Sentencia TC/0250/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 18 de diciembre de 2013 · Expediente TC-07-2013-0028

la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por los señores Félix Octavio Payano Beras y Meng-Kind Rosario Joa Leo, contra la Sentencia civil núm. 36, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en fecha trece (13) de febrero de dos mil trece (2013).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Demanda en suspensión

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0250/13?

El recurso de revisión constitucional de una decisión jurisdiccional no suspende su ejecución, salvo que el Tribunal Constitucional lo ordene expresamente a petición debidamente motivada de parte interesada. La suspensión es excepcional porque priva a la parte favorecida de la efectividad inmediata de la sentencia. Su finalidad cautelar es preservar la posibilidad de hacer efectivo el derecho o interés que se reconozca al decidir el fondo. Para otorgarla, el Tribunal toma en cuenta que el daño no sea reparable económicamente, que exista apariencia de buen derecho y que la medida no afecte intereses de terceros ajenos al proceso (TC/0250/13, numeral 9, 9.1–9.1.5, pág. 8; TC/0250/13, numeral 9, 9.1.6–9.1.9, pág. 9).

En este caso, ejecutar el desalojo de la vivienda que los solicitantes y sus familias habían ocupado durante más de diez años podía causarles un daño más grave que el que la suspensión ocasionaría a Parkview Dominicana, S. A., y posiblemente irreparable: volver a ocupar el inmueble podría resultar imposible o muy difícil, con lo que la revisión perdería su finalidad. La intimación a desalojar en quince días hacía inminente el daño. El Tribunal apreció además una apariencia mínima de buen derecho, pues las alegadas violaciones a la tutela judicial efectiva, al derecho de propiedad y al debido proceso podían dar lugar a la revocación de la sentencia impugnada (TC/0250/13, numeral 9, 9.1.10–9.1.12, pág. 10; TC/0250/13, numeral 9, 9.1.13–9.1.15, pág. 11; TC/0250/13, numeral 9, 9.1.16, pág. 12).

Decisión

Acoge la solicitud y suspende la ejecución de la Sentencia civil núm. 36, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el 13 de febrero de 2013, hasta que se decida el recurso de revisión constitucional interpuesto contra ella. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar la decisión a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“La suspensión de ejecución de las decisiones jurisdiccionales recurridas, como todas las demás medidas cautelares, procura la protección provisional de un derecho o interés y que, si finalmente la sentencia de fondo lo llega a reconocer, su reivindicación no resulte imposible o de muy difícil ejecución.” (TC/0250/13, numeral 9, 9.1–9.1.5, pág. 8).
“Este tribunal entiende que estamos frente a un caso en el cual la ejecución de la sentencia pudiera causar un daño más grave, y posiblemente irreparable, que el que pudiera causársele a la hoy demandada, Parkview Dominicana, S. A., con la suspensión de la sentencia en cuestión.” (TC/0250/13, numeral 9, 9.1.10–9.1.12, pág. 10).

Normas interpretadas

Ley núm. 137-11, artículo 54.8 (suspensión de la ejecución) y artículo 7.6 (costas).

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0046/13, TC/0097/12, TC/0063/13 y TC/0098/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

7.1. Conforme a la documentación depositada en el expediente, así como a los hechos invocados por las partes, el presente conflicto se origina con la interpretación de un contrato de venta con opción a compra de un inmueble, suscrito entre los señores Félix Octavio Payano Beras y Meng-Kind Rosario Joa Leo (“El Comprador”) y la sociedad Parkview Dominicana, S. A. (“El Vendedor”).

7.2. Con motivo de un desacuerdo en cuanto al precio a pagar por el referido inmueble, los señores Félix Octavio Payano Beras y Meng-Kind Rosario Joa Leo interpusieron una demanda en validez en oferta real de pago y ejecución de contrato de opción de compra, proceso dentro del cual la sociedad Parkview Dominicana, S. A. presentó una demanda reconvencional en nulidad de oferta real de pago, resolución de contrato de compraventa de inmueble y desalojo.

7.3. La supraindicada demanda reconvencional fue acogida por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, decisión que fue posteriormente confirmada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, siendo esta última la que es objeto de la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia.

TC/0250/13, numeral 7, 7.1–7.3, pág. 7 — PDF oficial

9. Sobre la presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia

9.1. Este tribunal constitucional entiende que esta solicitud de suspensión de ejecución de sentencia debe ser acogida, en vista de los siguientes razonamientos:

9.1.1. En la especie, en el marco de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, las partes demandantes han presentado una solicitud de suspensión de ejecución contra la referida sentencia núm. 36.

9.1.2. Es facultad del Tribunal Constitucional, a pedimento de parte interesada, ordenar la suspensión de la ejecución de las sentencias jurisdiccionales, conforme lo previsto en el artículo 54.8 de la Ley núm. 137- 11, cuyo texto establece lo siguiente: “el recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente motivada, de parte interesada, el Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario”.

9.1.3. La suspensión de ejecución de las decisiones jurisdiccionales recurridas, como todas las demás medidas cautelares, procura la protección provisional de un derecho o interés y que, si finalmente la sentencia de fondo lo llega a reconocer, su reivindicación no resulte imposible o de muy difícil ejecución.

9.1.4. Este tribunal ha establecido que la suspensión de ejecución de sentencia es una medida de naturaleza excepcional, en razón de que su otorgamiento afecta “la tutela judicial efectiva de la parte contra la cual se dicta, privándola de la efectividad inmediata de la sentencia dictada en su favor” (Sentencia TC/0046/13).

9.1.5. De manera específica y a los fines de ordenar la suspensión de ejecución de una sentencia, se deben tomar como fundamento los criterios utilizados para el otorgamiento de una medida cautelar.

TC/0250/13, numeral 9, 9.1–9.1.5, pág. 8 — PDF oficial

9.1.6. Esos criterios han sido utilizados por la jurisprudencia y ampliados, en su estudio, por la doctrina, a saber: (i) que el daño no sea reparable económicamente; (ii) que exista apariencia de buen derecho en las pretensiones de quien busca que se otorgue la medida cautelar, en otras palabras, que no se trate simplemente de una táctica dilatoria en la ejecución de la decisión o actuación; y (iii) que el otorgamiento de la medida cautelar, en este caso, la suspensión, no afecte intereses de terceros al proceso.

9.1.7. Es conveniente resaltar que, en este caso, la sentencia atacada mediante el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia es una decisión que confirma la decisión de una corte de apelación que, a su vez, valida una sentencia dictada en primer grado, mediante la cual se pronuncia la resolución de un contrato de compraventa de inmueble y, por consecuencia, ordena el desalojo de los señores Félix Octavio Payano Beras y Meng-Kind Rosario Joa Leo del referido inmueble.

9.1.8. En la especie, las partes demandantes fundamentan su petición en el hecho de que la ejecución de la referida sentencia de desalojo les causaría serios daños y perjuicios y les violaría sus derechos fundamentales, tomando en consideración que el inmueble en cuestión ha sido la residencia de ellos y de sus familias por más de diez (10) años, daños que harían que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional no tuviera un efecto práctico y efectivo en el caso.

9.1.9. En adición, argumentan que la Suprema Corte de Justicia violentó la tutela judicial efectiva, el debido proceso y su derecho de propiedad al fallar confirmando la sentencia dictada por la corte de apelación, que a su vez confirmó la decisión de primer grado que ordenó la resolución del contrato de compraventa y su desalojo del inmueble.

TC/0250/13, numeral 9, 9.1.6–9.1.9, pág. 9 — PDF oficial

9.1.10. Este tribunal entiende que estamos frente a un caso en el cual la ejecución de la sentencia pudiera causar un daño más grave, y posiblemente irreparable, que el que pudiera causársele a la hoy demandada, Parkview Dominicana, S. A., con la suspensión de la sentencia en cuestión.

9.1.11. En efecto, en la especie no se trata de una condena económica, sino que se trata de un desalojo de una vivienda familiar, que pudiera causar daños y perjuicios a los señores Félix Octavio Payano Beras y Meng-Kind Rosario Joa Leo y a sus familias, al verse desalojados de la que ha sido su vivienda familiar por más de diez (10) años –en virtud del contrato de compra-venta de inmueble–, pudiendo los mismos tornarse en irreparables, lo que haría que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, que ha sido incoado por estas partes, perdiera su finalidad, generándose así una imposibilidad o una gran dificultad de que estas familias pudieran volver a ocupar el referido inmueble.

9.1.12. Conviene recordar lo establecido por este tribunal en la Sentencia TC/0097/12, de fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), en la Sentencia TC/0063/13, de fecha diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), y en la Sentencia TC/0098/13, de fecha cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), cuando afirma que: “la demanda en suspensión tiene por objeto el cese de la ejecución de la sentencia impugnada en revisión para evitar graves perjuicios al recurrente, en la eventualidad de que la sentencia resultare definitivamente anulada”.

TC/0250/13, numeral 9, 9.1.10–9.1.12, pág. 10 — PDF oficial

9.1.13. Esta situación se agrava en la especie por el hecho de que la sociedad Parkview Dominicana, S. A. notificó a los señores Félix Octavio Payano Beras y Meng-Kind Rosario Joa Leo el Acto núm. 249/2013, de fecha diez (10) de abril de dos mil trece (2013), mediante el cual intimaban a estos últimos para que desalojaran el referido inmueble en un plazo de quince (15) días, lo que hace inminente la existencia del daño.

9.1.14. De igual manera, es necesario determinar si en la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia existe la referida apariencia de buen derecho, “fumus boni iuris”, o bien que las pretensiones del solicitante tienen algún indicio que justifique que el tribunal adopte una medida cautelar que afectará de manera provisional la seguridad jurídica que conlleva una decisión jurisdiccional, garantizando, en otras palabras, que no se trata de una táctica para dilatar la ejecución de una decisión o actuación y que, en lugar de proteger un derecho, se afecte el de uno a quien ya los tribunales le han otorgado ganancia de causa con una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es preciso, pues, evaluar las pretensiones del solicitante en cada caso.

9.1.15. Sobre este punto, el tribunal recalca que en el presente caso se está frente a un procedimiento que ha surgido por la resolución de un contrato civil, en el cual se alegan violaciones a la tutela judicial efectiva, al derecho de propiedad y al debido proceso, lo que pudiera generar posteriormente la revocación de la sentencia atacada.

TC/0250/13, numeral 9, 9.1.13–9.1.15, pág. 11 — PDF oficial

9.1.16. En tal virtud, al haberse demostrado en la especie que sobre todo existe la posibilidad de que un daño pudiera tornarse irreparable al ejecutarse la referida sentencia de desalojo y al comprobarse la apariencia mínima de derecho a la reclamación, este tribunal entiende que se encuentran reunidas las condiciones para que pueda otorgarse la suspensión de ejecución de la Sentencia civil núm. 36. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0250/13, numeral 9, 9.1.16, pág. 12 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ACOGER la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia incoada por los señores Félix Octavio Payano Beras y Meng-Kind Rosario Joa Leo, contra la Sentencia civil núm. 36, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en fecha trece (13) de febrero de dos mil trece (2013), y, en consecuencia, SUSPENDER la referida decisión hasta tanto sea decidido el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto contra la misma.

SEGUNDO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.

TERCERO: ORDENAR que la presente sentencia sea comunicada por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a las partes demandantes, los señores Félix Octavio Payano Beras y Meng-Kind Rosario Joa Leo, así como a la parte demandada, Parkview Dominicana, S. A.

CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0250/13, del 18 de diciembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0250-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.