Sentencia TC/0274/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 26 de diciembre de 2013 · Expediente TC-01-2001-0011
La acción directa de inconstitucionalidad incoada por Manuel Ramón Tapia López, contra la Ley núm. 91, de fecha tres (3) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), que crea el Colegio de Abogados de la República.
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0274/13?
La legitimación del accionante se rige por el artículo 67.1 de la Constitución de 1994, vigente cuando interpuso la acción. En virtud del principio de irretroactividad, el cambio constitucional no podía privarlo de la calidad de parte interesada que tenía al accionar. En cuanto al fondo, la Ley núm. 91 adolece de un vicio de formación: el Senado aprobó el proyecto, sin que hubiera sido reintroducido, después de cerrada la legislatura en la que debía conocerlo y aprobarlo para evitar su perención (TC/0274/13, consideraciones, 7.6–7.8, pág. 22; TC/0274/13, numeral 8, f–c, pág. 25; TC/0274/13, numeral 8, d–f, pág. 26).
Aunque el vicio afecta la validez de la ley y el Tribunal no puede subsanarlo, su expulsión inmediata dejaría sin garantía la función social y moral del ejercicio de la abogacía y los mecanismos de asistencia a los abogados y sus familiares. Al ponderar esas consecuencias, el Tribunal consideró menos gravoso diferir los efectos de la inconstitucionalidad para que el Congreso, dentro de un plazo razonable, dicte una ley que sustituya la Ley núm. 91 conforme al procedimiento constitucional (TC/0274/13, numeral 8, i–j, pág. 28; TC/0274/13, numeral 8, k–l, pág. 28).
Decisión
Admite la acción directa de inconstitucionalidad y declara no conforme con la Constitución la Ley núm. 91, que instituye el Colegio de Abogados de la República. Difiere los efectos de la declaración y exhorta al Congreso Nacional a emitir una nueva ley que enmiende la inconstitucionalidad formal.
Citas textuales clave
“De conformidad con los cánones constitucionales, el proyecto debió ser conocido y aprobado por el Senado en la primera legislatura ordinaria de mil novecientos ochenta y dos (1982), para evitar su perención.” (TC/0274/13, numeral 8, f–c, pág. 25)
“Esta irregularidad afecta irremediablemente la validez y constitucionalidad de la repetida ley, por lo cual, en principio, la misma debe ser expulsada del ordenamiento legal.” (TC/0274/13, numeral 8, d–f, pág. 26)
“Esta medida le permitiría al Congreso llenar el vacío legislativo que producirá la decisión del Tribunal.” (TC/0274/13, numeral 8, d–f, pág. 26)
Normas interpretadas
Constitución de 1994: artículos 41, párrafo I, y 67.1.
Constitución de 2010: artículos 100, 101, 104, 110 y 185.1, y tercera disposición transitoria.
Ley núm. 137-11: artículos 9, 36 y 37.
Ley núm. 91, de 1983: objeto del control de constitucionalidad formal.
Precedentes que cita el Tribunal
C-027/12 y Auto 311/01, ambos de la Corte Constitucional de Colombia.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
Consideraciones y fundamentos
DELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL 6. Competencia.
6.1. Este tribunal tiene competencia para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad, en virtud de lo que disponen los artículos 185.1 de la Constitución y 9 y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011)
6.2. De conformidad con el artículo constitucional precitado, el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia de las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancias del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. 7. Legitimación activa o calidad del accionante.
7.1. La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa de inconstitucionalidad está señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución y 37 de la Ley núm. 137-11, que confieren dicha condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido.
7.2. La presente acción fue sometida, en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil uno (2001), por ante la Suprema Corte de Justicia en sus atribuciones constitucionales, al tenor de lo que disponía la Constitución de 1994 en el artículo 67.1. Posteriormente se produjeron modificaciones a la Carta Sustantiva, siendo proclamada la que se encuentra vigente a partir del 26 de enero de 2010.
7.3. Como se advierte, a este tribunal constitucional se le plantea la cuestión de determinar cuál legislación aplicar para aquellos procesos que se encuentran en curso al momento de producirse el cambio de Constitución. Cabe indicar que al instituirse este órgano de control constitucional, dichos procesos habían quedado en estado de fallo por ante la Suprema Corte de Justicia, tribunal que era competente para conocer de las acciones en inconstitucionalidad antes de la entrada en vigencia de la Constitución que rige desde el año 2010 y también por mandato de la tercera disposición transitoria de esta última.
7.4. Para determinar cuál legislación aplicar, es necesario que el Tribunal Constitucional establezca si el accionante tenía un derecho adquirido, pues una ley posterior no puede desconocer las situaciones jurídicas creadas y consolidadas bajo la ley anterior. De ahí que este tribunal resolverá, previamente, lo relativo a si el accionante tiene calidad para promover la acción de inconstitucionalidad de que se trata.
7.5. En efecto, la Constitución vigente ordena en su artículo 110 que “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”. En consecuencia, tal y como se desprende del texto constitucional transcrito, el principio de irretroactividad es la máxima expresión de la seguridad jurídica, el cual solo cede en los casos excepcionales.
7.6. Al haberse incoado la presente acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley núm. 91, de fecha dieciséis (16) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), que creó el Colegio de Abogados de la República, estando vigente la Constitución del año 1994, la situación debe ser resuelta de conformidad con su artículo 67.1, que no puede ser alterada en virtud del precitado principio de irretroactividad previsto por la actual Constitución en el artículo 110.
7.7. Tanto en lo que concierne a la calidad como en lo relativo a la naturaleza del acto, resulta conforme a la Constitución admitir que cualquier parte que hubiere incoado su acción directa de inconstitucionalidad bajo las disposiciones del artículo 67.1 de la Constitución de 1994 tenía calidad para accionar en inconstitucionalidad por vía directa. Igualmente, la vigente Carta Sustantiva en lo relativo a la naturaleza del acto dispone “las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas…”, razón por la cual es admisible la impugnación hecha por el accionante en la presente instancia.
7.8. El Tribunal Constitucional, desde la primera oportunidad en que se pronunció sobre la calidad para accionar, ha sentado una sólida línea jurisprudencial decidiendo, como en el presente caso, que la parte impugnante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad porque al momento de su acción era “parte interesada” ya que, bastaba solamente que el accionante tuviera un interés directo y figurara como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial o que actuara como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.
8. Admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad con
efectos diferidos o de constitucionalidad temporal
8.1. Sobre el procedimiento de aprobación en el Congreso:
a) El accionante alega que la ley acusada es inconstitucional por vicios de procedimiento en su formación, por lo que el Tribunal debe estudiar el proceso de aprobación de la ley impugnada, con el fin de determinar si se ajusta o no a los requerimientos constitucionales.
b) De conformidad con la certificación expedida el veinte (20) de junio de dos mil trece (2013), a solicitud de la Secretaría del Tribunal Constitucional, la señora Ruth Helen Paniagua Guerrero, secretaria general de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, hace constar que el trámite legislativo relativo a la aprobación del proyecto de ley que instituye el Colegio de Abogados de la Republica fue depositado en la Cámara de Diputados el día cuatro (4) de marzo de mil novecientos ochenta y uno (1981), y enviado a la Comisión Permanente de Justicia en la sesión núm. 6, del día diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y uno (1981), de la primera legislatura ordinaria de mil novecientos ochenta y uno (1981).
c) El proyecto en cuestión fue reintroducido el trece (13) de octubre de mil novecientos ochenta y uno (1981) y aprobado en primera lectura en la sesión núm. 36, del día ocho (8) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), durante la segunda legislatura ordinaria de mil novecientos ochenta y uno (1981) - prorrogada-. Posteriormente, fue aprobado en segunda lectura en la sesión núm. 19, del día veintisiete (27) de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982), de la siguiente legislatura, que era la primera ordinaria de mil novecientos ochenta y dos (1982).
d) El referido proyecto, debidamente aprobado en la Cámara de Diputados, fue despachado al Senado de la República, en fecha cuatro (4) de mayo de mil novecientos ochenta y dos (1982). Ahora bien, de conformidad con otra certificación del diecinueve (19) de abril de mil novecientos ochenta y nueve (1989), expedida por el Senado, la cual fue a su vez confirmada por otra certificación, del once (11) de julio de dos mil trece (2013), el proyecto de ley que regula el ejercicio de la profesión de abogados de la República Dominicana fue aprobado en primera lectura por el Senado el día once (11) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983), y en segunda lectura el doce (12) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983).
e) En resumen: el proyecto de ley objeto de nuestro estudio inició en la Cámara de Diputados, siendo aprobado en primera lectura el ocho (8) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), en fecha prorrogada de la segunda legislatura ordinaria de mil novecientos ochenta y uno (1981), y su aprobación en segunda lectura el día veintisiete (27) de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982), durante la Primera Legislatura Ordinaria de mil novecientos ochenta y dos (1982).
f) De conformidad con los cánones constitucionales, el proyecto debió ser conocido y aprobado por el Senado en la primera legislatura ordinaria de mil novecientos ochenta y dos (1982), para evitar su perención. Por tanto, sin ser reintroducido en el Senado, este procedió a sancionarlo durante el período de prórroga de la segunda legislatura ordinaria de mil novecientos ochenta y dos (1982) como sucedió al aprobarlo de urgencia en dos (2) lecturas consecutivas, la primera lectura el día once (11) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983) y, tras el paso de las 24 horas reglamentarias de un día, fue aprobado también en segunda lectura el día doce (12) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983).
8.2. Motivos que justifican la admisibilidad
a) En el caso de la presente acción en declaratoria de inconstitucionalidad se verifica la violación al proceso de aprobación de la ley impugnada, por lo que es acogida con efectos diferidos por las razones siguientes:
b) En nuestro sistema constitucional prevalece el criterio de que una ley es constitucional hasta tanto el órgano encargado del control de la constitucionalidad se pronuncie en sentido contrario, de conformidad con la máxima in dubio pro-legislatore.
c) La Constitución vigente regula, con cierto detalle, en el Título III, Capitulo IV, el proceso de la formación y efecto de las leyes. Así, la Carta Sustantiva dispone en su artículo 104 que un proyecto de ley que quede pendiente en una de las dos cámaras al cerrarse la legislatura ordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100, seguirá los trámites constitucionales en la legislatura siguiente, hasta ser convertido en ley. Cuando no ocurra así, se considerará el proyecto como no iniciado. Esto se corresponde, mutatis mutandis, con el párrafo I del artículo 41 de la Carta Magna de 1994, vigente al momento de la interposición del presente recurso.
d) En la especie, el accionante depositó una certificación en la que consta que la ley impugnada fue aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados el día 8 de octubre de 1981, y en segunda lectura el 21 de abril de 1982. El mismo, se recibió en el Senado el 20 de mayo de 1982, y leído en sesión el 25 de mayo del citado año, siendo aprobada en primera lectura por el Senado el 11 de enero de 1983, y en segunda lectura el 12 de enero de 1983, lo que evidencia que la aprobación se realizó fuera de las legislaturas correspondientes.
e) El examen preliminar ha mostrado que la Ley núm. 91, de mil novecientos ochenta y tres (1983), adolece de un vicio de procedimiento en su formación en razón de que no fue aprobada de conformidad con lo dispuesto en la Carta Sustantiva. Esta irregularidad afecta irremediablemente la validez y constitucionalidad de la repetida ley, por lo cual, en principio, la misma debe ser expulsada del ordenamiento legal. Sin embargo, una sentencia de inconstitucionalidad con efectos inmediatos tendría un fuerte impacto negativo, por lo cual se justifica que este tribunal difiera en el tiempo los efectos de la decisión. Esta medida le permitiría al Congreso llenar el vacío legislativo que producirá la decisión del Tribunal.
f) La sentencia que dicte el Tribunal declarando que una norma, cuya validez ha sido discutida mediante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, puede aplicar el modelo kelseniano en virtud del cual el Tribunal Constitucional puede determinar un período de transición para evitar serios inconvenientes a la estabilidad económica y política de la sociedad, lo que no resulta ilógico, siempre y cuando, en aplicación del principio de razonabilidad, se sustente tal tipo de disposición y se establezca un plazo de vigencia razonable. 1
g) En esa misma dirección, se ha apuntado lo siguiente: la finalidad de retrasar la entrada en vigor de los fallos de inconstitucionalidad por parte de los Tribunales Constitucionales es evitar que la inconstitucionalidad declarada provoque un vacío normativo que puede resultar más problemático o lesivo que la inconstitucionalidad misma; (…) o se creen situaciones no sólo conflictivas sino insostenibles que pueden resultar más perjudiciales que las que ocasionaría mantener el régimen jurídico declarado inconstitucional por un tiempo más. 2
h) La doctrina del diferimiento o modulación temporal de los efectos de las sentencias ha sido aplicada por diferentes tribunales constitucionales en el mundo, sobre todo en circunstancias relacionadas con el respeto del principio de separación de poderes y en el convencimiento de que en algunos casos la inconstitucionalidad inmediata de la norma impugnada puede resultar más abrumadora que el mantenimiento en el ordenamiento de la disposición acusada. 1 RUEDA LEAL, Paul, “Fundamento teórico de la tipología de sentencias en procesos de constitucionalidad”, en: Memorias II encuentro de derecho procesal constitucional iberoamericano y seminario de justicia constitucional, San José de Costa Rica, 8 y 9 de julio de 2004. Citado por OLANO GARCIA, Hernán Alejandro en “Tipología de nuestras sentencias constitucionales”, p.584. Consultado en http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/13Olanoult..pdf 2 Auto 311/01, Corte constitucional de Colombia de fecha 29de noviembre de 2001
i) En ese mismo sentido, la jurisprudencia reciente de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia C-027/12) ha sostenido que el diferimiento de los efectos del fallo de inconstitucionalidad no significa que la ley demandada no haya sido objeto de juzgamiento constitucional, ya que en el momento de resolver la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma en un primer lugar se hizo el estudio de exequibilidad de la misma y se ponderó que en ese caso resulta menos lesivo para los derechos y principios constitucionales conservar por un tiempo determinado la vigencia de la norma para que el legislador reforme, modifique o llene el vacío correspondiente con una norma o legislación que se corresponda con la Constitución. Del mismo modo se ha dicho que cuando se produzca una nueva demanda sobre la misma norma, así sean por otros cargos, se debe conservar la vigencia de la norma o la legislación por el tiempo que dure el diferimiento.
j) Este tribunal constitucional entiende que, en el presente caso, al realizar un juicio de proporcionalidad, es decir, pasar un balance de valores constitucionales entre un alegado vicio de procedimiento en la formación de la ley, indicado en los actuales artículos 101 y 104 de la Carta Magna de 2010 y los principios y valores que se amparan en la Ley núm. 91, de mil novecientos ochenta y tres (1983), deben prevalecer estos últimos. En efecto, de expulsarse inmediatamente la norma impugnada quedaría desprovista de garantía la función social y moral del ejercicio de la profesión jurídica, así como las normas, procedimientos e instituciones de asistencia, socorro y atención a las necesidades de los abogados y sus familiares, tanto en el orden material como en el orden social y espiritual.
k) En igual sentido, al ponderar la probable falta de legislación, el Tribunal entiende que la gravedad del vicio no tiene incidencia directa en los efectos de la ley y resulta menos gravoso para la protección de los derechos y deberes de la clase jurídica nacional postergar los efectos de la decisión sobre la inconstitucionalidad de la norma y exhortar al Congreso Nacional para que dicte una ley acorde con el procedimiento contenido en la Constitución.
l) En definitiva, tomando en consideración que, ante una falta de esta naturaleza en el proceso de elaboración de la ley, no es posible que el Tribunal Constitucional subsane el vicio detectado razón por la cual deben diferirse los efectos de esta decisión hasta que el Congreso Nacional, dentro de un plazo razonable, expida el régimen que subrogue la Ley núm. 91, de mil novecientos ochenta y tres (1983). Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Wilson S. Gómez Ramírez, por motivo de inhibición voluntaria. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de inconstitucionalidad incoado por Manuel Ramón Tapia López contra la Ley núm. 91, de mil novecientos ochenta y tres (1983), y DECLARAR no conforme con la Constitución la Ley núm. 91, de fecha dieciséis (16) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), que instituye el Colegio de Abogados de la República.
SEGUNDO: DISPONER que los efectos de la anterior declaración de inconstitucionalidad queden diferidos y EXHORTAR al Congreso Nacional, para que, dentro de la función legislativa que le es propia, emita una nueva ley que enmiende la situación de inconstitucionalidad formal que afecta la Ley núm. 91, de mil novecientos ochenta y tres (1983).
TERCERO: ORDENAR que la presente sentencia sea notificada por secretaría, al Procurador General de la República, al accionante Sr. Manuel Ramón Tapia López, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y al Colegio de Abogados de la República, para los fines que correspondan.
CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0274/13, del 26 de diciembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0274-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.