incluidos los denominados delitos de ciberdelincuencia.

9.6.14. En ese sentido, cuando en ese contexto se hace alusión a autoridad competente se está haciendo referencia a la autoridad judicial que tenga competencia para conocer de la sustanciación del caso, fuera de lo cual ningún otro tipo de autoridad tiene la facultad de disponer tal ordenanza o autorización por tratarse de una medida que restringe el ámbito de protección del derecho fundamental de la intimidad, manifestado en su vertiente del derecho al secreto y privacidad de la comunicación.

9.6.15. Producto del enunciado normativo protector estatuido en el artículo

TC/0200/13, numeral 9, 9.6.13–9.6.15, pág. 40 — PDF oficial

44.3 de la Constitución, en el artículo 192 del Código Procesal Penal se reproduce la aplicación del principio que ha sido dispuesto en el mismo. En ese sentido, se dispone que para la interceptación, captación y grabación de las comunicaciones, mensajes, datos, imágenes o sonidos transmitidos a través de redes públicas o privadas de telecomunicaciones, será necesaria la autorización judicial emanada de un juez competente quien debe, en el contexto de su ordenanza, establecer todos los elementos que permitan identificar los medios a interceptar y el hecho que la origina. Expresa, además, la forma en que debe actuar el funcionario que ejecute la medida de recolectar solo las informaciones y datos útiles y relevantes para el caso excluyéndose aquellos que tengan carácter personal o familiar. Se le otorga un carácter excepcional a la interposición de esas medidas, ya que se dispone que la misma solo pueda ser adoptada en aquellos hechos punibles cuya sanción superen los diez años de privación de libertad y en los casos que se tramiten conforme al procedimiento especial para asuntos complejos.

9.6.16. En virtud de las consideraciones antes expuestas, se puede colegir que en nuestro ordenamiento jurídico la intervención de las comunicaciones tiene un carácter excepcional, cuya adopción solo puede ser autorizada por una ordenanza de un juez competente en asuntos punibles y procedimientos especiales específicos, buscándose poner a cargo de ese juez competente el control y fiscalización de la implementación de esa medida, en aras de mitigar los efectos adversos que la aplicación desproporcionada de la misma pueda ocasionar al derecho del secreto y privacidad de la comunicación.

9.7. Sobre la violación al derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la telecomunicación y al principio de razonabilidad

TC/0200/13, numeral 9, 44.3–9.7, pág. 40 — PDF oficial

9.7.1. Si bien la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, tiene como objeto, en un primer término, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Convenio de Ciberdelincuencia, y, en un segundo término, la disposición contenida en el artículo 56 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; debemos precisar que en el contexto tanto del convenio como de la ley antes señalada se dispone la adopción de un procedimiento que, en su implementación, busca el resguardo de los derechos fundamentales de los individuos. 9.7.1.1. En ese sentido, el artículo 15 del Convenio de Ciberdelincuencia dispone, en sus puntos 1 y 2, que: 1. Cada parte se asegurara de que el establecimiento, la ejecución y la aplicación de los poderes y procedimientos previstos en la presente sección están sujetas a las condiciones y salvaguardas previstas en su derecho interno, que deberá garantizar una protección adecuada de los derechos humanos y de las libertades, incluidos los derechos derivados de las obligaciones asumidas en virtud del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (1950), del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas (1966), y de otros instrumentos internacionales aplicables en materia de derechos humanos, y que deberá integrar el principio de proporcionalidad. (sic) 2. Cuando resulte procedente dada la naturaleza del procedimiento o del poder de que se trate, dichas condiciones incluirán, entre otros aspectos, la supervisión judicial u otra forma de supervisión independiente, los motivos que justifiquen la aplicación, y la limitación del ámbito de aplicación y de la duración del poder o del procedimiento de que se trate.

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.1, pág. 41 — PDF oficial

(sic) 9.7.1.2. Mientras que el literal l) del artículo 54 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, dispone: Facultades del Ministerio Público. Previo cumplimiento de las formalidades dispuestas en el Código Procesal Penal, el Ministerio Público, quien podrá auxiliarse de una o más de las siguientes personas: organismos de investigación del Estado, tales como el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional; la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) del Departamento Nacional de Investigaciones; peritos; instituciones públicas o privadas, u otra autoridad competente, tendrá la facultad de: (…) l) Realizar la intervención o interceptación de las telecomunicaciones en tiempo real, según el procedimiento establecido en el Artículo 192 del Código Procesal Penal para la investigación de todos los hechos punibles en la presente ley. (sic) 9.7.1.3. En el contexto de su aplicación, la indicada resolución núm. 086-11 busca crear un régimen regulatorio bidimensional, ya que por un lado instituye a cargo de la prestadora de servicio de telecomunicaciones la obligación de conservar los datos del tráfico y conexión que se genere en los sistemas informáticos de procesamiento de esos servicios y, por el otro, dispone sobre estos el deber de permitir el acceso a los órganos de investigación del Estado a esas informaciones con el mero requerimiento, siempre y cuando las mismas sean necesarias en la investigación que sea abierta para la determinación de una violación a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución, las leyes, reglamentos y resoluciones. 9.7.1.4.

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.1, pág. 41 — PDF oficial

En lo referente al régimen de conservación de las informaciones relacionadas al tráfico y conexión que se genere en los procesos de telecomunicaciones, este tribunal es del criterio de que la exigencia de que la prestadora de esos servicios resguarden, por un tiempo determinado, esos tipos de datos no vulnera el derecho del secreto y privacidad de las comunicaciones, ya que, en primer lugar, los mismos se dan a través del mismo medio en que se realiza la comunicación, por lo que se van generando en la medida en que los procesos de comunicación se van originando sin que exista un mecanismo interno; en segundo término, esos tipos de datos están protegidos con la obligación de confidencialidad que pesa sobre los proveedores de servicios de las telecomunicaciones de mantener el conocimiento de los mismos fuera del alcance de los particulares, sean estos públicos o privados, a menos que medie una orden judicial emanada de un juez competente. 9.7.1.5. En ese sentido, cabe destacar que la obligación de confidencialidad que tienen los proveedores de los servicios de telecomunicaciones únicamente no se circunscribe al ámbito de los datos que se generen en los procesos de comunicación, sino que, además, es extensible a aquellas informaciones o datos personales que son aportados por los usuarios en los centros de servicios de telecomunicaciones, sean estos públicos o privados, para poder acceder a los mismos. 9.7.1.6.

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.1, pág. 41 — PDF oficial

Por ello, debe entenderse que las disposiciones 4, 16 y 17 de la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, por estar destinadas exclusivamente al resguardo de los datos que se generen en los procesos de los servicios de telecomunicaciones, no vulneran el derecho a la intimidad ‹‹derecho al secreto de la comunicación›› ni el principio de razonabilidad, siempre y cuando se respete la obligación de confidencialidad y la accesibilidad de esa informaciones sean dispuestas por un juez en aplicación de una normativa legal. 9.7.1.7. En lo concerniente al establecimiento, en el contexto de los artículos 1.9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida resolución, de un régimen que permite que los órganos investigativos del Estado puedan acceder de forma directa a los datos relacionados al tráfico y conexión que resguarden las prestadoras de servicios de telecomunicaciones en sus sistemas informáticos, instituye éste un medio que restringe el ámbito de aplicación del derecho a la intimidad, en su vertiente de derecho al secreto y privacidad de la comunicación, el cual va en contraposición con el régimen restrictivo que ha sido establecido en el artículo 44.3 de la Constitución, al disponer que la medida que busque restringir ese derecho solo puede ser dispuesta por una ordenanza judicial emanada de un juez competente, aplicando los procedimientos legales que sean impuestos por el legislador. 9.7.1.8.

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.1, pág. 41 — PDF oficial

Por otro lado, ese régimen de accesibilidad vulnera el principio de reglamentación e interpretación de los derechos fundamentales, dispuesto en el artículo 74.2 de la Norma Fundamental, por propugnarse mediante un acto administrativo la restricción del ejercicio del derecho a la intimidad, en su vertiente de derecho al secreto y privacidad de la comunicación, fuera de lo dispuesto por el literal l) del artículo 54 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Penal. 9.7.1.9. En lo concerniente a la determinación de si el establecimiento del régimen, instituido en los artículos 1.9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la resolución atacada, permite que los organismos investigativos del Estado puedan acceder de forma directa a los datos relacionados al tráfico y conexión de las comunicaciones de los particulares que resguardan las prestadoras de servicios de telecomunicaciones en su sistema informático, sin una ordenanza judicial previa de un juez competente, vulnera el principio de razonabilidad, dispuesto en los artículos 40.15 y 74.2 de la Constitución, se hace necesario, tal y como se recurre en el derecho constitucional comparado para determinar la razonabilidad de una norma, realizar un test de razonabilidad. 9.7.1.10. En ese sentido, el test de razonabilidad que ha adoptado el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0044/12, por ser el instrumento convencionalmente más aceptado, es el desarrollado por la jurisprudencia colombiana, el cual dispone que: El test de razonabilidad sigue precisos pasos que le imprimen objetividad al análisis de constitucionalidad. Las jurisprudencias nacional, comparada e internacional desarrollan generalmente el test en tres pasos: 1. El análisis del fin buscado por la medida, 2. el análisis del medio empleado y 3.

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.1, pág. 41 — PDF oficial

El análisis de la relación entre el medio y el fin. Cada uno de estos pasos busca absolver diversas preguntas, según se trate de un test estricto, intermedio o leve (…)El test leve se limita a establecer la legitimidad del fin y de la medida, debiendo ésta última ser, además, adecuada para alcanzar el fin buscado. En consecuencia, la Corte se limita cuando el test es leve, por una parte, a determinar si el fin buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos y, por otra, a establecer si el medio escogido es adecuado, esto es, idóneo para alcanzar el fin propuesto. Este es, por así decirlo, el punto de partida o de arranque en el análisis de la razonabilidad (…)De ahí que preguntarse qué se busca con una norma (análisis de la finalidad), cómo se va a lograr lo buscado (análisis del medio) y qué tan propicia es la medida para alcanzar lo buscado (análisis de la relación medio-fin), sean criterios elementales para determinar si la afectación de la igualdad, u otro derecho fundamental, es razonable y, por lo tanto, constitucional o arbitraria 10 . (sic) 9.7.1.11. Aplicando el primer criterio de ese test de razonabilidad –el análisis del fin buscado–, se puede inferir que los artículos 1.9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, de la indicada resolución, tienen por objeto el permitir el acceso directo a los órganos investigativos a los datos de tráfico y conexión que resguarden las prestadoras de servicio de telecomunicación de las comunicaciones realizadas por los particulares, a fin de que puedan ser utilizados por dichos órganos en la solución de crímenes y delitos de alta tecnología. 9.7.1.12. En relación al segundo criterio, el análisis del medio, se analiza aquí el modo en que se va a lograr que tales datos puedan ser utilizados por dichos órganos en la solución de crímenes y delitos de alta tecnología.

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.1, pág. 41 — PDF oficial

Debemos precisar que si bien el legislador ha conferido al Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en el artículo 56 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la facultad de crear un reglamento para el establecimiento de un procedimiento de obtención y preservación, a cargo de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, de los datos e informaciones que se generen en los procesos de servicios de las telecomunicaciones, tal facultad está limitada por lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Constitución, que, como se ha expresado, establece que el derecho al secreto y privacidad de la comunicación solo podrá ser restringido producto de una ordenanza judicial proveniente de un juez 10 Sentencia C-673/01, de fecha 28 de junio de 2001, de la Corte Constitucional de Colombia. competente, aplicando las normativas legales dispuestas en la ley; y la disposición legal dispuesta en el literal l) del artículo 54 de la ley antes citada que dispone que la intervención de la comunicación se realizará conforme al artículo 192 del Código Procesal Penal, el cual exige que tales intervenciones sean autorizadas judicialmente en los casos cuya sanción máxima prevista supere los 10 años de privación de libertad, y en los casos que deban tramitarse conforme al procedimiento especial para los asuntos complejos. 9.7.1.13.

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.1, pág. 41 — PDF oficial

En lo relativo al tercer criterio del test –análisis de la relación medio-fin–, debemos precisar que el establecimiento, a través de la disposiciones de los artículos 1.9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la la Resolución núm. 086-11, de la facultad de parte de los órganos de investigación del Estado para acceder de forma directa a los datos relacionados al tráfico y conexión que se generen en los medios y procesos de comunicación de los particulares que operan las prestadoras de servicio de telecomunicación sin obtener una orden judicial y sin observar los procedimientos que para tales fines ha instituido el artículo 192 del Código Procesal Penal, los cuales son aplicables en virtud de lo dispuesto en el literal

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.1, pág. 41 — PDF oficial

l) del artículo 54 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, vulneran el derecho a la intimidad, en su vertiente de derecho al secreto y privacidad de la comunicación. 9.7.1.14. En virtud del test de razonabilidad que se ha realizado, podemos deducir que los artículos 1.9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, configura el establecimiento de un procedimiento para el acceso directo por parte de los órganos de investigativos del Estado a los datos e informaciones relacionadas al tráfico y conexión de las comunicaciones de los particulares que estén resguardadas por los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, en medio de las investigaciones sobre hechos presumiblemente punitivos, pero omitiendo, para la interposición de esa medida, la necesaria obtención de la autorización de un juez competente, por todo lo cual se puede colegir que si bien el fin buscado es legítimo no ocurre lo mismo con la medida, sobre todo cuando esta última debe ser, además, adecuada para alcanzar el fin buscado. 9.7.1.15. Por otro lado, aplicando el control de convencionalidad a los artículos 1.9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, al disponer la intervención de las telecomunicaciones sin la intermediación de una orden judicial emanada de un juez competente, entendemos que se violenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que disponen la prohibición de la injerencia arbitraria e ilegal de la comunicación; así como los artículos 15.1 y 15.2 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, por disponer el establecimiento de un proceso que permite el acceso a los datos relacionados a los servicios de telecomunicaciones que vulnera, en su esencia, los derechos humanos y las libertades dispuestas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la exigencia de la supervisión judicial en aquellos casos en que el procedimiento por su propia naturaleza lo amerite, lo cual hace que los artículos antes señalados de la resolución de que se trata devengan en inconstitucional.

TC/0200/13, numeral 9, l, pág. 48 — PDF oficial

9.7.2. En lo relativo a la violación al principio del debido proceso 9.7.2.1. Al disponerse en los artículos 1.9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, un procedimiento de intervención directa a favor de los órganos de investigación, sobre las informaciones relacionadas al tráfico y conexión de las comunicaciones de los particulares que estén resguardadas por los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, en los procesos de investigación, sin que estos requieran una orden judicial emanada de un juez competente, se colisiona con el derecho a la intimidad, en su vertiente de derecho al secreto y privacidad de la comunicación, dispuesto en el artículo 44.3 de la Constitución; se contraviene, además, el principio del debido proceso, que establece “la observancia de la plenitud de las formalidades propias” dispuestas en el artículo 69.7 del Texto Fundamental, al establecer una vía procesal y un conjunto de formalidades que no se corresponden con la normativa que está contenida en el referido artículo

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.2, pág. 50 — PDF oficial

44.3 de la Carta Sustantiva, ni con lo dispuesto en las disposiciones legislativas establecidas en el literal l) del artículo 54 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 192 del Código Procesal Penal. 9.7.2.2. En este punto, cabe destacar que los postulados del principio del debido proceso no solo son aplicables a los procesos y actuaciones judiciales, sino que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.10 de la Constitución, lo son también aplicables a las actuaciones y procesos que se generen en el orden de la administración. 9.7.2.3. Cónsonos con lo expuesto, este tribunal constitucional, en su sentencia de revisión constitucional en materia de amparo número TC/0021/12, del 21 de junio de 2012, adopta este criterio al disponer que: Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas (…) El criterio sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el indicado caso está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 69.10, texto en el cual se establece que: “Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” 11 . (sic)

TC/0200/13, numeral 9, 44.3, pág. 50 — PDF oficial

9.7.3. En lo relativo al principio de legalidad penal 9.7.3.1. En el contexto del artículo 20 de la resolución atacada, se dispone que la inobservancia, por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, de las obligaciones impuestas por las disposiciones contenidas en el mismo, será sancionada con las penas establecidas en el artículo 60 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. 9.7.3.2. Sobre este punto, cabe señalar que el artículo 60 de la referida ley dispone las responsabilidades y sanciones aplicables a las personas morales, o sus representantes, cuando ejecuten cualquiera de los hechos que están tipificados como delitos en el contexto de sus disposiciones, mas no regula lo 11 Sentencia del Tribunal Constitucional dominicano TC/0021/12, de fecha 21 de junio de 2012. concerniente a la violación del cumplimiento de las reglas para la obtención y preservación de los datos contenidos en un sistema informático o sus componentes, datos de tráfico, conexión y acceso, los cuales están previstos en los artículos 52 al 59 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, cuya inobservancia debe ser castigada con las penas establecidas para la revelación de secretos, dispuestas en el Código Penal de la República Dominicana. 9.7.3.3. En ese sentido, al disponer el artículo 20, de la Resolución núm. 086- 11, la aplicación de una disposición sancionadora diferente a la establecida en la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, se violenta el principio de legalidad contenido en el artículo 69.7 de la Constitución, que establece que “los actos punitivos deben ser juzgados conforme a la reglamentación legal preexistente”, por cuanto se dispone la aplicación de medidas sancionadoras de carácter penal a hechos y actuaciones diferentes a las que se han previsto en una normativa legal. 9.7.3.4.

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.3, pág. 51 — PDF oficial

En ese sentido, cabe destacar que el principio de legalidad, dispuesto en el artículo 69.7 de la Constitución, se erige como una de las condiciones básicas que permiten la configuración del Estado de derecho, pues en su esencia encierra la exigencia de seguridad jurídica, la cual permite que el ciudadano tenga la oportunidad de conocer qué puede o no hacer, así como la pena que sufrirá por la inobservancia de esa obligación; y la exigencia de garantía individual, la cual permite garantizar que el individuo no será sometido a un castigo si no está previsto en una ley aprobada previamente por el órgano competente del Estado. 9.7.3.5. No se discute la formulación clásica del principio de legalidad penal que reza ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, del cual se desprende el principio de que la imposición de una penalidad a un acto o hecho lesivo debe provenir de la aplicación de una ley, puesto que el fin de la amenaza penal es evitar las lesiones del derecho por medio de la intimidación de todos aquellos que podrían cometer tales lesiones, y mal podría intimidar a la generalidad una amenaza penal que no se hallase, clara y públicamente, establecida por medio de la ley. 9.7.3.6. Por otro lado, el principio de legalidad es el fundamento principal de la garantía política, el cual exige que las leyes que decretan las penas de los delitos solo puedan emanar del legislador, quien funge como el representante de toda la sociedad 12 . 9.7.3.7.

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.3, pág. 51 — PDF oficial

Conforme a lo antes expuesto, al disponer la aplicación el artículo 20 de la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, fuera de la disposición legal creada por el legislador en el artículo 59 de la referida ley, se vulnera, por demás, la seguridad jurídica y la exigencia de garantía individual que está contenida en el principio de legalidad, dispuesto en el contexto del artículo 69.7 de la Constitución.

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.3, pág. 51 — PDF oficial

9.7.4. En cuanto a la solicitud de medida cautelar 9.7.4.1. En lo relativo a la solicitud de medida cautelar tendiente a suspender provisionalmente la aplicación de la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, se precisa adoptar el criterio expresado en la Sentencia TC/0068/12, en el cual se 12 Teoría del delito. Escuela Nacional de la Judicatura, Santo Domingo, 2007, p. 59. establece que por la naturaleza propia y autónoma que tiene el procedimiento de acción directa de inconstitucionalidad, por perseguir este –en el contexto de control de constitucionalidad sobre leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas– la eliminación, con efectos erga omnes, del ordenamiento jurídico de aquellas normativas que contraríen la Constitución, la figura de la suspensión provisional es ajena a tal procedimiento. 9.7.4.2. Por ello, el legislador, en el contexto de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, ha previsto la adopción de las medidas de suspensión provisional solo en los casos de interposición del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, por cuanto tan solo causaría sus efectos suspensivos y provisionales entre las partes involucradas en el fallo atacado. De ahí que tal solicitud de suspensión debe ser rechazada. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la Magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente del Magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas el Tribunal Constitucional

TC/0200/13, numeral 9, 9.7.4, pág. 53 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Namphi A. Rodríguez, el Dr. José Rafael Molina Morillo, la Fundación Prensa y Derecho, y el Centro para la Libertad de Expresión de la República Dominicana, contra la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, dictada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), por haber sido hecha de conformidad con la ley.

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la presente acción directa de inconstitucionalidad, y en consecuencia, DECLARAR no conforme con la Constitución de la República los artículos 1.9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, por violentar el derecho a la intimidad, en su vertiente de derecho al secreto y privacidad de la comunicación, el principio de reglamentación e interpretación de los derechos fundamentales, el principio de razonabilidad, el principio del debido proceso y el principio de legalidad penal, contenidos en los artículos 40.15, 44.3, 69.7 y 74.2 de la Carta Sustantiva.

TERCERO: DECLARAR la NULIDAD de los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 y 20 de la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, por los motivos antes expuestos.

CUARTO: DECLARAR la NULIDAD, por conexidad, de los artículos 1.9, 14 y 15 de la Resolución núm. 086-11, que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, por los motivos antes expuestos.

QUINTO: RECHAZAR la solicitud de adopción de medida cautelar de suspensión provisional de la aplicación de la Resolución núm. 086-11, por improcedente, infundada y carente de base legal.

SEXTO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, vía Secretaría, al Procurador General de la República, a los señores Lic. Namphi A. Rodríguez y el Dr. José Rafael Molina Morillo, a la Fundación Prensa y Derecho, al Centro para la Libertad de Expresión de la República Dominicana, y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), para los fines que correspondan.

SEPTIMO: DECLARAR el presente proceso libre de costas de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

OCTAVO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0200/13, del 7 de noviembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0200-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.