Sentencia TC/0362/19
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 18 de septiembre de 2019 · Expediente TC-012013-0073
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Temas: Derecho de ciudadanía
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0362/19?
El derecho de denuncia reconocido en el artículo 22.5 de la Constitución debe entenderse en sentido genérico, no como un límite a los mecanismos de control ciudadano. La soberanía popular, propia de una democracia participativa, ampara el derecho de los ciudadanos a querellarse y participar de forma directa y activa en los procesos penales contra funcionarios públicos por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Esta interpretación, fijada en la Sentencia TC/0259/14, vincula al legislador (TC/0362/19, numeral 11, 11.9–11.10, pág. 21; TC/0362/19, numeral 11, 11.16–11.18, pág. 23; TC/0362/19, numeral 11, 11.19–11.21, pág. 24; TC/0362/19, numeral 11, 11.28–11.29, pág. 27).
El Tribunal examinó de oficio el artículo 228 del Código Procesal Penal por su conexidad con el artículo 85. Concluyó que exigir al querellante acusar junto con el Ministerio Público y reservar a este la solicitud de medidas de coerción subordinaba la actuación del ciudadano a la decisión del órgano acusador y restringía la acción popular, en contravención de la soberanía popular, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Para ajustar ambas disposiciones a la Constitución, interpretó que el artículo 85 permite al ciudadano presentar acusaciones o querellas de forma independiente o adherirse a la acusación del Ministerio Público, y reformuló el artículo 228 para que la parte querellante también pueda solicitar medidas de coerción en los casos de acción pública (TC/0362/19, numeral 11, 11.6–11.8, pág. 20; TC/0362/19, numeral 11, 11.24, pág. 25; TC/0362/19, numeral 11, 11.25, pág. 26; TC/0362/19, numeral 11, 11.26–11.27, pág. 27; TC/0362/19, numeral 11, 11.30–11.32, pág. 28; TC/0362/19, numeral 11, 11.33, pág. 29).
Decisión
Declara admisible en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad y establece que, para ser conforme con la Constitución, el artículo 85 debe interpretarse en el sentido de que el ciudadano puede presentar acusaciones o querellas de forma independiente o adherirse a la acusación del Ministerio Público. Reformula la parte final del artículo 228 para permitir que, en los casos de acción pública, las medidas de coerción sean solicitadas por el Ministerio Público o por la parte querellante.
Citas textuales clave
“el término “denuncia” dispuesto en el artículo 22.5 de la Constitución debe ser visto de forma genérica y no literal” (TC/0362/19, numeral 11, 11.16–11.18, pág. 23).
“el término acusar conjuntamente con el ministerio público, deberá interpretarse como una prerrogativa discrecional del ciudadano de presentar sus acusaciones o querellas de forma independiente o adherirse a la ya presentada por el Ministerio Público.” (TC/0362/19, dispositivo, pág. 30).
“En los casos de acción pública la medida de coerción procede a solicitud del ministerio público o de la parte querellante.” (TC/0362/19, dispositivo, pág. 30).
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 7, 22.5, 69, 184 y 185.1.
Ley núm. 76-02 (Código Procesal Penal): artículos 12, 84.9, 85, 228 y 296.
Ley núm. 10-15: artículos 23, 24 y 56.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 7.11, 31, 37, 46 y 47, párrafo II.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0259/14; C-245/96 (Corte Constitucional de Colombia).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
10. Legitimación para accionar en inconstitucionalidad
10.1. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la Ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes.
10.2. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, numeral 1 de la Constitución de la República dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido…
10.3. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece: Calidad para Accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
10.4. Este tribunal, al interpretar las disposiciones vigentes que conceden calidad para accionar en inconstitucionalidad a los particulares, constata que en el presente el señor Víctor Díaz Rúa, ha demostrado poseer un interés legítimo y jurídicamente protegido para accionar en inconstitucionalidad, por cuanto resulta ser la parte querellada de la acción penal que fue incoada por Convergencia Nacional de Abogados y Fundación Primero Justicia INC, en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal de la República Dominicana.
11. Del acogimiento de la acción
11.1. En el presente caso que ocupa la atención de este tribunal constitucional, el señor Víctor Díaz Rúa fundamenta su acción de inconstitucionalidad alegando que la disposición contenida en el párrafo III del artículo 85 de la Ley núm. 76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, es contraria a la norma contenida en el artículo 22.5 de la Constitución, por cuanto otorga legitimidad a los ciudadanos de constituirse como querellantes en los hechos punibles cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, argumentando también que la disposición constitucional solo otorga la prerrogativa para que el ciudadano pueda denunciar los hechos punibles cometidos por estos.
11.2. Al respecto del objeto de la presente acción, se hace necesario poner de manifiesto que mientras el presente recurso de inconstitucionalidad se encontraba pendiente de fallo, fue promulgada la Ley núm. 10-15, la cual introdujo modificaciones a la Ley núm. 76-02, del diecinueve (19) de julio de dos mil dos (2002), que establece el Código Procesal Penal. En su artículo 24 la nueva ley modificó el contenido normativo del artículo 85 que ha sido sometido a control concentrado de inconstitucionalidad por parte del accionante.
11.3. En efecto, en el artículo 24 de la Ley núm. 10-15 se dispone que: Artículo 24.- Se modifica el Artículo 85 de la Ley No.76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, para que diga en lo adelante del modo siguiente: Artículo 85.- Calidad. La víctima o su representante legal puede constituirse como querellante, promover la acción penal y acusar conjuntamente con el ministerio público en los términos y las condiciones establecidas en este código. En los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos relacionados con la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico, pueden constituirse como querellantes las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho. En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante. Las entidades del sector público pueden ser querellantes. Corresponde al ministerio público la representación de los intereses del Estado. La intervención de la víctima como querellante no altera las facultades atribuidas al ministerio público ni lo exime de sus responsabilidades.
11.4. Examinado esto, cabe destacar que si bien es cierto que el texto impugnado fue modificado y la disposición objeto de controversia permanece aún en el ordenamiento jurídico, no menos cierto es que la reforma realizada en la parte capital del artículo 85 condiciona la forma en que se promueve la acción penal de parte del querellante, irradiando todo el contenido normativo de los demás preceptos comprendidos en ese artículo y con ello concediéndole un alcance distinto a la facultad que tiene el ciudadano para accionar penalmente en los hechos punibles cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, de tal suerte que con ello se ha redimensionado el papel y los derechos que dentro del proceso penal tendrían los ciudadanos en tales casos.
11.5. Así mismo, debemos resaltar que la referida ley núm. 10-15 no solo se limitó a modificar el referido artículo 85, sino que por demás, en otras disposiciones se insertaron cambios que repercuten en el ejercicio de la acción penal pública, y entre estas obviamente se encuentra el párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal. Cabe recordar que el Código Procesal Penal es sistémico y sus disposiciones no deben ser analizadas aisladamente, sino armónicamente. Tal es el caso del artículo 56 de la Ley núm. 10-15, el cual introdujo modificaciones al artículo 228 de la Ley núm. 76-02, del diecinueve (19) de julio de dos mil dos (2002), que establece el Código Procesal Penal, disponiendo que las medias de coerción en las acciones públicas solo pueden ser solicitadas por el Ministerio Público.
11.6. En efecto, en el artículo 56 de la Ley núm. 10-15 se prescribe que: Artículo 56.- Se modifica el Artículo 228 de la Ley No.76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, para que diga en lo adelante del modo siguiente: Artículo 228.- Imposición. A solicitud del ministerio público o del querellante, el juez puede imponer una sola de las medidas de coerción previstas en este código o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y expedir las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Cuando se ordene la prisión preventiva, no puede combinarse con otras medidas de coerción. En los casos de acción pública la medida de coerción sólo procede a solicitud del ministerio público 2 .
11.7. En ese sentido, al existir una conexidad entre el artículo 85 y el 228 del Código Procesal Penal, por cuanto las medidas coercitivas hacen parte de la fase preparatoria de todo caso calificado de acción penal pública, se hace necesario que en aplicación del principio de oficiosidad dispuesto en el artículo 7.11 de la Ley núm. 137-11, se proceda a ponderar su constitucionalidad conjuntamente con la normativa que ha sido impugnada.
11.8. Previo a analizar el fondo de los alegatos de inconstitucionalidad invocados por el accionante, así como el contenido de la modificaciones introducidas en los artículos 85 y 228 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, este órgano de justicia constitucional especializada considera pertinente indicar que la actual Constitución, en su artículo 7 ha proclamado a República Dominicana 2 Subrayado nuestro como un Estado social y democrático de derecho que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
11.9. En ese orden, cabe precisar que el ordenamiento jurídico constitucional dominicano proclama el respeto a la soberanía popular, de tal suerte que dicho precepto acarrea la configuración de un derecho de vigilancia y de control a favor de los ciudadanos sobre sus representantes, 3 lo cual se produce como consecuencia directa de la existencia del modelo de democracia participativa.
11.10. Sobre el principio de soberanía popular como mecanismo de vigilancia y control de los ciudadanos sobre las actuaciones de sus representantes en una democracia participativa, la Corte Constitucional de Colombia ha indicado que en la consagración de la “soberanía popular” el constituyente procuró ampliar en la mayor medida posible, los espacios de participación democrática del pueblo en la toma de decisiones que tengan incidencia tanto nacional como regional y local. Agrega la sentencia en comentario que la ampliación de esos espacios de participación ciudadana también en el control del ejercicio del poder público de los gobernantes, entendiendo este término en su sentido más amplio. (…) Ello con el fin primordial de que la ciudadanía pueda ejercer la adecuada vigilancia y control sobre sus representantes, tal como corresponde a la aplicación real del principio de la “soberanía popular”, adoptado, como se dijo, en nuestra Constitución (…) (Sentencia C-245/96).
11.11. Por ello, del principio de soberanía popular se desprende un sistema de democracia participativa en el que todo Estado debe procurar por el establecimiento de normativas tendentes a fomentar las iniciativas para que todos sus ciudadanos ejerzan, por sí mismos, todo tipo de acción que proscriba el 3 Debe entenderse como representante a todos los funcionarios electos de forma directa por los ciudadanos a través del sufragio, así como a los que son nombrados por esa categoría de funcionarios para que actúen en su representación. enjuiciamiento y sanción de la corrupción administrativa y el uso del poder en interés particular.
11.12. Merece ser destacado que la prerrogativa que tiene todo ciudadano de ejercer las acciones que proscriba el enjuiciamiento de los actos de corrupción administrativa y el uso del poder en interés particular se desprende de la concepción constitucional de los derechos que tienen las víctimas de requerir de las autoridades y entes judiciales no solo la reparación de los daños sufridos, sino que se garantice en los sistemas judiciales represivos el conocimiento cabal de la realidad de los hechos y la aplicación de la sanción correspondientes por los actos cometidos.
11.13. En relación con lo antes indicado, la Corte Constitucional de Colombia ha indicado que: En el derecho internacional se ha considerado como insuficiente para la protección efectiva de los derechos humanos, que se otorgue a las víctimas y perjudicados únicamente la indemnización de los perjuicios, como quiera que la verdad y la justicia son necesarios para que en una sociedad no se repitan las situaciones que generaron violaciones graves a los derechos humanos y, además, porque el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, exige que los recursos judiciales diseñados por los Estados estén orientados hacia una reparación integral a las víctimas y perjudicados, que comprenda una indemnización económica y, el acceso a la justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y para buscar, por vías institucionales, la sanción justa de los responsables.
11.14. Además, no debe soslayarse, que República Dominicana suscribió la Convención Interamericana contra la Corrupción Administrativa el veintinueve (29) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), ratificada por el Congreso Nacional el dos (2) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), produciéndose el depósito de la referida ratificación el ocho (8) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), entre cuyos motivos destaca “que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”. En la misma también se establece acerca de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción.
11.15. Es por ello que en los sistemas procesales penales comparados, como paso sustitutivo del sistema inquisitorio al acusatorio, ha sido adoptada la acción popular, la cual habilita a todo ciudadano o asociación ciudadana a presentarse como querellante o acusador en aquellos hechos que afecten intereses colectivos o la convivencia social.
11.16. En sintonía con lo indicado precedentemente y tomando en cuenta el principio de soberanía popular de todo Estado democrático participativo, este tribunal constitucional en su Sentencia C/0259/14 se refirió al derecho que tienen los ciudadanos dominicanos, conforme lo prescribe el artículo 22.5 de la Constitución de la República, no solo de denunciar los actos de corrupción administrativa, sino la facultad de interponer querellas y acusaciones contra los funcionarios públicos por las faltas, crímenes y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
11.17. En efecto, en la Sentencia TC/0259/14 se prescribió:
8.9. Habría que agregar, además, que la propia Constitución, en su artículo 22.5, les concede a los ciudadanos el derecho de denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, lo que debe ser interpretado, en el sentido más favorable y en atención a la finalidad que la norma persigue, que también pueden interponer querellas contra los funcionarios públicos por las faltas, crímenes y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
11.18. No obstante lo desarrollado en la sentencia antes citada, debemos resaltar que el término “denuncia” dispuesto en el artículo 22.5 de la Constitución debe ser visto de forma genérica y no literal, por cuanto en el conjunto de disposiciones que conforman la Constitución, principios y reglas, no es necesario que el constituyente señale una clasificación nítida de los términos denuncia y querella, ya que tal clasificación está reservada a las actividades legislativas e interpretaciones que hagan sobre el tema los órganos del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.
11.19. En adición, este tribunal constitucional considera que si bien es cierto que la Constitución solo exige de manera literal el que se garantice la facultad de denuncia en aspectos de corrupción pública como derecho de la ciudadanía, debe entenderse que la visión del constituyente no fue la de limitar las herramientas de control social y ciudadano que sirven para garantizar la eficiencia de nuestro modelo de gobierno, democrático y participativo.
11.20. Conforme a ello, en ocasión de la sustitución del sistema procesal penal inquisitorio al acusatorio, el legislador dominicano al momento de adoptar el conjunto de disposiciones que formarían la Ley núm. 76-02, que establece el Código Procesal Penal, estableció los mecanismos necesarios para que todo ciudadano sea participante activo, como querellante o acusador, en aquellos procesos penales en los cuales exista una afectación directa al interés colectivo y que tengan por consecuencia la afectación de la convivencia social, como lo es la corrupción administrativa.
11.21. Por otra parte, debe precisarse que aun cuando la presente acción directa de inconstitucionalidad fue interpuesta antes de la modificación de la que ha sido objeto la disposición impugnada, se impone a este órgano de justicia constitucional especializado hacer la confrontación con la Constitución del nuevo contenido normativo, dispuesto en la parte capital del artículo 85, así como lo establecido en la última parte del párrafo capital del artículo 228 del Código Procesal Penal, los cuales fueron introducidos mediante los artículo 24 y 56 de la Ley núm. 10-15, el cual transcribimos en otra parte de la presente sentencia.
11.22. En efecto, al disponerse en la modificación de la parte capital del referido artículo 85 que la víctima o su representante legal puede constituirse como querellante, promover la acción penal y acusar conjuntamente con el ministerio público en los términos y las condiciones establecidas en este código..., esta condición le deberá ser aplicada a todos los supuestos que se disponen en dicho texto, a lo cual no escapa el párrafo tercero, que los accionantes atacan en inconstitucionalidad.
11.23. Así mismo, al prescribirse en la última parte del párrafo capital del artículo 228 que (…) En los casos de acción pública la medida de coerción sólo procede a solicitud del ministerio público… se propende a limitar la participación activa de los ciudadanos para que soliciten las medidas necesarias para asegurar la presencia de la persona imputada en el proceso penal.
11.24. Sin lugar a dudas, ambas disposiciones no solo condicionan y limitan el derecho de los ciudadanos para impulsar, por sí mismos, la acusación y actuación penal contra aquellos funcionarios que comentan actos de corrupción o utilicen el poder en interés particular, lo cual, en definitiva, representa una involución de las reivindicaciones que trajo consigo el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, por cuanto sus contenidos procuran que las actuaciones penales sean monopolizadas por el Ministerio Público, lo cual hace que la acción del ciudadano se convierta en la de mero colaborador de este, descansando en manos del Ministerio Público todo lo relativo a la formulación de la acusación e impulso de la acción penal. Bastaría referirnos a la disposición contenida en el artículo 296 del Código Procesal Penal, de la cual se desprende que el querellante o la víctima, luego de que el Ministerio Público presente acusación y les notifique, puedan hacerlo por sí mismos, o adherirse a la ya planteada por el órgano acusador. De manera, que, si el Ministerio Público decide no acusar, no habría manera de que cualquier persona pueda constituirse como querellante en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de los derechos humanos.
11.25. De manera, que ante el supuesto de que el Ministerio Público decida no acusar en las querellas presentadas por particulares contra funcionarios públicos por corrupción administrativa y en las violaciones contra los derechos humanos, con lo cual los ciudadanos que hubieren accionado dependerían en sus reclamos y actuaciones de lo que decidiera el Ministerio Público, sin posibilidad de accionar o solicitar mediadas cautelares por sí mismos, pues la parte capital del artículo 85 del Código Procesal Penal dispone que deben hacerlo “conjuntamente” con aquel; y la última parte del artículo 228 del mismo cuerpo legal prescribe que la medida de coerción sólo procede a solicitud del ministerio público, la modificación introducida por la Ley núm. 10-15 cercena la acción popular que se había previsto para este tipo de casos, implicando ello, como adelantáramos, una involución en lo concerniente a los avances que se introdujeron por la Ley núm. 76-02 respecto de las víctimas y querellantes en los delitos de acción pública, incluido el párrafo III del artículo 85 antes citado.
11.26. A modo de comprobar la intención de las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal de la República Dominicana, que tienen por efecto capitalizar el poder de actuación del Ministerio Público en los casos de acción penal pública y limitar los derechos de las víctimas en tal ámbito, bastaría fijar nuestra atención a lo dispuesto en el artículo 84 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo 23 de la Ley núm. 10-15, el cual establece en el numeral 9) lo siguiente: “Derechos de la víctima. Sin perjuicio de los que adquiere al constituirse como querellante, la víctima tiene los derechos siguientes: … 9) A presentar el acto conclusivo que considere pertinente, luego de constituirse en querellante, en los casos de instancias privadas, no obstante, el ministerio público reitere el archivo”. Por argumento en contrario, debe entenderse que en los casos de acción penal pública, como los casos de corrupción administrativa, no podría presentar acto conclusivo, salvo que lo haga “conjuntamente con el Ministerio Público”, lo cual es contrario también al artículo 69 de la Constitución, por cuanto no es cónsono con la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
11.27. Justamente, el artículo 69 de la Constitución fue recogido por el Código Procesal Penal; especialmente nos referimos al principio de igualdad entre las partes en el proceso. El artículo 12 de la indicada normativa reza: Igualdad entre las partes. Las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad. Para el pleno e irrestricto ejercicio de sus facultades y derechos, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio.
11.28. En virtud de lo antes señalado, este tribunal constitucional sostiene que lo dispuesto en los artículos 85 y 228 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, no solamente contraviene el principio de soberanía popular, sino, que por demás violenta el precedente que ha sido fijado en la Sentencia TC/0259/14, donde se procedió a interpretar el alcance del artículo 22.5 de la Constitución.
11.29. En ese orden, es preciso señalar que en virtud de lo dispuesto en los artículos 184 de la Constitución y 31 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, todos los poderes públicos y órganos del Estado están constreñidos en dar cumplimiento a lo estatuido en las decisiones del Tribunal Constitucional, por constituir las mismas precedentes vinculantes; de ahí que al elaborarse el contenido normativo dispuesto en los artículos 85 y 228 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, el legislador debió observar la interpretación dada por la Sentencia TC/0259/14 al artículo 22.5 de la Constitución, en donde se prescribió el derecho de los ciudadanos de querellarse y participar, de forma directa y activa, en los procesos penales llevados en contra los funcionarios que cometan acto de corrupción.
11.30. Es por ello que las disposiciones establecidas en los artículos 85 y 228 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, devienen en inconstitucionales, por cuanto no se apegan al principio de soberanía popular desarrollado en el artículo 7 de la Constitución, ni tampoco son acordes con la interpretación que este órgano de justicia constitucional especializada le ha dado al artículo 22.5 de la Constitución en la Sentencia TC/0259/14. De ahí la necesidad de dictar una decisión interpretativa condicional, la cual permite al Tribunal Constitucional expulsar una interpretación de la disposición, pero se mantiene una eficacia normativa de la misma; es decir, si una de las interpretaciones es contraria a la Constitución y la otra resulte conforme con ella, procediendo, en consecuencia, a desarrollar el alcance interpretativo y de aplicación que deberá tener el artículo 85 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15.
11.31. Así mismo, en aplicación del artículo 46 de la Ley núm. 137-11 que dispone sobre la anulación de disposiciones conexas, en lo concerniente a lo prescrito en la última parte del párrafo capital del artículo 228 del Código Procesal Penal, modificado por la referida ley núm. 10-15, se emitirá una decisión manipulativa, que es aquella que afecta el contenido de la disposición de que se trata, y después de ser manipulada, pueda ser entendida conforme a la Constitución.
11.32. En ese orden, para dotarlos de contenido constitucional, en su aplicación el término acusar conjuntamente con el ministerio público de la parte capital del artículo 85 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, deberá interpretarse como una prerrogativa discrecional del ciudadano de presentar sus acusaciones o querellas de forma independiente, o adherirse a la ya presentada por el Ministerio Público.
11.33. De su lado, al resultar inconstitucional únicamente el texto dispuesto en la parte final del artículo 228 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, se agregará un contenido que lo hará constitucional, en aplicación de lo establecido en el párrafo II del artículo 47 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; de ahí que el mismo será reformulado para que en lo adelante se le permita al querellante o acusador particular solicitar al juez las medidas necesarias para asegurar la presencia de la persona imputada en el proceso penal. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos. Consta en acta el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Víctor Díaz Rúa, contra del artículo 85 de la Ley núm. 76-02 que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión.
SEGUNDO: ESTABLECER que la disposición capital del artículo 85 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley núm. 10-15, para que sea conforme a la Constitución en sus Arts. 7, 69 y 22.5 y se apegue al criterio desarrollado en la Sentencia TC/0259/14, el término acusar conjuntamente con el ministerio público, deberá interpretarse como una prerrogativa discrecional del ciudadano de presentar sus acusaciones o querellas de forma independiente o adherirse a la ya presentada por el Ministerio Público.
TERCERO: ESTABLECER que la disposición final contenida en la parte capital del artículo 228 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley núm. 10-15, para que sea conforme a la Constitución en sus Arts. 7, 69 y 22.5, y se apegue al criterio desarrollado en la Sentencia TC/0259/14, se lea en lo adelante de la manera siguiente: (…) En los casos de acción pública la medida de coerción procede a solicitud del ministerio público o de la parte querellante.
CUARTO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libres de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
QUINTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, señor Víctor Díaz Rúa, así como al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a la Procuraduría General de la República, al Movimiento Cívico Ciudadanos contra la Corrupción, Fundación Primero Justica INC, y a la Fundación Participación Ciudadana.
SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0362/19, del 18 de septiembre de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0362-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.