Sentencia TC/0028/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 10 de febrero de 2014 · Expediente TC-05-2012-0087

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Junta Central Electoral, contra la Sentencia núm. 259-12, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de autonomia procesal

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0028/14?

El recurso reviste especial trascendencia constitucional porque permite desarrollar los criterios sobre nacionalidad, derecho a portar cédula de identidad, ciudadanía y debido proceso administrativo (TC/0028/14, numeral 9, c, pág. 22). Por tratarse de una actuación de la Junta Central Electoral, el juzgado de primera instancia de San Pedro de Macorís era competente conforme a la segunda disposición transitoria del artículo 117 de la Ley núm. 137-11, pero debía conocer del amparo como jurisdicción contencioso-administrativa y no como jurisdicción civil. Ese error justificó revocar la sentencia. En lugar de declinar el expediente, el Tribunal conoció directamente la acción, conforme al criterio de la Sentencia TC/0168/13, que reiteró para las reclamaciones de actos del estado civil o documentos de identidad ante la Junta Central Electoral que hubieran ingresado al Tribunal Constitucional antes del 23 de septiembre de 2013 (TC/0028/14, numeral 10, c, pág. 23; TC/0028/14, numeral 10, d–e, pág. 24; TC/0028/14, numeral 10, 7.11–f, pág. 25).

El Tribunal concluyó que Anyelina Jean Polemin y Maribel Saint Louis Noel no podían ser consideradas dominicanas conforme al artículo 11.1 de la Constitución de 1966, aplicable por ultractividad: sus padres se identificaron con fichas al registrar los nacimientos y no acreditaron residencia legal al momento del nacimiento ni después. En cuanto a los demás recurridos, no procedía expedir las cédulas mientras no concluyeran las investigaciones para determinar si, al momento de la inscripción, alguno de sus padres era dominicano o si estos se encontraban en el país como extranjeros transeúntes. La Junta Central Electoral debía someter al tribunal competente la determinación de la validez o nulidad de las actas de nacimiento en un plazo de cuarenta y cinco días, para no dejar a su discreción la fecha de cumplimiento (TC/0028/14, numeral 10, i, pág. 27; TC/0028/14, numeral 10, j, pág. 27; TC/0028/14, numeral 10, k, pág. 29; TC/0028/14, numeral 10, l, pág. 29; TC/0028/14, numeral 10, p–q, pág. 31).

Decisión

Admitió en cuanto a la forma y acogió en cuanto al fondo el recurso de revisión de la Junta Central Electoral, revocó la Sentencia núm. 259-12 y rechazó la acción de amparo. Dispuso que la Junta sometiera los originales de los certificados de declaración de nacimiento al tribunal competente en un plazo máximo de cuarenta y cinco días para que determinara su validez o nulidad, y que la Dirección General de Migración otorgara en diez días un permiso especial de estadía temporal a Anyelina Jean Polemin y Maribel Saint Louis Noel hasta que el plan nacional de regularización determinara las condiciones aplicables; ordenó comunicar la sentencia y declaró el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“Sin embargo, dicho tribunal debió conocer de la acción como jurisdicción contencioso- administrativa y no como una jurisdicción civil.” (TC/0028/14, numeral 10, d–e, pág. 24)
“la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella previstos es la aplicable, aunque la misma haya sido derogada con posterioridad.” (TC/0028/14, numeral 10, l, pág. 29)
“no es posible expedir una cédula de identidad y electoral a sus respectivos nombres hasta tanto no terminen las investigaciones en curso.” (TC/0028/14, numeral 10, p–q, pág. 31)

Normas interpretadas

Constitución de 1966: artículo 11.1.

Constitución dominicana: artículos 72 y 110.

Ley núm. 137-11: artículos 7.2, 7.4, 7.6, 7.11, 66, 75, 100 y 117 (segunda disposición transitoria).

Ley de Inmigración núm. 95 de 1939: artículo 3.

Ley de Migración núm. 285-04: artículo 151.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0168/13 y TC/0015/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

En la especie, conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y alegatos de las partes, se trata de que la Junta Central Electoral se ha negado a expedir las cédulas de identidad y electoral solicitadas por los señores Ana Rosa Amador Cristevil, Anyelina Jean Polemin, Zenia Stelance Yan, Jonas Desvallons Joissant, Kensly Desvallons Joissant, Piter Desvallons Joissant, Charle Luis Yene, Andrecita Luis Yene, Mónica Paul Sánchez, Ramona Pie Lima, Simón Rodríguez Dose, Enita Yacinthe, Yuli Yendedillen Joseph, July Chauvette, Yohany Betsaida Josep Rosario, Maribel Saint Louis Noel, Emilia Pierre Balan, Wilfrido Polinice, Elena Pierre, Osman Polinice, Wilfrido Metellus Joseph, Frankling Jean San Luis, Reyes Antonio Polique Perez, Shalin Charles Deni, Luismena Messene Louis, Musnal Xinel Franzua, Gloria Berique Delva e Isidro Berique Delma, en razón, según alega la indicada institución, de que los solicitantes fueron inscritos de manera irregular en las oficialías del Estado Civil, cuestión que está en proceso de investigación. Los señores Ana Rosa Amador Cristevil, Anyelina Jean Polemin, Zenia Stelance Yan, Jonas Desvallons Joissant, Kensly Desvallons Joissant, Piter Desvallons Joissant, Charle Luis Yene, Andrecita Luis Yene, Mónica Paul Sánchez, Ramona Pie Lima, Simón Rodríguez Dose, Enita Yacinthe, Yuli Yendedillen Joseph, July Chauvette, Yohany Betsaida Josep Rosario, Maribel Saint Louis Noel, Musnal Xinel Franzua, Gloria Berique Delva, Emilia Pierre Balan, Wilfrido Polinice, Elena Pierre, Osman Polinice, Wilfrido Metellus Joseph, Frankling Jean San Luis, Reyes Antonio Polique Perez, Shalin Charles Deni, Luismena Messene Louis e Isidro Berique Delma consideran que dicha negativa es violatoria de varios derechos fundamentales, tales como el derecho ante la ley y no discriminación, dignidad humana, derecho de igualdad, derecho a la integridad personal, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la intimidad y honor personal, derecho a la propiedad, derecho a la salud, derecho a la familia, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, derecho al libre tránsito, derecho a elegir y ser elegido, derecho fundar un partido político o pertenecer a uno, derecho a la ciudadanía y derecho al sufragio, razón por la cual interpusieron la acción de amparo acogida mediante la sentencia recurrida.

TC/0028/14, numeral 7, pág. 19 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en

materia de amparo Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. En este sentido:

a. El indicado artículo establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada. Por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba en aquellos casos en que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0028/14, numeral 9, a–b, pág. 20 — PDF oficial

c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo sobre el derecho fundamental a la nacionalidad, el derecho de portar cédula de identidad, derecho a ciudadanía e, igualmente, el debido proceso en el ámbito administrativo, respecto a lo cual el Tribunal debe emitir criterios que permitan su esclarecimiento, en vista de la trascendencia social y política del tema.

TC/0028/14, numeral 9, c, pág. 22 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo

a. En la especie, se trata de que la Junta Central Electoral se ha negado a expedir las cédulas de identidad y electoral solicitadas por los señores Ana Rosa Amador Cristevil, Anyelina Jean Polemin, Zenia Stelance Yan, Jonas Desvallons Joissant, Kensly Desvallons Joissant, Piter Desvallons Joissant, Charle Luis Yene, Andrecita Luis Yene, Mónica Paul Sánchez, Ramona Pie Lima, Simón Rodríguez Dose, Enita Yacinthe, Yuli Yendedillen Joseph, July Chauvette, Yohany Betsaida Josep Rosario, Maribel Saint Louis Noel, Emilia Pierre Balan, Wilfrido Polinice, Elena Pierre, Osman Polinice, Wilfrido Metellus Joseph, Frankling Jean San Luis, Reyes Antonio Polique Perez, Shalin Charles Deni y Luismena Messene Louis, a pesar de que ya tienen constancias de nuevos inscritos, con número asignado, fecha de inscripción y fecha de entrega; además, se ha negado a inscribir en el registro de cedulación a los señores Musnal Xinel Franzua, Gloria Berique Delva e Isidro Berique Delma, fundamentada en el hecho de que los solicitantes fueron inscritos de manera irregular en la Oficialía del Estado, debido a que “los padres de los inscritos son extranjeros que de manera ilícita e irregular han inscrito a sus hijos en los libros de Registro del estado civil, en franca violación del texto constitucional vigente al momento de la declaración”.

TC/0028/14, numeral 10, a, pág. 22 — PDF oficial

b. Ante tal negativa, dichos señores accionaron en amparo, por entender que le habían violado sus derechos fundamentales, especialmente, el derecho ante la ley y no discriminación, dignidad humana, derecho de igualdad, derecho a la integridad personal, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la intimidad y honor personal, derecho a la propiedad, derecho a la salud, derecho a la familia, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, derecho al libre tránsito, derecho a elegir y ser elegido, derecho fundar un partido político o pertenecer a uno, derecho a la ciudadanía y derecho al sufragio. El tribunal apoderado de la acción la acogió, bajo el entendido de que “dichas actas de nacimiento fueron expedidas por funcionarios competentes, sin que exista ninguna evidencia de que hayan sido anuladas judicialmente”.

TC/0028/14, numeral 10, b, pág. 23 — PDF oficial

c. Como se observa en el presente caso, la acción de amparo tiene como finalidad cuestionar una actuación de la Junta Central Electoral, que es un órgano administrativo. En este sentido, en el artículo 75 de la Ley núm. 137- 11 se establece que: “la acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa”. Igualmente, en el artículo 117 de la misma ley se consagra lo siguiente: Se disponen las siguientes disposiciones transitorias en materia de amparo: DISPOSICIONES TRANSITORIA. Primera: Hasta tanto se establezca la jurisdicción contenciosa administrativa de primer grado, cuando el acto u omisión emane de una autoridad municipal distinta a la del Distrito Nacional y los Municipios y distritos municipales de la provincia Santo Domingo, será competente para conocer de la acción de amparo el juzgado de primera instancia que corresponda a ese municipio. DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Segunda: Asimismo, será competente para conocer de la acciones de amparo interpuesta contra los actos u omisiones de una autoridad administrativa nacional que tenga su sede en un municipio, el juzgado de primera instancia que corresponda a dicho municipio.

TC/0028/14, numeral 10, c, pág. 23 — PDF oficial

d. En aplicación de la disposición transitoria segunda transcrita en el párrafo anterior y en razón de que la acción de amparo fue interpuesta contra la Junta Central Electoral, institución que cuenta con sedes en las provincias del país, correspondía conocer de la misma al tribunal que dictó la sentencia recurrida, es decir, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. Sin embargo, dicho tribunal debió conocer de la acción como jurisdicción contencioso- administrativa y no como una jurisdicción civil. En tal sentido, procede revocar la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional en materia de amparo.

e. No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional no declinará el expediente, sino que procederá a conocer la acción, siguiendo el criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia TC/0168/13, del veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013). Las razones por las cuales el Tribunal Constitucional no declinó el expediente fueron las siguientes: §2.1. El Tribunal Constitucional opta por conocer el fondo de la acción de amparo incoada por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, por discrepar del fundamento de la referida sentencia núm. 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, basándose en los siguientes argumentos: §2.1.1. La Ley núm. 137-11 establece en sus artículos 7.2, 7.4 y 7.11, de manera expresa, los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad, entre otras normas rectoras del sistema de justicia constitucional, las que se encuentran concebidas como sigue:

TC/0028/14, numeral 10, d–e, pág. 24 — PDF oficial

7.2. Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales (como es la acción de amparo), deben resolverse dentro de los plazos constitucional y legalmente previstos y sin demora innecesaria.

7.4. Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.

TC/0028/14, numeral 10, 7.2–7.4, pág. 25 — PDF oficial

7.11. Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. §2.1.2. En virtud de dichos principios, la acción de amparo procura cumplir con su finalidad esencial, ofreciendo un “procedimiento preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades”, según dispone el artículo 72 de la Constitución; puesto que dicha acción consiste en un mecanismo de protección contra todo acto u omisión que, de forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. §2.1.3. En la especie, se verifican con particular evidencia los requisitos de preferencia, sumariedad y celeridad que caracterizan a la acción de amparo, ante una aparente restricción a los derechos fundamentales de la recurrente, que alega se encontrase desprovista de toda documentación de identificación personal que la acredite como nacional o extranjera residente en el país.

f. En el presente caso, procede reiterar el referido criterio, el cual debe mantenerse no solo en este caso, sino en todos los casos en los cuales se reclame ante la Junta Central Electoral la expedición de uno de los actos del estado civil o el documento de identidad, en razón de que la carencia de dichos documentos genera graves dificultades, a condición de que se trate de asuntos que hayan ingresado al Tribunal Constitucional antes del veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013), fecha en que fue dictada la referida sentencia TC/0168/13.

TC/0028/14, numeral 10, 7.11–f, pág. 25 — PDF oficial

g. En el presente caso, conviene destacar que la situación de los recurridos no es homogénea, de manera que para analizar las pretensiones objeto de la acción de amparo, es necesario agrupar a los recurridos, tomando en cuenta la documentación que tiene cada uno de ellos. En este sentido, constan en el expediente copias de actas de nacimiento de los señores Anyelina Jean Polemin y Maribel Saint Louis Noel, en las cuales se establece que sus padres poseían como documento, al momento de la declaración de los nacimientos, “fichas”.

h. En efecto, consta en las actas de nacimientos de los indicados señores lo siguiente: 1. Anyelina Jean Polemin, hija del señor Jean Wilner (Ficha núm. 589098) y la señora Celimena Polemin (Ficha núm. 001426). 2. Maribel Saint Louis Noel, hija del señor Tolones Saint Louis (Ficha núm. 00007494) y la señora Saintanie Noel (Ficha núm. 0007454)

TC/0028/14, numeral 10, g–h, pág. 26 — PDF oficial

i. En cuanto a las fichas como documento de identidad, este tribunal constitucional estableció que las (…) “fichas” o “documentos” resultan ajenas a los procesos de cedulación de la República Dominicana, por lo que se advierte que el padre y la madre de la recurrente no eran titulares de cédulas de identificación personal al momento de la declaración del nacimiento, puesto que en el registro del nacimiento de esta última no se dejó ninguna constancia de ello. Además, la naturaleza del documento de identificación del padre declarante muestra que era trabajador de nacionalidad haitiana que carecía de cédula de identificación personal, de lo cual adolecía igualmente su madre, puesto que tampoco existe en el expediente ninguna prueba de que ellos hayan regularizado legalmente su estancia en el país, obteniendo cédulas de identidad. Con base a lo anterior se infiere, en consecuencia, que los padres de la recurrente deben ser considerados como parte de los “jornaleros temporeros y sus familias” que integran el cuarto grupo de trabajadores extranjeros no inmigrantes, que, junto a los trabajadores extranjeros inmigrantes, prevén la Ley de Inmigración No. 95, del catorce (14) de abril de mil novecientos treinta y nueve (1939), el Reglamento de Inmigración No. 279, del doce (12) de mayo de mil novecientos treinta y nueve (1939), y el convenio Modus Operandi con la República de Haití, del dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos treinta y nueve (1939); estatutos que se encontraban todos en vigor a la fecha de nacimiento de la recurrente (Sentencia TC/0168/13, de fecha veintitrés [23] de septiembre de dos mil trece [2013]).

TC/0028/14, numeral 10, i, pág. 27 — PDF oficial

j. Además, en la referida sentencia se determinó que: (…) 1.1.14.1 Los extranjeros en tránsito del artículo 11.1 de la Constitución de 1966 1 corresponden a la mencionada categoría de extranjeros no inmigrantes prevista en el artículo 3 de la mencionada ley núm. 95, de mil novecientos treinta y nueve (1939) y en el Reglamento núm. 279 del mismo año; o sea, los siguientes cuatro grupos de personas: los visitantes (“negocios, estudio, recreo o curiosidad”), los transeúntes, los empleados de naves aéreas o marítimas, y los jornaleros temporeros y sus familias. En consecuencia, los hijos nacidos en el país de progenitores que provengan de estos cuatro grupos de personas quedan excluidos, como excepción, de la norma constitucional precitada para la adquisición de la nacionalidad dominicana por aplicación del criterio de ius soli. 1.1.14.2 Los extranjeros en tránsito que modifiquen su situación migratoria y obtengan un permiso legal de residencia en el país pasan a integrar la categoría de extranjeros inmigrantes, según las indicadas normativas, por lo que sus hijos nacidos en el territorio nacional sí adquieren la nacionalidad dominicana por aplicación del principio de ius soli. 1.1.14.3 En otros supuestos distintos a los anteriores, los extranjeros que permanecen en el país careciendo de permiso de residencia legal o que hayan penetrado ilegalmente en el mismo, se encuentran en situación migratoria irregular y, por tanto, violan las leyes nacionales y los tratados internacionales suscritos por el Estado dominicano y ratificados por el Congreso Nacional en esa materia. En ese sentido, estas personas no podrían invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la nacionalidad dominicana al amparo del precitado artículo 11.1 de la Constitución 1 Que, como se dijo, figura en las Constituciones dominicanas desde la del veinte (20) de junio de mil novecientos veintinueve (1929) hasta la actual Constitución de dos mil diez (2010). de 1966, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho 2 .

TC/0028/14, numeral 10, j, pág. 27 — PDF oficial

k. De lo anterior, resulta que como los padres de los señores Anyelina Jean Polemin y Maribel Saint Louis Noel estaban provistos, al momento del registro del acta de nacimiento, de una “ficha” y ninguno ha demostrado que tuviera residencia legal en República Dominicana al momento del nacimiento de dichos señores ni con posterioridad al mismo, estos no pueden ser considerados como dominicanos, porque no cumplen con los presupuestos establecidos en el artículo 11.1 de la Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), que era la que estaba vigente al momento de la inscripción de dichos señores.

TC/0028/14, numeral 10, k, pág. 29 — PDF oficial

l. En efecto, de acuerdo con el principio de ultractividad de la ley, la norma que se aplique a todo hecho, acto o negocio jurídico debe ser la vigente en el momento en que ocurriere el acto de que se trate. Dicho principio está regulado en la última parte del artículo 110 de la Constitución dominicana que establece: “en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”. En este principio se fundamenta la máxima jurídica “tempus regit actus”, que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella previstos es la aplicable, aunque la misma haya sido derogada con posterioridad. 2 Tal como lo expresa la precitada sentencia rendida por la Suprema Corte de Justicia el catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005) (véase supra acápite 1.1.12): […] cuando la Constitución en el párrafo 1 de su artículo 11 excluye a los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están en tránsito en él para adquirir la nacionalidad dominicana por jus soli, esto supone que estas personas, las de tránsito, han sido de algún modo autorizadas a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país; que si en esta circunstancia, evidentemente legitimada, una extranjera alumbra en el territorio nacional, su hijo (a), por mandato de la misma Constitución, no nace dominicano; que, con mayor razón, no puede serlo el hijo (a) de la madre extranjera que al momento de dar a luz se encuentra en una situación irregular y, por tanto, no puede justificar su entrada y permanencia en la República Dominicana […].

TC/0028/14, numeral 10, l, pág. 29 — PDF oficial

m. Al pronunciarse sobre este principio este tribunal estableció en la Sentencia TC/0015/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), numeral 10.2, que, aunque una norma derogada “(…) no podrá seguir rigiendo o determinando situaciones jurídicas nacidas con posterioridad a la fecha en que quedó derogada, si continuara rigiendo las situaciones jurídicas surgidas a su amparo, por efecto de la llamada ultractividad de la ley”.

n. El principio de ultractividad se recoge en sentencias declarativas, en la medida en que a través de estas se precisa la interpretación que debe hacerse de algunas normas ya existentes en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, tal y como ha precisado la doctrina, las sentencias declarativas se erigen como aquellas cuyo objeto es poner en evidencia lo que en el mundo del derecho existía ya. En este sentido, la novedad que aporta este tipo de sentencias consiste en eliminar oficialmente la falta de certeza que hasta ese momento pudiera haber dejado en la sombra la verdadera voluntad de la ley; y así la observancia del derecho se restablece, si hasta ese momento su inobservancia deriva o podía derivar solamente de su falta de certeza, según señala Calamandrei 3 . Siendo esta la misión de las sentencias declarativas, constituye un requisito indispensable para su adopción un estado de incertidumbre acerca de la existencia de una relación jurídica o la interpretación de su alcance o modalidad en el comercio jurídico.

TC/0028/14, numeral 10, m–n, pág. 30 — PDF oficial

o. En el supuesto objeto de examen, dado el hecho de que los recurridos se encuentran en un estado de irregularidad en el país, este tribunal ordena, al igual que lo hizo en la referida sentencia TC/0168/13, que la Dirección General de Migración, dentro de un plazo de diez (10) días otorgue un permiso especial de estadía temporal en el país a los accionantes, señores Anyelina Jean Polemin y Maribel Saint Louis Noel, hasta que el “Plan 3 Calamandrei, Piero. Derecho Procesal Civil (Biblioteca Jurídica Digital: 2008). Disponible en: http://190.147.213.68:8080/HOMEPAGE/DOCTRINA/DOCTRINA_CLASICA/D_PROCESAL_CIVIL(pier o_calamandrei)/C_GENERAL.pdf (05/11/2013). nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país”, previsto en el artículo 151 de la Ley de Migración núm. 285-04, determine las condiciones de regularización de este género de casos.

TC/0028/14, numeral 10, o, pág. 30 — PDF oficial

p. En cuanto a los demás recurridos, los señores Simón Rodríguez Dose, July Chauvette, Zenia Stelance Yan, Charle Luis Yene, Andrecita Luis Yene, Mónica Paul Sánchez, Ramona Pie Lima, Enita Yacinthe, Yuli Yendedillen Joseph, Yohany Betsaida Josep Rosario, Musnal Xinel Franzua, Gloria Berique Delva, Emilia Pierre Balan, Wilfrido Polinice, Wilfrido Metellus Joseph, Luismena Messene Louis, Isidro Berique Delma, Franklin Jean San Luis, Reyes Antonio Polique Pérez, Shalin Charles Deni, Jonas Desvallons Joissant, Kensly Desvallons Joissant, Piter Desvallons Joissant, Elena Pierre, Osman Polinice y Ana Rosa Amador Cristevil, resulta necesario para la entrega de la cédula de identidad y electoral saber si sus padres (o alguno de ellos) eran dominicanos al momento de la inscripción en el registro hecho en la Oficialía Civil (situación que es la que se está investigando) o si se encontraban en el país como un (a) extranjero (a) transeúnte; en consecuencia, no es posible expedir una cédula de identidad y electoral a sus respectivos nombres hasta tanto no terminen las investigaciones en curso.

q. En este orden, corresponde a la Junta Central Electoral, en cumplimiento del precedente establecido por este tribunal en la Sentencia TC/0168/13, apoderar al tribunal competente para que decida las cuestiones objeto de las investigaciones que lleva a cabo el referido organismo en lo que concierne a la validez o nulidad de la expedición de las actas de nacimiento. Sin embargo, en la especie, el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo decidido en el caso resuelto mediante la referida sentencia, otorgará a la Junta Central Electoral un plazo de cuarenta y cinco (45) días para que proceda a formalizar el apoderamiento, con la finalidad de no dejar a la discrecionalidad de esta institución la fecha de cumplimiento del indicado mandato.

TC/0028/14, numeral 10, p–q, pág. 31 — PDF oficial

r. En virtud de lo expuesto anteriormente procede acoger el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, revocar la sentencia recurrida y rechazar la acción de amparo. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos disidentes de las magistradas Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0028/14, numeral 10, r, pág. 32 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de constitucional en materia de amparo interpuesto por la Junta Central Electoral contra la Sentencia núm. 259-12, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 259-12, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012).

TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por los señores Ana Rosa Amador Cristevil, Anyelina Jean Polemin, Zenia Stelance Yan, Jonas Desvallons Joissant, Kensly Desvallons Joissant, Piter Desvallons Joissant, Charle Luis Yene, Andrecita Luis Yene, Mónica Paul Sánchez, Ramona Pie Lima, Simón Rodríguez Dose, Enita Yacinthe, Yuli Yendedillen Joseph, July Chauvette, Yohany Betsaida Josep Rosario, Maribel Saint Louis Noel, Musnal Xinel Franzua, Gloria Berique Delva, Emilia Pierre Balan, Wilfrido Polinice, Elena Pierre, Osman Polinice, Wilfrido Metellus Joseph, Frankling Jean San Luis, Reyes Antonio Polique Perez, Shalin Charles Deni, Luismena Messene Louis e Isidro Berique Delma, contra la Junta Central Electoral, en fecha once (11) de mayo de dos mil doce (2012).

CUARTO: DISPONER que la Junta Central Electoral proceda a someter los originales de los certificados de declaración de nacimiento al tribunal competente en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días para que éste determine su validez o nulidad.

QUINTO: DISPONER, asimismo, que la Dirección General de Migración, dentro del indicado plazo de diez (10) días otorgue un permiso especial de estadía temporal en el país a los señores Anyelina Jean Polemin y Maribel Saint Louis Noel, hasta que el “Plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país”, previsto en el artículo 151 de la Ley núm. 285-04, de Migración, determine las condiciones de regularización de este género de casos.

SEXTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Junta Central Electoral, y a los recurridos, Ana Rosa Amador Cristevil, Anyelina Jean Polemin, Zenia Stelance Yan, Jonas Desvallons Joissant, Kensly Desvallons Joissant, Piter Desvallons Joissant, Charle Luis Yene, Andrecita Luis Yene, Mónica Paul Sánchez, Ramona Pie Lima, Simón Rodríguez Dose, Enita Yacinthe, Yuli Yendedillen Joseph, July Chauvette, Yohany Betsaida Josep Rosario, Maribel Saint Louis Noel, Musnal Xinel Franzua, Gloria Berique Delva, Emilia Pierre Balan, Wilfrido Polinice, Elena Pierre, Osman Polinice, Wilfrido Metellus Joseph, Frankling Jean San Luis, Reyes Antonio Polique Perez, Shalin Charles Deni, Luismena Messene Louis e Isidro Berique Delma.

SÉPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm.137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0028/14, del 10 de febrero de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0028-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.