Sentencia TC/0011/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 14 de enero de 2014 · Expediente TC-05-2012-0090

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Oficina Nacional de Defensa Pública, contra la Sentencia núm. 082-2012, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha veinte (20) de junio de dos mil doce (2012).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0011/14?

El recurso presenta especial trascendencia constitucional porque permite precisar el alcance de la tutela judicial efectiva y del debido proceso en un procedimiento disciplinario administrativo que culminó con la destitución de una servidora pública sin que estuviera presente ni representada por un abogado (TC/0011/14, numeral 9, a–c, pág. 9). El artículo 74 de la Ley núm. 277-04 permite continuar el procedimiento si la incomparecencia es injustificada, no por el solo hecho de que la persona haya sido citada. La defensora pública compareció y luego se retiró por una afección de salud acreditada mediante certificado médico. Ante esa ausencia justificada, correspondía suspender la audiencia hasta que pudiera asumir su defensa, pues las garantías del artículo 69.10 de la Constitución, incluida la asistencia técnica oportuna, rigen también en las actuaciones disciplinarias administrativas (TC/0011/14, numeral 10, d–e, pág. 12; TC/0011/14, numeral 10, f–g, pág. 12; TC/0011/14, numeral 10, h–j, pág. 13; TC/0011/14, numeral 10, l–n, pág. 15).

El Tribunal computó el plazo de sesenta días para interponer el amparo desde la decisión que ratificó la sanción en apelación, no desde la destitución inicial, y concluyó que habían transcurrido cuarenta y seis días. También coincidió con el juez de amparo en que la vulneración era continua. Consideró el amparo una vía idónea y efectiva para proteger los derechos de la defensora y estimó que, al retrotraerse el procedimiento, debía conocerlo un superior jerárquico distinto del que conoció el caso, a fin de garantizar la imparcialidad (TC/0011/14, numeral 10, o–q, pág. 16; TC/0011/14, numeral 10, r–u, pág. 16; TC/0011/14, numeral 10, v–y, pág. 17).

Decisión

Admite el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma íntegramente la Sentencia núm. 82-2011 de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo. Otorga a la Oficina Nacional de la Defensa Pública treinta días calendarios desde la notificación para cumplir la sentencia, declara el recurso libre de costas y ordena comunicar y publicar la decisión.

Citas textuales clave

“este jamás puede darse menoscabando las normas constitucionales ni en desmedro del debido proceso” (TC/0011/14, numeral 10, f–g, pág. 12).
“Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” (TC/0011/14, numeral 10, v–y, pág. 17).
“De ahí que para que dicho proceso se retrotraiga de manera justa, es menester un superior jerárquico distinto a aquel que conoció el caso.” (TC/0011/14, numeral 10, v–y, pág. 17).

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 38, 69 (en particular, numeral 10) y 72, in fine.

Ley núm. 277-04: artículo 74.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 70.2, 81.3 y 100.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

El presente caso se contrae al hecho de que la defensora pública, doctora Luisa Testamark de la Cruz, fue sometida a un proceso disciplinario por supuestamente incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La misma fue acusada de violar los artículos 2, 7, 29.1, 41, 42, 39.2, 60.7, y 61.3 de la Ley núm. 277-04, sobre el Servicio Nacional de Defensa Pública, de fecha doce (12) de agosto de dos mil cuatro (2004), así como los artículos 5, 7, 11, 21, 27 y 29 del Código de Comportamiento Ético. En tal sentido, la Oficina Nacional de Defensa Pública dictó la Resolución núm. 001-2012, de fecha veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012), mediante la cual se desvinculó del cargo a la ahora parte recurrida, doctora Luisa Testamark de la Cruz, quien, no conforme con dicha decisión, accionó en amparo el veintitrés (23) de abril de dos mil doce (2012), por entender que se le conculcaron derechos fundamentales. Por su parte, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción, motivo por el cual la ahora parte recurrente, Oficina Nacional de Defensa Pública, incoó, en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil doce (2012), el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo.

TC/0011/14, numeral 7, pág. 8 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en

materia de amparo El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo resulta admisible por las siguientes razones:

a) La admisibilidad de los recursos de revisión constitucional en materia de amparo se encuentra establecida en el artículo 100 de la Ley núm.137-11, que de manera taxativa y específica lo sujeta: (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

b) Este tribunal fijó criterio con respecto a la especial trascendencia y relevancia constitucional en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).

c) Luego de ponderar los documentos del expediente que nos ocupa y apreciar las circunstancias que le rodean, hemos podido establecer la especial trascendencia y relevancia constitucional que entraña el mismo, pues el conocimiento del recurso de revisión constitucional en materia de amparo permitirá al Tribunal Constitucional profundizar acerca de los alcances y la importancia del cumplimiento de las garantías fundamentales de tutela efectiva y del debido proceso, en relación con un servidor público objeto de una acción disciplinaria en el ámbito administrativo que culminó con su desvinculación sin haber estado presente ni representado por un abogado.

TC/0011/14, numeral 9, a–c, pág. 9 — PDF oficial

10. Sobre el presente recurso de revisión constitucional en materia de

amparo Con respecto al recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa formulamos los siguientes razonamientos:

a) La parte recurrente pretende que el Tribunal Constitucional revoque en todas sus partes la Sentencia núm. 82-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha veinte (20) de junio de dos mil doce (2012), por considerar que la misma es contraria a la Constitución y al derecho, por violentar precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional y por hacer una interpretación incorrecta del régimen constitucional del debido proceso administrativo.

b) En ese sentido, la Oficina Nacional de Defensa Pública argumenta que el juez de amparo no tomó en cuenta lo que dispone el artículo 138, numeral 2, de la Constitución de la República, el cual que reza: “el procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos administrativos, garantizando la audiencia de las personas interesadas, con las excepciones que establezca la ley”.

c) En cuanto a las audiencias disciplinarias de la Oficina Nacional de Defensa Pública, el artículo 74 de la Ley núm. 277-04, que la instituye, establece lo siguiente: En la audiencia de juicio, que debe realizarse en un plazo no menor de seis ni mayor de veinte días, se produce la prueba de cargo y de descargo y se escucha a los comparecientes. El defensor público puede ser asistido por su abogado defensor. El Superior jerárquico competente, luego de recibir y analizar la prueba, dicta en la misma audiencia la resolución correspondiente con imposición de costas. Si en la audiencia no se incorporan otros medios de prueba, o el imputado injustificadamente no comparece, el superior jerárquico competente decide sobre la base de los hechos constatados y elementos de prueba que acompañan al informe o a la denuncia.

TC/0011/14, numeral 10, a–c, pág. 10 — PDF oficial

d) La excepción establecida en la Ley núm. 277-04 es que si el defensor público, objeto de juicio ante el Tribunal Disciplinario, no comparece sin justificación, esta instancia de la Oficina Nacional de Defensa Pública podría continuar el proceso con las pruebas y hechos constatados.

e) En el caso que nos ocupa, la parte recurrida compareció a la audiencia celebrada por el Tribunal Disciplinario y luego tuvo que abandonar la misma por experimentar síntomas de afectación de su salud, cuestión que se evidenció y posteriormente se comprobó con la presentación del correspondiente certificado médico, librado por la doctora Sonia Tejeda, titular del exequátur núm. 341-11, médico que cubría el área de emergencia de la Clínica Dr. Abel González, en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012), el cual fue depositado en esa misma fecha en la Oficina Nacional de Defensa Pública. El referido reporte médico no fue tomado en consideración por ésta oficina y la parte recurrida, Luisa Testamark de la Cruz, fue sancionada con la destitución del cargo de defensora pública, mediante la precitada resolución disciplinaria núm. 001/2012, sin estar presente y sin contar con la posibilidad de estar representada por un abogado.

TC/0011/14, numeral 10, d–e, pág. 12 — PDF oficial

f) El hecho de que la misma se ausentara y brindara un informe médico posterior justificaba su ausencia al momento del juicio, cuestión que fue argumentada por el tribunal de amparo, no constituyendo eso, como alega la parte recurrente, que el debido proceso administrativo se haya desnaturalizado y que se haya obstruido la facultad sancionadora de la Administración Pública, pues este tribunal considera que si bien es cierto que la Ley núm. 277-04, en su artículo 74, prevé las condiciones en las cuales puede desarrollarse el procedimiento disciplinario de los defensores públicos, no es menos cierto que este jamás puede darse menoscabando las normas constitucionales ni en desmedro del debido proceso.

g) En el indicado aspecto, la parte recurrente hace una consideración errónea del artículo 74 de la Ley núm. 277-04, al establecer que dicho texto legal permite que se emitan decisiones disciplinarias sin la presencia de la persona objeto de juicio. Se pretende así equiparar el contenido y alcance del artículo 81, numeral 3, de la Ley Orgánica núm. 137-11 en cuanto a que no es necesaria la comparecencia de una parte y basta con que la misma haya sido legalmente citada; sin embargo, en este caso en particular existe una causa justificativa de la incomparecencia , toda vez que la parte recurrida, Luisa Testamark de la Cruz, estuvo presente en la audiencia, ofreció sus calidades y se ausentó durante el proceso por una situación médica que se suscitó y que fue corroborada por un médico, cuestión que debió resultar suficiente para que a esta se le garantizara su derecho de defensa, una tutela efectiva, acorde con el debido proceso, establecidas en el artículo 69 de la Constitución de la República.

TC/0011/14, numeral 10, f–g, pág. 12 — PDF oficial

h) La parte recurrente, Oficina Nacional de Defensa Pública, avalada por el certificado médico descrito anteriormente, admite que la parte recurrida, doctora Luisa Testamark de la Cruz, se ausentó en compañía del abogado que le asistía, en medio del desarrollo mismo de la audiencia, en procura de atenciones médicas, luego que experimentara cierto malestar. En tales circunstancias, cuanto se imponía era una actuación prudente como la de suspender el juicio hasta tanto la doctora Luisa Testamark de la Cruz se restableciera y pudiera asumir su defensa.

i) La parte recurrente en revisión asevera además que el tribunal de amparo hizo una aplicación inadecuada del artículo 69, literal 10, del texto constitucional, toda vez que no estableció la distinción hecha por éste en relación con el debido proceso administrativo y el debido proceso penal; el presente caso es de naturaleza administrativa y la sanción adoptada está comprendida en el marco de la potestad sancionadora de la Administración Pública.

j) El tribunal a-quo hizo una correcta aplicación del artículo 69 del texto supremo y apreció la importancia de la protección del debido proceso, la posibilidad de que se garantice a la persona poder contestar cada argumento esgrimido en su contra, su derecho a la defensa y el derecho a ser asistida de manera oportuna técnica y jurídicamente.

TC/0011/14, numeral 10, h–j, pág. 13 — PDF oficial

k) Es oportuno resaltar que la Suprema Corte de Justicia, mediante la Resolución núm. 1920-03, de fecha trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003), sobre Garantías Mínimas de Carácter Procesal, estableció el siguiente criterio: (…) a fin de asegurar un debido proceso de ley, la observancia de estos principios y normas es imprescindible en toda materia, para que las personas puedan defenderse adecuadamente y hacer valer sus pretensiones del mismo modo ante todas las instancias del proceso. Que estas garantías son reglas mínimas que deben ser observadas no sólo en los procesos penales, sino, además, en los que conciernen a la determinación de los derechos u obligaciones de orden civil, laboral, administrativo, fiscal, disciplinario o de cualquier otro carácter siempre que estas sean compatibles con la materia de que se trata.

TC/0011/14, numeral 10, k, pág. 14 — PDF oficial

l) La Suprema Corte de Justicia dijo además: El derecho a la defensa o asistencia técnica está consagrado en el artículo 8.2.d y 8.2.e de la Convención Americana de Derechos Humanos. Igualmente, por el Artículo 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Resolución Sobre Defensa Judicial, No. 512-2000, dictada por esta Corte en fecha Diecinueve (19) de Abril del 2002. Esta garantía consiste en el derecho irrenunciable que se le consagra al imputado de ser asistido por un abogado para ayudarle en sus medios de defensa. Es decir, por un abogado de su elección. El juez está obligado a permitir que el imputado sea asistido por su abogado y, en caso de que este no tenga o no quiera nombrar uno, debe velar por el nombramiento de uno a cargo del Estado, como son los abogados de la Defensoría Judicial o los de oficio. Implica, igualmente, este principio la posibilidad de que el justiciable se pueda comunicar con su abogado de forma permanente y efectiva durante la sustanciación del proceso en cualquier fase, desde el momento del arresto. Este principio es aplicable, por igual, en todos los ámbitos. (sic)

m) Como se advierte, las garantías de tutela judicial efectiva y del debido proceso, lejos de desaparecer o inutilizarse al tratarse de un proceso administrativo, mantienen pleno vigor y benefician el fortalecimiento de los procesos de la naturaleza del que nos ocupa.

n) Con respecto a tal argumento, este tribunal estima que los alcances del numeral 10 del artículo 69 de la Carta Sustantiva impactan al debido proceso administrativo aunado por la resolución antes señalada; por tanto, no cabe aquí formular distinción entre éste y el debido proceso penal para aplicar o no el referido texto.

TC/0011/14, numeral 10, l–n, pág. 15 — PDF oficial

o) Es preciso resaltar el hecho de que cuando nuestro constituyente decidió incorporar como una garantía al debido proceso en todo ámbito, o sea judicial y administrativo, lo hizo a sabiendas de que dejaba atrás viejas restricciones que excluían las actuaciones que caían bajo la égida de los procesos administrativos.

p) Por otro lado, la parte recurrente en revisión constitucional en materia de amparo, Oficina Nacional de Defensa Pública, sostiene que el tribunal a-quo debió declarar inadmisible la acción de amparo por prescripción del plazo de sesenta (60) días para interponer la demanda. Precisa que dicho plazo era del que disponía la parte recurrida, doctora Luisa Testamark de la Cruz, el cual tenía que calcularse tomando en cuenta la fecha de la emisión de la decisión que supuestamente conculcó sus derechos.

q) En este orden, debemos precisar que la Decisión núm. 001-2012, del Tribunal Disciplinario de la Oficina Nacional de Defensa Pública, dictada en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012), fue objeto de un recurso de apelación por ante el Consejo Nacional de la Defensa Pública, entidad que emitió la Resolución núm. 5-12, de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012), mediante la cual se ratificó la referida decisión librada por el Tribunal Disciplinario de la Oficina Nacional de Defensa Pública.

TC/0011/14, numeral 10, o–q, pág. 16 — PDF oficial

r) En la especie, resulta una cuestión incontrovertible que el punto de partida para establecer el plazo hábil para interponer la acción de amparo no puede ser la fecha de la Decisión núm. 001-2012, emitida por la Oficina Nacional de Defensa Pública. Necesariamente la fecha a tomar en cuenta es la que corresponde a la Decisión del proceso disciplinario núm. 05-2012, del Consejo Nacional de la Defensa Publica, de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012), ratificatoria de la indicada resolución núm. 001-2012. Entonces, al hacer el cálculo tomando como punto de partida la fecha de la ratificación y la fecha catorce (14) de abril de dos mil doce (2012) de la presentación de la acción de amparo, arribamos a la conclusión de que solo transcurrieron cuarenta y seis (46) días.

s) Arguye la parte recurrente que la acción de amparo se interpuso nueve (9) días antes del catorce (14) de abril de dos mil doce (2012) y que el Tribunal Superior Administrativo cometió un error material en la sentencia al establecer la fecha de recibido, Esta cuestión no fue sustentada bajo un elemento probatorio fehaciente que haga constar el supuesto error en la fecha de recepción del escrito sobre la acción de amparo.

t) En todo caso, este tribunal concurre con lo expresado en la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, objeto del recurso, en cuanto a que el presente caso se trata de una situación en la cual la violación asume una naturaleza continua, que repercute de igual forma de momento a momento, por lo que la misma se prolonga en el tiempo.

u) Por su parte, la Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 38: “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

TC/0011/14, numeral 10, r–u, pág. 16 — PDF oficial

v) El artículo 69 indica: Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: “(…) 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

w) El artículo 70 de la Ley núm. 137-11 establece: El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos:…2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental (…).

x) Este tribunal estima que el amparo ha sido la vía idónea y efectiva para la protección de los derechos que reclama la ahora parte recurrida en amparo con miras a obtener un juicio disciplinario justo, imparcial e igualitario, de manera que se garantice el debido proceso de ley y sean puestos bajo salvaguarda todos los derechos, conforme al elevado designio de la justicia constitucional.

y) También considera que en la especie es necesario que la parte recurrida en amparo cuente con el derecho de garantía del juzgador imparcial, de manera que esto le genere suficiente confianza y perciba su neutralidad, la cual es parte esencial del debido proceso. De ahí que para que dicho proceso se retrotraiga de manera justa, es menester un superior jerárquico distinto a aquel que conoció el caso.

TC/0011/14, numeral 10, v–y, pág. 17 — PDF oficial

z) En la especie, no se han evidenciado en la sentencia objeto del recurso las irregularidades invocadas por la parte recurrente en revisión constitucional en materia de amparo. Contrario a ello, el Tribunal Constitucional aprecia que en el caso objeto de tratamiento el tribunal a-quo se ha ceñido de manera adecuada a los preceptos constitucionales, a los principios rectores que gobiernan la justicia constitucional y, en general, su actuación ha estado en consonancia con la ley, razón por la cual juzga de lugar confirmar la sentencia recurrida en amparo. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Jottin Cury David, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0011/14, numeral 10, z, pág. 19 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Oficina Nacional de la Defensa Pública, contra la Sentencia núm. 82-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha veinte (20) de junio del año dos mil doce (2012).

SEGUNDO: RECHAZAR el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Oficina Nacional de la Defensa Pública, en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil doce (2012), y, en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la Sentencia núm. 82-2011, objeto del presente recurso de revisión constitucional.

TERCERO: OTORGAR un plazo de treinta (30) días calendarios, a contar de la fecha de la notificación de esta decisión, para que la Oficina Nacional de la Defensa Pública cumpla con el mandato de la presente sentencia.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en la parte capital del artículo 72, in fine, de la Constitución de la República y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

QUINTO: COMUNICAR esta sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Oficina Nacional de la Defensa Pública, a la Procuraduría General Administrativa y a la parte recurrida, doctora Luisa Testamark de la Cruz.

SEXTO: ORDENAR que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0011/14, del 14 de enero de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0011-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.