Sentencia TC/0234/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 25 de septiembre de 2014 · Expediente TC-01-2013-0052

La acción de directa de inconstitucionalidad incoada por los señores Esteban Cedano Castro, Carlos Vinicio Pineda Reyes, Luis Manuel Richiez Peralta, Luis Castro Pierre, Pedro Julio Mercedes Guerrero y Daniel Enrique Pérez Guerrero contra el acápite h) del artículo núm. 6 de la Ley núm. 385-98, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM), del veinticuatro (24) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998) y el literal h) del artículo núm. 2 del Reglamento Interno del Consejo de Directores de la COAAROM.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principios de separación de poderes y de la función pública

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0234/14?

Los accionantes tienen legitimación activa porque la composición del Consejo de Directores de la COAAROM incide directamente en la gestión del agua, recurso estratégico cuyo acceso el Tribunal vincula con los derechos colectivos y difusos (TC/0234/14, numeral 9, 9.4–9.5, pág. 13). La COAAROM es un organismo autónomo y descentralizado que forma parte de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo. Por ello, integrar a los legisladores de La Romana en su Consejo de Directores vulnera la separación de poderes y la prohibición de que los senadores y diputados ejerzan otra función pública. Además, la dirección de la entidad es incompatible con las atribuciones del Congreso de supervisar las políticas públicas y fiscalizar las aportaciones estatales a la corporación (TC/0234/14, numeral 9, 10.1–10.2, pág. 14) (TC/0234/14, numeral 9, 10.3–10.6, pág. 15) (TC/0234/14, numeral 9, 10.7–10.8, pág. 16) (TC/0234/14, numeral 9, 10.10, pág. 17) (TC/0234/14, numeral 9, 10.11–10.12, pág. 18).

El Tribunal difiere los efectos de la inconstitucionalidad porque su aplicación inmediata excluiría a cinco miembros del Consejo de Directores sin que existiera una norma para reemplazarlos. Con fundamento en el artículo 47 de la Ley núm. 137-11, concede al Congreso dos años desde la notificación de la sentencia para adecuar la disposición legal a la Constitución (TC/0234/14, numeral 9, 10.11–10.12, pág. 18) (TC/0234/14, numeral 9, 10.13, pág. 19).

Decisión

Declara admisible la acción directa y no conformes con la Constitución el acápite h) del artículo 6 de la Ley núm. 385-98 y el literal h) del artículo 2 del Reglamento Interno del Consejo de Directores de la COAAROM, por vulnerar los artículos 77.3, 93.2, letra f), y 246 de la Constitución. Difiere los efectos de la inconstitucionalidad por dos años desde la notificación de la sentencia y exhorta al Congreso Nacional a adecuar la disposición legal en ese mismo plazo.

Citas textuales clave

“De ahí que los senadores y diputados no pueden ejercer funciones o formar parte de organismos o entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial.” (TC/0234/14, numeral 9, 10.7–10.8, pág. 16)
“Además, el artículo núm. 93.2, letra f), pone a cargo de los congresistas la supervisión de todas las políticas públicas que implementen el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance, lo cual hace inconciliables su función de supervisión (Congreso Nacional) con la de dirección (Consejo de Directores de la COAAROM).” (TC/0234/14, numeral 9, 10.10, pág. 17)
“TERCERO: DIFERIR los efectos de la inconstitucionalidad decretada por esta sentencia por el término de dos (2) años, contados a partir de su notificación, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de la misma.” (TC/0234/14, dispositivo, pág. 19)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 4, 15, 67.1, 77.3, 93.2, letra f), 141, 185.1 y 246.

Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 37 y 47.

Ley núm. 385-98: artículos 1, 2, 5 y 6, acápite h).

Reglamento Interno del Consejo de Directores de la COAAROM: artículo 2, literal h).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

9. Legitimación activa

9.1. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la Ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes.

9.2. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo núm. 185, numeral 1, de la Constitución de la República dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido (…).

9.3. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece: Calidad para Accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

TC/0234/14, numeral 9, 9.1–9.3, pág. 12 — PDF oficial

9.4. Este tribunal, al interpretar las disposiciones vigentes que conceden calidad para accionar en inconstitucionalidad a los particulares, constata que en el presente caso, al tener la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana la atribución de manejar un recurso natural que, en virtud de lo dispuesto en el artículo núm. 15 de la Constitución, constituye un patrimonio nacional estratégico esencial para la vida humana y, siendo el consumo humano del agua prioritario sobre cualquier otro recurso, se encuentre clasificado como un derecho colectivo y difuso de los comprendidos en el artículo núm. 67.1 de la Constitución, los accionantes tienen calidad para accionar en la especie, máxime cuando la entidad encargada de establecer las políticas que deben ser observadas para la administración, suministro y mantenimiento del acueducto y alcantarillado es su Consejo Directivo.

9.5. Para cualquier demarcación es de vital importancia el manejo y suministro adecuado de agua potable para el desenvolvimiento normal de las actividades y de la salud de una comunidad, y siendo el Consejo de Directores el órgano de gobierno de la Corporación que tiene por funciones trazar las políticas públicas en orden al cumplimiento de sus objetivos y que goza de las más amplias facultades de gestión de un recurso natural de primer orden, su composición impactaría directamente en las decisiones que se adopten respecto de un recurso natural al cual toda persona tiene derecho, razón que habilita a los accionantes a actuar en la especie. 10. Acogimiento de la acción. Sentencia exhortativa y de inconstitucionalidad diferida

TC/0234/14, numeral 9, 9.4–9.5, pág. 13 — PDF oficial

10.1. En el presente caso los accionantes alegan, en síntesis, que al disponerse en el acápite h) del artículo núm. 6 de la Ley núm. 385-98, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), así como en el literal h) del artículo núm. 2 del Reglamento Interno del Consejo de Directores de la COAAROM, la inclusión de “los legisladores de la provincia de La Romana” como integrantes del Consejo Directivo, se vulnera la prohibición de que los senadores y diputados puedan ocupar otras funciones o empleo público, dispuesta en el artículo núm. 77.3 de la Constitución de la República 1 .

10.2. De conformidad con los objetivos y fines bajo los cuales ha sido creada la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), y al tratarse de una entidad con carácter autónomo, personalidad jurídica propia e independiente, destinada a garantizar el manejo idóneo y racional del suministro de agua potable en la comunidad de La Romana 2 , se puede colegir que es un organismo autónomo y descentralizado, enmarcado en la estructura institucional administrativa que conforma al Poder Ejecutivo. 1 Al momento de votarse la Ley núm. 385-98, la previsión constitucional que invocan los accionantes encontraba cabida en el artículo núm. 18 de la Constitución que regía: “Los cargos de Senador y de Diputado son incompatibles con cualquier otra función o empleo de la administración pública”. 2 Ver Tercer Considerando y artículos núm. 1 y 2 de la Ley núm. 385-98, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM).

TC/0234/14, numeral 9, 10.1–10.2, pág. 14 — PDF oficial

10.3. Los organismos autónomos y descentralizados son entidades dotadas de personalidad jurídica y administrativa propia, creadas por una ley a la cual se le atribuye una competencia general o territorial para realizar una función administrativa pública o fin público determinado, separada de la administración central pero sometida a su control y fiscalización.

10.4. En nuestro ordenamiento jurídico constitucional, la atribución para crear mediante ley esos tipos de organismos, en el contexto de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo, viene dada por el artículo núm. 141 de la Constitución, el cual dispone: La ley creará organismos autónomos y descentralizados en el Estado, provistos de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Estos organismos estarán adscritos al sector de la administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro titular del sector.

10.5. La adopción de esa facultad de estructuración, a lo interno del organigrama administrativo que conforma el Poder Ejecutivo, de entidades u órganos autónomos y descentralizados, se da por ser ese uno de los medios de desconcentración de poder que le permite ser más eficiente en sus funciones administrativas de la cosa pública.

10.6. En ese sentido, al ser los órganos autónomos y descentralizados parte del conjunto de entidades que fiscaliza y controla el Poder Ejecutivo, en aplicación del principio de separación de poderes que está consignado en el artículo núm. 4 de la Constitución de la República Dominicana, se puede constatar que el constituyente ha consignado una prohibición para que los miembros de esos poderes no puedan realizar funciones distintas a las determinadas por la Constitución.

TC/0234/14, numeral 9, 10.3–10.6, pág. 15 — PDF oficial

10.7. Por demás, debemos puntualizar que la consecuencia directa de la prohibición que trae consigo el principio de separación de poderes que se ha adoptado en el artículo núm. 4 antes citado, es lo que ha dado lugar al que el constituyente haya dispuesto de forma meridiana la reglamentación prohibitiva que está contenida en el artículo núm. 77.3 de nuestra Carta Fundamental, estableciendo al efecto que: “(…) 3) Los cargos de senador y diputado son incompatibles con otra función o empleo público , salvo la labor docente. La ley regula el régimen de otras incompatibilidades; (…)”. De ahí que los senadores y diputados no pueden ejercer funciones o formar parte de organismos o entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial.

10.8. En esta línea de pensamiento, desde el esquema Kelseniano de división de funciones que se da a lo interno de la estructura de separación de poderes del Estado que se adopta en nuestra Constitución, el Poder Ejecutivo tiene la función de ejecutar las normativas generales que emanan del Poder Legislativo, las que le permiten realizar sus funciones políticas y administrativas, por lo que al confluir en la especie la función legislativa “legis latio” y la función ejecutiva “legis executio 3 ”, se genera la existencia de una contraposición de funciones, por cuanto no se permite que los senadores y diputados puedan participar en el cumplimiento de las actividades ejecutivo- administrativas que realiza el Poder Ejecutivo, salvo lo dispuesto en la Constitución para el necesario control recíproco entre los poderes públicos.

TC/0234/14, numeral 9, 10.7–10.8, pág. 16 — PDF oficial

10.9. Por otra parte, desde la óptica de la doctrina administrativista, la incompatibilidad respecto del ejercicio de funciones de senador o diputado con otra función o empleo público fue establecida en la Constitución en función de preservar ciertos principios fundamentales reconocidos en ella. La 3 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. Universidad Nacional Autónoma de México, Quinta reimpresión, México, D.F., 1995, p .303 norma prevista en el artículo núm. 77.3 procura garantizar la independencia e imparcialidad del servidor público, evitando el conflicto de intereses; y por el otro, se persigue que cada servidor del Estado se concentre de forma integral a la satisfacción de las demandas ciudadanas a partir de la gestión del servicio público para el cual ha sido designado, evitando el pluriempleo desproporcionado en el sector público, el cual impide la dedicación necesaria para ofrecer servicios de calidad (principio de eficacia) 4 . Además, las incompatibilidades de los funcionarios públicos son un instrumento en el que la promoción de la ética conecta con la lucha contra la corrupción 5 .

TC/0234/14, numeral 9, 10.9, pág. 16 — PDF oficial

10.10. Así las cosas, al disponerse tanto en el acápite h) del artículo núm. 6 de la referida ley núm. 385-98, así como en el literal h) del artículo núm. 2 del Reglamento Interno del Consejo de Directores de la COAAROM, la inclusión de los legisladores de la provincia La Romana, como miembros del Consejo de Directores que dirige y diseña la política de esa Corporación, se ha vulnerado los principios de separación de poderes y de la función pública, sustento de la prohibición expresa que tienen los legisladores de ocupar función pública en el ámbito administrativo, dispuesto en el artículo núm. 77.3 de la Constitución de la República Dominicana, por lo que tales disposiciones están viciadas de inconstitucionalidad. Además, el artículo núm. 93.2, letra f), pone a cargo de los congresistas la supervisión de todas las políticas públicas que implementen el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance, lo cual hace inconciliables su función de supervisión (Congreso Nacional) con la de dirección (Consejo de Directores de la COAAROM). 4 Artículo núm. 144 de la Constitución: Régimen de Compensación. Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia. La ley establecerá las modalidades de compensación de las y los funcionarios y empleados del Estado, de acuerdo con los criterios de mérito y características de la prestación del servicio. 5 Manuel Villoría Mendieta. Documentación sobre gerencia pública, del Subgrupo A1, Cuerpo Superior, especialidad de Administración General, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tema 5. Pág. 26.

TC/0234/14, numeral 9, 10.10, pág. 17 — PDF oficial

10.11. En adición a lo anterior, las disposiciones contenidas en el acápite h) del artículo núm. 6 de la referida ley núm. 385-98, así como en el literal h) del artículo núm. 2 del Reglamento Interno del Consejo de Directores de la COAAROM, son incompatibles con la función de control y fiscalización que el artículo 246 de la Constitución de la República le ha conferido al Congreso Nacional sobre las aportaciones que pueda realizar el Estado dominicano a través de la concesión de bienes, derechos y recursos financieros a esa Corporación, incluidas aquellas contribuciones que puedan ser realizadas con cargo al Presupuesto Nacional 6 .

10.12. El artículo núm. 47 de la Ley núm. 137-11 faculta a este tribunal a dictar sentencias interpretativas que van más allá de la dualidad tradicional (de desestimación o rechazo de la demanda en inconstitucionalidad). En el presente caso, se dan las condiciones para que este tribunal constitucional dicte una sentencia exhortativa y de inconstitucionalidad diferida, toda vez que la declaratoria de inconstitucionalidad ex nunc regiría desde el momento en que le sea notificada a las partes la presente sentencia, lo cual tendría por efecto inmediato la exclusión de cinco (5) de los miembros del actual Consejo de Directores de la COAAROM, sin que exista una normativa que trace las pautas para su reemplazo, salvo que el Congreso de la República, al momento de acogerse a la presente exhortación para que adecúe a la Constitución el artículo núm. 6 de la Ley núm. 385-98, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), disponga que con los miembros que no son legisladores, el referido consejo operaría sin dificultades. 6 Artículo núm. 5 de la Ley núm. 385-98, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana.

TC/0234/14, numeral 9, 10.11–10.12, pág. 18 — PDF oficial

10.13. En ese sentido, se adoptarán los recaudos para que después del pronunciamiento de la presente decisión, el vencimiento del plazo para la emisión de la normativa reparadora tenga como consecuencia la nulidad del artículo núm. 6 de la Ley núm. 385-98, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), así como del literal h) del artículo núm. 2 del Reglamento Interno del Consejo de Directores de la COAAROM, el cual se apoya en una disposición que este tribunal determina que es inconstitucional. De ahí, que se otorga al Congreso Nacional un plazo de dos (2) años, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a fin de que legisle en orden de adecuar el artículo núm. 6 de la referida ley núm. 385-98. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Hermógenes Acosta de los Santos y Jottin Cury David, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta, presidente en funciones. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

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Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad incoada por los señores Esteban Cedano Castro, Carlos Vinicio Pineda Reyes, Luis Manuel Richiez Peralta, Luis Castro Pierre, Pedro Julio Mercedes Guerrero y Daniel Enrique Pérez Guerrero contra el acápite h) del artículo núm. 6 de la Ley núm. 385-98, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), del veinticuatro (24) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998) y el literal h) del artículo núm. 2 del Reglamento Interno del Consejo de Directores de la COAAROM.

SEGUNDO: En cuanto al fondo, DECLARAR no conforme con la Constitución de la República el acápite h) del artículo núm. 6 de la Ley núm. 385-98, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), y el literal h) del artículo núm. 2 del Reglamento Interno del Consejo de Directores de la COAAROM, por violentar los artículos núm. 77.3, 93.2, letra f), y 246 de la Constitución de la República.

TERCERO: DIFERIR los efectos de la inconstitucionalidad decretada por esta sentencia por el término de dos (2) años, contados a partir de su notificación, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de la misma.

CUARTO: EXHORTAR al Congreso Nacional para que en un plazo no mayor de dos (2) años, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, adecúe a la Constitución de la República el acápite h) del artículo núm. 6 de la Ley núm. 385-98.

QUINTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costa de conformidad con las disposiciones del artículo núm. 7.6 de la Ley núm. 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

SEXTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los señores Esteban Cedano Castro, Carlos Vinicio Pineda Reyes, Luis Manuel Richiez Peralta, Luis Castro Pierre, Pedro Julio Mercedes Guerrero y Daniel Enrique Pérez Guerrero, al Senado de la Republica Dominicana y a la Cámara de Diputados, así como a la Procuraduría General de la República.

SEPTIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional en virtud del artículo núm. 4 de la referida ley núm. 137-11.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0234/14, del 25 de septiembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0234-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.