Sentencia TC/0038/12

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 13 de septiembre de 2012 · Expediente Expediente No. TC-04-2012-0013

Recurso de Revisión Constitucional incoada por el señor Ernesto Vladimir Mencía Capellán contra la Resolución No. 3441-2011, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de autonomia procesal

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0038/12?

El Tribunal puede decidir la admisibilidad y el fondo en una sola sentencia cuando motiva la admisión y no lesiona los intereses de las partes, pues la exigencia de una decisión separada es de carácter interno y los principios de celeridad, economía procesal y efectividad favorecen resolver ambos aspectos en un solo fallo (TC/0038/12, consideraciones, a–b, pág. 5; TC/0038/12, consideraciones, c–f, pág. 6). La resolución recurrida fue dictada con posterioridad a la proclamación de la Constitución de 2010. El recurso reviste especial trascendencia o relevancia constitucional porque permite al Tribunal pronunciarse sobre una causal de inadmisibilidad de la casación penal (TC/0038/12, consideraciones, c–f, pág. 6; TC/0038/12, consideraciones, l–c, pág. 9).

La notificación del recurso corresponde a la secretaría del tribunal que dictó la decisión recurrida. Aunque la falta de notificación impide al recurrido ejercer su derecho de defensa, el Tribunal considera innecesaria esa actuación cuando la decisión lo beneficia (TC/0038/12, consideraciones, l–c, pág. 9; TC/0038/12, consideraciones, d–g, pág. 10). Como no consta en el expediente que la prueba de descargo se aportara ante el tribunal de segundo grado, la sentencia de ese tribunal no adolece de los vicios invocados y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia interpretó y aplicó correctamente el artículo 426 del Código Procesal Penal (TC/0038/12, consideraciones, h–k, pág. 11).

Decisión

Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional contra la Resolución núm. 3441-2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y lo rechaza en cuanto al fondo. Declara el recurso libre de costas, ordena comunicar la sentencia a las partes y a la Suprema Corte de Justicia y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que la solución del conflicto planteado le permitirá pronunciarse sobre una de las causales de inadmisibilidad del recurso de casación en materia penal.” (TC/0038/12, consideraciones, l–c, pág. 9)
“Sin embargo, este Tribunal ha establecido que dicha notificación resulta innecesaria cuando la decisión que se vaya a tomar beneficie al recurrido o demandado.” (TC/0038/12, consideraciones, d–g, pág. 10)
“En el presente expediente, sin embargo, no hay constancia de que se haya aportado la indicada prueba ante el tribunal de segundo grado, de manera que la sentencia dictada por dicho tribunal no adolece de los vicios invocados por el recurrente.” (TC/0038/12, consideraciones, h–k, pág. 11)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 69.4, 72 (in fine) y 277. Ley núm. 137-11: artículos 7 (en particular, 7.4), 53, 54 (numerales 2, 5 y 7), 66 y 100. Código Procesal Penal: artículo 426.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12 y TC/0006/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

CONSTITUCIONAL 7.- Síntesis del conflicto Conforme a la documentación depositada en el expediente, en la especie, el señor Ernesto Vladimir Mencía Capellán alega que las pruebas aportadas en un proceso relativo a la violación a la ley de cheques no fueron valoradas y, en consecuencia, se violaron los “derecho de igualdad y de defensa”. 8.- Competencia Este Tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de sentencia, en virtud de lo que establecen los artículos 277 de la Constitución y 53 y 54 de la referida Ley No.137-11. 9.- Admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia

a) Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso conviene indicar que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la referida Ley 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos decisiones, una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la sentencia; sin embargo, por las razones que se indican a continuación ambos aspectos serán decididos mediante esta sentencia.

b) La exigencia de la primera de las sentencias es de carácter interno al tribunal, es decir, que con la misma ni se beneficia ni se perjudica a las partes y lo esencial es que se deje constancia motivada de la admisibilidad del recurso, de manera que es factible que dicha motivación se haga en la misma sentencia que decide el fondo.

TC/0038/12, consideraciones, a–b, pág. 5 — PDF oficial

c) El principio de celeridad y economía procesal supone que en la administración de justicia deben aplicarse las soluciones procesales que sean menos onerosas en lo que concierne a la utilización de tiempo y de recursos; de manera que si en la especie puede solucionarse la admisibilidad y el fondo del recurso mediante una sola decisión, sin lesionar los intereses de las partes, el Tribunal no debe dictar dos sentencias.

d) El Tribunal Constitucional tiene la facultad, en este caso y en cualquier otro caso, de interpretar y aplicar las normas procesales en la forma más útil para la efectividad de la justica constitucional.

e) El principio de celeridad y economía procesal es coherente con el de efectividad previsto en el artículo 7.4 de la referida Ley 137-11, texto que establece lo siguiente: “Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a 1as necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades”.

f) Resuelta la cuestión anterior procederemos a justificar la admisibilidad del recurso que nos ocupa. Según el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la referida Ley 137-11, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del 26 de enero del 2010 son susceptibles del recurso de revisión constitucional. En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el catorce (14) de noviembre de 2011.

TC/0038/12, consideraciones, c–f, pág. 6 — PDF oficial

g) De acuerdo con el referido artículo 53, el recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional, y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.

h) En el presente caso, el recurso se fundamenta en la violación al principio de igualdad y al derecho de defensa, es decir, que se está invocando la tercera causal indicada en el párrafo anterior, caso en el cual, según el mismo artículo 53, el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos: “a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b)Que se hayan agotado todos 1os recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión de1 órgano jurisdiccional, con independencia de 1os hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, 1os cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar”.

i) Además de los requisitos de admisibilidad indicados anteriormente, también se exige la especial transcendencia o relevancia constitucional, según dispone el párrafo del mencionado artículo 53. En el mismo texto, se pone a cargo del tribunal la obligación de motivar la decisión.

TC/0038/12, consideraciones, g–i, pág. 7 — PDF oficial

j) De acuerdo al artículo 100 de la referida Ley 137-11, que el Tribunal Constitucional estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o relevancia constitucional “(…) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales”.

k) La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por este Tribunal (Sentencia TC/0007/12, de fecha 22 de marzo de 2012), estableciéndose que la mencionada condición de inadmisibilidad “sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional”.

TC/0038/12, consideraciones, j–k, pág. 8 — PDF oficial

l) El Tribunal Constitucional estima que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que la solución del conflicto planteado le permitirá pronunciarse sobre una de las causales de inadmisibilidad del recurso de casación en materia penal. 10.- El fondo del presente recurso de revisión de sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada

a) La sentencia objeto del recurso que nos ocupa fue notificada el dieciséis (16) de febrero del dos mil doce (2012), mediante acto 196/2012, instrumentado por el ministerial Williams Radhamés Ortiz Pujols, alguacil de estrado de la Segunda Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

b) Dicho recurso, depositado en la Secretaría del Tribunal Constitucional el diecisiete (17) de febrero del dos mil doce (2012), no ha sido hasta la fecha notificado al recurrido, a pesar de que el plazo para efectuar dicha notificación es de cinco (5) días, según el artículo 54.2 de la referida Ley 137-11, que dispone lo siguiente: “El escrito contentivo del recurso se notificará a las partes que participaron en el proceso resuelto mediante la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la fecha de su depósito”.

c) En el referido texto no se indica a cargo de quién está la obligación procesal de notificar el recurso, sin embargo, tratándose de un recurso de revisión constitucional y, en consecuencia, de orden público, es de rigor que dicha actuación procesal la realice la secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida.

TC/0038/12, consideraciones, l–c, pág. 9 — PDF oficial

d) En efecto, conforme al modelo diseñado en la referida Ley 137-11, tanto el presente recurso como el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo deben ser depositados en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida, a la cual compete la obligación de tramitar el expediente completo ante este Tribunal, de manera que existe una tácita intención del legislador de no poner a cargo de los abogados la realización de las actuaciones procesales vinculadas a los referidos recursos.

e) Como se indicó anteriormente, el escrito contentivo del recurso que nos ocupa aún no ha sido notificado, a pesar de que el mismo fue depositado el diecisiete (17) de febrero de 2012. Esta situación impide al recurrido ejercer el derecho de defensa previsto en el artículo 69.4 de la Constitución. Sin embargo, este Tribunal ha establecido que dicha notificación resulta innecesaria cuando la decisión que se vaya a tomar beneficie al recurrido o demandado.

f) En ese sentido, la Sentencia No. TC/0006/12, de fecha diecinueve (19) de marzo del 2012 (página 9, párrafo 7.a), estableció lo siguiente: “Si bien en el expediente no existe constancia de la notificación de la demanda en suspensión a los demandados, requisito procesal indispensable para garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa de estos últimos, la irregularidad procesal indicada carece de importancia en la especie, en vista de la decisión que adoptará el Tribunal”.

g) En lo que respecta a los fundamentos del recurso que nos ocupa, el recurrente sostiene que la sentencia objeto del mismo debe ser anulada, en razón de que había suficientes motivos para que la casación se declarara admisible. Alega, esencialmente, que se violó el principio de igualdad, el derecho de defensa y que la referida sentencia carece de motivación.

TC/0038/12, consideraciones, d–g, pág. 10 — PDF oficial

h) El artículo 426 del Código Procesal Penal establece: “Motivos. El recurso de casación procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos en los siguientes casos: 1) Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años; 2) Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia; 3) Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada; 4)Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión”.

i) Las violaciones indicadas se basan en que, alegadamente, el tribunal de segundo grado “no estatuyó sobre la prueba a descargo presentada por el imputado, ni para bien ni para mal”. En este sentido, sostiene el recurrente que no depositó dicha prueba en primera instancia, pero sí en segundo grado.

j) En el presente expediente, sin embargo, no hay constancia de que se haya aportado la indicada prueba ante el tribunal de segundo grado, de manera que la sentencia dictada por dicho tribunal no adolece de los vicios invocados por el recurrente. En tal sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia interpretó y aplicó correctamente el referido artículo 426.

k) En virtud de las motivaciones expuestas precedentemente, procede rechazar el recurso que nos ocupa. Esta decisión, firmada por todos los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza, en razón de que se encontraba de vacaciones en la fecha en que fue aprobada la presente sentencia. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0038/12, consideraciones, h–k, pág. 11 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia interpuesto por el señor Ernesto Vladimir Mencía Capellán contra la Resolución No. 3441-2011, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el fecha catorce (14) de noviembre de dos mil once (2011).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional descrito en el ordinal anterior.

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Ernesto Vladimir Mencía Capellán, al recurrido, Nelson Pablo de los Santos Nova y a la Suprema Corte de Justicia.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7 y 66 de la referida Ley No.137-11.

QUINTO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0038/12, del 13 de septiembre de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0038-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.