Sentencia TC/0010/12
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 2 de mayo de 2012
Recurso de revisión de amparo. Recurrentes: Procuraduría General de la República y Ministerio de Interior y Policía. Recurrido: señor José Alfredo Montás Villavicencio.
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Derecho de propiedad · Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0010/12?
El recurso tiene especial trascendencia constitucional porque exige definir el alcance del derecho de propiedad sobre un arma de fuego, cuestión sobre la cual el Tribunal no había sentado jurisprudencia. Aunque la propiedad es un derecho fundamental, la posesión y el uso de armas de fuego están sujetos a licencia por el riesgo que entrañan para la seguridad nacional, la integridad personal y la vida. Para que la facultad de revocación prevista en el artículo 27 de la Ley núm. 36 sea conforme a la Constitución, el Ministerio de Interior y Policía debe exponer motivos razonables y por escrito. En este caso, la revocación fue injustificada porque desconoció la presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que procedía restablecer la vigencia de la licencia hasta que se dictara sentencia definitiva e irrevocable (TC/0010/12, consideraciones, b–c, pág. 11; TC/0010/12, consideraciones, a–c, pág. 11; TC/0010/12, consideraciones, d–f, pág. 12).
La revocación de la licencia y la incautación del arma merecen un trato distinto. Ante una denuncia o querella por violencia intrafamiliar, el riesgo para la vida de la denunciante justifica mantener incautada el arma hasta que se dicte una sentencia irrevocable. Si se prueba la imputación, la incautación se vuelve definitiva; de lo contrario, procede la devolución. En este caso, la conciliación y el cumplimiento del programa terapéutico no pusieron fin al proceso penal, pues este podía reabrirse si el imputado incumplía sin justa causa lo pactado. Por ello, procedía mantener la incautación y rechazar la devolución del arma (TC/0010/12, consideraciones, g–i, pág. 13; TC/0010/12, consideraciones, j–l, pág. 14).
Decisión
Acoge el recurso de revisión en cuanto a la forma y parcialmente en cuanto al fondo, revoca los ordinales primero a cuarto de la sentencia recurrida y confirma los ordinales quinto y séptimo. Rechaza el amparo respecto de la devolución del arma, lo acoge respecto de la revocación de la licencia y otorga al Ministerio de Interior y Policía treinta días para emitirla nuevamente.
Citas textuales clave
“el Ministerio de Interior y Policía, debe dar motivos razonables y por escrito cuando revoca una licencia de porte y tenencia de arma de fuego.” (TC/0010/12, consideraciones, d–f, pág. 12)
“En caso de probarse la imputación, la incautación devendrá definitiva, y, en la hipótesis contraria, el arma de fuego deberá ser devuelta.” (TC/0010/12, consideraciones, g–i, pág. 13)
“En tal circunstancia, es razonable y correcto que el Ministerio Público mantenga la incautación del arma de fuego hasta que el proceso penal de referencia termine con una sentencia definitiva e irrevocable.” (TC/0010/12, consideraciones, j–l, pág. 14)
Normas interpretadas
Constitución, artículos 42.2, 51, 72 (in fine) y 185; Ley núm. 137-11, artículos 7, 66, 94 y 100; Ley núm. 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, artículo 27; Código Procesal Penal, artículo 39; Ley núm. 24/97, sin indicación de artículo. El Tribunal también aplica el artículo 7, letras c y d, de la Convención de Belém do Pará.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12. También se invoca una sentencia del Tribunal Constitucional Español del 25 de septiembre de 2009, sin indicar su número.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
Consideraciones y fundamentos
CONSTITUCIONAL. 7.- Síntesis del conflicto Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes en la especie, se trata de que el Ministerio Público del Distrito Nacional y el Ministerio de Interior y Policía se han negado a devolver al recurrido, señor José Alfredo Montás Villavicencio, la pistola descrita anteriormente, la cual fue entregada voluntariamente en ocasión del conocimiento de una denuncia por violencia intrafamiliar, hecha por la señora Aura Durán Ramírez de Montás, en su condición de esposa del indicado señor José Alfredo Montás Villavicencio. 8.- Competencia Este Tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de revisión sobre la sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 185 de la Constitución y 94 de la referida Ley No.137-11. 9.- Admisibilidad del presente recurso de revisión Antes de entrar en los aspectos de fondo, es de rigor procesal determinar si el presente recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 por la ley que rige la materia. En este sentido:
a) El referido artículo establece que: “Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se demuestre la especial transcendencia o relevancia constitucional del caso”.
b) La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, razón por la cual este tribunal, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Español, en particular la que se desarrolla en la sentencia dictada el 25 de septiembre del 2009, fijó su posición al respecto en la Sentencia TC/0007/12, dictada el 22 de marzo del 2012, con diez votos favorables y tres votos disidentes.
c) Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que la solución del conflicto planteado supone definir el alcance y contenido del derecho de propiedad que tiene una persona que adquiere un arma de fuego, tema en relación al cual el Tribunal Constitucional no ha sentado jurisprudencia. 10. -El fondo del presente recurso de revisión constitucional En lo que se refiere al fondo del recurso de revisión constitucional, el Tribunal procederá a determinar el alcance y contenido del derecho que tiene una persona que adquiere un arma de fuego; e igualmente, establecerá tanto la procedencia de la revocación de las referidas licencias como la de la incautación del arma de fuego anteriormente descrita.
a) El derecho de propiedad está reconocido por el artículo 51 de la Constitución de la República como un derecho patrimonial fundamental. Sin embargo, cuando dicho derecho recae sobre un arma de fuego, como ocurre en la especie, su ejercicio está condicionado y limitado, por tratarse de un instrumento susceptible de poner en riesgo la seguridad nacional, la integridad personal y el derecho a la vida. Dichas limitaciones están establecidas en una ley especial y de orden público, como lo es la Ley No. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, de fecha 18 de octubre de 1965.
b) En efecto, si bien el comercio de las armas de fuego es lícito y en consecuencia pueden adquirirse en los establecimientos legalmente autorizados, para poseerla y usarla, es necesario estar provisto de una licencia expedida por el Ministerio de Interior y Policía, conforme a las condiciones previstas en la referida Ley No. 36. En ese sentido, la falta de obtención de dicha licencia o la revocación de ésta implica considerables restricciones a dicho derecho. En este orden de ideas, resulta evidente que el tribunal que dictó la sentencia recurrida incurrió en un error al no advertir las limitaciones y condicionamientos a que está sometido el referido derecho.
c) Dado el riesgo que supone para la sociedad la tenencia y porte de armas por particulares, el Estado, a través del Ministerio de Interior y Policía se ha reservado el derecho de otorgar y revocar las referidas licencias. Dicha facultad la ejerce el indicado ministerio en virtud de lo que establece el artículo 27 de la citada ley que prescribe lo siguiente: “Las licencias que hayan sido expedidas a particulares para el porte o tenencia de armas, podrán ser revocadas en cualquier tiempo por el Ministro de lo Interior y Policía...”.
d) Como se advierte, el legislador no establece requisitos para que el Ministerio de Interior y Policía revoque las referidas licencias, lo cual deja abierta la posibilidad de que dicha facultad sea ejercida de manera arbitraria. En este orden, el Tribunal considera que para que el mencionado texto legal sea conforme a la Constitución, el mismo debe interpretarse en el sentido de que el Ministerio de Interior y Policía, debe dar motivos razonables y por escrito cuando revoca una licencia de porte y tenencia de arma de fuego.
e) En la especie ha quedado demostrado de manera fehaciente que contra el señor José Alfredo Montás Villavicencio existió un sometimiento judicial por violencia intrafamiliar; y que, igualmente, contra dicho señor se dictó una orden de protección. Ante tal situación, el Ministerio de Interior y Policía procedió a revocar la licencia que le había otorgado, según consta en el oficio No. 008328, de fecha 28 octubre del 2011.
f) El Tribunal Constitucional estima que la referida revocación es injustificada porque desconoce el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, en perjuicio del recurrido, señor José Alfredo Montás Villavicencio, y en este sentido ordenará que se restablezca la vigencia de la licencia revocada, hasta que se dicte sentencia definitiva e irrevocable en relación a la denuncia por violencia intrafamiliar.
g) Sin embargo, el hecho cierto e innegable de los preocupantes índices de violencia intrafamiliar y de uxoricidios (muerte causada a la mujer por su marido) de que adolece la sociedad dominicana justifica que, ante una denuncia o querella, el Ministerio de Interior y Policía o el Ministerio Público incaute cualquier arma de fuego que posea un imputado hasta que sea dictada una sentencia con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, ya que de no tomarse esta decisión se deja abierta la posibilidad de que la esposa denunciante o querellante pierda la vida, como ha ocurrido en otros casos. En caso de probarse la imputación, la incautación devendrá definitiva, y, en la hipótesis contraria, el arma de fuego deberá ser devuelta.
h) En este contexto, el artículo 7, letras c y d, de la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para, 1994) impuso a los Estados suscribientes, como la República Dominicana, la obligación de adoptar medidas administrativas de cualquier índole tendentes a proteger la mujer; norma que, en cuanto a esto último, se corresponde con el artículo 42.2 de la Constitución de la República, y con la Ley No. 24/97 que sanciona la violencia intrafamiliar, entre otros tipos penales.
i) En lo que concierne a la negativa del Ministerio Público a devolver la referida arma de fuego, el recurrido alega que tal actitud es arbitraria, en razón de que llegó a un acuerdo con su esposa y cumplió con su obligación de someterse al proceso de terapia familiar que se indica en el mismo. Y, ciertamente, conforme a la documentación descrita anteriormente, en fecha 11 de marzo del 2011, las partes formalizaron dicho acuerdo, un aspecto del cual fue cumplido por el recurrido al haber concluido el Programa Terapéutico en el Centro Conductual para Hombres.
j) Resulta, además, que en el acta de conciliación de los esposos en conflicto consta la obligación de no agredirse, de respetarse y de vivir en un ambiente de armonía; obligación que no se ejecuta en un momento determinado, sino que se supone debe mantenerse durante todo el tiempo que dure una relación matrimonial o consensual.
k) A lo anterior, debemos agregar que en el ordinal sexto del acta de conciliación se establece que la violación del referido acuerdo “generará la puesta en movimiento de la acción pública, en virtud de lo que establece el artículo 39 del Código Procesal Penal”. Y, en efecto, según dicho texto el proceso penal se continúa como si no hubiera habido conciliación, cuando el imputado incumple lo pactado sin justa causa.
l) De lo expuesto anteriormente resulta que, contrario a lo alegado por el recurrido, el proceso penal de referencia no ha culminado, ya que el mismo puede ser reabierto si se produjera una violación al indicado acuerdo. En tal circunstancia, es razonable y correcto que el Ministerio Público mantenga la incautación del arma de fuego hasta que el proceso penal de referencia termine con una sentencia definitiva e irrevocable. Por las razones expuestas anteriormente procede revocar parcialmente la sentencia objeto del recurso que nos ocupa y acoger la acción de amparo en lo que respecta a la revocación de las referidas licencias, no así en lo concerniente a la devolución del arma de fuego. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional.
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ACOGER, en cuanto a la forma, el recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía contra la sentencia No. 038-2011-01807, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de diciembre de dos mil once (2011).
SEGUNDO: ACOGER parcialmente, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia: A) revocar los ordinales primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia recurrida; y B) confirmar los ordinales quinto y séptimo de la misma.
TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por el señor José Alfredo Montás Villavicencio contra la Procuraduría Fiscal de Distrito Nacional, en lo que respecta a la devolución de la referida arma de fuego, y acoger dicha acción en lo concerniente a la revocación de la indicada licencia.
CUARTO: OTORGAR un plazo de treinta (30) días al Ministerio de Interior y Policía para que proceda a emitir nuevamente la licencia de porte y tenencia de arma de fuego que fue cancelada injustificadamente mediante el oficio No. 008326, de fecha 28 de octubre del 2011.
QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a las partes recurrentes, Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía, así como al recurrido, señor José Alfredo Montás Villavicencio.
SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7 y 66 de la referida Ley No.137-11.
SEPTIMO: DISPONER la publicación de esta sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0010/12, del 2 de mayo de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0010-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.