Sentencia TC/0017/17

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 11 de enero de 2017 · Expediente TC-042015-0279

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0017/17?

La invocación de la libertad de empresa, el derecho de propiedad, la tutela judicial efectiva y el debido proceso no basta para admitir la revisión constitucional de una decisión jurisdiccional cuando el recurrente no explica en qué consistieron las violaciones y solo pretende que el Tribunal vuelva a examinar y decidir los hechos de la causa. El artículo 53.3.c de la Ley núm. 137-11 exige que la violación sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional y prohíbe al Tribunal Constitucional revisar los hechos que dieron lugar al proceso (TC/0017/17, numeral 9, d–f, pág. 22; TC/0017/17, numeral 9, h–i, pág. 24).

La prohibición de revisar los hechos evita que el recurso se convierta en una cuarta instancia y resguarda el sistema de justicia y la seguridad jurídica. Por ello, el Tribunal declaró inadmisible el recurso sin examinar los demás requisitos de admisibilidad (TC/0017/17, numeral 9, d–f, pág. 22; TC/0017/17, numeral 9, j–k, pág. 25).

Decisión

Declara inadmisible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Rafael Mercedes Paulino Valera contra la Sentencia núm. 419, dictada el 19 de agosto de 2015 por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar la sentencia a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“el recurrente no explica en qué consistieron dichas violaciones, razón por la cual el recurso que nos ocupa será declarado inadmisible, sin necesidad de analizar los demás requisitos de admisibilidad aplicables en la especie.” (TC/0017/17, numeral 9, d–f, pág. 22)
“De manera que resulta incuestionable que al Tribunal Constitucional lo que se le está planteando es que revise y decida de nuevo los hechos de la causa.” (TC/0017/17, numeral 9, h–i, pág. 24)
“El legislador ha prohibido la revisión de los hechos que han sido ventilados ante los tribunales del ámbito del Poder Judicial, para evitar que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se convierta en una cuarta instancia y garantizar la preservación del sistema de justicia y el respeto del principio de seguridad jurídica” (TC/0017/17, numeral 9, j–k, pág. 25)

Normas interpretadas

Constitución: artículo 277.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53 (en particular, numeral 3, literal c, y párrafo sobre especial trascendencia o relevancia constitucional) y 54, numerales 5 y 7.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0038/12 y TC/0070/16.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

En el presente caso, según los documentos y alegatos de las partes, el litigio se originó en ocasión de la demanda por violación al régimen de condominio interpuesta por la señora Alba Azcona Payano, ya fallecida, y de quien los recurridos son sus continuadores jurídicos, contra el señor Rafael Mercedes Paulino Valera por tener operando por más de diez (10) años un colmado y Liquor Store en el apartamento de su propiedad en el Condominio Plaza Independencia, construido sobre el solar núm. 8-refundido, de la manzana núm. 429, del distrito catastral núm. 1, del Distrito Nacional. Dicha demanda fue conocida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, que dictó la Sentencia núm. 2647, del veintiocho (28) de julio de dos mil nueve (2009), mediante la cual acogió la referida demanda y prohibió que el indicado negocio siguiera funcionando en el mencionado lugar. No conforme con la indicada decisión, el señor Rafael Mercedes Paulino Valera interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el cual rechazó el indicado recurso y confirmó parcialmente la decisión recurrida, según la Sentencia núm. 20111099, del dieciocho (18) de marzo de dos mil once (2011). Esta última sentencia fue objeto de recurso de casación ante la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, que lo rechazó mediante la decisión objeto del recurso de revisión constitucional que nos ocupa.

TC/0017/17, numeral 7, pág. 20 — PDF oficial

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional

a. Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso constitucional conviene indicar que, de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos decisiones: una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la sentencia. Sin embargo, en la Sentencia TC/0038/12, del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), se estableció que en la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal solo debía dictarse una sentencia, criterio que el Tribunal reitera en el presente caso.

b. El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede, según los establecen los artículos 277 de la Constitución y 53 de la referida ley núm. 137- 11, contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En el presente caso, se cumple el indicado requisito, en razón de que la sentencia recurrida fue dictada por la Tercera de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativa y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015).

c. La admisibilidad del recurso de revisión constitucional está condicionada, además, a que exista especial transcendencia o relevancia constitucional, según el párrafo del mencionado artículo 53 y corresponde al Tribunal la obligación de motivar la decisión en este aspecto.

TC/0017/17, numeral 9, a–c, pág. 21 — PDF oficial

d. Según el indicado artículo 53 de la Ley núm. 137-11, las causales del recurso que nos ocupa son las siguientes: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.

e. En el presente caso, el recurso se fundamenta en la violación del derecho a la libertad de empresa, derecho de propiedad, a la tutela judicial efectiva y debido proceso. De manera tal que en la especie se invoca la tercera causal que prevé el referido artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, es decir, la violación a un derecho fundamental. Sin embargo, tal y como explicaremos en los párrafos que siguen, el recurrente no explica en qué consistieron dichas violaciones, razón por la cual el recurso que nos ocupa será declarado inadmisible, sin necesidad de analizar los demás requisitos de admisibilidad aplicables en la especie.

f. En este sentido, nos permitimos destacar que del análisis de los alegatos del recurrente se advierte que en realidad de lo que se trata es que no está acuerdo con lo decidido en el ámbito del Poder Judicial y pretende que este tribunal examine y decida los hechos de la causa, lo cual está prohibido de manera expresa por la ley, en particular por el artículo 53.3.c de la Ley núm. 137-11, texto que establece que la violación del derecho fundamental debe ser imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión al órgano jurisdiccional “(…), con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar”.

TC/0017/17, numeral 9, d–f, pág. 22 — PDF oficial

g. En efecto, para justificar sus pretensiones, el recurrente articula los siguientes alegatos: “Podemos dejar sentado que constituye una violación al derecho de propiedad e incurre en exceso de poder, el juez que impida la continuación de la operación de un tipo de negocio en un local comercial de un condominio, sin que exista en los reglamentos del mismo una limitación que impida la instalación y operación de negocio de tal tipo, o si tal impedimento proviene de una ley que prohíba las actividades de ese tipo de negocio”. (…) En la constitución del Condominio Plaza Independencia y en sus reglamentos no existe ninguna limitación al tipo de negocio que pueden operar en los locales comerciales que forman parte del mismo, por tanto la única condición que debe ser exigida es que constituya siempre un negocio de lícito comercio”. (…) La sentencia objeto del recurso de casación fundamenta su decisión aduciendo, y en esto se adhiere a los argumentos de la demandante, de que el propietario del local comercial donde opera el negocio de colmado-liquor store, ha irrespetado el Reglamento del Condominio, usando áreas comunes para el uso particular de su apartamento, así como la operación de un negocio que altera las normas de orden social”. (…) Se parte de una conclusión falsa para justificar la imposición de la draconiana e inconstitucional medida de ordenar el cierre del negocio. Se dice falsamente que “el negocio altera las normas de orden social”. Nada más falso, ese negocio es de licito comercio, y por tanto no está en su naturaleza ser factor de alteración social”.

TC/0017/17, numeral 9, g, pág. 23 — PDF oficial

h. Ciertamente, en el párrafo que se transcribe el recurrente reivindica su derecho a seguir operando el negocio que los tribunales del orden judicial resolvieron clausurar. Entiende el recurrente que la explotación del referido negocio era compatible con la ley y los reglamentos del condominio, contrario a lo decidido en las tres sentencias dictadas en el presente caso, las cuales se describen a continuación: 1) Sentencia núm. 2647, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original el veintiocho (28) de julio de dos mil nueve (2009); 2) Sentencia núm. 20111099, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el dieciocho (18) de marzo de dos mil once (2011); y 3) Sentencia núm. 419, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativa y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015). De manera que resulta incuestionable que al Tribunal Constitucional lo que se le está planteando es que revise y decida de nuevo los hechos de la causa.

i. En tal sentido, aunque la parte recurrente invoca la violación del derecho a la libertad de empresa, derecho de propiedad, a la tutela judicial efectiva y debido proceso, de lo que se trata es de que no está de acuerdo con lo decidido por el tribunal que dictó la sentencia recurrida y, en ese orden, pretende que se revisen y decidan los hechos de la causa.

TC/0017/17, numeral 9, h–i, pág. 24 — PDF oficial

j. Cabe destacar que, en una especie similar, este tribunal estableció: El legislador ha prohibido la revisión de los hechos que han sido ventilados ante los tribunales del ámbito del Poder Judicial, para evitar que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se convierta en una cuarta instancia y garantizar la preservación del sistema de justicia y el respeto del principio de seguridad jurídica [véase sentencia TC/0070/16, del diecisiete (17) de marzo].

k. En consecuencia, procede declarar inadmisible el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa, en aplicación de lo que dispone la letra c) del numeral 3 del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, y reiterando el precedente indicado en el párrafo anterior. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0017/17, numeral 9, j–k, pág. 25 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Rafael Mercedes Paulino Valera contra la Sentencia núm. 419, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativa y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015).

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Rafael Mercedes Paulino Valera; y a la parte recurrida, señores Edward King Azcona y Daniel King Azcona.

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0017/17, del 11 de enero de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0017-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.