Sentencia TC/0278/15
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 18 de septiembre de 2015 · Expediente TC-08-2012-0126
Recurso de casación incoado por el señor Héctor Bolívar Veras Paulino contra la Ordenanza núm. 81/2007, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de María Trinidad Sánchez el veintiocho (28) de febrero de dos mil siete (2007).
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Temas: Derecho de igualdad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0278/15?
El recurso de revisión en materia de amparo tiene especial trascendencia constitucional porque permite precisar el alcance del derecho a la información sobre los bienes de la comunidad conyugal en un litigio de divorcio (TC/0278/15, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 12).
Aunque existían mecanismos legales para solicitar información sobre los inmuebles de la comunidad matrimonial, el control de esos bienes por uno de los cónyuges colocaba a la recurrida en desventaja y ponía en riesgo sus derechos patrimoniales. La información solicitada a la Dirección General de Impuestos Internos era necesaria para identificar los bienes que podían quedar sujetos a las medidas conservatorias del artículo 24 de la Ley núm. 1306-bis (TC/0278/15, numeral 10, 10.3–10.4, pág. 14; TC/0278/15, numeral 10, 10.5–10.6, pág. 15). Al juez de amparo no le correspondía valorar las pruebas del divorcio, sino determinar si la negativa del recurrente y de la Administración vulneraba o amenazaba los derechos de propiedad compartida de la recurrida sobre los bienes de la comunidad matrimonial (TC/0278/15, numeral 10, 10.7, pág. 15).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Ordenanza núm. 81/2007. Declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación de la sentencia a las partes y a la Dirección General de Impuestos Internos, así como su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“Del análisis de la disposición antes citada se infiere que para la recurrida poder requerir medidas conservatorias necesitaba disponer de la información relativa al inventario de los bienes que pudieran verse alcanzados por dichas medidas.” (TC/0278/15, numeral 10, 10.5–10.6, pág. 15)
“En este caso el juez no estaba compelido a valorar pruebas de la causa del divorcio que se había conocido en la jurisdicción civil, sino a considerar si la negativa del recurrente y de la Administración vulneraba o amenazaba los derechos de propiedad compartida de la recurrida sobre los bienes de la comunidad matrimonial.” (TC/0278/15, numeral 10, 10.7, pág. 15)
Normas interpretadas
Constitución: artículo 72, in fine. Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 66 y 100. Ley núm. 1306-bis: artículo 24.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el presente caso se refiere a que en ocasión de un proceso de divorcio entre los señores Héctor Bolívar Veras Paulino y Yovanny Margarita Corniel Tejada, esta última demandó de la Dirección General de Impuestos Internos la entrega de información relativa a los bienes inmuebles registrados a nombre del primero, así como las transacciones realizadas por este sobre los mismos. Ante la negativa de la Dirección General de Impuestos Internos a entregar la información requerida, la señora Yovanny Margarita Corniel Tejada presentó un recurso de amparo ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de María Trinidad Sánchez, la cual acogió dicho recurso y ordenó la entrega de la información mediante la Ordenanza núm. 81/2007, dictada el veintiocho (28) de febrero de dos mil siete (2007). Como consecuencia de esta decisión, el señor Héctor Bolívar Veras Paulino recurrió en casación ante la Suprema Corte de Justicia, la cual se declaró incompetente, en virtud de lo dispuesto por la Ley núm. 137-11 y declinó el expediente ante el Tribunal Constitucional.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional
Antes de conocer el fondo del presente recurso de revisión constitucional, procede determinar su admisibilidad. El presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo es admisible por las razones siguientes:
9.1. El artículo 100 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso.
9.2. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y el contenido del presente caso, este tribunal considera que el mismo tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, porque le permitirá establecer el criterio respecto al alcance del derecho a la información sobre bienes de la comunidad conyugal en el marco de una litis de divorcio.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión
Con respecto al recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa formulamos los siguientes razonamientos:
10.1. La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de María Trinidad Sánchez dictó la Ordenanza núm. 81/2007, mediante la cual ordenó al administrador de la Dirección General de Impuestos Internos, expedir una relación detallada de los bienes muebles e inmuebles registrados a nombre del señor Héctor Bolívar Veras Paulino en dicha entidad, así como de los bienes transferidos a terceros por este durante el período comprendido entre enero de dos mil seis (2006) y la fecha de notificación de la referida ordenanza. Además, ordenó al recurrente a que suministrara una relación detallada de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la comunidad matrimonial existente entre él y la señora Yovanny Margarita Corniel Tejada.
10.2. Al analizar los fundamentos expuestos por el juez de amparo en la ordenanza impugnada, así como los alegatos de las partes involucradas, este tribunal considera que el presente caso concierne a un conflicto surgido a consecuencia de un divorcio que fue acogido mediante Sentencia núm. 820/2006, de fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil seis (2006), decisión que fue recurrida en apelación en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil seis (2006) por parte del señor Héctor Bolívar Veras Paulino.
10.3. La parte recurrente alega que es improcedente y mal fundada la acción de amparo hoy atacada, y que el juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de María Trinidad Sánchez no actuó apegado a la ley ni al derecho, ya que las pretensiones de la parte recurrida hubieren sido satisfechas mediante simples medidas conservatorias e investigaciones a las cuales tiene siempre acceso a través de las oficinas detentadoras de esas informaciones y porque existen mecanismos viables establecidos por la ley para recibir informaciones respecto de la existencia de los bienes del recurrente.
10.4. Si bien es cierto que existen mecanismos legales que le permitían a la recurrida solicitar la información sobre los bienes inmuebles de la comunidad matrimonial, en el presente caso, debido a que los bienes cuya información se requería estaban bajo el control de su cónyuge, se advierte una situación de desventaja o de desequilibrio en perjuicio de la recurrida, lo que se constituía en un riesgo de afectación a sus derechos patrimoniales, cuestión que fue valorada por el juez de amparo cuando entre sus argumentos, expresó lo siguiente: Constituye un atentado al principio de igualdad procesal, que un esposo tenga toda la información que integran la comunidad patrimonial fomentada entre ambos, desde que se inicie el proceso de divorcio, y el otro no cuente con la misma información. Las medidas conservatorias establecidas en el artículo 24 de la ley 1306-bis, no satisface a plenitud la tutela del derecho fundamental reclamado.
10.5. De esta forma, con la solicitud de las informaciones ante la Dirección General de Impuestos Internos, la recurrida procuraba quedar en condiciones de acceder a los mecanismos legales que ponía a su disposición la Ley núm. 1306-bis que en su artículo 24, el cual establece: La mujer común en bienes, demandante o demandada en divorcio, podrá en todo estado de causa -a partir de la demanda-, requerir para la conservación de sus derechos, la fijación de sellos los efectos mobiliarios de la comunidad. No se levantarán estos sellos sino haciendo un inventario estimativo, quedando el marido obligado a presentar los efectos inventariados, o a responder de su valor como guardián judicial.
10.6. Del análisis de la disposición antes citada se infiere que para la recurrida poder requerir medidas conservatorias necesitaba disponer de la información relativa al inventario de los bienes que pudieran verse alcanzados por dichas medidas.
10.7. En el juicio de amparo, por sus características y naturaleza, el juez se circunscribe a valorar si existe o no vulneración o amenaza a derechos fundamentales por la omisión o acción de una autoridad pública o de un particular. En este caso el juez no estaba compelido a valorar pruebas de la causa del divorcio que se había conocido en la jurisdicción civil, sino a considerar si la negativa del recurrente y de la Administración vulneraba o amenazaba los derechos de propiedad compartida de la recurrida sobre los bienes de la comunidad matrimonial. Por todo lo antes expuesto, este tribunal entiende que procede rechazar el presente recurso de revisión constitucional y confirmar la decisión del juez de amparo. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional,
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Héctor Bolívar Veras Paulino contra la Ordenanza núm. 81/2007, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de María Trinidad Sánchez el veintiocho (28) de febrero de dos mil siste (2007).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Ordenanza núm. 81/2007, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de María Trinidad Sánchez el veintiocho (28) de febrero de dos mil siete (2007).
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011).
QUINTO: ORDENAR que la presente sentencia sea comunicada por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Héctor Bolívar Veras Paulino, a la Dirección General de Impuestos Internos y a la parte recurrida, señora Yovanny Margarita Corniel Tejada.
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm. 137- 11.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0278/15, del 18 de septiembre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0278-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.