Sentencia TC/0042/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 12 de marzo de 2014 · Expediente TC-05-2012-0086
Recurso de revisión constitucional en materia de amparo, incoado por la Junta Central Electoral, contra la Sentencia núm. 97-2012, de fecha veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo.
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Temas: Principio de autonomia procesal
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0042/14?
El recurso tiene especial trascendencia constitucional porque plantea un conflicto relativo a la nacionalidad y la ciudadanía que permite precisar la aplicación del criterio fijado en la Sentencia TC/0168/13. El juzgado de primera instancia de El Seibo era competente para conocer del amparo contra la Junta Central Electoral, pero debía actuar como jurisdicción contencioso-administrativa y no como jurisdicción civil, por lo que procede revocar su sentencia. Por los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad, el Tribunal conoce directamente del amparo sin declinar el expediente y reitera este criterio para las reclamaciones de documentos de estado civil o de identidad ingresadas al Tribunal antes del 23 de septiembre de 2013. En aplicación del principio de informalidad, considera válida la notificación a la Oficialía del Estado Civil de El Seibo, encargada de expedir esos documentos y a la que se imputó la vulneración (TC/0042/14, numeral 9, a–d, pág. 10; TC/0042/14, numeral 10, a, pág. 11; TC/0042/14, numeral 10, b–7.2, pág. 12; TC/0042/14, numeral 10, 7.4–7.11, pág. 13; TC/0042/14, numeral 10, d–e, pág. 14; TC/0042/14, numeral 10, f–g, pág. 15; TC/0042/14, numeral 10, h–j, pág. 16).
Aunque Ysidro Pierre Pie dispone de una copia certificada de su acta de nacimiento, no procede ordenar la expedición de la cédula de identidad y electoral mientras el tribunal competente no determine la validez o nulidad del acta. Para que la fecha del apoderamiento no quede a discreción de la Junta Central Electoral, el Tribunal fija un plazo de 45 días para que esta someta el acta al tribunal competente (TC/0042/14, numeral 10, h–j, pág. 16; TC/0042/14, numeral 10, k–l, pág. 17).
Decisión
Admite y acoge el recurso de revisión de la Junta Central Electoral y revoca la Sentencia núm. 97-2012. Aunque los fundamentos indican que procede rechazar el amparo, el dispositivo lo acoge parcialmente y ordena a la Junta Central Electoral someter el acta de nacimiento al tribunal competente en un plazo máximo de 45 días y a la Dirección General de Migración otorgar, en diez días, un permiso especial de estadía temporal a Ysidro Pierre Pie hasta que el plan nacional de regularización determine las condiciones aplicables.
Citas textuales clave
“Sin embargo, dicho tribunal debió conocer de la acción como jurisdicción contenciosa administrativa y no como una jurisdicción civil.” (TC/0042/14, numeral 10, b–7.2, pág. 12)
“no procede la expedición de la cédula de identidad y electoral hasta tanto no concluya debidamente el supraindicado proceso, puesto que su suerte depende del mismo.” (TC/0042/14, numeral 10, k–l, pág. 17)
“ACOGER parcialmente la acción de amparo interpuesta por el señor Ysidro Pierre Pie contra la Junta Central Electoral” (TC/0042/14, dispositivo, pág. 18)
Normas interpretadas
Constitución de la República, artículo 72; Ley núm. 137-11, artículos 7.2, 7.4, 7.6, 7.9, 7.11, 66, 75, 94, 100 y 117 (disposiciones transitorias primera y segunda); Ley núm. 1486, artículo 13; Ley núm. 285-04, artículo 151.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12, TC/0168/13 (también citada como TC/168/13) y TC/0123/13.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y argumentos invocados por las partes, el presente conflicto tiene su origen en la negativa de la Junta Central Electoral para expedir la cédula de identidad y electoral a Ysidro Pierre Pie, no obstante este presentar su acta de nacimiento certificada. En razón de esta situación, Ysidro Pierre Pie procedió a interponer una acción de amparo ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo, acción que fue acogida por medio de la decisión que está siendo hoy recurrida en revisión.
9. Admisibilidad del recurso de revisión
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible por las siguientes razones:
a. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.
b. El artículo 100 de la referida ley núm. 137-11 establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional. En efecto, dicho artículo faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
c. Con respecto a la especial trascendencia o relevancia constitucional, este tribunal fijó su posición mediante la Sentencia TC/0007/12, del 22 de marzo de2012.
d. En la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión tiene relevancia y trascendencia constitucional, ya que plantea un conflicto relativo al derecho fundamental a la nacionalidad y a la ciudadanía, respecto de lo cual el Tribunal puede seguir esclareciendo y determinando la aplicación correcta de su criterio fijado en la Sentencia TC/168/13.
10. Sobre el recurso de revisión
En lo que se refiere al recurso de revisión, este tribunal entiende que debe ser acogido, en virtud del siguiente razonamiento:
a. En el presente caso, la acción de amparo tiene como finalidad cuestionar una actuación de la Junta Central Electoral, que es un órgano administrativo. En este sentido, en el artículo 75 de la Ley núm. 137-11 se establece que: “La acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa”. Igualmente, en el artículo 117 de la misma ley se consagra lo siguiente: Se disponen las siguientes disposiciones transitorias en materia de amparo: DISPOSICIONES TRANSITORIA. Primera: Hasta tanto se establezca la jurisdicción contenciosa administrativa de primer grado, cuando el acto u omisión emane de una autoridad municipal distinta a la del Distrito Nacional y los Municipios y distritos municipales de la provincia Santo Domingo, será competente para conocer de la acción de amparo el juzgado de primera instancia que corresponda a ese municipio. DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Segunda: Asimismo, será competente para conocer de la acciones de amparo interpuesta contra los actos u omisiones de una autoridad administrativa nacional que tenga su sede en un municipio, el juzgado de primera instancia que corresponda a dicho municipio.
b. En aplicación de la disposición transitoria segunda transcrita en el párrafo anterior y en razón de que la acción de amparo fue interpuesta contra la Junta Central Electoral, institución que cuenta con sedes en las provincias del país, correspondía conocer de la misma al tribunal que dictó la sentencia recurrida, es decir, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo. Sin embargo, dicho tribunal debió conocer de la acción como jurisdicción contenciosa administrativa y no como una jurisdicción civil. En tal sentido, procede revocar la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional.
c. No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional no declinará el expediente, sino que procederá a conocer la acción siguiendo el criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia TC/0168/13, del 23 de septiembre de 2013. Las razones por las cuales el Tribunal Constitucional no declinó el expediente fueron las siguientes: §2.1. El Tribunal Constitucional opta por conocer el fondo de la acción de amparo incoada por el señor Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, por discrepar del fundamento de la referida sentencia núm. 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, basándose en los siguientes argumentos: §2.1.1. La Ley núm. 137-11 establece en sus artículos 7.2, 7.4 y 7.11, de manera expresa, los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad, entre otras normas rectoras del sistema de justicia constitucional, las que se encuentran concebidas como sigue:
7.2. Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales (como es la acción de amparo), deben resolverse dentro de los plazos constitucional y legalmente previstos y sin demora innecesaria.
7.4. Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.
7.11. Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. §2.1.2. En virtud de dichos principios, la acción de amparo procura cumplir con su finalidad esencial, ofreciendo un “procedimiento preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades”, según dispone el artículo 72 de la Constitución; puesto que dicha acción consiste en un mecanismo de protección contra todo acto u omisión que, de forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. §2.1.3. En la especie, se verifican con particular evidencia los requisitos de preferencia, sumariedad y celeridad que caracterizan a la acción de amparo, ante una aparente restricción a los derechos fundamentales de la recurrente, que alega se encontrase desprovista de toda documentación de identificación personal que la acredite como nacional o extranjera residente en el país.
d. En la especie, procede reiterar el referido criterio, el cual debe mantenerse no solo en este caso, sino en todos los casos en los cuales se reclame ante la Junta Central Electoral la expedición de uno de los actos del estado civil o el documento de identidad, en razón de que la carencia de dichos documentos genera graves dificultades, a condición de que se trate de asuntos que hayan ingresado al Tribunal Constitucional antes del veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013), fecha en que fue dictada la referida sentencia TC/0168/13.
e. En el presente caso, la Junta Central Electoral alega que se le violentó su derecho a la tutela judicial efectiva al no ser puesta en causa para el juicio de amparo de primer grado, limitándose la parte accionante a citar solamente a la Oficialía del Estado Civil de El Seibo.
f. Tal y como lo estableció este tribunal en la Sentencia TC/0123/13, el artículo 13 de la Ley núm. 1486, de fecha veinte (20) de marzo de mil novecientos treinta y ocho (1938), establece que la forma de notificar al Estado dominicano es la siguiente: El Estado podrá ser notificado, respecto de cualquier asunto, y para un fin cualquiera; 1- En la Secretaría de Estado de Justicia, hablando allí con el Secretario de Estado de Justicia, o con cualquiera de los Sub-Secretarios de Estado de ese ramo, o con el Oficial Mayor de esa Secretaría de Estado; o 2- En la Procuraduría General de la República, hablando allí con el Procurador General de la República, o con uno de sus Abogados Ayudantes, o con el Secretario de esa Procuraduría General; o 3- En la Procuraduría General de una cualquiera de las Cortes de Apelación, hablando allí con el Procurador General de esa Corte, o con uno de sus Abogados Ayudantes, o con el Secretario de dicha Procuraduría; o 4- En la Procuraduría Fiscal de uno cualquiera de los distritos judiciales, hablando allí con el Procurador Fiscal de ese distrito, o con uno de sus Abogado Ayudantes, o con el Secretario de la dicha Procuraduría Fiscal.
g. En esa ocasión, el Tribunal Constitucional consideró -posición que reitera en la especie- que cuando se trate de notificaciones de actos relacionados con procesos y procedimientos constitucionales, deben tenerse como válidas y eficaces cuando dichos actos hayan sido notificados en las oficinas de la autoridad o funcionario al cual se imputa la violación alegada; sustentándose este criterio en el principio de informalidad previsto en el artículo 7.9 de la Ley No. 137-11.
h. En la especie, la acción fue notificada a la Oficialía del Estado Civil de El Seibo, órgano que real y efectivamente se encargaba de todas las labores relativas la expedición de las actas de nacimiento y de cédulas de identidad y electoral de esa provincia, organismo al cual se le imputa la alegada violación de los derechos fundamentales del señor Ysidro Pierre Pie. En tal sentido, la irregularidad invocada no se cometió y, en consecuencia, el argumento debe ser rechazado.
i. Ahora bien, el presente caso se trata de que la Junta Central Electoral se negó a entregar al señor Ysidro Pierre Pie la cédula de identidad y electoral, no obstante este presentar su acta de nacimiento debidamente certificada emitida por la Junta Central Electoral, en virtud de que este último organismo cuestiona la legalidad del documento de nacimiento. Ante tal negativa, el señor Ysidro Pierre Pie accionó en amparo, alegando que se le estaban violando sus derechos a la nacionalidad y a la ciudadanía, consagrados en los artículos 11 y 12 de la Constitución dominicana, respectivamente
j. Es importante recalcar que el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia TC/168/13, ya fijó su criterio en relación con la expedición de la documentación relativa a las actas de nacimiento y cédulas de identidad y electoral de extranjeros, afirmando, luego de haberle ordenado a la Junta Central Electoral emitir la correspondiente acta de nacimiento, que las referidas declaraciones de nacimiento debían someterse a un tribunal competente a los fines de determinar su validez o nulidad, especificando además que este procedimiento debía de seguirse para todos los casos similares.
k. En la especie, el señor Ysidro Pierre Pie cuenta con la copia certificada de su acta de nacimiento, por lo que el conflicto en cuanto a él se limita a la expedición de la cédula de identidad y electoral. Ahora bien, tomando en consideración lo anteriormente mencionado, tanto en la Sentencia TC/168/13, como en esta misma decisión, específicamente lo relativo a que su acta de nacimiento deberá ser sometida ante un tribunal competente para determinar su validez o nulidad, este tribunal es de criterio que no procede la expedición de la cédula de identidad y electoral hasta tanto no concluya debidamente el supraindicado proceso, puesto que su suerte depende del mismo.
l. En tal virtud, se debe rechazar la acción de amparo referente a la expedición de la cédula de identidad y electoral y, por tanto, esperar a que el tribunal competente determine la validez o nulidad del acta de nacimiento del señor Ysidro Pierre Pie, de cuyo resultado dependerá si es preciso ordenar la expedición del supraindicado documento. Sin embargo, en la especie, el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo decidido en el caso resuelto mediante la referida sentencia, otorgará a la Junta Central Electoral un plazo de 45 días para que proceda a formalizar el apoderamiento, con la finalidad de no dejar a la discrecionalidad de esta institución la fecha de cumplimiento del indicado mandato.
m. En virtud de lo expuesto anteriormente procede acoger el presente recurso de revisión, revocar la sentencia recurrida y rechazar la acción de amparo intentada por el señor Ysidro Pierre Pie. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Jottin Cury David en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados el voto disidente de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, así como el voto parcialmente disidente y parcialmente salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Juezas. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión incoado por la Junta Central Electoral contra la Sentencia núm. 97-2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo en fecha veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012).
SEGUNDO: ACOGER el referido recurso de revisión y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 97-2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo en fecha veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012).
TERCERO: ACOGER parcialmente la acción de amparo interpuesta por el señor Ysidro Pierre Pie contra la Junta Central Electoral y, en consecuencia, ORDENAR a la Junta Central Electoral que proceda a someter el acta de nacimiento de Ysidro Pierre Pie al tribunal competente, en un plazo no mayor de 45 días, para que este determine su validez o nulidad.
CUARTO: DISPONER, asimismo, que la Dirección General de Migración, dentro del indicado plazo de diez (10) días, otorgue un permiso especial de estadía temporal en el país al señor Ysidro Pierre Pie, hasta que el “Plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país” previsto en el artículo 151 de la Ley de Migración núm. 285-04 determine las condiciones de regularización de este género de casos.
QUINTO: ORDENAR, por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia a la parte recurrente en revisión, Junta Central Electoral, y a la parte recurrida, Ysidro Pierre Pie, así como a la Dirección General de Migración.
SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011); y
SÉPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0042/14, del 12 de marzo de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0042-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.