Sentencia TC/0031/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 14 de febrero de 2014 · Expediente TC-05-2012-0095
Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Genaro Fernández Castillo, contra la Sentencia núm. 00495-2012, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha once (11) de abril de dos mil doce (2012).
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Temas: Derecho de pensión
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0031/14?
La cédula de identidad válida es el documento idóneo para acreditar la personalidad de su titular en los actos en que la ley exige su presentación. Requerir que se regularice el estatus de una cédula que figura como cancelada para continuar la evaluación de una solicitud de pensión por sobrevivencia persigue el fin constitucionalmente legítimo de asegurar que los derechos se reconozcan a su verdadero titular. La exigencia no es desproporcionada ni equivale a negar el pago de la pensión, por lo que no se comprobó una vulneración de derechos fundamentales (TC/0031/14, numeral 10, h–k, pág. 13; TC/0031/14, numeral 10, l–n, pág. 14; TC/0031/14, numeral 10, o–r, pág. 15).
La inadmisibilidad del amparo por notoria improcedencia se determina sin examinar el fondo, como cuando se pretende tutelar un derecho subjetivo de legalidad ordinaria adecuadamente protegido por los procesos comunes. En cambio, determinar si un hecho u omisión vulneró un derecho fundamental es una cuestión de fondo. Por ello, si tras ese examen no se comprueba la vulneración, corresponde rechazar la acción, no declararla inadmisible por notoria improcedencia (TC/0031/14, numeral 10, o–r, pág. 15; TC/0031/14, numeral 10, s–v, pág. 16).
Decisión
Admite el recurso de revisión, lo acoge parcialmente y revoca la Sentencia núm. 00495-2012. Rechaza la acción de amparo contra AFP Siembra, S. A., por no haberse comprobado la conculcación de derechos fundamentales.
Citas textuales clave
“El Tribunal Constitucional considera que la exigencia de la presentación de un medio de identificación adecuado, como una cédula de identidad válida, responde a fines constitucionalmente legítimos, como los antes expuestos.” (TC/0031/14, numeral 10, l–n, pág. 14)
“Finalmente, concluimos que, en la especie, el juez, en vez de declarar el amparo inadmisible por ser notoriamente improcedente, debió rechazar la acción al no haberse comprobado violación a derechos fundamentales.” (TC/0031/14, numeral 10, s–v, pág. 16)
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículo 72.
Ley núm. 137-11: artículos 7, 66, 70.3, 94, 95 y 100.
Ley núm. 6125, modificada por la Ley núm. 8-92: artículos 1 y 21, incisos 2, 3 y 5.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12; T-069-12 (Corte Constitucional de Colombia).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el recurrente, Genaro Castillo Fernández, solicitó la pensión por sobrevivencia a su concubina, Martha Encarnación Encarnación, y la recurrida, AFP Siembra, S. A., condicionó la evaluación de dicha solicitud a que el recurrente regularice el estatus de su cédula de identidad, presumiblemente cancelada. Por tales motivos, Genaro Castillo Fernández interpuso una acción de amparo ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que declaró inadmisible la acción, decisión que, entonces, ha recurrido ante este tribunal.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible en atención a las siguientes razones:
a. La Ley núm. 137-11 consagra, en su artículo 94, la posibilidad de que todas “las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional”; en el 95 establece un plazo de cinco días a partir de la fecha de notificación de la sentencia a recurrir.
b. Asimismo, en su artículo 100, dicha ley sujeta la admisibilidad de dicho recurso “a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada”, la cual será apreciada por el Tribunal Constitucional “atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”.
c. Este tribunal fijó su posición en relación con la aplicación del referido artículo 100, mediante su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), estableciendo que la mencionada condición de inadmisibilidad “sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento (…)”.
d. El conocimiento del presente recurso tiene especial trascendencia y relevancia constitucional, pues permitirá al Tribunal Constitucional establecer criterios respecto de cuál es el documento idóneo para la determinación de la personalidad jurídica y la adecuada protección de los derechos fundamentales de una persona, así como para aclarar cuestiones procesales que permitan establecer cuándo una acción de amparo es inadmisible por ser notoriamente improcedente.
10. Sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo
Sobre el recurso de revisión constitucional, el Tribunal Constitucional hace las siguientes consideraciones:
a. En la especie, hemos sido apoderados de un recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 00495-2012, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el once (11) de abril de dos mil doce (2012).
b. Genaro Fernández Castillo interpuso una acción de amparo contra AFP Siembra, S. A., bajo el argumento de que ésta ha conculcado sus derechos fundamentales al negarse a reconocer el derecho a la pensión de sobrevivencia que le corresponde como concubino de la finada Martha Encarnación Encarnación.
c. La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró inadmisible la referida acción de amparo por entender que era notoriamente improcedente, ya que no se ha configurado violación alguna a derechos fundamentales.
d. En la especie, AFP Siembra, S. A. le ha comunicado a Genaro Fernández Castillo que para proseguir con la evaluación de la solicitud de pensión por sobrevivencia, es preciso regularizar el estatus de su cédula de identidad, que aparece como “cancelada” en el padrón de la Junta Central Electoral. Además, AFP Siembra, S. A. le ha requerido a Genaro Fernández Castillo el envío de un nuevo acto de notoriedad contemplando todos los hijos de la señora Martha Encarnación Encarnación.
e. Conviene aquí establecer que mediante la Resolución núm. 268-06, de fecha primero (1º) de agosto de dos mil seis (2006), la Superintendencia de Pensiones aprobó el contrato de discapacidad y sobrevivencia del régimen contributivo del sistema de pensiones a ser suscrito entre las administradoras de fondos de pensiones y las compañías de seguros, en sustitución de la Resolución núm. 250-05. Conforme a dicho contrato, las compañías aseguradoras son las encargadas de indemnizar a las personas beneficiarias de las pensiones por sobrevivencia, mediante una renta que se paga mensualmente.
f. Según el referido contrato, el pago de la prima del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia deberá ser realizado por las administradoras de fondos de pensiones a las compañías de seguros, luego de que se realice el trámite previsto en la cláusula 9 del referido contrato. Dicha cláusula dispone, entre otros, que cuando la administradora de fondos de pensiones recibe la solicitud de pensión por sobrevivencia, da inicio a la reclamación correspondiente ante la compañía aseguradora, a la cual debe informar, entre otras cosas, el número de beneficiarios, identificación de los mismos y la relación o parentesco con el “de cujus”.
g. Sobre el particular, conviene señalar que conforme a las disposiciones del artículo 1 de la Ley núm. 6125, sobre Cédula de Identificación Personal, modificada por la Ley núm. 8-92, sobre Cédula de Identidad y Electoral, “[es] obligatorio para toda persona de ambos sexos, nacional o extranjera residente en la República, desde la edad de 16 años en adelante, proveerse y portar un certificado de identificación que se denominará “Cédula de Identificación Personal”, actualmente denominada “Cédula de Identidad Personal”, conforme a la referida ley núm. 8-92.
h. Asimismo, los incisos 2, 3 y 5 del artículo 21 de la referida ley núm. 6125 establecen que la presentación de la cédula para fines de anotación y cita en los documentos es obligatoria, entre otros, para: (a) el otorgamiento de instrumentos públicos; (b) ejercitar acciones o derechos y gestionar bajo cualquier concepto ante los tribunales, juzgados, corporaciones, autoridades y oficinas de toda clase; y (c) acreditar la personalidad cuando fuere necesario en todo acto público o privado.
i. El análisis anterior permite al Tribunal Constitucional reconocer la idoneidad de la cédula de identidad como documento para acreditar la personalidad del titular de la misma en aquellos actos, como los descritos por la Ley núm. 6125, en que se exige la presentación de este documento.
j. En efecto, la cédula de identidad es un documento de creación legal a través del cual se materializa la individualidad de las personas, cuya finalidad y objetivo es comprobar la plena identificación y determinar la capacidad jurídica de una persona. Este se constituye entonces en un documento de características especiales que contribuye a evitar fraudes y usurpaciones de identidad, pues su función principal es la de identificar a las personas y que éstas, además, puedan ejercer efectivamente el derecho a la personalidad y los demás derechos que se desprenden de ella.
k. Siendo así las cosas, cuando una autoridad pública o un ente privado solicita a una persona la presentación del referido documento de identidad, no está exigiendo una medida desproporcionada ni irrazonable, ni mucho menos atenta contra los derechos fundamentales de una persona. Muy por el contrario, con esta exigencia se garantiza que el reconocimiento de los derechos sea en favor de su verdadero titular.
l. El Tribunal Constitucional considera que la exigencia de la presentación de un medio de identificación adecuado, como una cédula de identidad válida, responde a fines constitucionalmente legítimos, como los antes expuestos.
m. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia (T-069-12) ha indicado que “la cédula cuenta como prueba de la identificación personal que acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad”. Señala la Corte colombiana que la cédula de ciudadanía tiene tres funciones particularmente diferentes (i) identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia, por lo que “este documento se convierte en el medio idóneo y por regla general irremplazable para lograr el aludido propósito”. Por tales motivos, dicha corte concluye: Es razonable que una entidad financiera exija la presentación de la cédula de ciudadanía a la población en situación de desplazamiento para poder acceder al pago de las ayudas, por cuanto es éste el documento idóneo e irremplazable para acreditar la identificación y de paso brindar seguridad a los desplazados en cuanto a la entrega de los beneficios.
n. Es por esto que este tribunal constitucional considera que cuando AFP Siembra, S. A. le informa a Genaro Fernández Castillo que para proseguir con la evaluación de la solicitud de pensión por sobrevivencia, MAPFRE BHD requiere la regularización del estatus de su cédula de identidad, que aparece como “cancelada”, se está persiguiendo un fin constitucionalmente legítimo que no afecta desproporcionadamente los derechos del interesado.
o. Así, en la especie, el juez de amparo razonó adecuadamente al señalar que la cédula de identidad es el documento por excelencia que identifica a una persona en el desarrollo de su vida diaria y que la solicitud hecha por la AFP Siembra, S. A. no significa una negativa al pago de la pensión. Por tanto, concluyó que no se configura violación a derechos fundamentales.
p. Sin embargo, dicho juez determinó –erradamente– que, al no haber violación a derechos fundamentales, la acción de amparo resultaba notoriamente improcedente y, por tanto, procedió a declararla inadmisible, atendiendo a las disposiciones del artículo 70.3 de la referida ley núm. 137-11.
q. La conclusión del juez de amparo nos hace cuestionarnos si, procesalmente, al no comprobarse una violación a derechos fundamentales, debe declararse la acción de amparo “inadmisible” por ser “notoriamente improcedente”.
r. Sobre el particular, conviene recordar que la Constitución, en su artículo 72, consagra que: Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos.
s. Del referido artículo 72 de la Constitución se extraen pautas que nos permiten responder a la cuestión procesal planteada. En efecto, la acción de amparo es una acción constitucional instaurada por el constituyente con la finalidad de reclamar ante los tribunales la protección inmediata de derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus. De lo aquí establecido se desprende, por ejemplo, que cuando la acción de amparo se interpone con la finalidad de proteger derechos subjetivos –cuya protección se garantiza adecuadamente mediante los procesos comunes por tratarse de un asunto de legalidad ordinaria– es notoriamente improcedente.
t. Lo anterior evidencia situaciones procesales que, sin precisar análisis del fondo de la cuestión principal, escapan del ámbito de atribuciones del juez de amparo por existir otros mecanismos legales más idóneos o claramente identificados por el legislador para la efectiva tutela de los derechos y que, entonces, hacen al amparo notoriamente improcedente, asunto que se determina al realizar un análisis de la admisibilidad de la acción.
u. Por el contrario, determinar si un hecho u omisión ha producido una conculcación a un derecho fundamental es una cuestión de fondo que requiere un análisis profundo de la cuestión de la que los jueces han sido apoderados, para que éstos puedan determinar si dicha conculcación se ha producido o no y, consecuentemente, si procede el acogimiento o la desestimación de la acción de amparo.
v. Finalmente, concluimos que, en la especie, el juez, en vez de declarar el amparo inadmisible por ser notoriamente improcedente, debió rechazar la acción al no haberse comprobado violación a derechos fundamentales.
w. Así, pues, todo lo anterior justifica que el Tribunal Constitucional acoja parcialmente el presente recurso, revoque la sentencia recurrida y, al mismo tiempo, rechace la acción de amparo interpuesta por Genaro Fernández Castillo contra la AFP Siembra, S. A. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional,
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Genaro Fernández Castillo, contra la Sentencia núm. 00495-2012, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el once (11) de abril de dos mil doce (2012).
SEGUNDO: ACOGER parcialmente el recurso de revisión constitucional incoado por Genaro Fernández Castillo y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 00495-2012, descrita en el ordinal precedente.
TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo incoada por Genaro Fernández Castillo contra la AFP Siembra, S. A., por no haberse comprobado la conculcación a derechos fundamentales.
CUARTO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Genaro Fernández Castillo, y a la parte recurrida, AFP Siembra, S. A.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7 y 66 de la Ley núm. 137-11.
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0031/14, del 14 de febrero de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0031-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.