Sentencia TC/0051/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 24 de marzo de 2014 · Expediente TC-05-2013-0071
Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Policía Nacional contra la Sentencia núm. 279-2012, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de fecha doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012).
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0051/14?
El recurso tiene especial trascendencia o relevancia constitucional porque permite desarrollar el alcance y contenido de la presunción de inocencia. Esta garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva impedía que la Policía Nacional cancelara al agente por el solo hecho de haber sido sometido a la justicia penal. La institución podía suspenderlo hasta que concluyera el proceso y, una vez finalizado, debía reintegrarlo si el Ministerio Público no probaba la infracción imputada, o cancelarlo si recaía una condena definitiva e irrevocable (TC/0051/14, numeral 10, a–b, pág. 10; TC/0051/14, numeral 10, c, pág. 11; TC/0051/14, numeral 11, a–e, pág. 11).
La negativa a reintegrar al agente, pese a haberse notificado a la Policía Nacional el auto de no ha lugar, fue arbitraria y vulneró sus derechos al trabajo y al honor. El Tribunal consideró inaplicable al caso la prohibición de reintegro del artículo 256 de la Constitución porque la cancelación fue arbitraria y se produjo en violación de derechos fundamentales (TC/0051/14, numeral 11, f–g, pág. 12).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Policía Nacional, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 279-2012 de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, que ordenó el reintegro del agente. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional desarrollar el alcance y contenido del principio de la presunción de inocencia.” (TC/0051/14, numeral 10, c, pág. 11).
“El hecho de que el señor Guillermo Roja Ureña fuera cancelado desde el momento que fue sometido ante la justicia penal acusado de haber cometido un robo, constituye una violación al principio de la presunción de inocencia, principio que supone que toda persona debe considerarse inocente hasta que haya sido condenada mediante una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.” (TC/0051/14, numeral 11, a–e, pág. 11).
“En otro orden, la negativa de la institución policial de reintegrar al señor Guillermo Roja Ureña, a pesar de habérsele notificado el auto de no ha lugar, constituye una arbitrariedad que tiene como consecuencia una violación al derecho al trabajo y al honor.” (TC/0051/14, numeral 11, f–g, pág. 12).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 69.3, 72, in fine, y 256. Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66 y 100.
Precedentes que cita el Tribunal
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y argumentos invocados por las partes, se trata de que el señor Guillermo Roja Ureña fue cancelado con el rango de raso de la Policía Nacional, en razón de que había sido sometido a la justicia acusado de robo. El referido proceso penal culminó con un auto de no ha lugar por falta de prueba. Luego de la conclusión del proceso penal, el señor Guillermo Roja Ureña requirió su reintegración a la institución, solicitud que fue rechazada, por lo cual, fue interpuesta la acción de amparo decidida mediante la sentencia recurrida.
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en
materia de amparo Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En este sentido:
a. El indicado artículo establece que: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada. Por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba en aquellos casos en que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que, el recurso es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional desarrollar el alcance y contenido del principio de la presunción de inocencia.
11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo
a. En el presente caso, el señor Guillermo Roja Ureña, raso de la Policía Nacional, fue cancelado, en razón de haber sido acusado y sometido a la justicia por robo. El referido señor requirió a la institución policial su reintegración, fundamentado en el auto de no ha lugar núm. 576-12-00157, solicitud que fue rechazada por la institución.
b. El tribunal apoderado de la acción de amparo ordenó la reintegración del señor Guillermo Roja Ureña, luego de haber comprobado y examinado el contenido del referido auto de no ha lugar.
c. Ante el hecho del sometimiento a la justicia del señor Guillermo Roja Ureña, la institución policial podía ordenar su suspensión hasta que culminará el proceso penal; finalizado, éste debía proceder a reintegrarlo, en caso de que el Ministerio Público no probara la infracción imputada, o cancelarlo si finalmente hubiere una condena definitiva e irrevocable.
d. El hecho de que el señor Guillermo Roja Ureña fuera cancelado desde el momento que fue sometido ante la justicia penal acusado de haber cometido un robo, constituye una violación al principio de la presunción de inocencia, principio que supone que toda persona debe considerarse inocente hasta que haya sido condenada mediante una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
e. El principio de presunción de inocencia es una de las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. En efecto, según el artículo 69.3 de la Constitución, el acusado en un proceso penal tiene “el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable”.
f. En otro orden, la negativa de la institución policial de reintegrar al señor Guillermo Roja Ureña, a pesar de habérsele notificado el auto de no ha lugar, constituye una arbitrariedad que tiene como consecuencia una violación al derecho al trabajo y al honor.
g. En cuanto al alegato del recurrente relativo a que el artículo 256 de la Constitución prohíbe el reintegro de sus miembros una vez estos han sido cancelados, el Tribunal Constitucional considera que no es aplicable a la especie, en razón de que la cancelación ocurrió en franca violación a derechos fundamentales, especialmente, el derecho al trabajo y al honor del señor Guillermo Roja Ureña, además, porque la referida cancelación constituye una decisión arbitraria. Por las razones expuestas procede rechazar el recurso que nos ocupa y confirmar la sentencia recurrida. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Policía Nacional, contra la Sentencia núm. 279-2012, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 279-2012, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012).
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Policía Nacional, al recurrido, señor Guillermo Roja Ureña, así como a la Procuraduría General Administrativa.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0051/14, del 24 de marzo de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0051-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.