Sentencia TC/0301/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 25 de septiembre de 2015 · Expediente TC-02-2015-0005

Control preventivo de constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de Costa Rica, El Salvado, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, mediante el cual se establece la ejecución del “Marco de Acción Regional para el Abordaje Integral del Delito de Trata de Personas en Centroamérica y República Dominicana, suscrito el trece (13) de febrero de dos mil quince (2015).

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Derecho a la libertad · Prohibición de la esclavitud

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0301/15?

El control preventivo de los tratados internacionales, atribuido al Tribunal Constitucional por el artículo 185, numeral 2, de la Constitución, tiene por objeto verificar, antes de su ratificación legislativa, que su contenido sea compatible con la Constitución e impedir que se incorpore al ordenamiento interno una norma internacional que la contradiga (TC/0301/15, numeral 5, 5.1–5.2, pág. 8; TC/0301/15, numeral 7, 7.1, pág. 10).

La trata de personas atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas. El Tribunal consideró que los compromisos de cooperación regional previstos en el Memorándum para prevenir y combatir ese delito y brindar atención integral a sus víctimas son compatibles con la función esencial del Estado de proteger efectivamente los derechos de la persona y respetar su dignidad. Tras examinar el instrumento, concluyó que es conforme con la Constitución y acorde con la normativa nacional e internacional sobre la materia (TC/0301/15, numeral 8, 8.3–8.4, pág. 11; TC/0301/15, numeral 8, 8.5–8.7, pág. 11; TC/0301/15, numeral 8, 8.15, pág. 15).

Decisión

Declara conforme con la Constitución el Memorándum de Entendimiento del 13 de febrero de 2015, mediante el cual se establece la ejecución del Marco de Acción Regional para el Abordaje Integral del Delito de Trata de Personas en Centroamérica y República Dominicana. Ordena comunicar la decisión al presidente de la República y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“evitando que se integre al ordenamiento jurídico interno una norma internacional que contradiga la Constitución.” (TC/0301/15, numeral 7, 7.1, pág. 10)
“se concluye que es conforme a la Constitución dominicana, acorde con las normativas nacionales y la regulación internacional sobre la materia.” (TC/0301/15, numeral 8, 8.15, pág. 15)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 8; 26, numeral 4; 74, numeral 3; 128, numeral 1, literal b); y 185, numeral 2.

Ley núm. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas: disposición sancionadora del tráfico ilícito de migrantes, citada sin indicar su número de artículo.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

5. Supremacía constitucional

5.1. El control de constitucionalidad es el mecanismo jurídico de carácter normativo diseñado por la Constitución para asegurar que las leyes, decretos, resoluciones, tratados o convenios internacionales, sean cónsonas con el contenido de la Carta Magna, con el objetivo que aquellas que sean contrarias a la misma no deban aplicarse, debiendo ser declarada su nulidad, o su no aplicación y, declarar conforme aquellas que no la contradigan.

5.2. Este tribunal constitucional luego de la Constitución del 26 de enero de 2010 y su modificación de 2015, mediante el artículo 185, numeral 2, tiene facultad para ejercer el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo, toda vez que la Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Así realiza un examen exhaustivo de que dicho convenio no entre en contradicción con nuestra Carta Magna, resguardándose así, la supremacía de esta sobre todo el ordenamiento jurídico.

TC/0301/15, numeral 5, 5.1–5.2, pág. 8 — PDF oficial

6. Recepción del derecho internacional

6.1. El derecho internacional constituye una de las ramas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, reconociéndose y aplicándose adecuadamente a los destinatarios del sistema y a las necesidades del mismo, en la medida que sus poderes las hayan adoptado.

6.2. El Estado dominicano, como miembro de la comunidad internacional, tiene la finalidad de promover el desarrollo del país mediante los tratados internacionales, abriendo camino hacia una integración que atribuya competencias necesarias y requeridas para poder participar en todo proceso u organismo internacional. De ahí la importancia del control previo de constitucionalidad, razón por la cual resulta indispensable que el contenido de los acuerdos y convenios esté acorde con los principios y valores de la Carta Sustantiva.

6.3. Al respecto, el artículo 26, numeral 4, de la Constitución señala que: En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones.

6.4. En ese mismo orden el Artículo 74, numeral 3, de la Constitución estable que: Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscrito y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.

TC/0301/15, numeral 6, 6.1–6.4, pág. 9 — PDF oficial

7. Control de constitucionalidad

7.1. El control previo de constitucionalidad es un procedimiento a través del cual el Tribunal Constitucional realiza un examen del contenido de un mandato normativo, como puede ser un tratado o un convenio de carácter internacional, con la finalidad de determinar su conformidad con los principios dispuestos en la Constitución, antes de que se produzca su integración al sistema normativo adjetivo, evitando que se integre al ordenamiento jurídico interno una norma internacional que contradiga la Constitución.

TC/0301/15, numeral 7, 7.1, pág. 10 — PDF oficial

8. Aspectos del control de constitucionalidad

8.1. Entrando al análisis del presente acuerdo, es preciso señalar que los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hunduras Nicaragua, Panamá, y República Dominicana se reunieron el trece (13) de febrero de dos mil quince quince (2015), a los fines de establecer la ejecucion del “ Marco de Acción Regional para el Abordaje Integral del Delito de Trata de Personas en Centroamerica y República Dominicana”, con la finalidad de comprometerse a la promoción del respeto a los derechos humanos de todas las personas, para así brindar la atencion necesaria de aquellas personas víctimas del delito de trata de personas.

8.2. En la actualidad, la globalización y el fortalecimiento de las relaciones internacionales constituyen valiosas iniciativas que contribuyen al desarrollo y unificación de políticas, criterios, procesos y servicios, dirigidos a prevenir y sancionar la trata de personas, buscando otorgar y mejorar los procesos de atención a las víctimas de este delito. Toda vez la trata de personas constituye una flagrante violación a los derechos humanos que ha sido convertida en una práctica de esclavitud moderna, siendo considerada un delito interno y un crimen de naturaleza transnacional.

TC/0301/15, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 10 — PDF oficial

8.3. Considerando los países partes del presente memorándum que dicho delito requiere compromisos y respuestas eficientes y coordinadas, y en virtud del marco de los compromisos internacionales adquiridos mediante acuerdos anteriores que buscan primar la protección de aquellas víctimas de trata de personas, los países miembros ya señalados suscriben el “Memorándum de Entendimiento”, el cual les permitirá desarrollar Acciones conjuntas enfocadas a la atención integral a las víctimas, la prevención y combate del delito de trata de personas, así como reconocer a la Coalición Regional contra dicho delito, procurando una coordinación interinstitucional de promoción de mecanismos que aborden de manera integral y con eficacia la prevención de dicho delito.

8.4. Se considera delito de trata de personas la captación, el traslado, el transporte de personas, recurriendo a través de la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción como el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder, una situación de vulnerabilidad o a la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Dicha explotación incluiría prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; convirtiéndose en un ente violatorio de los derechos humanos de las personas, los cuales atentan contra la libertad y la dignidad de las víctimas de este flagelo.

TC/0301/15, numeral 8, 8.3–8.4, pág. 11 — PDF oficial

8.5. El Estado dominicano como vigilante principal de la protección de los derechos fundamentales, establece en su artículo 8 de la Constitución que: Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respecto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

8.6. En ese orden de ideas el articulo III, del “Memorándum”, dispone que “las partes se comprometen mediante la Comisiones y Consejos de la partes, promover mecanismos de implementación y seguimiento que permitan el abordaje integral del delito de la Trata de Personas a nivel regional; así mismo impulsarán el abordaje del delito de la Trata de Personas mediante la implementación del programa operativo contra dicho flagelo, como un esfuerzo compartido por la Coalición Regional y fuentes de cooperación internacional que puedan combatir el delito de trata de personas

8.7. En ese sentido, República Dominicana, como miembro, está comprometida a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, como un Estado protector de la dignidad de la persona, que vela por la protección de los derechos fundamentales y de los que se encuentren dentro y fuera del territorio nacional. Además, considera que millones de personas vulnerables, la mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes, son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos de alguna manera a situaciones de esclavitud, explotación sexual, trabajos forzados y otras formas de explotación humana.

TC/0301/15, numeral 8, 8.5–8.7, pág. 11 — PDF oficial

8.8. En vista de la disponibilidad de cooperación del Estado con todo hecho de arbitrariedad y a lo establecido por nuestra Carta Maga, se creó la Ley núm. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esta ley sanciona todo acto que conlleve el delito de tráfico de migrantes, disponiendo que todo el que promueva, induzca, constriña, financie, por vía terrestre, marítima o aérea, o colabore de cualquier forma en la entrada o salida ilícita de personas al país, sea como destino u origen, o como tránsito a otro país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, a fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio, se sancionara con penas de 10 a 15 años.

8.9. En su artículo IV, respecto de las aportaciones de las partes para la implementación del “Marco de Acción Regional para el Abordaje Integral del Delito de la Trata de Personas en Centroamérica y República Dominicana”, las coaliciones, comisiones y consejos nacionales aportarán recursos humanos, movilizarán recursos financieros conforme a sus asignaciones presupuestarias y gestionarán fuentes de cooperación internacional que permitan la implementación y el eficaz cumplimiento de los compromisos derivados del presente instrumento, fortaleciendo así el trabajo de articulación de la Coalición Regional contra la Trata de Personas.

8.10. La República Dominicana ha habilitado refugios para víctimas, entre ellos CONANI, que actúa como organismo gestor del bienestar y protección de niños; también existe el Departamento de Control e Investigación Migratoria, así como la Oficina de Representación Legal a las Víctimas, de la Procuraduría General de la República, que proporciona orientación sin costo de asistencia, representación legal a aquellas víctimas de bajos recursos, así como acceso a un cuidado médico, trabajadores sociales y terapeutas de familia.

TC/0301/15, numeral 8, 8.8–8.10, pág. 12 — PDF oficial

8.11. Mediante este acuerdo las partes, procuran a través de las comisiones y consejos, aportar recursos humanos, y de igual manera movilizar recursos financieros conforme a sus asignaciones presupuestarias que les permitan ser más eficaz en la implementación de aquellos instrumentos dedicados a garantizar los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad entre todos los seres humanos.

8.12. De acuerdo con lo dispuesto del artículo V del presente acuerdo, el “Memorándum de entendimiento” se suscribe por tiempo indefinido y luego que cada Estado Parte haya cumplido con sus respectivos requisitos legales internos, el mismo será registrado por cada Estado Parte ante la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA); entrara en vigencia al día siguiente del tercer registro que se efectué ante la SG-SICA.

TC/0301/15, numeral 8, 8.11–8.12, pág. 13 — PDF oficial

8.13. En definitiva, el presente “Memorándum” surge a través de los compromisos internacionales adquiridos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños; el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía; la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores Formas del Trabajo Infantil, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

8.14. En vista de tales disposiciones, los países partes se encontraron en la necesidad de tomar medidas más eficientes que pudiesen contrarrestar el delito de trata de personas, uniendo fuerzas igualitarias para brindar una cooperación al desarrollo y fortalecimiento de programas y servicios dirigidos a la identificaron y unificación de políticas, criterios, procesos y estándares de carácter regional, que ayuden a prevenir y sancionar la trata de personas, de igual forma, se busca favorecer y mejorar los procesos de atención de las víctimas objeto del tráfico y expuestas a diferentes explotaciones por parte del crimen organizado.

TC/0301/15, numeral 8, 8.13–8.14, pág. 14 — PDF oficial

8.15. Al observar que este delito ha experimentado varias transformaciones en su Accionar, que ha sido el resultado de un abanico de medidas y Acciones, considerándolo, no solo violatorio a los derechos humanos, sino también una violación a la ley, a la Constitución y a los acuerdos internacionales ratificados por el Estado, y luego de la revisión detallada del Memorándum sobre el “Marco de Acción Regional para el Abordaje Integral del Delito de Trata de Personas en Centroamérica y República Dominicana”, se concluye que es conforme a la Constitución dominicana, acorde con las normativas nacionales y la regulación internacional sobre la materia. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional,

TC/0301/15, numeral 8, 8.15, pág. 15 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR conforme con la Constitución el “Memorandum de Entendimiento entre los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hunduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana”, mediante el cual se establece la ejecucion del “ Marco de Acción Regional para el Abordaje Integral del Delito de Trata de Personas en Centroamerica y República Dominicana”, de fecha trece (13) de febrero de dos mil quince (2015), por las razones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: ORDENA la comunicación de la presente decisión al presidente de la República para los fines contemplados en el artículo 128, numeral 1, literal b) de la Constitución.

TERCERO: DISPONER la publicación de la presente decisión en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0301/15, del 25 de septiembre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0301-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.