Sentencia TC/0489/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 6 de noviembre de 2015 · Expediente TC-012012-0021

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de razonabilidad · Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0489/15?

La casación es un recurso extraordinario y de configuración legislativa: los artículos 69.9 y 154.2 de la Constitución permiten al legislador establecer condiciones de admisión, entre ellas un límite por cuantía. Sin embargo, el umbral de doscientos salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, como único criterio de acceso, vulnera el principio de razonabilidad del artículo 40.15. Aunque la medida busca evitar recursos dilatorios y descongestionar la Suprema Corte de Justicia, esas ventajas no compensan la exclusión de asuntos que, por su trascendencia jurídica o por la ausencia de jurisprudencia, ameritan control casacional. El Tribunal consideró más equilibrado combinar un umbral inferior con una vía alternativa de admisión por interés casacional (TC/0489/15, numeral 8, 8.5.5–8.5.6, pág. 19; TC/0489/15, numeral 8, 8.5.7–8.5.8, pág. 20; TC/0489/15, numeral 8, 8.5.9–8.5.10, pág. 21; TC/0489/15, numeral 8, 8.5.13–8.5.14, pág. 22; TC/0489/15, numeral 8, 8.5.19, pág. 27).

El Tribunal difirió los efectos de la inconstitucionalidad para evitar que la anulación inmediata sobrecargara a la Suprema Corte de Justicia y afectara la calidad de la justicia, y dio al Congreso un año para legislar. Rechazó la retroactividad porque permitir solo a EDESUR recurrir en casación, sin extender esa posibilidad a quienes tenían recursos pendientes o declarados inadmisibles por la misma causa, generaría desigualdad y caos (TC/0489/15, numeral 8, 8.5.13–8.5.14, pág. 22; TC/0489/15, numeral 8, 8.5.15–8.5.16, pág. 23; TC/0489/15, numeral 9, 9.3, pág. 28).

Decisión

Admite en cuanto a la forma la acción de EDESUR Dominicana, S.A., la acoge en cuanto al fondo y declara que el artículo 5, párrafo II, acápite c), de la Ley núm. 491-08 no es conforme con el artículo 40.15 de la Constitución. Difiere los efectos por un año desde la notificación, sin conceder retroactividad, y exhorta al Congreso Nacional a legislar dentro de ese plazo un régimen con un umbral inferior y una vía alternativa por interés casacional; si no lo hace, la disposición devendrá inconstitucional con todos sus efectos.

Citas textuales clave

“De modo que actualmente la determinación de las decisiones que pueden ser objeto de este recurso es materia legislativa y no constitucional.” (TC/0489/15, numeral 8, 8.5.1–8.5.2, pág. 17)
“el fin perseguido con la norma no compensa el menoscabo que afecta la función institucional de la casación en nuestro ordenamiento” (TC/0489/15, numeral 8, 8.5.18, pág. 26)
“se abra una vía alternativa con base en el interés casacional que autorice a dicho órgano judicial a conocer aquellos asuntos que por su trascendencia jurídica o por la ausencia de jurisprudencia constituyan una ocasión adecuada para la fijación de una concreta doctrina.” (TC/0489/15, numeral 8, 8.5.19, pág. 27)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 39.3, 40.15, 69 (en particular, 69.9), 93.q), 96.3, 110, 154.2 y 185.1. Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 36, 37, 47 y 48. Ley núm. 491-08: artículo 5, párrafo II, acápite c).

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0270/13, TC0022/2012, TC/0044/12 y TC/0158/13; Sentencia núm. 242 de la Suprema Corte de Justicia; Sentencia C-673/01 de la Corte Constitucional de Colombia.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

6. Procedimiento aplicable en la presente acción de

inconstitucionalidad Este tribunal tiene competencia para conocer de la presente acción, en virtud de lo que disponen los artículos 185 de la Constitución Política del Estado, y el 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

TC/0489/15, numeral 6, pág. 9 — PDF oficial

7. En cuanto a la legitimación activa

7.1. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes.

7.2. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, numeral 1, de la Constitución de la República dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido…

7.3. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales establece: Calidad para Accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido. La Constitución de la República, a partir del artículo 185, ha diseñado las exigencias para accionar en inconstitucionalidad y ha requerido para ello la existencia de un interés legítimo y jurídicamente protegido.

TC/0489/15, numeral 7, 7.1–7.3, pág. 9 — PDF oficial

7.4. En el presente caso, los accionantes han demostrado poseer un interés legítimo y jurídicamente protegido, toda vez que existe una relación material significativa entre éstos y el objeto de la pretensión (artículo 5, párrafo II, acápite c, de la Ley 491-08), de suerte que su anulación les causaría automáticamente un efecto positivo (les abriría la posibilidad de recurrir en casación), evitándoles uno de tipo negativo (están impedidos de recurrir en casación), por cuanto son parte en las sentencias Nos. 319-2011-00095, 319- 2011-00096, 319-2011-00096-97 y 319-2011-00098 dictadas por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, ninguna de las cuales puede ser recurrida en casación porque así lo impide la disposición normativa atacada en inconstitucionalidad. De ahí que la accionante, sociedad comercial EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR) ha demostrado tener un interés legítimo y jurídicamente protegido para accionar en inconstitucionalidad en el presente caso.

TC/0489/15, numeral 7, 7.4, pág. 10 — PDF oficial

8. Análisis de los medios de inconstitucionalidad

8.1. La accionante, Edesur Dominicana, S. A., fundamenta su acción de inconstitucionalidad alegando que las disposiciones contenidas en el artículo 5, párrafo II, acápite c, de la Ley núm. 491-08 son contrarias a la Constitución, por cuanto violentan lo siguiente: la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, el principio de igualdad en la aplicación de la ley y el principio de razonabilidad.

8.2. En cuanto a la alegada violación al derecho fundamental a la seguridad jurídica (Art. 110 de la Constitución de la República)

8.2.1. El primer punto atacado por los accionantes es el concerniente a la seguridad jurídica establecida en el artículo 110 de la Constitución de la República, aduciendo, en síntesis, que de no ser por el control de legalidad realizado por la Suprema Corte de Justicia, a través del recurso de casación, no existiese uniformidad en la aplicación de la ley, y que por lo tanto, limitar el acceso a dicha garantía atenta directamente contra la seguridad jurídica de los justiciables.

8.2.2. Conviene previamente determinar qué debe entenderse por seguridad jurídica. Puede ser concebida como un principio jurídico general consustancial a todo Estado de Derecho, que se erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios.

TC/0489/15, numeral 8, 8.1–8.2.2, pág. 11 — PDF oficial

8.2.3. Por lo anterior, resulta válido afirmar que la seguridad jurídica se relaciona con la estabilidad de las normas, razón por la cual para cambiarlas se precisa de un debate público y abierto, por lo que existen reglas muy bien definidas para la formación y efectos de las leyes. La seguridad jurídica tiene que ver con la irretroactividad de las leyes, con el principio de legalidad en la actuación de la administración pública, con la atribución de competencia a los jueces, entre otros.

8.2.4. Para los accionantes, la seguridad jurídica consiste “en que las personas puedan presuponer y calcular con tiempo la influencia del derecho en su conducta personal o corporativa”, por lo que cabría preguntarse si a éstos se les ha limitado el derecho a recurrir en casación de forma sorpresiva, caprichosa, arbitraria y al margen de la ley.

8.2.5. Responder la interrogante anterior nos llevará a referirnos a la relación que tiene la seguridad jurídica con el principio de legalidad. Si la certeza que tienen los ciudadanos acerca de la existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces, debe inferirse que el principio de la seguridad jurídica es lo que hace posible que la tranquilidad de los ciudadanos descanse también en el principio de legalidad.

TC/0489/15, numeral 8, 8.2.3–8.2.5, pág. 12 — PDF oficial

8.2.6. En sintonía con lo antes expuesto, este Tribunal Constitucional sostiene el criterio de que en la medida de que no se está rehusando la aplicación de la ley, sino que muy por el contrario, ha sido por obra de la disposición legal contenida en el artículo 5, párrafo II, acápite c), de la referida Ley núm. 491- 08, que se ha excluido el ejercicio del recurso de casación “contra las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso”, de ahí que es previsible la condicionante establecida por dicha ley.

8.2.7. En este mismo tenor, se precisa destacar que si bien es cierto que el recurso de casación constituye un derecho para los justiciables y una garantía fundamental del respeto a la ley, no menos cierto es que sólo si proviene de la ley podrá restringirse este derecho, situación que acontece en la especie, y que encuentra su fuente en la propia Constitución, muy específicamente en el Art. 154.2, el cual sujeta a la ley el conocimiento de los recursos de casación por la Suprema Corte de Justicia, lo que tiene por consecuencia que la supresión de su ejercicio debe ser rigurosamente limitado a los casos particulares para los cuales ella ha sido dictada.

8.2.8. Por demás, cabe destacar que al disponer ese mismo artículo 154.2 de que el conocimiento de los recursos de casación sean conocidos de conformidad con la ley, el constituyente ha dejado latente un poder de configuración a cargo del legislador para que éste regule, de forma razonable, todo lo relativo al ejercicio de esa vía recursiva. Al respecto ya se ha pronunciado este Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0270/13, parte de cuyo contenido transcribimos más adelante.

TC/0489/15, numeral 8, 8.2.6–8.2.8, pág. 12 — PDF oficial

8.2.9. En atención a lo precedentemente expuesto, a la accionante EDESUR no se le ha limitado el derecho a recurrir en casación de forma sorpresiva, caprichosa, arbitraria y al margen de la ley, razón por la cual no se verifica la alegada violación al principio de seguridad jurídica.

8.3. En cuanto a la alegada violación del artículo 5, párrafo II, acápite c), de la Ley núm. 491-08 a la tutela judicial efectiva (artículo 69 de la Constitución)

8.3.1. La accionante invoca también una supuesta violación al artículo 69 de la Constitución, referente a la tutela judicial efectiva. Justifican su argumento en la alegada existencia de contravención al acceso a la justicia ante la limitante impuesta por la Ley 491-08, en su artículo 5, párrafo II, acápite c), al impedírsele incoar el recurso de casación. Agregan que si no existe una unidad de criterio en la impartición de justicia, que es lo que se procura con el recurso de casación, no puede hablarse de seguridad jurídica y, mucho menos, de una tutela judicial efectiva.

8.3.2. Conforme al artículo 69 de la Constitución dominicana, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela Judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. De ello se infiere que es el derecho de toda persona a acceder al sistema judicial y a obtener de los tribunales una decisión motivada, no consintiéndose el que por parte de éstas se pueda sufrir indefensión al no permitírseles ejercer las facultades que legalmente tienen reconocidas, como son todos y cada uno de los derechos consignados en el referido artículo 69.

TC/0489/15, numeral 8, 8.2.9–8.3.2, pág. 13 — PDF oficial

8.3.3. Como se aprecia, el derecho a la tutela judicial efectiva es un genuino derecho público subjetivo, o sea, de esos que se ejercen frente a los órganos del Estado, y más precisamente, sólo puede ser exigible frente a la actuación jurisdiccional, por cuanto quien invocare su violación deberá probar que el o los tribunales le ocasionaron indefensión.

8.3.4. En lo concerniente al alcance de la indicada garantía, cabe precisar que el principio de la tutela judicial efectiva puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aún cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreto. Este principio implica lógicamente un conjunto de garantías elementales en la tramitación de los procesos judiciales, las que han sido establecidas en el artículo 69 de la Constitución.

8.3.5. Dicho esto, cabría preguntarse si la accionante ha sido lesionada de parte de los tribunales del orden judicial a su derecho a la tutela judicial efectiva, al no encontrarse previsto en la legislación el recurso de casación contra las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado.

8.3.6. Sobre este aspecto debe destacarse que en su denuncia la accionante no ha podido probar que hubo actuación jurisdiccional alguna que le haya producido indefensión, entendida esta como la situación en que se deja a la parte litigante a la que se le niegan o limitan contra ley sus medios procesales de defensa. Por tanto, es en el proceso, en cuanto instrumento jurídico a través del cual se desarrolla la función jurisdiccional, donde se le causaría indefensión al justiciable o litigante.

TC/0489/15, numeral 8, 8.3.3–8.3.6, pág. 14 — PDF oficial

8.3.7. En sus alegatos inculpa a las disposiciones establecidas en la Ley núm. 491-08, ya referida, de limitar su capacidad procesal de acceder a una última instancia judicial que unifique la jurisprudencia nacional para salvaguardar sus pretensiones de derecho en una litis. Sin embargo, en su denuncia la accionante deja establecido que pudo exteriorizar sus pretensiones por ante dos instancias del sistema judicial, lo cual concuerda con el principio básico del doble grado de jurisdicción que impera en nuestro sistema jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.9 de la Constitución, derecho que, precisamente, es parte integrante del conjunto de garantías que configuran la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

8.3.8. Por consiguiente, convenimos en presumir que cada tribunal concurrido, actuando en observación de toda facultad legal reconocida, y sin que medie ninguna posibilidad de indefensión entre las partes, concluyó en una decisión definitiva, lo que nos lleva a desestimar el presente alegato

8.4. En cuanto a la alegada violación al principio de igualdad en la aplicación de la ley (artículo 39.3 de la Constitución)

8.4.1. El tercer supuesto planteado por el accionante es en relación con la violación al principio de la igualdad en la aplicación de la ley, contenida en el artículo 39.3 de la Constitución de la República. La limitación de acceso al recurso de casación estimula que la ley sea aplicada como dicta e interpreta la Suprema Corte de Justicia para algunos, y como dispongan las Cortes de Apelación para otros, en la medida que la condenación no supere la cuantía de admisibilidad. Bajo este razonamiento, la impetrante entiende que se viola el principio de igualdad en la aplicación de la ley.

TC/0489/15, numeral 8, 8.3.7–8.4.1, pág. 15 — PDF oficial

8.4.2. No obstante, el principio de igualdad en la aplicación de la ley en realidad impide que un mismo órgano modifique arbitrariamente sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que si pretende apartarse del precedente, debe de aportar justificación suficiente exponiendo las razones que le han conducido a cambiar de criterio. En la especie, los accionantes no han probado que los tribunales frente a la paridad de circunstancias y condiciones se les hayan dado un tratamiento desigual.

8.4.3. Además, ya este Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de referirse al principio de igualdad procesal en su sentencia TC0022/2012, del 21 de junio del 2012, en la cual dispuso: La igualdad procesal implica que al momento de conocer un determinado conflicto el proceso a seguir debe ser uniforme cuando se trate de la misma materia, sin importar las personas e instituciones que intervengan…, y no se viola dicho principio cuando el legislador, considerando la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, ha determinado en cuáles casos procede, como ocurre en la especie.

8.5. En cuanto a la alegada violación al principio de razonabilidad (artículo 40.15 de la Constitución). Acogimiento de la acción. Sentencia exhortativa y de inconstitucionalidad diferida

TC/0489/15, numeral 8, 8.4.2–8.5, pág. 16 — PDF oficial

8.5.1. La accionante arguye que la modificación realizada por la Ley núm. 491-08, en su artículo 5, Párrafo II, acápite c), se hizo sin observar la naturaleza de la casación. Más aún, que no se trata de una justificación objetiva y proporcional, ya que no hay una condición razonable entre el medio empleado y su propósito, cuestión que vulnera el artículo 40, numeral 15, de la Constitución. Agregan que cuando la Constitución dispone que el recurso puede ser hecho de conformidad con la ley, lo que puede hacer el legislador es modular el recurso, pero no suprimirlo o hacerlo de tal modo inviable que se desnaturalice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

8.5.2. Previo a examinar la alegada violación al principio de razonabilidad, conviene precisar que el recurso de casación es de naturaleza extraordinaria, lo que equivale decir que sólo procede en los casos expresamente determinados por la ley. Es la propia Constitución de la República en su artículo 154.2 la que establece como una atribución de la Suprema Corte de Justicia “Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley”. De modo que actualmente la determinación de las decisiones que pueden ser objeto de este recurso es materia legislativa y no constitucional. No puede exigirse al Tribunal Constitucional, que por vía de la acción directa se concedan recursos que el legislador no otorgó, cuando es del resorte de la competencia del legislador configurar tal recurso.

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.1–8.5.2, pág. 17 — PDF oficial

8.5.3. Para determinar si real y efectivamente el acápite c) del Párrafo II, del artículo 5, de la Ley núm. 491-08, violenta el principio de razonabilidad establecido en el artículo 40.15 de la Constitución, en tanto y cuanto se debe garantizar la accesibilidad al recurso de casación, se hace necesario, tal y como se recurre en el derecho internacional constitucional para determinar la razonabilidad de una norma legal, realizar un test de razonabilidad.

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.3, pág. 18 — PDF oficial

8.5.4. En ese sentido, el test de razonabilidad que ha adoptado este Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0044/12, por ser el instrumento convencionalmente más aceptado, es el desarrollado por la jurisprudencia colombiana, el cual dispone que: El test de razonabilidad sigue precisos pasos que le imprimen objetividad al análisis de constitucionalidad. Las jurisprudencias nacional, comparada e internacional desarrollan generalmente el test en tres pasos: 1. El análisis del fin buscado por la medida, 2. el análisis del medio empleado y 3. El análisis de la relación entre el medio y el fin. Cada uno de estos pasos busca absolver diversas preguntas, según se trate de un test estricto, intermedio o leve (…)El test leve se limita a establecer la legitimidad del fin y de la medida, debiendo ésta última ser, además, adecuada para alcanzar el fin buscado. En consecuencia, la Corte se limita cuando el test es leve, por una parte, a determinar si el fin buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos y, por otra, a establecer si el medio escogido es adecuado, esto es, idóneo para alcanzar el fin propuesto. Este es, por así decirlo, el punto de partida o de arranque en el análisis de la razonabilidad (…)De ahí que preguntarse qué se busca con una norma (análisis de la finalidad), cómo se va a lograr lo buscado (análisis del medio) y qué tan propicia es la medida para alcanzar lo buscado (análisis de la relación medio-fin), sean criterios elementales para determinar si la afectación de la igualdad, u otro derecho fundamental, es razonable y, por lo tanto, constitucional o arbitraria. 1

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.4, pág. 18 — PDF oficial

8.5.5. Aplicando el primer criterio de ese test de razonabilidad, esto es, el análisis del fin buscado, se puede inferir que la restricción impuesta en el acápite c), del Párrafo II, del artículo 5, de la Ley núm. 491-08, para interponer el recurso de casación, tiene por objeto evitar la práctica que imperaba de que el recurso de casación estaba siendo utilizado por los litigantes más que como un medio correctivo que permitiere garantizar la legalidad y constitucionalidad formal de los juicios llevados a cabo en el orden judicial, en un subterfugio que buscaba retardar la solución de los asuntos en perjuicio de otros que demandan mayor atención por la cuantía envuelta en los mismos o por la importancia doctrinal del caso, lo que ocasionaba un cúmulo de procesos que provocaba una vulneración al derecho de los ciudadanos de obtener una justicia oportuna.

8.5.6. En relación con el segundo criterio (análisis del medio), debemos precisar que en un primer término al disponer el numeral 9) del artículo 69 de la Constitución, que “toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley”, se le ha atribuido un carácter de legalidad al derecho de recurrir las decisiones judiciales, estando facultado el legislador de establecer las 1 Sent. C-673/01 de fecha 28 de junio del 2001; Corte Constitucional de Colombia condiciones y limitantes bajo las cuales se puede acceder a su ejercicio; en un segundo término el numeral 2), del artículo 154, de la Constitución, al disponer que la Suprema Corte de Justicia deberá “conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley”, crea la obligación de que el mismo sea admitido, en virtud del cumplimiento de las condicionantes que hayan sido establecida por el legislador a la hora de establecer la norma para regular su ejercicio, en atención a su naturaleza extraordinaria.

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.5–8.5.6, pág. 19 — PDF oficial

8.5.7. En lo relativo al tercer elemento del test (análisis de la relación medio- fin), el fin perseguido por el acápite c) del Párrafo II del artículo 5 de la Ley núm. 491-08 es la de crear un mecanismo utilizando la disponibilidad legal que le acredita al legislador el numeral 9) del artículo 69 y el numeral 2) del artículo 154 de la Constitución, que permita que la Suprema Corte de Justicia no sufra demora en el ejercicio de sus funcionen de garantizar la legalidad y constitucionalidad formal en los procesos civiles, buscándose que ésta sea únicamente apoderada de los casos que ameriten de su atención 2 , y no de aquellos que no merezcan ser sometidos al examen de su control. Se traduce en un mecanismo compensador para evitar la sobreutilización y colapso del sistema.

8.5.8. Sin embargo, habría que poner en la balanza ese descongestionamiento de la carga laboral de la Suprema Corte de Justicia, junto a la posibilidad de brindar un servicio de justicia más eficiente, con la imposibilidad de dejar exentos del control casacional numerosos asuntos que generen controversias jurídicas nuevas o que entren en contradicción con la "vieja" jurisprudencia, fundamentalmente porque las normas se interpreten, entre otros criterios, según "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas". En tales 2 "De minimis non curat praetor" o de minimis no lex curat”, expresión latina que significa que la ley no está interesada en asuntos menores. supuestos, los asuntos ameritarían la atención de la Suprema Corte de Justicia, independientemente de que no envuelva el monto de la cuantía establecida.

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.7–8.5.8, pág. 20 — PDF oficial

8.5.9. De hecho, la Suprema Corte de Justicia ha reconocido la existencia de determinadas circunstancias que harían necesaria la intervención casacional, a pesar de la existencia expresa de prohibición en ese sentido. En la Sentencia núm. 242, del 27 de mayo del 2015, el referido órgano judicial estableció…que no obstante, esta Corte de Casación, admite la jurisprudencia pacífica que aun esté prohibido el recurso de casación, será admisible si la sentencia impugnada contiene una violación a la Constitución, o se incurre en violación al derecho de defensa, un error grosero, abuso de derecho o exceso de poder.

8.5.10. Este Tribunal Constitucional sustenta el criterio de que ciertamente el recurso de casación es de configuración legislativa, de naturaleza extraordinaria y que, por tanto, no posee un carácter universal, pues tal cosa degeneraría en una saturación de la Suprema Corte de Justicia que terminaría creando retrasos difíciles de justificar, como en efecto ocurría antes de la modificación de la Ley de Procedimiento de Casación del año 2008. No obstante, la limitación al acceso al recurso de casación considerando únicamente el monto de la cuantía de la condenación que envuelva el asunto, ha tenido por efecto colateral, impedir que asuntos que puedan envolver un interés casacional, no pasen por el tamiz del importante recurso, despejando las dudas interpretativas que puedan suscitarse en la aplicación del derecho y que la Suprema Corte de Justicia lleve a cabo una labor de unificación de doctrina en cuestiones jurídicas controvertidas, lo cual resulta irrazonable a la hora de analizar la relación medio-fin del test de razonabilidad.

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.9–8.5.10, pág. 21 — PDF oficial

8.5.11. Es por lo antes expuesto, que se precisa buscar un punto de equilibrio entre el descongestionamiento de la carga laboral de Suprema Corte de Justicia y el necesario acceso al recurso de casación de aquellos asuntos que revistan interés casacional, creando por la vía legislativa un sistema de casación que resulte verdaderamente compensable, y que al mismo tiempo de impedir que se acuda a su interposición con fines dilatorios, restringiendo el acceso automático por razón de la cuantía, permita una vía alternativa con base en el interés casacional, autorizándose a la referida Alta Corte a conocer aquellos asuntos que por su trascendencia jurídica o por la ausencia de jurisprudencia constituyan una ocasión adecuada para la fijación de una concreta doctrina.

8.5.12. Así las cosas, este Tribunal Constitucional considera que han de ser adoptados los recaudos legislativos correspondientes, para que se optimice el recurso de casación, por cuanto resultaría más equilibrado un modelo en el que, con independencia de que exista un límite general que restrinja por su cuantía los asuntos que acceden a la Corte Suprema, aunque 200 salarios es un monto exorbitante, se abra una vía alternativa con base en el interés casacional, que como ya se ha indicado, permita a la Suprema Corte de Justicia apreciar ese interés en los asuntos tramitados por razón de la cuantía cuando esta fuese inferior, sino también cuando la supere, dado que habrán casos que accederían automáticamente al recurso por el monto, pero sobre los cuales existen pronunciamientos consolidados del Alto Tribunal.

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.11–8.5.12, pág. 22 — PDF oficial

8.5.13. En virtud del test de razonabilidad que hemos realizado, podemos deducir que la descongestión judicial y la celeridad son las razones que han impulsado al legislador para condicionar el ejercicio del recurso de casación, lo cual no compensa los problemas colaterales que han surgido a raíz de la última modificación a la Ley de Casación, lo cual no resulta acorde con el principio de razonabilidad e imperativamente demanda que este Tribunal Constitucional dicte una sentencia interpretativa-exhortativa, en virtud del artículo 47 de la Ley núm. 137-11, observando y respetando las facultades que se conceden al Congreso Nacional en la Constitución de la República, muy especialmente la dispuesta por el artículo 93.q) que dispone que le compete “Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución”.

8.5.14. En ese sentido, se adoptarán los recaudos para que después del pronunciamiento de la presente decisión, el vencimiento del plazo para la emisión de la normativa reparadora tiene como consecuencia la nulidad del acápite c), párrafo II, artículo 5, de la Ley 491-08. De ahí que concede al Congreso Nacional un plazo de un (1) año, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a fin de que legisle en orden a posibilitar que la Suprema Corte de Justicia, previa comprobación del interés casacional, admita y conozca del recurso de casación aun cuando el asunto no supere la cuantía mínima que sea fijada y que para atender al principio de razonabilidad, debe ser menor a los 200 salarios mínimos. Al mismo tiempo, que se faculte al indicado tribunal para limitar que pueda acudirse a su interposición con fines dilatorios, restringiendo el acceso automático por razón de la cuantía cuando su interposición, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, carezca de trascendencia jurídica.

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.13–8.5.14, pág. 22 — PDF oficial

8.5.15. La sentencia a intervenir, además de exhortativa, será de inconstitucionalidad diferida o de constitucionalidad temporal, por cuanto se ha considerado que la anulación de la disposición legal atacada generaría una situación muy compleja a la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la expondría a un caos por la carga de trabajo que se generaría, lo cual afectaría también la calidad de la justicia servida. Tal y como este Tribunal expresó en su Sentencia TC/0158/13, del doce (12) del mes de septiembre de dos mil trece (2013): Lo que se trata de evitar es que como consecuencia de un fallo de anulación, se genere una situación aún más perjudicial que la que está produciendo la situación inconstitucional impugnada. Esto permite lo que la jurisprudencia alemana ha llamado “una afable transición” de la declarada situación de inconstitucionalidad al estado de normalidad.

8.5.16. En virtud de las consideraciones antes señaladas, se EXHORTA al Congreso Nacional, por iniciativa propia o de la Suprema Corte de Justicia 3 , a legislar en lo relativo a los supuestos de admisión del recurso de casación conforme al interés casacional, siguiendo los criterios que se establecen en la presente sentencia, a fin de que los mismos sean acordes con el principio de razonabilidad, establecido en el artículo 40.15 de la Constitución.

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.15–8.5.16, pág. 23 — PDF oficial

8.5.17. No obstante lo anterior, este Tribunal reitera que la casación es un recurso extraordinario, que además de resguardar el cumplimiento de la legalidad y constitucionalidad de los procesos, su objetivo es la unificación de la jurisprudencia nacional. También, se desprende de la Teoría General del Proceso que la delimitación del ámbito de las decisiones recurribles en casación se hace a través de la combinación de diversos criterios, como lo son la clase de sentencia, el órgano del cual emana y el tipo de proceso. El límite cuantitativo objetivamente determinado por la ley, es un criterio que se utiliza en muchos otros ordenamientos jurídicos, como se observa en el siguiente cuadro: Países que Limitan el Ejercicio del Recurso de Casación en Materia Civil 3 Ver Art. 96.3 de la Constitución. Régimen Jurídico de la Casación en otros países Venezuela Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de mayo del 2010. Cuantía Artículo 86. El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala a la que corresponda, los recursos de casación cuando la cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), sin perjuicio de lo que dispongan las normas procesales en vigor. Costa Rica Artículo 591 del Código de Procedimiento Civil.- Procedencia. El recurso de casación procederá contra las siguientes resoluciones: 1) Contra las sentencias y autos con carácter de sentencia enumeradas en los incisos 3) y 4) del artículo 153, dictados por los tribunales superiores civiles en procesos ordinarios o abreviados, conforme con la cuantía que para este recurso establezca la Corte Plena 4 , o cuya cuantía sea inestimable. Uruguay El artículo 269 del Código General de Proceso establecía: “Artículo 269. Improcedencia. No procede el recurso de casación: 3) Contra las sentencias recaídas en asuntos cuyo monto no superare un importe equivalente a 1.500 Unidades Reajustables”.

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.17, pág. 24 — PDF oficial

El artículo 38 de la ley 17.243 sustituye el numeral 3) de la norma anteriormente citada por el siguiente: 4 La Corte Plena de Costa Rica en sesión No. 38-13, celebrada el 9 de septiembre de 2013, acordó aumentar el monto de la cuantía para el conocimiento de los recursos de casación en lo que respecta a la materia civil. Dicho monto se estableció en $3,000,000.00 (tres millones de colones exactos). Ver Circular No 175-2013. Países que Limitan el Ejercicio del Recurso de Casación en Materia Civil Régimen Jurídico de la Casación en otros países “3) Contra las sentencias recaídas en asuntos cuyo monto no supere el importe equivalente a 4.000 Unidades Reajustables”. España Artículo 477 Ley de Enjuiciamiento Civil. Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en casación. “…2. Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros. 3. Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional”. Francia Artículo 605 del Código de Procedimiento Civil. En primer lugar, sólo puede interponerse recurso de casación frente a resoluciones dictadas en última instancia , lo que comprende las sentencias del tribunal de apelación y las resoluciones de primera instancia pronunciadas en primera y última instancia, y por lo tanto cuya cuantía sea inferior a 4000 euros 5 . Alemania En las controversias jurídicas sobre pretensiones patrimoniales procede la casación cuando la cuantía del agravio supera los 20,000.00 euros 6 .

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.17, pág. 24 — PDF oficial

8.5.18. De lo anterior se desprende que la norma acusada instituye una específica cuantía como requisito de admisión, la cual se ajusta enteramente a 5 LOÏC CADIET. EL SISTEMA DE LA CASACIÓN FRANCESA. Membre de l’Institut Universitaire de France, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Traducido por Fernando Gascón Inchausti y Clara Fernández Carron. 6 Párrafo 26, numeral 8, de la Ley Introductoria de la Ordenanza Procesal Civil Alemana, del 25 de abril del 2006. Cabe precisar que en Alemania sólo se designa como “artículo”, a las disposiciones contenidas en la Constitución. Para las disposiciones de rango inferior se utiliza el término “párrafo”. un criterio general, abstracto e impersonal, como el del valor actual de la resolución desfavorable al recurrente: que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso. Ahora bien, el fin perseguido con la norma no compensa el menoscabo que afecta la función institucional de la casación en nuestro ordenamiento, lo cual impide que la casación cumpla con su finalidad de reforzar el carácter nomofiláctico del recurso 7 , debido a lo excesivo del referido monto.

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.18, pág. 26 — PDF oficial

8.5.19. Por tanto, si bien este Tribunal Constitucional aprueba que la cuantía mínima, mejor conocida en doctrina como summa cassationis, es de configuración legislativa 8 , tal cosa también ha de permitir la optimización del recurso de casación, de tal suerte que no todos los casos lleguen a la Suprema Corte de Justicia, pero sí se precisa crear un sistema más equilibrado que permita que, con independencia de que exista un límite general que restrinja por su cuantía los asuntos que acceden a la Suprema Corte, se abra una vía alternativa con base en el interés casacional que autorice a dicho órgano judicial a conocer aquellos asuntos que por su trascendencia jurídica o por la ausencia de jurisprudencia constituyan una ocasión adecuada para la fijación de una concreta doctrina.

TC/0489/15, numeral 8, 8.5.19, pág. 27 — PDF oficial

9. En cuanto a la solicitud del efecto retroactivo de la declaratoria en

inconstitucionalidad

9.1. Finalmente, la accionante procura que a través de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley objetada, el Tribunal Constitucional disponga, de manera excepcional, la retroactividad de la sentencia a intervenir, de 7 Cremades Schulz, Miguel y Otros. Reflexiones en torno al futuro de la casación contencioso-administrativa y su especial incidencia en el ámbito tributario. Revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez / 29-2011. 8 Cf. Sentencia TC/0270/13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana del 20 de diciembre 2013. P. 8-11. conformidad con el art. 48 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

9.2. En síntesis, solicitan graduar excepcionalmente con efectos retroactivos la declaratoria de inconstitucionalidad, conforme dicta el artículo 48 antes indicado, de manera que EDESUR pueda interponer en plazo hábil el recurso de casación en contra de las Sentencias Nos. 319-2011-00095, 319-2011- 00096, 319-2011-00097 y 319-2011-00098, dictadas por la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana.

TC/0489/15, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 27 — PDF oficial

9.3. Este tribunal sostiene que al tratarse de una sentencia interpretativa- exhortativa y de constitucionalidad diferida, sus efectos no son inmediatos, sino hasta después de transcurrido el plazo que en la presente sentencia se dispone para que el Congreso Nacional dicte la norma que exhortamos. Además, este Tribunal ha de ser cauteloso al momento de graduar los efectos de sus sentencias, por cuanto la regla es que la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma produce efectos inmediatos y para el porvenir, máxime cuando no habría manera de justificar la situación de desigualdad y caos que se generaría, al permitirle al accionante recurrir en casación ante la declaratoria de inconstitucionalidad de que se trata, y no hacerlo respecto de todos aquellos cuyos recursos fueren declarados inadmisibles por esa causa, o bien estuvieren en curso por ante la Suprema Corte de Justicia, razón que conlleva al rechazo de la petición. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Jottin Cury David en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Constan en acta los votos disidentes de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Víctor Joaquín Castellanos Pizanos, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas el Tribunal Constitucional

TC/0489/15, numeral 9, 9.3, pág. 28 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la presente acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad incoada por la entidad EDESUR DOMINICANA, S.A., contra el artículo 5, Párrafo II, acápite c), de la Ley núm. 491-08, que modifica los artículos 5, 12, y 20 de la Ley núm. 3726, de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 845, de 1978.

SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGER la presente acción de inconstitucionalidad y DECLARAR no conforme con la Constitución de la República el artículo 5, Párrafo II, acápite c), de la Ley núm. 491-08, que modifica los artículos 5, 12, y 20 de la Ley núm. 3726, de 1953, sobre Procedimiento de Casación, por contravenir el artículo 40.15 de la Constitución de la República.

TERCERO: DIFERIR los efectos de la inconstitucionalidad decretada por esta sentencia por el término de un (1) año contado a partir de su notificación, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de la misma.

CUARTO: EXHORTAR al Congreso Nacional para que en un plazo no mayor de un (1) año, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, legisle en torno a un régimen casacional más equilibrado, que permita, con independencia de que exista un límite general que debe ser menor al actual, delimitar por su cuantía los asuntos que acceden a la Suprema Corte, que se abra una vía alternativa con base en el interés casacional, facultando a dicho órgano judicial a conocer aquellos asuntos que, por su trascendencia jurídica o por la ausencia de jurisprudencia, constituyan una ocasión adecuada para la fijación de una concreta doctrina.

QUINTO: Si al vencimiento del plazo consignado en el ordinal TERCERO del dispositivo de la presente sentencia el Congreso Nacional no ha dictado la legislación correspondiente, el artículo 5, Párrafo II, acápite c), de la Ley núm. 491-08, devendrá inconstitucional con todos sus efectos.

SEXTO: DISPONER la notificación de la presente sentencia, por secretaría, a la parte accionante, la razón social EDESUR DOMINICANA, S.A., al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y al magistrado procurador general de la República, para los fines que corresponden.

SEPTIMO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

OCTAVO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0489/15, del 6 de noviembre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0489-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.