Sentencia TC/0049/12
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 15 de octubre de 2012 · Expediente Expediente No. TC-05-2012-0030
Recurso de Revisión en materia de Amparo incoada por Agua Boy, S. A., Puriequipos, S. A., Agua Vitalidad, Procesadora de Agua Willna (Agua Willna), Agua Jady (Ago Jady), Procesadora y Distribuidora de Agua Mol, C. por A., Agua Liana, C. por A., Brayan Industrial S. R. L., Agua San Felipe, Agua Astral, C. por A., Agua Luz, S. R. L., Grupo Nima, Grupo Dogo, Agua La Tinaja, Agua Yaguajal, Agua La Consciente, S. A. y Purificadora de Agua Jenny, contra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad, el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR).
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Temas: Derecho al acceso al agua potable · Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0049/12?
El recurso presenta especial trascendencia constitucional porque permite precisar el alcance de las resoluciones impugnadas y los límites de las potestades administrativas de vigilancia, control y sanción (TC/0049/12, consideraciones, c, pág. 8). El juez de amparo que declara inadmisible la acción por existir otra vía judicial debe identificarla y explicar por qué es eficaz. La sentencia recurrida aplicó erróneamente el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11 al limitarse a afirmar que existía otra vía (TC/0049/12, consideraciones, a–d, pág. 9).
La venta de agua a granel para consumo humano está permitida por el Reglamento de Aguas para el Consumo Humano, siempre que se cumplan los requisitos de potabilidad y se cuente con autorización expresa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Las autoridades pueden fiscalizar el cumplimiento de esos requisitos y adoptar restricciones o sanciones dentro del marco legal y con observancia del debido proceso, pero no prohibir esa modalidad de venta de manera general e indiscriminada. En este caso, la prohibición general vulneró la libertad de empresa de los recurrentes y afectó la garantía de acceso al agua potable de sectores pobres de la población (TC/0049/12, consideraciones, e–h, pág. 10; TC/0049/12, consideraciones, i–l, pág. 11; TC/0049/12, consideraciones, m–p, pág. 12; TC/0049/12, consideraciones, q–u, pág. 13).
Decisión
Admite el recurso de revisión, revoca íntegramente la sentencia núm. 023-2012 y acoge la acción de amparo. Reconoce la facultad de las autoridades para adoptar medidas dirigidas a garantizar la calidad del agua potable, incluida la vendida a granel, con estricta observancia del debido proceso, y declara inadmisible, por carecer de objeto, la demanda de suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida.
Citas textuales clave
“Igualmente, en esta eventualidad tiene el deber de explicar los elementos que permitan establecer si la otra vía es o no eficaz.” (TC/0049/12, consideraciones, a–d, pág. 9)
“Por tanto se puede afirmar que la restricción o prohibición en los términos más categóricos es posible, mas no resulta jurídica ni legalmente aceptable que pueda ser dispuesta de manera general e indiscriminada, porque de hacerlo así se comprometen y afectan derechos fundamentales, tales como el derecho a la libre empresa y el derecho social de acceso al agua potable que la Carta Sustantiva pone su materialización a cargo del Estado.” (TC/0049/12, consideraciones, i–l, pág. 11)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 50, 61 y 72.
Ley núm. 137-11: artículos 7, 66, 70.1, 94 y 100.
Ley General de Salud núm. 42-01: artículos 42 y 43.
Reglamento de Aguas para el Consumo Humano (Decreto núm. 42-05): artículos 99 y 101, párrafo único.
Precedentes que cita el Tribunal
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
Consideraciones y fundamentos
CONSTITUCIONAL 7.- Síntesis del conflicto Conforme a los alegatos invocados por los recurrentes, en la especie, el litigio se origina en ocasión de las referidas resoluciones Nos. 2-II-2011-RTD-64 y 000017, mediante las cuales se prohíbe la venta a granel de agua para el consumo humano, prohibición que consideran violatoria del derecho al debido proceso administrativo, a la libertad de empresa y a la seguridad personal. 8.- Competencia Este Tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de revisión sobre la sentencia de amparo, en virtud de lo que establece el artículo 94 de la referida Ley No.137-11. 9.- Admisibilidad del presente recurso de revisión Antes de profundizar en el presente caso, es de rigor procesal determinar si el presente recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 por la ley que rige la materia. En este sentido:
a) El referido artículo establece que: “Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.”.
b) La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, razón por la cual este Tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).
c) Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes que conforman el expediente que nos ocupa, concluimos que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del fondo de este recurso permitirá al Tribunal Constitucional establecer el alcance de las resoluciones objeto del amparo de que se trata y los límites de las autoridades de la administración, en ocasión de ejercer su rol de supervigilancia y control, y al momento de establecer sanciones ante determinados incumplimientos. 10. – Sobre el recurso de revisión constitucional En el presente caso, los recurrentes Agua Boy, S. A., Puriequipos, S. A., Agua Vitalidad, Procesadora de Agua Willna (Agua Willna), Agua Jady (Ago Jady), Procesadora y Distribuidora de Agua Mol, C. por A., Agua Liana, C. por A., Brayan Industrial S. R. L., Agua San Felipe, Agua Astral, C. por A., Agua Luz, S. R. L., Grupo Nima, Grupo Dogo, Agua La Tinaja, Agua Yaguajal, Agua La Consciente, S. A. y Purificadora de Agua Jenny, pretenden que el presente procedimiento: 1) sea declarado de extrema urgencia; 2) que se suspenda provisionalmente la ejecución de las resoluciones Resolución No. 2-II-2011-RTD- 64, de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), emitida por la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad, y la Resolución No. 000017, de fecha treinta (30) de mayo de dos mil once (2011), dictada por el Ministerio de Salud Pública; 3) que las mismas se dejen sin efecto; 4) que se declare que han vulnerado los derechos fundamentales a la libertad de empresa, al debido proceso, a la seguridad personal, a la libertad de empresa; y, 5) que se ordene a las autoridades competentes que emitan un reglamento que regule la distribución de agua al granel para consumo humano.
a) En lo que respecta a que se declare el procedimiento de extrema urgencia, es oportuno aclarar que si bien la referida Ley 137-11 consagra ésta facultad para la materia de amparo, su aplicación está reservada, por lo general, al tribunal que conoce primariamente de la acción, ya que es en ésta instancia donde se celebran audiencias y se adoptan medidas de instrucción. En ocasión del conocimiento del recurso que nos ocupa, la celebración de audiencias es facultativa y excepcional, de manera que la urgencia pudiera tener lugar únicamente en lo relativo al plazo para fallar.
b) De acuerdo con el artículo 72 de la Constitución de la República, todas las acciones de amparo son preferentes y, por esta razón, tanto el presente caso como todos los demás que llegan al Tribunal en esta materia, son fallados con la mayor celeridad posible; de ahí que la solicitud de suspensión provisional de las referidas resoluciones se puedan decidir conjuntamente con el fondo.
c) Los recurrentes tienen razón cuando sostienen que el juez de amparo está obligado a indicar la vía que considera idónea, cuando entienda que la acción de amparo es inadmisible. Igualmente, en esta eventualidad tiene el deber de explicar los elementos que permitan establecer si la otra vía es o no eficaz. Como en la especie el tribunal que dictó la sentencia recurrida se limitó a indicar que existía otra vía, es evidente que aplicó de manera errónea el artículo 70.1 de la referida Ley 137-11.
d) Es justo reconocer el interés de la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Industria y Comercio y de la Dirección de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), de propiciar que la población consuma agua de calidad, de manera que este producto cumpla con las exigencias establecidas en las normas nacionales e internacionales.
e) Sin embargo, es conveniente para la seguridad jurídica del país que estas autoridades limiten sus actuaciones al marco legal que les gobierna, sin extremar los naturales celos y esmerados cuidados que les imponen responsabilidades incontrovertiblemente graves y serias, como resulta la preservación de la salud pública de todo un pueblo.
f) La modalidad de venta de agua “a granel” se instituyó mediante el Decreto del Poder Ejecutivo No. 42-05, de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil cinco (2005), que es la base jurídica que sustenta el Reglamento de Aguas para el Consumo Humano.
g) La referida disposición señala, expresamente, que los requisitos que garantizan la potabilidad del agua están consignados en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Salud No. 42-01, promulgada el ocho (8) de marzo de dos mil uno (2001), y, ciertamente pone a cargo de las indicadas autoridades el establecimiento de normas que aseguren la buena calidad de los productos, así como las adecuadas estructuras físicas destinadas a su mejor aprovechamiento.
h) La venta de agua bajo la denominada modalidad “a granel”, mediante camiones cisterna, contenedores, etc., la instituye el propio Reglamento de Aguas para el Consumo Humano (Decreto del Poder Ejecutivo No. 42-05), y la misma está condicionada a la expresa autorización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
i) Es obvio, entonces, que ninguna persona o institución podría válidamente distribuir agua potable sin contar con el correspondiente permiso del referido ministerio. Por tanto se puede afirmar que la restricción o prohibición en los términos más categóricos es posible, mas no resulta jurídica ni legalmente aceptable que pueda ser dispuesta de manera general e indiscriminada, porque de hacerlo así se comprometen y afectan derechos fundamentales, tales como el derecho a la libre empresa y el derecho social de acceso al agua potable que la Carta Sustantiva pone su materialización a cargo del Estado.
j) El antes citado Reglamento de Aguas expresa, además, que el permiso otorgado a quienes distribuyen agua “a granel” caduca al año, es decir, tiene que ser objeto de renovación una vez se agote este período, circunstancia que otorga a la autoridad la posibilidad de renovarlo, solamente si retiene razones válidas para ello.
k) Los sistemas de abastecimiento de agua potable son considerados parte integral de los servicios de salud que los Estados tienen que proporcionar a toda la población, bajo el entendido de que este “(...) es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud” (Observación general No. 15 del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, año 2002).
l) En el caso particular de nuestro país, a los sectores pobres y marginados, carentes de los recursos necesarios básicos, no se les garantiza cobertura ni la prestación de un servicio pleno de agua potable, situación que les compele a buscar las alternativas a su alcance, conforme con su realidad social y con sus posibilidades económicas.
m) Ciertamente, la Ley General de Salud se contrae a establecer la necesidad de que se cumpla con la calidad sanitaria y los micronutrientes que debe contener el agua potable, conforme lo establece su artículo 42; y, es ahí donde la autoridad tiene que intervenir y adoptar todas medidas legales orientadas a garantizar que estas justificadas exigencias sean cumplidas.
n) Las resoluciones de referencia han sido dictadas por el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad, es decir, por instituciones que tienen la obligación de velar por la salud de la población y están calificadas para determinar cuando un producto es o no nocivo para la salud. Efectivamente, si la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad ha considerado que en cualquier caso el agua comercializada “a granel” no es apta para el consumo humano, tiene la obligación de actuar y aplicar sanciones con el más elevado sentido de responsabilidad, pero, siempre cumpliendo con el debido proceso de ley.
o) Ante esta situación que entraña una prohibición general de la venta de agua “a granel” destinada al consumo humano, corresponde al Tribunal Constitucional establecer que, en el presente caso, se ha conculcado el derecho fundamental a la libertad de empresa de los recurrentes en revisión y se ha afectado la garantía de acceso al agua potable a segmentos pobres de la población que la Constitución pone a cargo de las referidas autoridades.
p) El artículo 50 de la Constitución expresa textualmente: “El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes”.
q) El artículo 61 de la Carta Sutantiva proclama: “Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia “(…) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable (…)”.
r) La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, mediante la Resolución No. A/RES/64/292, dictada en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010) que: “Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
s) El artículo 42 de la Ley General de Salud No.42-01, promulgada el ocho (8) de marzo de dos mil uno (2001), señala: “El agua destinada para el consumo humano deberá tener la calidad sanitaria y los micronutrientes establecidos en las normas nacionales e internacionales (...)”.
t) El referido artículo indica, además, que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: “(...) por sí y en coordinación con otras instituciones competentes, exigirá el cumplimiento de las normas de calidad en todos los abastecimientos de agua destinada para el consumo humano, tanto en lo relativo a las normas de calidad de la misma, como a las estructuras físicas destinadas a su aprovechamiento”.
u) El artículo 99 del Reglamento de Aguas para el Consumo Humano dice: “El agua distribuida a granel mediante camiones cisterna, contenedores, o cualquier otra modalidad, deberá cumplir con los requisitos de potabilidad en la forma establecida en los artículos 42 y 43 de la Ley 42-01 y en la presente reglamentación, así como tener autorización expresa de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social”.
v) El párrafo único del artículo 101 de indicado Reglamento señala de manera precisa: “Todo camión cisterna tendrá un sello de la Secretaría de Salud Pública en el cual se advierta de la necesidad de hervir el agua que en él se contiene, previa su utilización para el consumo humano, durante un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos.” En consecuencia, por las motivaciones anteriores resulta evidente que procede acoger el recurso de revisión que nos ocupa, revocar la sentencia objeto del mismo, acoger la acción de amparo y declarar inadmisible la suspensión. Esta decisión, firmada por todos los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. En la misma figura incorporado el voto disidente conjunto de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Jottin Cury David, jueces. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho expuestas, el Tribunal Constitucional,
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso interpuesto contra la sentencia No. 023-2012, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el día veinte (20) de marzo de dos mil doce (2012), por Agua Boy, S. A., Puriequipos, S. A., Agua Vitalidad, Procesadora de Agua Willna (Agua Willna), Agua Jady (Ago Jady), Procesadora y Distribuidora de Agua Mol, C. por A., Agua Liana, C. por A., Brayan Industrial S. R. L., Agua San Felipe, Agua Astral, C. por A., Agua Luz, S. R. L., Grupo Nima, Grupo Dogo, Agua La Tinaja, Agua Yaguajal, Agua La Consciente, S. A., y Purificadora de Agua Jenny.
SEGUNDO: REVOCAR en todas sus partes la sentencia No. 023-2012, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de fecha veinte (20) de marzo de dos mil doce (2012), objeto del recurso de revisión de amparo.
TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil doce (2012), por Agua Boy, S. A., Puriequipos, S. A., Agua Vitalidad, Procesadora de Agua Willna (Agua Willna), Agua Jady (Ago Jady), Procesadora y Distribuidora de Agua Mol, C. por A., Agua Liana, C. por A., Brayan Industrial S. R. L., Agua San Felipe, Agua Astral, C. por A., Agua Luz, S. R. L., Grupo Nima, Grupo Dogo, Agua La Tinaja, Agua Yaguajal, Agua La Consciente, S. A. y Purificadora de Agua Jenny.
CUARTO: RECONOCER que la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), tienen facultad para adoptar oportunamente las providencias orientadas a garantizar la mejor calidad en el agua potable que se suministra a la población, incluyendo el agua comercializada “a granel”; pero siempre adoptando la más estricta observancia del debido proceso de ley.
QUINTO: DECLARAR inadmisible, por carecer de objeto, la demanda en suspensión de ejecución de la Sentencia No. 023-2012, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el día veinte (20) de marzo de dos mil doce (2012).
SEXTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, Agua Boy, S. A., Puriequipos, S. A., Agua Vitalidad, Procesadora de Agua Willna (Agua Willna), Agua Jady (Ago Jady), Procesadora y Distribuidora de Agua Mol, C. por A., Agua Liana, C. por A., Brayan Industrial S. R. L., Agua San Felipe, Agua Astral, C. por A., Agua Luz, S. R. L., Grupo Nima, Grupo Dogo, Agua La Tinaja, Agua Yaguajal, Agua La Cosnciente, S. A. y Purificadora de Agua Jenny; al Procurador General Administrativo, y a los recurridos, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad, Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR).
SEPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7 y 66 de la referida Ley No.137-11.
OCTAVO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0049/12, del 15 de octubre de 2012. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0049-12. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.