Sentencia TC/0304/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 19 de diciembre de 2014 · Expediente TC-01-1999-0006

la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el ciudadano Rafael Vásquez Arámboles contra el Reglamento núm. 683-86, que crea el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Construcción y sus afines del cinco (5) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Prinicipio de autonomia legal

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0304/14?

La legitimación activa se rige por la Constitución de 1994, bajo la cual el accionante tenía calidad de parte interesada al interponer la acción en 1999. Para el examen de fondo se aplica de inmediato la Constitución de 2010, que conserva las disposiciones constitucionales invocadas sin afectar el alcance procesal de la acción. La Sentencia núm. 26 de la Suprema Corte de Justicia no produce cosa juzgada constitucional respecto de esta acción, ni da lugar a aplicar el artículo 277 de la Constitución, porque examinó motivos distintos (TC/0304/14, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 13; TC/0304/14, numeral 10, 10.1–d, pág. 14; TC/0304/14, numeral 10, 10.2, pág. 15; TC/0304/14, numeral 11, 11.1–11.2, pág. 15; TC/0304/14, numeral 11, 11.3–11.4, pág. 16).

El Tribunal señala que el artículo 141 de la Constitución prevé la creación por ley de organismos autónomos y descentralizados, y sostiene que los organismos descentralizados también pueden crearse por decreto del Poder Ejecutivo. El Reglamento núm. 683-86 define las funciones, la estructura y las reglas generales del Fondo conforme al artículo 51 de la Ley núm. 247-12. El presidente lo dictó en ejercicio de su potestad reglamentaria constitucional y con la habilitación expresa del artículo 5 de la Ley núm. 6-86. Las objeciones sobre quién puede requerir el pago de impuestos y sobre la facultad del Fondo para demandar en cobro de pesos son inadmisibles por referirse a cuestiones de mera legalidad; la segunda, además, carece de objeto por la derogación de la Orden Ejecutiva núm. 520 (TC/0304/14, numeral 11, 11.7–11.8, pág. 17; TC/0304/14, numeral 11, 11.9–11.11, pág. 18; TC/0304/14, numeral 11, 11.12–11.13, pág. 19; TC/0304/14, numeral 11, 11.14–11.15, pág. 19; TC/0304/14, numeral 11, 11.16, pág. 20).

Decisión

Rechaza la acción directa de inconstitucionalidad y declara conforme con la Constitución el decreto que crea el Reglamento núm. 683-86. Declara el proceso libre de costas y dispone la notificación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“los organismos descentralizados, como mencionamos más arriba, son entidades creadas por la ley emitida por el Congreso de la República, pero también pueden serlo por decreto del Poder Ejecutivo” (TC/0304/14, numeral 11, 11.9–11.11, pág. 18).
“De ahí que la Constitución habilita al presidente de la República para dictar reglamentos, es decir, actos normativos subordinados a la ley.” (TC/0304/14, numeral 11, 11.12–11.13, pág. 19).
“en el ejercicio de la referida potestad reglamentaria no solo proveniente de la Constitución sino también legislativamente delegada, por lo que procede rechazar el presente medio de inconstitucionalidad.” (TC/0304/14, numeral 11, 11.14–11.15, pág. 19).

Normas interpretadas

Constitución de 1994: artículos 24, 37.1, 46 y 55.1.

Constitución de 2010: artículos 6, 93.1.a), 93.1.q), 128.1.a), 141 y 277; disposición sobre la potestad presidencial de expedir decretos, reglamentos e instrucciones citada en el numeral 11.13.

Ley núm. 6-86: artículo 5.

Ley núm. 247-12: artículos 12.1 y 51.

Ley núm. 122-05: derogación y sustitución de la Orden Ejecutiva núm. 520.

Ley núm. 137-11: artículo 7.6.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/2012/13, TC/2012/17, TC/2012/22, TC/2012/23, TC/2012/24, TC/2012/25, TC/2012/27, TC/2012/28, TC/2012/32, TC/2012/33, TC/0184/14 y Sentencia núm. 26 de la Suprema Corte de Justicia, del 19 de julio de 2000.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

9. Legitimación activa o calidad del accionante

9.1. En lo relativo a la calidad del accionante Rafael Vásquez Arámboles para accionar en inconstitucionalidad contra la Ley núm. 6-86 del cuatro (4) de marzo de mil novecientos ochenta y seis (1986), es preciso destacar que la acción fue interpuesta el veintinueve (29) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), por lo que debe aplicarse aquí el criterio sentado por este tribunal constitucional en las sentencias TC/2012/13 del diez (10) de mayo de dos mil doce (2012); TC/2012/17 del trece (13) de junio de dos mil doce (2012); TC/2012/22, TC/2012/23, TC/2012/24, TC/2012/25 del veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012); TC/2012/27 del cinco (5) de julio de dos mil doce (2012); TC/2012/28 del tres (3) de agosto de dos mil doce (2012); TC/2012/32 y TC/2012/33 del quince (15) de agosto de dos mil doce (2012), pues el presente caso se ajusta a lo decidido en las referidas sentencias. Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año mil novecientos noventa y nueve (1999), la procedencia o admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución dominicana de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que admitía las acciones formuladas por aquellos que probasen su condición de parte interesada.

9.2. En virtud de lo expuesto anteriormente, la parte accionante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad al ser una “parte interesada”, por cuanto al resultar la calidad o legitimación activa una cuestión de naturaleza procesal -constitucional, la misma constituye una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo, razón por la cual el accionante, Rafael Vásquez Arámboles, se encontraba revestido de la debida calidad al momento de interponerse la acción en inconstitucionalidad por vía principal en el caso que nos ocupa, al ser una “parte interesada”.

TC/0304/14, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 13 — PDF oficial

10. Procedimiento aplicable en la presente acción directa de

inconstitucionalidad

10.1. La Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), modificada en mil novecientos noventa y cuatro (1994) y en el año dos mil dos (2002), fue reformada en un proceso que culminó con la proclamación de la actual Carta Sustantiva del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), siendo esta última la norma constitucional aplicable al caso por efecto del “principio de la aplicación inmediata de la Constitución”, subsistiendo las mismas facultades constitucionales que invocaba el accionante, a saber:

a. La facultad del presidente de la República para dictar decretos, establecida en el artículo 55.1 de la Constitución de mil novecientos noventa y cuatro (1994), se encuentra instituida en el artículo 128, numeral 1, literal a), de la Constitución de dos mil diez (2010).

b. La facultad de legislar del Congreso Nacional, consignada en el artículo

37.1 de la Constitución de mil novecientos noventa y cuatro (1994), se encuentra señalada en el artículo 93, numeral 1, literal q), de la Constitución de dos mil diez (2010).

c. La facultad del Congreso Nacional para establecer tributos, consignada en el artículo 24 de la Constitución de mil novecientos noventa y cuatro (1994), encuentra cabida en el artículo 93.1.a) de la vigente Constitución.

d. El principio de supremacía constitucional que se encontraba en el artículo 46 de la Constitución de mil novecientos noventa y cuatro (1994), encuentra cabida en el artículo 6 de la actual Constitución.

TC/0304/14, numeral 10, 10.1–d, pág. 14 — PDF oficial

10.2. Al verificarse que la nueva norma constitucional no afecta el alcance procesal de la acción directa de inconstitucionalidad formulada por la parte accionante, al tenor del régimen constitucional anterior, por conservarse en el nuevo texto las disposiciones constitucionales invocadas en su acción directa, procede, en consecuencia, aplicar los textos de la Constitución vigente de dos mil diez (2010), a fin de establecer si la norma atacada (Ley núm. 6-86) resulta inconstitucional.

TC/0304/14, numeral 10, 10.2, pág. 15 — PDF oficial

11. Rechazo de la acción directa de inconstitucionalidad

11.1. Previo a examinar la pertinencia de la acción incoada, es preciso señalar que la Suprema Corte de Justicia, en el ejercicio del control concentrado de constitucionalidad, se pronunció en la Sentencia núm. 26 del diecinueve (19) de julio del año dos mil (2000), a propósito de una acción directa de inconstitucionalidad promovida contra la Ley núm. 6-86, que crea el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Construcción y sus afines del cuatro (4) de marzo de mil novecientos ochenta y seis (1986), así como del Decreto núm. 683-86, dictado por el Poder Ejecutivo el cinco (5) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986), y que establece el reglamento de aplicación de la referida ley núm. 6-86.

11.2. En la referida sentencia, la Alta Corte juzgó la inconstitucionalidad de las referidas disposiciones normativas por motivos distintos a los que han sido promovidos en la presente acción. En ese sentido, dicho tribunal, al considerar que tales disposiciones no violentan la igualdad ni las libertades de asociación y sindical, ni tampoco crean privilegios, decidió rechazar la acción en inconstitucionalidad y declarar conforme con la Constitución la Ley núm. 6- 86, que crea el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Construcción y sus afines del cuatro (4) de marzo de mil novecientos ochenta y seis (1986), así como del Decreto núm. 683-86, dictado por el Poder Ejecutivo el cinco (5) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986), y que establece el reglamento de aplicación de la referida ley núm. 6- 86.

TC/0304/14, numeral 11, 11.1–11.2, pág. 15 — PDF oficial

11.3. En cambio, en la presente acción en inconstitucionalidad, los medios que se examinan son distintos, como se verá más adelante, razón por la cual no cabe hablar de cosa juzgada constitucionalmente, ni debe aplicarse el artículo 277 de la Constitución, conforme al criterio sentado por este tribunal en su Sentencia TC/0184/14 del quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014). De ahí que procederemos al examen de la presente acción en inconstitucionalidad.

11.4. En el presente caso, el Tribunal ha podido advertir la circunstancia de que el accionante, en el escrito introductorio de su acción directa del veintinueve (29) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), a pesar de que se refiere a la Ley núm. 6-86, que crea el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Construcción y sus afines del cuatro (4) de marzo de mil novecientos ochenta y seis (1986), sus argumentaciones y justificaciones se orientan, sin embargo, a cuestionar la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo para crear por decreto un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como para dictar el Reglamento núm. 683-86, que regula la aplicación de la referida ley núm. 6-86.

TC/0304/14, numeral 11, 11.3–11.4, pág. 16 — PDF oficial

11.5. El accionante plantea que el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Construcción y sus afines no es una entidad oficial, ni un organismo autónomo del Estado, el cual solo puede ser creado por una ley del Congreso Nacional, conforme al artículo 93 de la Constitución; que consecuentemente la creación del referido fondo, mediante reglamento del Poder Ejecutivo es inconstitucional y nulo de pleno derecho, al tenor del artículo 6 de la Carta Sustantiva. Agrega que la Ley núm. 6-86 no creó la institución denominada Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Construcción y sus afines, sino el Consejo Técnico de Administración y Control de los Fondos del Área de la Construcción, razón por la cual ha debido intervenir una ley y no un reglamento para que pueda otorgarse al referido fondo de pensiones, autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio.

11.6. Sobre el particular, previo a referirnos al alegato anterior, es importante señalar que los organismos autónomos y descentralizados son entidades dotadas de personalidad jurídica y administrativa propia, creadas por una ley a la cual se le atribuye una competencia general o territorial para realizar una función administrativa pública o fin público determinado, separada de la administración central, pero sometida a su control y fiscalización.

TC/0304/14, numeral 11, 11.5–11.6, pág. 16 — PDF oficial

11.7. En este sentido, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional la atribución para crear mediante ley esos tipos de organismos, en el contexto de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo, viene dada por el artículo 141 de la Constitución, el cual dispone: La ley creará organismos autónomos y descentralizados en el Estado, provistos de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Estos organismos estarán adscritos al sector de la administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro titular del sector. La ley y el Poder Ejecutivo 1 regularán las políticas de desconcentración de los servicios de la Administración Pública.

11.8. La adopción de esa facultad de estructuración, a lo interno del organigrama administrativo que conforma el Poder Ejecutivo, de entidades u órganos autónomos y descentralizados, viabiliza la desconcentración de poder, lo cual le permite ser más eficiente en sus funciones administrativas de la cosa 1 Subrayado es nuestro. pública. Así, el artículo 12.1 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública del catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012), ha establecido: El o la Presidente de la República es la máxima autoridad rectora de la Administración Pública en el marco del Poder Ejecutivo y, en tal condición, posee prerrogativas de regulación 2 , dirección y control sobre la función administrativa y sobre los entes y órganos que la ejercen, para garantizar la unidad de la Administración Pública, dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.

TC/0304/14, numeral 11, 11.7–11.8, pág. 17 — PDF oficial

11.9. De conformidad con lo anteriormente descrito, no lleva razón el accionante al expresar que ha debido intervenir una ley, y no un reglamento, para que pueda otorgarse al referido fondo de pensiones, autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, pues los organismos descentralizados, como mencionamos más arriba, son entidades creadas por la ley emitida por el Congreso de la República, pero también pueden serlo por decreto del Poder Ejecutivo; su principal distinción con los organismos desconcentrados es que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

11.10. Además, cabe resaltar que los organismos descentralizados tienen régimen jurídico propio, se regulan de manera específica por la ley o decreto que los creó. Se crean para realizar actividades económicas estratégicas del Estado, y actividades prioritarias para satisfacer necesidades nacionales e intereses populares, como en la especie lo constituye el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción y sus ramas afines.

11.11. En cuanto al referido fondo de pensiones, de las disposiciones contempladas en su Reglamento núm. 683-86 se establece de forma clara y 2 Subrayado es nuestro. precisa, cual es la misión, competencias y actividades a cargo de dicho órgano, es decir, están definidas sus funciones, su estructura, así como las reglas generales que debe seguir en el cumplimiento de sus fines como órgano autónomo, cumpliendo así con las exigencias contempladas en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

TC/0304/14, numeral 11, 11.9–11.11, pág. 18 — PDF oficial

11.12. Al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, como órgano autónomo, se le han encargado funciones específicas con la finalidad de obtener una mayor especialización para atender las demandas y necesidades sociales de los obreros de la construcción y cuenta con patrimonio propio, pero además, tiene delimitado su ámbito de atribuciones competenciales en la ley y su reglamento.

11.13. Respecto del alegato que cuestiona la potestad reglamentaria, se precisa destacar que la Constitución de la República dispone que al presidente de la República, en su condición de jefe del Estado, le corresponde: “b) Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando fuere necesario”. De ahí que la Constitución habilita al presidente de la República para dictar reglamentos, es decir, actos normativos subordinados a la ley. Además, existe una habilitación legislativa previa para que el Poder Ejecutivo apruebe el reglamento que regulará el control y administración del fondo común que estaría a cargo del Consejo Técnico de Administración y Control de los Fondos del Área de la Construcción, todo lo cual está contenido en el artículo 5 de la indicada ley núm. 6-86 3 .

TC/0304/14, numeral 11, 11.12–11.13, pág. 19 — PDF oficial

11.14. Por lo anterior cabe puntualizar, que el Reglamento núm. 683-86 del cinco (5) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986), el cual regula la aplicación de la Ley núm. 6-86, fue dictado por el presidente de la República 3 Artículo 5. Se crea el Consejo Técnico de Administración y Control de los fondos acumulados por concepto de esta ley, el cual se regirá por un reglamento que elaborará el Consejo y aprobará el Poder Ejecutivo en base a la ley, 60 días después. Se denominará Consejo Técnico de Administración y Control de los fondos del Área de Construcción. en el ejercicio de la referida potestad reglamentaria no solo proveniente de la Constitución sino también legislativamente delegada, por lo que procede rechazar el presente medio de inconstitucionalidad.

11.15. En cuanto al argumento vertido por el accionante, concerniente a que el pago de los impuestos solo puede ser requerido por la Dirección General de Impuestos Internos (Antigua Dirección General de Rentas Internas) y no por el director ejecutivo del referido fondo de pensiones, este tribunal constitucional considera, al ponderar sus alegatos, que están referidos a cuestiones de mera legalidad que escapan del control de este órgano de justicia constitucional especializada, razón por la cual devienen inadmisibles.

TC/0304/14, numeral 11, 11.14–11.15, pág. 19 — PDF oficial

11.16. Finalmente, el accionante sostiene que el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Construcción y sus afines no puede demandar en cobro de pesos, en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 520, independientemente de que son también cuestiones de mera legalidad, tales planteamientos carecen de objeto, en virtud de que la Ley núm. 122-05, para la regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en República Dominicana, derogó y sustituyó la Orden Ejecutiva núm. 520 del veintiséis (269 de julio de mil novecientos veinte (1920), así como sus modificaciones. De ahí que tales alegatos devienen en inadmisibles. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional,

TC/0304/14, numeral 11, 11.16, pág. 20 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: RECHAZAR la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el ciudadano Rafael Vásquez Arámboles contra el Reglamento núm. 683- 86, que crea el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Construcción y sus afines del cinco (5) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986), por no haberse verificado las violaciones constitucionales invocadas. DECLARAR conforme con la Constitución de la República el referido decreto que crea el Reglamento núm. 683-86, por los motivos antes expuestos.

SEGUNDO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

TERCERO: DISPONER que la presente decisión sea notificada por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte accionante, Rafael Vásquez Arámboles, al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS), así como al procurador general de la República.

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0304/14, del 19 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0304-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.