Sentencia TC/0209/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 8 de septiembre de 2014 · Expediente TC-04-2012-0080

Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central contra: (a) la Sentencia, núm. 2010/2087, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010); (b) la Sentencia núm. 426, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de julio de dos mil doce (2012); y (c) la Sentencia núm. 443, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de julio de dos mil doce (2012).

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Derecho de propiedad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0209/14?

La revisión constitucional exige que la decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después del 26 de enero de 2010 y que se hayan agotado los recursos disponibles. Por falta de agotamiento, la revisión contra la Sentencia núm. 2010/2087 era inadmisible. Respecto de las sentencias núms. 426 y 443, el Tribunal tuvo por cumplidos los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 y reconoció especial trascendencia constitucional al caso. No obstante, confirmó la inadmisión de la casación de Central Romana resuelta por la Sentencia núm. 426, porque no se emplazó a Nancy Mercedes Jiménez, parte beneficiada por la sentencia impugnada. Asimismo, trató el escrito de adhesión de Central Romana contra la Sentencia núm. 443 como un recurso de revisión y lo consideró inadmisible por haberse depositado fuera del plazo de treinta días (TC/0209/14, numeral 9, b–d, pág. 35; TC/0209/14, numeral 9, e–g, pág. 36; TC/0209/14, numeral 9, a–h, pág. 38; TC/0209/14, numeral 9, i, pág. 39; TC/0209/14, numeral 10, d, pág. 44; TC/0209/14, numeral 10, a, pág. 44).

El Abogado del Estado tiene calidad para intervenir en una litis sobre derechos registrados que se origine en un saneamiento o lo involucre directamente, siempre que exista un interés público que justifique su actuación. En este caso, dos saneamientos dieron lugar a registros y certificados de título incompatibles sobre el mismo inmueble, lo que afectaba la presunción de exactitud del registro y la seguridad jurídica inmobiliaria. Dada su función de representar al Estado y velar por el derecho inmobiliario registrado, su recurso de casación debió admitirse bajo una tutela judicial diferenciada, para que la controversia pudiera resolverse con respeto a la tutela judicial efectiva y al debido proceso (TC/0209/14, numeral 10, a, pág. 47; TC/0209/14, numeral 12, pág. 52).

Decisión

El Tribunal declaró inadmisible la revisión contra la Sentencia núm. 2010/2087 y admitió en cuanto a la forma las revisiones contra las sentencias núms. 426 y 443; el ordinal segundo invierte la identificación de los recurrentes respecto de los ordinales tercero y cuarto. En cuanto al fondo, rechazó el recurso de Central Romana y confirmó la Sentencia núm. 426, acogió el recurso del Abogado del Estado y anuló la Sentencia núm. 443, y remitió el expediente a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia para que fallara con apego al debido proceso y se determinara lo concerniente a la doble titularidad registral.

Citas textuales clave

“En nuestro sistema registral, el Certificado de Título y su registro cuentan con la garantía absoluta del Estado y cuanto publicita, en principio, se presume exacto, cuestión que hace imperativo que se dilucide toda situación que implique una inexactitud.” (TC/0209/14, numeral 10, a, pág. 47).
“Ciertamente, resulta incontrovertible que el Abogado del Estado tiene la responsabilidad de hacer respetar la titularidad del derecho registrado, es ésta la instancia que tiene competencia y calidad para intervenir en nombre de la autoridad estatal.” (TC/0209/14, numeral 12, pág. 52).
“el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado tenía que ser admitido bajo una tutela judicial diferenciada” (TC/0209/14, numeral 12, pág. 52).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 51 (parte capital y numeral 2), 69, 111, 168, 169 (parte capital y párrafo I) y 277.

Ley núm. 137-11: artículos 7 (numerales 4, 6 y 11), 53 (numeral 3 y párrafo único) y 54 (numerales 1 y 10).

Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario: principios II, III, IV y V y artículos 11 y 12.

Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación: artículo 4.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0121/13, TC/0090/12, TC/0213/13 y TC/0055/14.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes involucradas en la especie, el conflicto que nos ocupa se origina con ocasión del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original emitir la Decisión núm. 2 el fecha doce (12) de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho (1958). Mediante esa decisión fue saneada y adjudicada la Porción D, de la Parcela núm. 1, del Distrito Catastral núm.3, del municipio de Higüey, a favor de Oscar Valdez, quien transfirió a favor de Central Romana Corporation, Ltd., mediante acto de compraventa, de fecha veinticinco (25) de junio de mil novecientos cincuenta y siete (1957), una porción con extensión superficial de 141 hectáreas, 49 áreas y 44 centiáreas. Dicha operación fue reconocida por el Tribunal Superior de Tierras el nueve (9) de octubre de mil novecientos ochenta y seis (1986), expidiéndose posteriormente el Certificado de Título núm. 92-161. En ocasión de conocerse el referido saneamiento, al señor Cecilio Richiez se le reconoció derecho de mejora consistente en 437 matas de coco, dentro de una porción de terreno que fue adjudicado a otro titular (Ganadería Agrícola Higüeyana, C. por A.). Recurrida esta decisión ante el Tribunal Superior de Tierras, este la modificó el veintisiete (27) de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), reconociéndole a Cecilio Richiez 540 matas de coco, en vez de las originarias 437. Esta decisión devino en definitiva, puesto que no se interpuso recurso de casación contra la misma.

TC/0209/14, numeral 7, pág. 31 — PDF oficial

Luego, los sucesores de Cecilio Richiez procuraron medidas de localización de las referidas mejoras, y posteriormente iniciaron un nuevo proceso de saneamiento con relación al inmueble ahora objeto de este recurso en mil novecientos ochenta y nueve (1989), logrando una sentencia del Tribunal Superior de Tierras el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa (1990). Como se advierte, se trata de dos procesos de saneamiento: el primero, que se produjo en el periodo 1958-1959; y, el segundo, materializado en mil 1989. El caso pone de manifiesto la existencia de dos derechos registrados sobre un mismo inmueble, por tanto generador de una litis sobre derecho registrado, la cual encuentra su génesis en el marco del proceso de saneamiento que obedece a una inequívoca naturaleza orden público. Al sobrevenir la situación litigiosa fue apoderado para instruir, conocer y fallar la cuestión el Juez de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, el cual calificó el caso como litis sobre derechos registrados, y rechazó el medio de inadmisión planteado por las ahora partes recurridas. Dichas partes recurridas, Eladio María Richiez Quezada y compartes, Eladio Rodríguez Quezada, Faustino Rijo Cedeño, Sociedad Budget Realty, S.A., Fermín Alfredo Zorrilla Radhamés Guerrero Cabrera y Nancy Mercedes Jiménez, no conformes con esta decisión, interpusieron recurso de apelación contra la misma ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.

TC/0209/14, numeral 7, pág. 31 — PDF oficial

Esta jurisdicción declaró inadmisible dicha demanda, bajo la consideración de que la misma debió ser interpuesta no como litis sobre derechos registrados, sino como recurso de revisión por causa de fraude, de conformidad con el artículo 137 de la abrogada Ley de Tierras núm. 1542, de 1947, que establecía el plazo de un (1) año para incoar este recurso, a partir de la transcripción del Decreto del Registro en la oficina de Registro de Títulos correspondiente. El Central Romana Corporation, Ltd., también recurrió en casación y, al respecto, la referida Tercera Sala declaró la inadmisibilidad del recurso arguyendo que la indicada sociedad comercial no citó ni emplazó a Nancy Mercedes Jiménez, una de las partes del proceso. Por tanto, inobservó la regla jurídica de la indivisibilidad del objeto del litigio, razón por la cual apodera a este Tribunal en el entendido de que le fueron violados sus derechos y garantías fundamentales, en particular como la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Informado sobre este caso, en sentido general y, en particular, al conocer esta decisión y en desacuerdo con la misma, el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central incoó un recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por alegada falta de calidad e interés para actuar en justicia.

TC/0209/14, numeral 7, pág. 31 — PDF oficial

9. Admisibilidad del recurso de revisión

El Tribunal Constitucional considera que, en razón de que el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional que involucra tres sentencias, conviene, de una parte, evaluar por separado la admisibilidad de la Sentencia núm. 2010/2087 (9.1.); y, de la otra parte, las otras dos sentencias emitidas por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (9.2).

9.1. Ponderación de la inadmisibilidad de la Sentencia núm. 2010/2087, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010). En relación con esta decisión, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:

a. El Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, en su escrito de casación en relación con la indicada sentencia núm. 2010/2087, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, expresa: (…) el Tribunal Superior de Tierras al dictar la sentencia de fecha 9 de junio del 2010 (recurrida en casación) y fundamentar su decisión en la afirmación de que: quienes sanearon el terreno en 1958-1959 no recurrieron la decisión del nuevo saneamiento de 1989 mediante la Revisión por Fraude desconoció que en el caso se estaba en presencia de un conflicto de propiedad entre dos partes que alegaban el mismo derecho sobre el mismo inmueble fundamentado en certificados de títulos distintos y por lo tanto no era posible que bajo esa falsa calificación se desconocieran los derechos fundamentales garantizados por los Artículos 68, 69 y 74, numeral 2, de la Constitución de la República.

TC/0209/14, numeral 9, 9.1–a, pág. 34 — PDF oficial

b. En relación con la indicada sentencia rendida por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010), cabe destacar que el artículo 277 de nuestra Carta Sustantiva prescribe lo siguiente: Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional, y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.

c. A su vez, la parte capital del artículo 53 de la Ley núm. 137-11 dispone lo que sigue: Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010 (…), en los siguientes casos: (…) 3. Cuando se haya producido una violación a un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos: (…) b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

d. El indicado artículo 277 de la Constitución de la República requiere, como condición sine qua non para la admisión de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, que la sentencia objeto del recurso debe haber adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010, que es la fecha de proclamación de la Constitución de la República revisada y aprobada en ese año.

TC/0209/14, numeral 9, b–d, pág. 35 — PDF oficial

e. En este sentido, dada la naturaleza de esta decisión judicial (Sentencia núm. 2010/2087, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central), en relación con la cual no han sido agotados todos los recursos jurisdiccionales disponibles, de conformidad con lo que señala el literal b, del numeral 3, del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional considera que en el recurso de que se trata deviene inadmisible.

f. Este Tribunal, mediante su Sentencia núm. TC/0121/13 del 4 de julio de 2013, ha establecido que (…) no podrá jamás disponerse a suspender, revocar o dar por buenas y válidas sentencias previas a la aludida última vía jurisdiccional agotada, por lo que no podrá pronunciarse respecto a decisiones de primer o segundo grado de jurisdicción, toda vez que, como se ha indicado, para estas se prevé en términos procesales la oportunidad de que los interesados presenten el reclamo ante la vía jurisdiccional ordinaria de la apelación o extraordinaria de la casación, de acuerdo al caso, para obtener la satisfacción de sus aspiraciones.

g. En ese mismo orden de ideas, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0090/12, declaró inadmisible un recurso de revisión constitucional, entre otras razones, porque en el caso se trataba de una sentencia dictada por una Corte de Apelación (…) susceptible de ser recurrida en casación y, por tanto, sin haberse previamente agotado las vías jurisdiccionales para la subsanación de la violación. En igual línea de pensamiento se ha manifestado el Tribunal Constitucional español (ATC 082/1981), al expresar que: (…) el Tribunal Constitucional está abierto solamente cuando las resoluciones judiciales correspondientes no remedien la violación constitucional denunciada primeramente ante los Juzgados y Tribunales que integran el poder judicial (…).

TC/0209/14, numeral 9, e–g, pág. 36 — PDF oficial

h. Se advierte entonces, que el recurso relativo a la Sentencia núm. 2010/2087, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010) , deviene inadmisible.

9.2. Ponderación de la admisibilidad de las Sentencias núm. 426 y 443, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de julio de dos mil doce (2012), respectivamente. En relación con estas sentencias este Tribunal Constitucional estima lo siguiente:

a. Como se ha visto, en la especie se trata de dos sentencias emitidas por la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de julio de dos mil doce (2012). La primera, con motivo del recurso de casación interpuesto por Central Romana corporation, Ltd. el nueve (9) de julio de dos mil diez (2010); y, la segunda, en ocasión del recurso de casación incoado por el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010).

b. De conformidad con lo que establece el artículo 277 de la Constitución de la República, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la Constitución del 26 de enero del 2010, son susceptibles del recurso de revisión constitucional.

c. El artículo 53 de la referida ley núm. 137-11, otorga facultad a este Tribunal para conocer de las revisiones de las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre y cuando dichas decisiones se encuentren comprendidas en las causales establecidas por el indicado artículo.

d. El numeral 3, del artículo 53 de la indicada disposición legal señala los requisitos que deben ser cumplidos para admitir el recurso de revisión relacionado con una decisión jurisdiccional, sujetándola a que exista una violación a un derecho fundamental, a saber:

TC/0209/14, numeral 9, h–d, pág. 37 — PDF oficial

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y, c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

e. En su primera parte, el párrafo único del mencionado artículo expresa: la revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando este considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado.

f. La violación al derecho fundamental fue invocada en el proceso por las partes recurrentes, Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central y Central Romana Corporation, Ltd., una vez tuvieron conocimiento de la transgresión.

g. Los recursos relativos al caso se han cumplido y para las referidas partes, recurrentes en la especie, la violación subsiste. Dichas partes entienden que la conculcación de los derechos fundamentales, tutela judicial efectiva y debido proceso son imputados por ellas de manera directa e inmediata al órgano jurisdiccional de que se trata, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

h. En la especie, se han cumplido los requisitos establecidos en los literales a, b, c del referido artículo 53 de la indicada Ley Orgánica No.137-11.

TC/0209/14, numeral 9, a–h, pág. 38 — PDF oficial

i. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, arribamos a la conclusión de que el presente caso tiene relevancia y trascendencia constitucional. La misma radica en que permitirá a este Tribunal continuar profundizando acerca del derecho a obtener una tutela judicial efectiva, el respeto al debido proceso y el acceso a la justicia, así como con relación a la naturaleza del derecho de propiedad inmobiliaria registrada, los alcances de los principios de legitimidad o autenticidad y publicidad, y también en lo que concierne a la eficacia de la facultad competencial del Abogado del Estado en la Jurisdicción Inmobiliaria en un caso que entraña interés público, toda vez que encuentra su génesis en el proceso de saneamiento, el cual se caracteriza por responder a esta característica (orden público) y por constituir el más importante de los procesos de nuestro sistema de registro inmobiliario. En tal virtud procede declarar la admisibilidad del recurso y, en consecuencia, examinar el fondo del mismo.

TC/0209/14, numeral 9, i, pág. 39 — PDF oficial

10. Sobre los recursos de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional Con relación a los presentes recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, este Tribunal efectuará algunas observaciones de carácter preliminar (10.1), antes de abordar las dos sentencias dictadas por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de julio 2012 (10.2).

10.1. Observaciones de carácter preliminar

a. En el artículo 69 de la Constitución de la República se establece: “toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto al debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas (…)”.

b. Por su parte, la antes indicada Ley núm.137-11 ha organizado los principios rectores que gobiernan nuestro sistema de justicia constitucional, en interés de su más elevada y efectiva realización. Entre estos principios figuran los de efectividad y oficiosidad, tratados en el artículo 7, numerales 4 y 11 de dicha disposición.

7.4. Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.

7.11. Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente.

TC/0209/14, numeral 10, 10.1–7.11, pág. 40 — PDF oficial

c. Estos principios permitirán a este Tribunal hacer las interpretaciones e inferencias constitucionales que amerita el abordaje del presente caso, en interés de proteger derechos y garantías fundamentales.

10.2. En relación con las dos sentencias rendidas por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de julio de dos mil doce (2012) En cuanto a este aspecto, consideraremos la sentencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia relativa al recurso de casación interpuesto por Central Romana Corporation, Ltd. (A); Sentencia librada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sobre el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central (B); y, textos constitucionales, legales y consideraciones finales (C). A) Sentencia núm. 426, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el once de julio de dos mil doce (2012), sobre el recurso de casación interpuesto por Central Romana Corporation, Ltd. En relación con esta decisión, el Tribunal Constitucional expone los siguientes argumentos:

TC/0209/14, numeral 10, c–10.2, pág. 41 — PDF oficial

a. En la especie, la parte recurrente en revisión pretendió apoyar su recurso de casación en los siguientes medios: primer medio: Desnaturalización de la demanda. Violación de los artículos 68, 69 y 74 de la Constitución; segundo medio: Contradicción de motivos, falta de motivos de no ponderación de hechos dirimentes de la controversia; tercer medio: Desconocimiento de la naturaleza que adquirió el medio de inadmisión propuesto por los demandados en consideración a los pedimentos del demandante y las demás conclusiones de los demandados; cuarto medio: Falta de motivos en cuanto al objeto principal de la controversia. No ponderación del documento básico de la controversia; quinto medio: No ponderación de los documentos dirimentes de la controversia depositados por la demandante e incorrecta calificación de la controversia.

b. Las partes recurridas adujeron en sus respectivos memoriales de defensa que el recurso de casación devendría inadmisible porque la ciudadana Nancy Mercedes Jiménez había participado como interviniente voluntaria en los niveles de primer grado y apelación del proceso, y, no obstante, no fue puesta en causa en ocasión de incoarse este recurso ante la Suprema Corte de Justicia.

TC/0209/14, numeral 10, a–b, pág. 42 — PDF oficial

c. El alto tribunal acogió tales argumentos y precisó en un considerando de la sentencia ahora objeto de tratamiento: Que en nuestro derecho procesal, existe un criterio constante de que en caso de pluralidad de demandantes o demandados, los actos de procedimiento concernientes a la instancia tienen un efecto puramente relativo, regla que sufre algunas excepciones como la que se refiere al caso en que el objeto del litigio es indivisible; que para el caso que haya pluralidad de demandados y el recurrente solo emplaza a una o varias de ellos obviando a otros, como ha ocurrido en el presente caso, la jurisprudencia ha establecido que el recurso es inadmisible con respecto a todas, en razón de que el emplazamiento hecho a una parte recurrida no es suficiente para poner a las demás en condiciones de defenderse, constituyendo esto una violación al sagrado derecho de defensa; que en tal circunstancia, el recurso de Casación que se interponga contra una Sentencia que aprovecha a varias partes con un vínculo de indivisibilidad, debe dirigirse contra todas 1 , que al no ser emplazada Nancy Mercedes Jiménez, conjuntamente con los demás co-recurridos, procede declarar inadmisible el presente recurso de Casación sin necesidad de examinar los medios propuestos. 1 Sentencia Núm. 26, B.J. 1152, pag.1768; Sentencia Núm. 51, B.J. 1154, Pag.1509; Sentencia Núm. 5, B.J.1165, Pag.88

TC/0209/14, numeral 10, c, pág. 43 — PDF oficial

d. En ese orden, el Tribunal Constitucional ha podido establecer que con respecto a la ciudadana Nancy Mercedes Jiménez, ella ciertamente es una parte en el proceso relativo al recurso de casación, pero no figura emplazada en el acto de alguacil notificado a los demás co-recurridos ni en ningún otro, pese a tener interés jurídico porque resultó beneficiada con la sentencia impugnada, motivo por el cual entendemos que en este aspecto se hizo una correcta aplicación del derecho. Por tanto, procedía declarar inadmisible el recurso de casación sin que fuera menester examinar los medios propuestos; en tal virtud, procede el rechazo del recurso constitucional de decisión jurisdiccional incoado al respecto. B) Sentencia núm. 443, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de julio de dos mil doce (2012), relativa al recurso de casación incoado por el Abogado del Estado. El Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central incoó un recurso de revisión de decisión jurisdiccional contra la Sentencia dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha once (11) de julio de dos mil doce (2012), y con motivo del mismo Central Romana Corporation, Ltd., presentó un escrito mediante el cual manifestó su voluntad de adherirse al referido recurso, por tal razón este Tribunal se referirá por separado a ambas situaciones.

TC/0209/14, numeral 10, d, pág. 44 — PDF oficial

a. Escrito de Adhesión de Central Romana Corporation, Ltd., al recurso de revisión de decisión jurisdiccional interpuesto por el Abogado del Estado contra la referida sentencia. 1. Central Romana Corporation, Ltd., mediante escrito de fecha 17 de septiembre, se adhirió al recurso de revisión jurisdiccional interpuesto por el Abogado del Estado, exponiendo su acuerdo con lo establecido por este recurrente y concluyendo en la misma forma y condición que este. 2. La figura del escrito de adhesión no tiene existencia por lo que la trataremos a los fines de su admisibilidad como un recurso constitucional de revisión de decisión Jurisdiccional, y por tanto, deben aplicársele a esta los requisitos de admisibilidad de esta figura, en razón de que cuanto se procura es adherir un escrito a un recurso interpuesto por otro, y en consecuencia debe asumir las reglas procesales inherentes al proceso al que se quiere añadir. 3. El escrito de adhesión suscrito por Central Romana Corporation, Ltd. se depositó en fecha 17 de septiembre de 2012, mientras que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia le fue notificada en fecha 20 de julio de 2012, mediante el Acto No.308-2012, instrumentado por el ministerial José Rafael Guzmán Valdez, alguacil ordinario del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial San Pedro de Macorís, lo que pone de manifiesto el vencimiento del plazo para recurrir toda vez que la interposición se produjo cuando habían transcurrido cincuenta y nueve (59) días. 4. La indicada le núm. 137-11 establece en el artículo 54, numeral 1, lo siguiente: el recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia. 5. Se evidencia entonces que la interposición del escrito de adhesión prescribió, por lo que se impone la declaratoria de inadmisibilidad, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia (Sentencias TC/0213/13 del 22 de noviembre de dos mil trece y TC/0055/14 del 26 de marzo de 2014).

TC/0209/14, numeral 10, a, pág. 44 — PDF oficial

b. Recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, en relación con la Sentencia librada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. En cuanto a este recurso el Tribunal Constitucional entiende de lugar hacer las siguientes consideraciones: 1. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia pronunció la inadmisibilidad del recurso de casación bajo el argumento de que el mismo fue interpuesto por el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, y éste alegadamente carece de calidad e interés en el proceso. 2. La indicada Tercera Sala, al emitir la sentencia ahora recurrida en revisión, también argumentó que inadmitió el recurso de casación al considerar que el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central no había sido parte en la litis que dio origen a la sentencia recurrida, expresando que el referido órgano de la Jurisdicción Inmobiliaria no podía justificar ningún interés para ser parte en el proceso, razón por la cual decidió en tal sentido. 3. El Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central alegó que con su decisión la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia: (…) privó al ahora recurrente de la tutela judicial efectiva de Jurisdicción, con sujeción al debido proceso (artículos 68 y 69, parte capital de la Constitución de la República Dominicana); impidió al ahora recurrente, sin motivos válidos, en ejercicio de su derecho a ser oído por la Jurisdicción competente (artículo 69, numeral 2, de la Constitución de la República Dominicana); violentó el principio de razonabilidad debe ser respetado al momento de conocer y decidir las controversias (Artículos 74, numeral 2, de la Constitución de la República Dominicana); desconoció que la Constitución de la República, en su artículo 74, que ordena que el ejercicio de los Derechos Fundamentales, como es el caso del derecho de propiedad invocado por ambas partes, se lleve a cabo siempre respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. 4. El recurrente en revisión constitucional de decisión jurisdiccional aduce:

TC/0209/14, numeral 10, b, pág. 46 — PDF oficial

a. que se trata de un conflicto de dos derechos sobre una misma propiedad inmobiliaria registrada y dos personas distintas, y que ambas invocan su titularidad; b. que, en el caso, se trata de un derecho fundamental, como es el derecho de propiedad, y se recurrió en casación para que ese tribunal viabilizara que los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria dirimieran el diferendo y pudieran establecer quién es el legítimo titular del derecho registrado y, c. que en consecuencia, se pusiera al Abogado del Estado en condiciones para hacer valer el derecho legítimamente adquirido y así ordenar la ejecución del correspondiente desalojo. 5. Las partes recurridas sostienen, que el Abogado del Estado no intervino en el proceso, ni en el primer grado, ni en el segundo grado; tampoco en el recurso de casación interpuesto por el Central Romana Corporation, Ltd., razón por la cual aseveran que se trata de un conflicto privado entre el Central Romana Corporation, Ltd. y el señor Eladio María Richiez y compartes. 6. Al respecto, el Tribunal Constitucional valora en su justa dimensión la naturaleza del sistema registral dominicano el cual ejerce una especialísima tutela sobre el derecho de propiedad registrado y le otorga al Abogado del Estado, como parte del mismo y del Ministerio Público, la más elevada legitimidad para asumir la representación del interés público o social y, como precisa el párrafo I del artículo 169 de la Constitución de la República, “garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas”, razón por cual, en la especie, queda justificada su intervención. 7.

TC/0209/14, numeral 10, a, pág. 47 — PDF oficial

Procede consignar, en este mismo sentido, que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia no podía obviar que el presente caso entraña la existencia de dos (2) registros de un mismo derecho inmobiliario en relación con personas distintas; y que cada una de estas figura como titular registrado amparado por Certificados de Títulos emitidos por el Registro de Títulos correspondiente, cuestión que tenía que ser resuelta de manera eficiente y definitiva por los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria. 8. En nuestro sistema registral, el Certificado de Título y su registro cuentan con la garantía absoluta del Estado y cuanto publicita, en principio, se presume exacto, cuestión que hace imperativo que se dilucide toda situación que implique una inexactitud. En adición a esto, es preciso consignar que la litis sobre derechos registrados que nos ocupa comprende un conflicto que encuentra su génesis en la materialización de sendos procesos de saneamiento, cuya naturaleza jurídica es de orden público. 9. En ese mismo orden, podemos precisar que el Estado está reputado como propietario originario de todos los terrenos respecto de los cuales nadie pueda probar derecho de propiedad alguno y vela porque sea respetada la titularidad que el Estado otorga a cada propietario. Por esta razón, tiene la más legítima y acabada vocación para intervenir válidamente en cualquier estado de causa en que se encuentre un proceso que se esté agotando en ocasión de una litis sobre derecho registrado que se origine o involucre de manera directa el proceso de saneamiento; siempre que tal proceso esté revestido de un interés público habilitante de su actuación, como resulta la especie objeto de tratamiento.

TC/0209/14, numeral 10, a, pág. 47 — PDF oficial

Además, en el presente caso están comprometidos principios registrales cardinales como son los de legitimidad y publicidad; de ahí que su inobservancia afecta la seguridad jurídica inmobiliaria, afectación que impacta negativamente la economía nacional. 10. Correspondía a la referida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia garantizar que las partes pudieran ejercer plenamente su derecho de acceso a jueces especializados que pudieran dirimir de manera serena este conflicto, el cual involucra un proceso de orden público como el saneamiento que, junto con la litis sobre derechos registrados, entraña siempre una minuciosa depuración de los derechos y se desarrolla en interés de que impere un régimen de seguridad y garantía digno de la fuerte fe pública que caracteriza a nuestro sistema de registro de la propiedad inmobiliaria. C. Textos constitucionales, legales y consideraciones finales Al respecto, se impone valorar disposiciones y principios prescritos en los textos constitucionales y disposiciones legales, así como formular las consideraciones que se exponen a continuación: 1. La Constitución de la República dispone en la parte capital del artículo 51: “el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”. 2. El principio general II de la Ley No. 108-05, de Registro Inmobiliario, promulgada en fecha 23 de marzo de 2005, establece que el sistema se erige sobre la base de principios registrales cardinales, entre otros, el de legitimidad: “que establece que el derecho registrado existe y pertenece a su titular;” y el publicidad: “Que establece la presunción de exactitud del Registro dotando de fe pública su constancia”. 3.

TC/0209/14, numeral 10, a, pág. 47 — PDF oficial

El principio III de dicho texto legal dispone: “el Estado Dominicano es el propietario de todos los terrenos que conforman el territorio de la República Dominicana. Se registran a nombre del Estado Dominicano todos los terrenos sobre los que nadie pueda probar derecho de propiedad alguno”. 4. El principio general IV de la indicada disposición legal expresa: “todo derecho registrado de conformidad con la presente ley es imprescriptible y goza de la protección y garantía absoluta del Estado”. 5. El artículo 168 de la Carta Magna instituye las jurisdicciones especializadas sobre la base esencial de razones de interés público, en tanto que en el párrafo I del artículo 169 del referido texto supremo se establece: “en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantiza los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas (…) y defenderá el interés público tutelado por la ley”. 6. En su parte capital, el referido artículo 169 del texto sustantivo prescribe que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de ejercer la acción pública en representación de la sociedad. En el sistema registral dominicano, el Abogado del Estado, como parte de dicho órgano, que se erige en el más genuino representante del interés público o social. 7. La Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario dice en su Principio V que, en relación con derechos registrados ningún acuerdo está por encima de la ley, cuestión que revela su condición de disposición legal de orden público, de acuerdo con el artículo 111 de la Carta Sustantiva, y la disposición adjetiva señalada indica en su artículo 11: “el Abogado del Estado es el representante del Estado en la Jurisdicción Inmobiliaria”. 8.

TC/0209/14, numeral 10, a, pág. 47 — PDF oficial

La parte capital del artículo 12 de la disposición legal referida en el párrafo anterior señala: “el Abogado del Estado tiene las funciones de representación y defensa del Estado Dominicano en todos los procedimientos que así lo requieran ante la Jurisdicción Inmobiliaria, a la vez ejerce las funciones de Ministerio Público ante la Jurisdicción (…)”. 9. El artículo 4 de la Ley núm. 3726, promulgada el 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, precisa que el Ministerio Público acreditado ante el tribunal que dictó la sentencia puede recurrir en casación los casos que interesen al orden público. 10. Tal como ha aseverado el tratadista de la materia inmobiliaria Manuel Ramón Ruiz Tejada (…) para registrar el derecho es necesario sanearlo, depurarlo, legalizarlo previamente, lo que se hace en juicio público y contradictorio, en el cual se tiene en primer término por adversario al Estado, frente a quien hay que establecer la prueba del derecho que se invoca; y, en segundo término, a todos cuantos puedan presentarse a discutir ese derecho, bien porque lo pretendan para sí, total o parcialmente, bien porque quieran restringirlo en sus efectos, o por cualquiera otra circunstancia. 2 2 Ruiz Tejada, Manuel Ramón: “Estudio sobre la Propiedad Inmobiliaria”, Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo, 1952 págs. 164-165.

TC/0209/14, numeral 10, a, pág. 47 — PDF oficial

11. Agrega este autor: si es necesario probar, pues, el derecho, frente al

Estado, es porque se parte de la idea de que el Estado es el propietario originario de todos los bienes; y quien pretenda hacer la excepción a este principio para que se le declare a él propietario exclusivo de un bien determinado, debe probar cómo adquirió, cuándo adquirió y en cuáles condiciones, para establecer así la legitimidad de su pretensión. 3

TC/0209/14, numeral 11, pág. 52 — PDF oficial

12. Por su parte, el también reconocido tratadista del derecho inmobiliario

José A. Bonilla Atiles, opina lo siguiente: la necesidad del fallo absoluto queda manifiesta por el carácter absoluto que le da el Sistema Torrens, que le da la ley, al certificado de título; y este carácter absoluto del certificado de título responde a la naturaleza misma del derecho de propiedad, que es absoluto. 4 13. Este autor precisa, además: este derecho, oponible a todo el mundo, queda saneado por una decisión judicial, oponible a todo el mundo. Y esta decisión es oponible a todo el mundo, porque todo el mundo ha sido parte en la litis, incluido en la frase “a todos a quienes pueda interesar. 5 14. Refiriéndose al sistema registral el citado autor expresa asimismo lo siguiente: como el derecho solamente puede existir por la inscripción, por el registro, y como la ley le da a este efectos de tal trascendencia, como son la irrevocabilidad, perpetuidad y absolutez, es necesario que él quede sometido a una vigilancia estricta de parte de las autoridades encargadas de la aplicación del sistema a fin de ofrecerle completa seguridad a los terceros. 3 Ibídem. 4 Bonilla Atiles, José A.: “Legislación de Tierras Dominicana-El Sistema Torrens” Segunda Edición, Librería Dominicana, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 1974, pag. 273. 5 Ibídem. 15. En ese mismo orden el referido autor apunta: “La Ley presume en el Estado la propiedad originaria del suelo dominicano. Como consecuencia de esta presunción, todo el que reclame derecho de propiedad sobre cualquier porción de ese suelo tendrá que contradecir esta presunción, probando que tiene un derecho eficaz para obtener el registro”. 6 16. Como expresa la Declaración de Antigua, Guatemala, del Encuentro Iberoamericano de Sistemas Registrales: Los sistemas registrales de derechos de fe pública se caracterizan porque producen, junto con otros, un efecto fundamental denominado, precisamente, fe pública registral. 7 17.

TC/0209/14, numeral 12, pág. 52 — PDF oficial

El principio de autenticidad o legitimidad registral involucra la autoridad del Abogado del Estado, toda vez que en nuestro sistema el Estado Dominicano, en su condición de propietario originario de la tierra, es quien emite el Certificado de Título y las certificaciones, incluyendo la que tiene que ver con el estado jurídico del inmueble, las cuales resultan complementarias al momento de probar y garantizar la titularidad y la situación jurídica de la propiedad inmobiliaria registrada. 18. Este principio de autenticidad o legitimidad también se vincula estrechamente al principio registral de publicidad, el cual propicia que la persona interesada acceda a la estructura de información del Registro, conozca con certeza la situación jurídica de la propiedad, ésta a su vez constituye un 6 Ibídem, pág. 277. 7 Declaración de Antigua, Guatemala, del Encuentro Iberoamericano de Sistemas Registrales, La Antigua, Guatemala, 21 de febrero de 2003, convocado por la Agencia Española de Cooperación Internacional -AECI-, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas y El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. pilar de la fe pública, en razón de la fuerza que le imprime la presunción de exactitud registral. 19. Ciertamente, resulta incontrovertible que el Abogado del Estado tiene la responsabilidad de hacer respetar la titularidad del derecho registrado, es ésta la instancia que tiene competencia y calidad para intervenir en nombre de la autoridad estatal. No sólo de manera directa en el proceso de saneamiento, sino también con motivo de la adjudicación de derechos sobre la propiedad inmobiliaria registrada en los que el Estado dominicano tenga algún interés o aparente tenerlo, ya sea como titular o como garante de la seguridad jurídica. 20.

TC/0209/14, numeral 12, pág. 52 — PDF oficial

De lo anteriormente dicho, se desprende la necesidad de que el presente caso sea dilucidado bajo las directrices del ordenamiento jurídico instituido en nuestro país, de tal modo que se pueda establecer de manera fehaciente y transparente cuál de los asientos registrales y certificados de títulos debe subsistir en la especie y cuál de estos debe ser objeto de anulación o cancelación. Pues no resulta concebible que en un sistema de registro de la naturaleza del nuestro pueda mantenerse una situación dubitativa o brumosa, con derechos registrados incompatibles, sin que se haya abierto ninguna posibilidad orientada a resolverla en derecho y de manera definitiva. 21. El Abogado del Estado es uno de los órganos que conforma la Jurisdicción Inmobiliaria en el sistema registral dominicano. Dicho órgano tiene a cargo la representación y defensa del Estado, y está llamado a ser garante de toda persona física o jurídica con interés o derecho, en razón de que posee la condición de tutor del sistema. Es por esta razón que el principio de autenticidad o legitimidad registral tiene plena realización en su ámbito, dado el hecho de que el sistema de registro de la propiedad inmobiliaria de nuestro país obedece a una especial naturaleza, pues corresponde al Estado ejercer con singular esmero la tutela de todas las operaciones inmobiliarias que se realizan. 22. Ante una situación como esta que nos ocupa, donde se han efectuado dos procesos de saneamiento sobre un mismo terreno, se han practicado dos asientos de registro al respecto, se han expedido dos certificados de títulos, originándose un litigio que no ha obtenido de los tribunales apoderados una solución adecuada, en consonancia con el derecho, sin que se haya podido establecer la validez de uno de los dos certificados en contradicción y la nulidad del otro. 23.

TC/0209/14, numeral 12, pág. 52 — PDF oficial

En la especie, se trata de dos sentencias emitidas por tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria y las mismas resultan incompatibles o contradictorias entre sí, y han dado lugar a dos registros y dos certificados de títulos con respecto a una única propiedad; cuestión que este Tribunal entiende que afecta los referidos principios registrales e impacta negativamente en el sistema, porque genera inexactitudes registrales que se contraponen a su elevado propósito de preservar íntegramente la eficacia y certeza de la fe pública. De ahí que la cuestión abordada tiene que ser conocida y decidida bajo el estricto cumplimiento de las garantías de los derechos fundamentales, tutela judicial efectiva y el debido proceso; por tanto, en un marco que auspicie la mayor transparencia, certidumbre y seguridad, cuestión esta que garantizaría el pleno acceso de las partes a la justicia. 24. En este caso, dadas las razones y motivos expuestos, resulta justificado el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, toda vez que este Tribunal está en el ineludible deber de ofrecer garantía efectiva de la supremacía de la Constitución de la República y de la protección de los derechos fundamentales; y, además, está compelido a asumir la defensa del orden constitucional al cual ha de sujetarse todo poder u órgano de la administración al momento de ejercer sus funciones, debiendo tener en cuenta el cumplimiento de la Constitución de la República como norma suprema y la realización eficiente del principio de legalidad. 25.

TC/0209/14, numeral 12, pág. 52 — PDF oficial

En la especie, existe un elevado interés del Estado de propiciar todas las condiciones para que las partes envueltas en el diferendo puedan dirimir a fondo los puntos de derecho involucrados en el caso, evitando la subsistencia de dos asientos registrales y dos certificados de título con relación a una misma propiedad inmobiliaria; situación que, en la eventualidad de que se mantuviera, devendría en una perniciosa subversión al orden del sistema de la propiedad inmobiliaria registrada, la cual protege y privilegia el numeral 2 del artículo 51 del texto sustantivo. 26. En consecuencia, contrario a lo decidido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional considera que el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado tenía que ser admitido bajo una tutela judicial diferenciada, en vista de que en el sistema registral inmobiliario dominicano este órgano de la Jurisdicción Inmobiliaria (Abogado del Estado) resulta consustancial al Estado y este tiene entre sus funciones esenciales la responsabilidad de hacer una estricta supervigilancia de las actuaciones y procesos que tienen lugar en el ámbito de los bienes raíces.

TC/0209/14, numeral 12, pág. 52 — PDF oficial

Y, ante una situación como la que nos ocupa, donde se han llevado a efecto dos procesos de saneamiento, se han practicado dos asientos registrales y expedido dos certificados de títulos sobre un mismo terreno, sin que en el caso interviniera una decisión judicial cónsona con la realidad, el derecho y la justicia, capaz de garantizar la vigencia de un certificado y la extinción del otro, así como la cancelación de los asientos practicados de modo inexacto en el Registro; solución jurídica que, en el caso que nos ocupa, debió ser aportada por el Tribunal Superior de Tierras competente de la Jurisdicción Inmobiliaria; y, al no verificarse ninguna solución, justifica la actuación del Abogado del Estado ante la Suprema Corte de Justicia, interponiendo un recurso de casación, fundamentado jurídicamente en su calidad de ente público por excelencia que está directamente responsabilizado de velar por la protección del derecho inmobiliario legítimamente registrado y publicitado. 27. En los casos como el de la especie, procede que el Tribunal Constitucional (a) declare inadmisible el recurso de revisión interpuesto contra la Sentencia núm. 2010/2087, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010); (b) rechace el recurso de revisión interpuesto por Central Romana Corporation, Ltd. contra sentencia del 9 de julio de 2010; y, (c) admita el recurso de revisión interpuesto por el Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras del Departamento Central contra sentencia del 9 de julio de 2010, anule la dicha decisión y remita el expediente de que se trata a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia para los fines correspondientes. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida.

TC/0209/14, numeral 12, pág. 52 — PDF oficial

No figura la firma de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Katia Miguelina Jiménez Martínez, por motivo de inhibición voluntaria. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor Joaquín Castellanos Pizano; así como el voto disidente de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0209/14, numeral 12, pág. 52 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional interpuesto por el Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras del Departamento Central contra la Sentencia núm. 2010/2087, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010), por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

SEGUNDO: ADMITIR, en cuanto a la forma: (a) el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central contra Sentencia núm. 426 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de julio de dos mil doce (2012); y, (b) el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Central Romana Corporation, Ltd., contra Sentencia núm. 443, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de julio de dos mil doce (2012).

TERCERO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso incoado por Central Romana Corporation, Ltd., contra Sentencia núm. 426 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y en consecuencia el once (11) de julio de dos mil doce (2012), y confirmar la referida sentencia.

CUARTO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso interpuesto por el Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras del Departamento Central, y, en consecuencia, ANULAR la referida sentencia núm. 443, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictada el once (11) de julio de dos mil doce (2012).

QUINTO: DISPONER el envío del referido expediente a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que el caso sea fallado con estricto apego al debido proceso, en especial para que se determine lo concerniente a la doble titularidad del derecho de propiedad registrado sobre un mismo inmueble, en aplicación de lo que establece el artículo 54, numeral 10, de la precitada Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011).

SEXTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, numeral 6, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

SEPTIMO: COMUNICAR esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central y Central Romana Corporation, Ltd.; y a los co-recurridos, señores Eladio María Richiez y compartes, Faustino Rijo Cedeño, Budget Realty, S.A., Fermín Alfredo Zorrilla, Radhamés Guerrero Cabrera, Eladio Rodríguez Quezada, Nancy Mercedes Jiménez y los sucesores de Roberto Morla.

OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0209/14, del 8 de septiembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0209-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.