Sentencia TC/0368/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 23 de diciembre de 2014 · Expediente TC-02-2014-0012

control preventivo de constitucionalidad de la Enmienda de DOHA al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, elaborado y adoptada en la Conferencia de las Partes, en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil doce (2012), celebrada en Doha, Qatar.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Protección del medio ambiente

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0368/14?

El control preventivo de constitucionalidad exige verificar que el contenido de los tratados, convenios o acuerdos suscritos por el Estado dominicano sea compatible con la Constitución. Esta verificación tiene por objeto impedir que el Estado asuma compromisos internacionales contrarios a la norma suprema, pues los tratados se incorporan al derecho interno una vez cumplido el procedimiento de firma y ratificación (TC/0368/14, consideraciones, 2.3, pág. 4; TC/0368/14, consideraciones, 2.4, pág. 5).

Los objetivos de reducción y limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero previstos en la Enmienda de Doha son compatibles con el deber de los poderes públicos de prevenir y controlar el deterioro ambiental y cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas (artículo 67.5), con la prioridad estatal de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y su adaptación al cambio climático (artículo 194), y con el reconocimiento de la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente como derechos colectivos y difusos (artículo 66) (TC/0368/14, consideraciones, 2.5, pág. 6).

Decisión

El Tribunal declara conforme con la Constitución la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada el 8 de diciembre de 2012 en Doha, Qatar. Ordena comunicar la decisión al presidente de la República y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“El control preventivo de constitucionalidad exige una relación de correspondencia entre el contenido de los tratados, convenios o acuerdos suscritos por el Estado dominicano y las disposiciones establecidas en su Carta Sustantiva.” (TC/0368/14, consideraciones, 2.4, pág. 5)
“Los referidos objetivos coinciden con los que se trazan en nuestra Constitución.” (TC/0368/14, consideraciones, 2.5, pág. 6)

Normas interpretadas

Constitución de la República Dominicana: artículos 6, 26.2, 66, 67.5, 128.1.d), 184, 185.2 y 194.

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales: artículos 9, 55 y 56.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

2.1 Competencia Este tribunal constitucional es el órgano competente para ejercer el control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales, en virtud de las disposiciones de los artículos 6 y 185, numeral 2, de la Constitución de la República, 9, 55 y 56 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; en consecuencia, procede a examinar el acuerdo de referencia.

2.2 Supremacía constitucional Los acuerdos sometidos a control preventivo deben estar enmarcados dentro de los principios de soberanía, legalidad, integridad territorial y no intervención consagrados como normas fundamentales en la Constitución. El artículo 6 de la Constitución establece que las personas y órganos que ejerzan potestades públicas están sujetos a la Constitución, resultando nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la misma. El artículo 184 dispone que habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

TC/0368/14, consideraciones, 2.1–2.2, pág. 3 — PDF oficial

2.3 Recepción del derecho internacional En lo relativo al derecho internacional, la Constitución establece en su artículo 26, numeral 2, que: En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones. Como se puede advertir, cuando República Dominicana firma un tratado internacional y cumple el procedimiento exigido para su firma y ratificación, este se convierte en parte del derecho interno, lo que precisa que su contenido esté acorde con lo que contempla la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. En virtud de los principios del derecho internacional, el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los tratados internacionales debe llevarse a cabo por parte de los Estados contratantes de buena fe (Pacta Sunt Servanda) 1 , es decir, sin que estos puedan invocar normas de derecho interno para incumplir con la responsabilidad internacional asumida en la convención.

TC/0368/14, consideraciones, 2.3, pág. 4 — PDF oficial

2.4 Control de constitucionalidad El control preventivo de constitucionalidad exige una relación de correspondencia entre el contenido de los tratados, convenios o acuerdos suscritos por el Estado dominicano y las disposiciones establecidas en su Carta Sustantiva. Dicho control implica, además, la integración y consonancia de las normas del acuerdo internacional con el contenido de nuestra Carta Sustantiva, con la finalidad de evitar distorsiones o contradicciones entre ambas disposiciones, y de esta manera impedir que el Estado asuma compromisos en el ámbito internacional que sean contrarios a la Constitución. 1 Artículo 26 de la Convención de Viena, de fecha veintitrés (23) de mayo de mil novecientos sesenta y nueve (1969).

TC/0368/14, consideraciones, 2.4, pág. 5 — PDF oficial

2.5 Examen de constitucionalidad de la enmienda Este tribunal procede a considerar los aspectos del acuerdo sometidos a control preventivo por su relevancia constitucional: En cuanto a la “Enmienda de DOHA al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, la finalidad de este acuerdo fue indicado en el apartado relativo a los objetivos, apartado en el cual se indicó que el mismo buscaba acordar el plazo de duración del período de compromiso de los estados partes, establecer mediante el compromiso de los Eestados el porcentaje de reducción y limitación de las emisiones globales, así como definir las bases del cumplimiento de los compromisos asumidos de los Estados del anexo I en el desarrollo sostenible y a la necesidad de reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Los referidos objetivos coinciden con los que se trazan en nuestra Constitución. Ciertamente, el artículo 67.5 de nuestra Constitución establece que “los poderes públicos prevendrán y controlaran los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación”. Cabe destacar que el indicado artículo establece que los indicados poderes “(…) cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a los largo de la frontera marítima y terrestre”, razón por la cual el acuerdo de Kyoto, en particular la enmienda que nos ocupa, forman parte del compromiso asumido por el Estado en la lucha para la protección del medio ambiente y en la reducción de los efectos adversos del cambio climático, máxime por el peligro que representa para el Estado dominicano debido a su ubicación geográfica.

TC/0368/14, consideraciones, 2.5, pág. 6 — PDF oficial

En este mismo sentido, en el artículo 194 se establece que el Estado dominicano tiene dentro de sus prioridades la formulación y ejecución de planes que aseguren el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la Nación con la adaptación de estos al cambio climático. Finalmente, nos parece importante destacar que según el artículo 66 de la Constitución el Estado reconoce como derechos colectivos y difusos la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. Conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, la enmienda objeto de control es compatible con la Constitución, en razón de que es en el marco de estas disposiciones constitucionales y su correspondencia con el contenido analizado del acuerdo de Kyoto, particularmente los objetivos de reducción y limitación de las emisiones globales desarrollados en la indicada enmienda, que este tribunal constitucional la considera compatible con la Constitución dominicana. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0368/14, consideraciones, 2.5, pág. 6 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR conforme con la Constitución de la República Dominicana la Enmienda de DOHA al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, elaborado y adoptada en la Conferencia de las Partes celebrada en Doha, Qatar, el ocho (8) de diciembre de dos mil doce (2012).

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente decisión al presidente de la República para los fines contemplados en el artículo 128, numeral 1, literal d), de la Constitución.

TERCERO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0368/14, del 23 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0368-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.