Sentencia TC/0036/12

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 15 de agosto de 2012 · Expediente Expediente No. TC-05-2012-0017

Recurso de Revisión de Amparo incoado por el señor Isidro Melo Otaño contra el Director de la Gerencia No. 7 del Instituto Agrario Dominicano (IAD), con asiento en San Juan de la Maguana.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de propiedad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0036/12?

El recurso de revisión reviste especial trascendencia o relevancia constitucional porque resolverlo exige definir el alcance del derecho que adquiere sobre el inmueble el beneficiario de un proyecto del Instituto Agrario Dominicano (IAD), cuestión sobre la cual el Tribunal no había establecido criterios que permitieran esclarecerla (TC/0036/12, consideraciones, a–a, pág. 7).

El IAD no puede reducir sin el consentimiento del parcelero la superficie que le asignó si este ha explotado el predio eficientemente y no concurre ninguna de las causas taxativas de revocación previstas en el artículo 43 de la Ley de Reforma Agraria. La explotación eficiente permite, por el contrario, solicitar tierras adicionales. Aun si existiera un motivo para reducir la superficie o excluir al parcelero del proyecto, el IAD debe respetar el debido proceso. Aunque el recurrente aún no tenía título definitivo, su posesión legal, pacífica, continua y no controvertida durante 28 años fue vulnerada irregularmente. El mandato constitucional de promover el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada obliga al IAD a impulsar con diligencia los trámites de titulación (TC/0036/12, consideraciones, a–a, pág. 7) (TC/0036/12, consideraciones, b–d, pág. 8) (TC/0036/12, consideraciones, e–h, pág. 9) (TC/0036/12, consideraciones, i–k, pág. 10).

Decisión

Admite el recurso de revisión, revoca íntegramente la ordenanza núm. 322-11-035 y acoge la acción de amparo. Ordena al titular de la Gerencia núm. 7 del IAD reconocer el derecho del recurrente sobre los 38,298.9 metros cuadrados asignados en la parcela núm. 11 del Distrito Catastral núm. 03 de San Juan de la Maguana, requiere a la Dirección General del IAD agilizar los trámites de titulación y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“Es obvio que en la especie no ha ocurrido ninguno de estos supuestos.” (TC/0036/12, consideraciones, b–d, pág. 8)
“Aun en la eventualidad de que el Instituto Agrario Dominicano (IAD) tuviere motivo para reducir la extensión superficial de una parcela legalmente asignada o para excluir de un proyecto agrario a un parcelero, este organismo tiene que ceñir su actuación al rigor del debido proceso de ley.” (TC/0036/12, consideraciones, e–h, pág. 9)
“Esta posesión fue vulnerada de forma irregular por el Director de la Gerencia No. 7, del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en San Juan de la Maguana.” (TC/0036/12, consideraciones, e–h, pág. 9)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 51 (párrafo capital y numerales 2 y 3), 72 (parte final) y 185.4.

Ley núm. 137-11: artículos 6, 66, 94 y 100.

Ley núm. 5879, de Reforma Agraria: artículos 41 y 43, modificados por la Ley núm. 55-97.

Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, invocada en el dispositivo sin indicación de un artículo específico.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

7.- Síntesis del conflicto Conforme con los documentos depositados en el expediente y los hechos invocados, en el caso que nos ocupa: a) el señor Isidro Melo Otaño recibió del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en fecha 17 de diciembre de 1984, la asignación de tres (3) hectáreas, ochenta y dos (82) áreas y noventa y ocho punto nueve (98.9) centiáreas (equivalente a 38,298.9 metros), primero, según la asignación provisional, dentro de la Parcela número 543, (de acuerdo a lo consignado en el acto de transferencia por donación Parcela No. 11) del Distrito Catastral número 03, de San Juan de la Maguana; b) El Director de la Gerencia No. 7 de dicho organismo oficial, con asiento en la referida provincia, autorizó a Jovita Melo y a Santo Melo a ocupar el cincuenta por ciento (50%) de la extensión superficial a él asignada dentro de la referida parcela; y c) el señor Isidro Melo Otaño estima que se le ha violado su derecho de propiedad como parcelero beneficiario de los planes gubernamentales de reforma agraria. 8.- Competencia Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que dispone el artículo 185.4 de la Constitución de la República Dominicana y el artículo 94 de la referida Ley Orgánica No. 137-11. 9.- Admisibilidad del presente recurso de revisión Al ponderar el presente recurso de revisión, la mejor práctica procesal impone determinar si el mismo reúne las exigencias establecidas para la admisibilidad prevista en el artículo 100 de la ley que rige la materia. En tal sentido:

TC/0036/12, consideraciones, pág. 6 — PDF oficial

a) La cuestión plateada por el caso que nos ocupa cumple con el presupuesto número uno (1), establecido en la página ocho (8) de la sentencia número TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo del año dos mil doce (2012), dictada por este Tribunal, el cual se refiere, entre otros supuestos, a aquellos “(…) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento (…)”.

b) Luego estudiar y valorar los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso se revela especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que la solución al conflicto objeto del presente recurso supone definir los alcances del derecho que en relación a la propiedad inmobiliaria adquiere el beneficiario de un proyecto del Instituto Agrario Dominicano (IAD). De ahí que resulte admisible el recurso de revisión incoado, y por tanto el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. 10.- El fondo del presente recurso de revisión constitucional En lo que se refiere al fondo del recurso de revisión de amparo, el Tribunal procederá a determinar si, en la especie, dicho organismo oficial está facultado para reducir la extensión superficial del terreno asignado a un parcelero, sin contar con su consentimiento expreso, y no obstante éste haber mantenido el predio en producción eficiente, lo que prueba su condición de sujeto de crédito del Banco Agrícola de la República. En ese sentido el Tribunal Constitucional formula los siguientes razonamientos:

a) El párrafo capital del artículo 51 de la Constitución de la República expresa que “(…) La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”.

TC/0036/12, consideraciones, a–a, pág. 7 — PDF oficial

b) El ordinal 2 referido artículo 51, indica: “El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada”, lo que efectivamente ha promovido la Dirección General del Instituto Agrario Dominicano (IAD), al suscribir con el recurrente el acto de transferencia por donación indicado en el literal “f” de las pruebas documentales, en la actualidad objeto de los correspondientes trámites registrales. Por tanto su derecho de propiedad sobre la antes indicada parcela está en serias y ciertas vías de configuración.

c) En el singular caso de las porciones de terreno que asigna el Instituto Agrario Dominicano (IAD), existe el Decreto del Poder Ejecutivo número 144-98, de fecha 27 de abril de 1998, que crea e integra la Comisión Nacional de Titulación, y al respecto estatuye que ésta: “(…) tiene el objeto de evitar las desinformaciones, tráfico de influencia y en fin errores que afecten su esencia, la justeza y la transparencia con que se debe realizar el proceso de titulación definitiva”.

d) La Ley de Reforma Agraria No. 5879, promulgada en fecha 27 de abril de 1962, en su artículo 43 (modificado por la Ley No.55-97 del 7 de marzo de 1997), establece de manera taxativa en cuáles casos el Instituto Agrario Dominicano (IAD) puede revocar los derechos concedidos en relación con una parcela, a saber: 1) utilizar dicha parcela para fines incompatibles con la Reforma Agraria; 2) abandono injustificado de la parcela o de la familia por parte del parcelero y/o parcelera beneficiados por la adjudicación; 3) negligencia manifiesta del beneficiario o beneficiaria probada por su incapacidad para operar la finca, permitiendo el aniquilamiento de sus recursos y la destrucción de sus mejoras. Es obvio que en la especie no ha ocurrido ninguno de estos supuestos.

TC/0036/12, consideraciones, b–d, pág. 8 — PDF oficial

e) Lejos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) poder reducir la extensión superficial del terreno asignado a un parcelero que demuestre haber operado el mismo de manera eficiente, cuanto establece la referida Ley de Reforma Agraria es que todo el que se haya conducido de esta forma podría solicitarle tierras adicionales y dicho Instituto “tendrá autoridad para asignarlas”, de conformidad con su artículo 41, modificado por la antes indicada Ley No.55-97.

f) Aun en la eventualidad de que el Instituto Agrario Dominicano (IAD) tuviere motivo para reducir la extensión superficial de una parcela legalmente asignada o para excluir de un proyecto agrario a un parcelero, este organismo tiene que ceñir su actuación al rigor del debido proceso de ley.

g) En el caso que nos ocupa, si bien es cierto que el recurrente, Isidro Melo Otaño, no ha sido provisto del certificado de título correspondiente y, por tanto, no ha constituido su derecho de manera definitiva, no es menos cierto que él ha poseído de manera legal, pacífica, continua y no controvertida, durante 28 años, el predio agrícola precedentemente descrito, toda vez que fue regularmente asentado en el proyecto agrario AC-150-Pedro Corto, de la provincia San Juan de la Maguana. Esta posesión fue vulnerada de forma irregular por el Director de la Gerencia No. 7, del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en San Juan de la Maguana.

h) La asignación provisional de que se trata fue hecha a su favor el 17 de diciembre de 1984, por el organismo oficial facultado por la ley, razón por la cual este se beneficia de la seguridad que debe existir, generalmente, en la tenencia de la tierra, y en este caso en particular, se trata de terrenos agrícolas distribuidos por el Estado bajo una disposición que, como la Ley de Reforma Agraria, es de alto interés social.

TC/0036/12, consideraciones, e–h, pág. 9 — PDF oficial

i) La promoción de la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al desarrollo nacional es un objetivo principal de la política social del Estado, como se establece en el artículo 51, numeral 3 de la Constitución. Cuando el Estado a través del Instituto Agrario Dominicano realiza un asentamiento, está facilitando al agricultor beneficiado el acceso a la propiedad cuya titularidad formal definitiva se verificará una vez que el instituto agrario dominicano (IAD) cumpla con las exigencias registrales establecidas. A partir de ese momento, el recurrente estará plenamente calificado para obtener el reconocimiento definitivo de su derecho y la inscripción del mismo en el Registro de Títulos de San Juan de la Maguana.

j) En virtud de que el artículo 51, numeral 2 de la Constitución, establece como deber del Estado, promover “de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada”, es responsabilidad de las autoridades del Instituto Agrario Dominicano (IAD), lejos de entorpecer el proceso de titulación definitiva de un asentado, motorizarlo y actuar de manera diligente para que se cumpla con el mandato constitucional.

k) El Decreto No. 144-98, que crea e integra la Comisión Nacional de Titulación, de fecha 27 de abril de 1998 establece, entre las atribuciones de dicha Comisión: “Aprobar la transferencia de las tierras asignadas a los beneficiarios que hayan mantenido bajo explotación eficiente sus predios durante un período no menor de cinco (5) años”. La magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza, no participó en el conocimiento y en la deliberación del presente caso al haberse ausentado con excusa justificada, previa autorización del Presidente. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0036/12, consideraciones, i–k, pág. 10 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión incoado por Isidro Melo Otaño contra la ordenanza número 322-11-035, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil once (2011).

SEGUNDO: REVOCAR en todas sus partes la referida ordenanza número 322-11-035 emitida por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana.

TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por Isidro Melo Otaño contra el titular de la Gerencia No.7 del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en San Juan de la Maguana.

CUARTO: ORDENAR al titular de la Gerencia No.7 del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en San Juan de la Maguana, reconocer el derecho que tiene Isidro Melo Otaño sobre la extensión superficial de tres (3) hectáreas, ochenta y dos (82) áreas y noventa y ocho punto nueve (98.9) centiáreas, equivalente a 38,298.9 metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela No. 11, del Distrito Catastral No. 03 de San Juan de la Maguana.

QUINTO: REQUERIR a la Dirección General del Instituto Agrario Dominicano (IAD) la agilización de los trámites de lugar para que Isidro Melo Otaño pueda acceder a la propiedad inmobiliaria titulada, conforme con los términos de las leyes números 5879, de Reforma Agraria y, 108-05, de Registro Inmobiliario, en atención a lo preceptuado en el artículo 51 de la Carta Sustantiva.

SEXTO: DISPONER por Secretaría la comunicación de esta sentencia a la parte recurrente, señor Isidro Melo Otaño, y a la parte recurrida, el Director de la Gerencia No. 7 del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en San Juan de la Maguana, así como al Director General del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

SEPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 6 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11.

OCTAVO: ORDENAR que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0036/12, del 15 de agosto de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0036-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.